ABC DIARIO

12 de Febrero de 2014

| LA MINISTRA CRISTINA MORALES ANTEPUSO UN DECRETO POR ENCIMA DE OTRAS NORMATIVAS

Seam autorizó “masacre” de teju violando leyes

La ministra del Ambiente, María Cristina Morales, violó la ley que obliga el estudio de impacto ambiental para la cacería de 214.000 teju guasu y aplicó, por encima de aquella, un cuestionado decreto “antiambientalista” de Horacio Cartes. Tras la presión ciudadana, la titular de la Secretaría del Ambiente (Seam) anunció la suspensión definitiva de la repudiada cacería, que es un negocio estimado en US$ 12,6 millones.

/ ABC Color

Para la ministra Morales, un decreto está por encima de las leyes. Ese fue el mensaje que dio durante la rueda de prensa realizada en la Secretaría del Ambiente (Seam), el lunes último, donde demostró ignorancia en la prelación de normas al señalar que por encima de una ley decidió aplicar un decreto firmado por Cartes.
La Ley 96 de “Vida Silvestre” fue promulgada el 24 de diciembre de 1992. Esta normativa establece, en su artículo 39, que la caza de animales silvestres podrá ser autorizada por la Seam bajo “criterios de protección de la Vida Silvestre, siempre y cuando se cuente con estudios que respalden el permiso de caza”.
Un año después se promulga la Ley 294, de “Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, que en su artículo N° 7, inciso “r”, exige un estudio de impacto ambiental para la explotación de la fauna silvestre. Esto implica que se requiere, además, licencia ambiental.
Pese a las exigencias, la ministra autorizó la cacería de 214.000 teju guasu, la semana pasada, haciendo la vista gorda a ambas leyes, y puso sobre ellas el Decreto 954, firmado por Cartes en diciembre pasado.
En reiteradas publicaciones de este diario se hizo notar al presidente Cartes que le dieron a firmar un decreto anticonstitucional, ya que viola la misma ley que reglamenta. Y esto se puso en práctica ahora: la ministra Morales aplicó el decreto en la parte que señala que la explotación de la vida silvestre se regirá por la ley que le rige.
El decreto 954 reglamenta la ley que exige estudio de impacto ambiental para la cacería de teju guasu y no puede remitir a otra normativa esta exigencia. Es, a toda luz, inconstitucional este decreto, que sigue vigente y que creará más dolores de cabeza.
Crías del teju, en la mira
Otra flagrante violación a la Ley de Vida Silvestre es la autorización dictada por la ministra Morales para que también sean cazadas las crías de los teju guasu.
La Ley 96/92, en su artículo 42, taxativamente señala: “Queda prohibido dañar o destruir huevos, nidos, cuevas y guaridas, así como la caza de crías o de los individuos adultos de los que estas dependen”.
Sin embargo, la ministra alegó que las crías iban a ser cazadas “para mascotas”.
12 millones de “razones”
La cacería del teju guasu beneficia a un selecto grupo de exportadores de cuero, apoyado desde la Seam. Hay US$ 12,6 millones en juego.
La ministra Morales sostiene, insistentemente, que la actividad beneficia a los indígenas, pero los números publicados en la infografía desnudan una cruel realidad: serán 210.000 pieles a comercializar, a un costo final de US$ 12.600.000, considerando los US$ 60 que se paga por piel. Son G. 57.960 millones.
A los indígenas, quienes perciben G. 10.000 por pieza, quedarían solo G. 2.100 millones del total. Un negocio redondo para los “cuereros”.
Los principales exportadores de pieles, quienes presionaron a la ministra para habilitar este lucrativo comercio, con varias notas de pedido que están en la Seam, son: Ángel Hernández, José Beconi, Aníbal Morales, Hetty Abadie y Siro García. Patricia Varela se dedica a la venta de las crías para mascotas.
Un fuerte rumor difundido por Ñandutí señalaba que unas 200.000 pieles ya están listas para ser exportadas, y que fueron “cosechadas” anteriormente, y lo que hizo la ministra fue “blanquear” el negocio.