Horacio Cartes tomó las riendas del país en un año en que el Banco
Central del Paraguay (BCP) anuncia un crecimiento de 13,6% al término
del mismo, debido al buen clima para la agricultura y la recuperación
del mercado cárnico.
Plantación de soja. (Archivo). / ABC Color
En
los primeros 100 días de Gobierno del presidente Horacio Cartes, en lo
que respecta a la agricultura y ganadería, tuvo el viento a su favor.
Este
será un buen año para sus cosechas, lo que ha llevado al Banco Central a
revisar al alza su pronóstico de aumento del Producto Interno Bruto
(PIB) tres veces, h
asta colocarlo en el 13,6%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) auguró en octubre un 12% para este año y un 4,6 % para el que viene.
Esto
generó que la clase política impulse normativas para aumentar los
ingresos al fisco, a través de los impuestos al sector productivo.
Impuesto a granos e Iragro
Es
así que el Congreso sancionó el pasado 9 de octubre la ley que grava en
10% la exportación de granos de soja, trigo, maíz y girasol
en estado natural.
De
acuerdo con varios legisladores, los productores sojeros principalmente
son los que mayores ingresos obtienen en el campo y los que menos
aportan al fisco.
Un día antes que se envíe al Ejecutivo la sanción del impuesto a la exportación de granos, Cartes
promulgaba el 8 de octubre la Ley 5.061, que establece un nuevo impuesto a la renta agropecuaria (Iragro).
La
nueva ley extiende el certificado de defunción al Imagro y
prácticamente equipara al nuevo Iragro con el impuesto a la renta de las
actividades comerciales, industriales y de servicios (Iracis).
Lo
que hace la norma es crear un nuevo impuesto que gravará, no ya la
extensión de la tierra como ocurre hasta ahora, sino los ingresos que
obtienen los productores del sector agropecuario.
Serán afectados
por el tributo todos aquellos que realicen actividades agrícolas y
ganaderas y cuyos ingresos anuales superen el equivalente a 36 salarios
mínimos (más de G. 59,6 millones). La tasa impositiva es del 10%.
Se estima que el Estado podría recaudar en concepto de este impuesto entre US$ 250 millones y US$ 300 millones anuales.
“Declaración de guerra”
Tras
sancionarse el impuesto a la exportación de granos en estado natural,
el presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), Héctor
Cristaldo, instó al mandatario a vetar la referida ley sancionada.
“Si no se veta la ley que crea el impuesto a la exportación de granos en estado natural, significará una
declaración de guerra al sector productivo”, afirmó.
Otro
gremio, la Unión de Gremios de la Producción (UGP), había expresado
también su postura en contra al impuesto a la exportación de granos.
Para entonces, el Ejecutivo ya había tomado la
decisión de vetar la propuesta,
y así lo hizo el pasado 16 de octubre, bajo el argumento de que “este
gravamen constituirá un instrumento altamente distorsivo y regresivo”.
Reconciliación con el Gobierno
El sector productivo celebró la postura del Ejecutivo, afirmando que este gobierno está dando “
buena señal” al sector agrario.
Miembros
de la UGP valoraron además que existan otras coincidencias con el
Ejecutivo, como por ejemplo gravar sobre las ganancias (en la ley del
Iragro), el combate a la pobreza y la necesidad de una Ley de Alianza
Público-Privada, sancionada actualmente.
“Primavera ganadera”
Otro
aspecto resaltante es que la Organización Mundial de Salud Animal (OIE)
comunicó al Paraguay el pasado 7 de noviembre la restitución del
estatus sanitario de
país libre de aftosa con régimen de vacunación, que se había perdido en setiembre de 2011.
Paraguay
había perdido el estatuto de país libre de aftosa tras el brote de la
fiebre en el departamento de San Pedro en setiembre de 2011.
De
acuerdo con el ministro de Agricultura, Jorge Gattini, la resolución de
la OIE representa un nuevo impulso para las inversiones ganaderas,
creando mayores oportunidades para el sector cárnico local.
Contrabando
Pero
no todo es color de rosa en los primeros 100 días de Gobierno del
mandatario. Cartes inició políticas sin resultados destacados contra un
flagelo hasta ahora imparable como
el contrabando.
Numerosos
productores agrícolas, especialmente del rubro de la cebolla y la papa,
exteriorizaron su preocupación ante las nuevas autoridades del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para hacer frente al
contrabando.
Denunciaron el ingreso masivo de cebolla y papa desde el extranjero, lo que produce pérdidas para la producción nacional.
Los
productores culpan de los hechos directamente al Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal (Senave), dependiente del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, porque la primera institución citada seguía
expidiendo la Acreditación Fitosanitaria de Importación, más conocida
como Afidi, y no fortalecía los controles en las fronteras para evitar
el contrabando.
El Presidente se había pronunciado días atrás
afirmando que durante sus gestión habrá “tolerancia cero” al
contrabando, no solo de verduras, sino de productos en general,
principalmente provenientes de la Argentina.
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