Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Asesor Especialista,
con experiencia por más de 30 años en temas Agroambientales y como Ex ministro
de Ambiente y Ex Agricultura y Ganadería de Paraguay, deseamos compartir una
opinión acerca de las circunstancias ocurridas con la Estancia Faro Moro y como
esto sirve claramente de ejemplo para conocer el actuar real del estado ante
denuncias falsas que afectan a los productores e inclusive industriales y
otros, al comparar de que pasaría ante denuncias en el marco del reglamento de
la Unión Europea (UE) N°1115/2023.
Fuente de la imagen: https://x.com/PGRParaguay/status/1804246046022996422
El estado paraguayo con la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional del Indígena, Representantes del SENADO, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Secretaria Nacional de Catastro, del Instituto Forestal Nacional, del Ministerio de Salud, etc. escuchando la denuncia e inclusive denuncias de organizaciones supuestamente defensores de las comunidades indígenas y nos preguntamos ante este tipo de hechos las siguientes preguntas:
¿DONDE QUEDA EL DUEÑO DE LA
PROPIEDAD? ¿SERA QUE TODAS ESTAS INSTITUCIONES ESCUCHARAN TAMBIÉN A LOS DUEÑOS
DE LA PROPIEDAD?
I.- INTRODUCCIÓN:
1.- El sector productivo y otros sectores como los
industriales y otros en Paraguay, actualmente enfrenta nuevos desafíos debido a
las nuevas regulaciones socio-ambientales y las potenciales posibles denuncias
que pueden surgir con el objetivo de boicotear a los sectores productivos, agro-industriales
y otros sectores de desarrollo económico significativo en el país.
2.- En este contexto, el Reglamento de la Unión Europea (UE) N°1115/2023, establece estrictos requisitos de diligencia debida basados en la práctica en el principio precautorio[1] para asegurar que los productos comercializados en la Unión Europea (UE) no contribuyan a la deforestación y que los productos estén libres de denuncias de cualquier índole.
3.- Ante esto, vemos que esta normativa también puede ser
utilizada maliciosamente para presentar denuncias infundadas justamente por
organizaciones que desde hace décadas siempre buscan frenar el trabajo y las
inversiones en el sector agropecuario y otros sectores económicos exitosos y frenar
el desarrollo sostenible del Paraguay.
4.- Este artículo aborda la importancia de que el sector
productivo esté preparado para enfrentar estas falsas denuncias. y cómo el
estado paraguayo debe equilibrar la defensa de los productores con la
protección de los derechos indígenas.
II.- CONTEXTO DEL REGLAMENTO N°1115 DE LA UNIÓN EUROPEA
(UE) Y DESAFÍOS PARA LOS PRODUCTORES:
1.- El Reglamento (UE) N°1115/2023 impone a los productores y
a otros sectores como los agroindustriales la responsabilidad de demostrar que
sus productos no están asociados con la deforestación, a través de sistemas de
georeferenciamiento de la poligonal de la parcela que trabaja, que cumple con
todas las leyes y que los productos estén libres de sospechas o denuncias de
cualquier índole.
2.- Esto incluye la recolección y verificación de datos
geográficos, la evaluación de riesgos y otros, y a medida que se van
implementado acciones y medidas, también se abre la puerta a posibles abusos
por parte de individuos u organizaciones con intereses ocultos.
3.- En los diversos artículos que publicamos respecto a la
reglamentación europea señalamos que el mapeo de libre de deforestación
probablemente sea lo más sencillo de las documentaciones a presentar y que el
verdadero problema podría estar ligado a demostrar que el productor cumplió las
leyes nacionales en relación a la trazabilidad socioambiental y que no tiene sospecha o denuncia
alguna en ninguna etapa del ciclo productivo de la materia prima a exportar.
III.- IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN ANTE FALSAS DENUNCIAS:
1.- Las falsas denuncias pueden surgir de actores que buscan
dañar la reputación de la producción e agroindustrias paraguayas y crear
incertidumbre en el mercado local y dañar la imagen internacional de los
productos paraguayos.
2.- Falsas denuncia no solo afectan la imagen del país, sino
que también pueden resultar en sanciones financieras y la pérdida total de
mercados como el de la Unión Europea (UE).
3.- Lastimosamente hay que ir pensando en equipos de trabajo y
asesores jurídicos que analicen todas las denuncias legales que puedan surgir
hacia los sectores productivos, con lo cual el productor va invirtiendo cada
día más en gastos adicionales que comprometen los propios ingresos del mismo.
IV.- EL ROL DEL ESTADO PARAGUAYO ANTE ESTOS NUEVOS
DESAFÍOS:
1.- El estado paraguayo tiene el deber de equilibrar la
protección de los derechos indígenas y la defensa de los intereses legítimos de
los productores y otros sectores económicos exitosos que contribuyen al
desarrollo económico sostenible del país.
2.- Todos los actores son importantes dentro de la sociedad,
siendo todos paraguayos con derechos. Y así como el estado tiene el compromiso
de analizar cualquier denuncia contra algún ciudadano, de igual manera debería analizar
y desestimar denuncias infundadas y castigar las denuncias falsas que con mala
intención perjudican al país.
3.- En el caso de Faro Moro, hemos visto que ante las
temerarias denuncias falsas, bajo supuestos que no reúnen pruebas y por las
cuales algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que desde hace años
tienen intereses ocultos buscando frenar la producción agropecuaria y el
desarrollo del Chaco Paraguayo,
4.- Ante ello, lastimosamente el estado paraguayo antes que
mediador y equilibrar las discusiones en búsqueda de la verdad, directamente
reciben a estos falsos denunciantes que cuestionan la validez de documentación
oficialmente emitida por el propio estado en cumplimiento de procedimientos
legales, administrativos y técnicos como dándoles respaldo a los mismos y
dejando abandonado completamente al productor que cumple con las normativas
nacionales y tiene que verse con abogados para defender la validez de los
permisos y licencias que el propio estado paraguayo ya les otorgo dentro del
marco legal nacional .
5.- Es indignante ver como un productor que cumple con toda
la normativa legal ambiental, forestal, laboral y demás, tenga que estar
contratando abogados para demostrar nuevamente ante el propio estado que el
mismo es inocente de las acusaciones que se les endilga.
6.- Y si bien, los pueblos indígenas tienen derechos
consagrados en la constitución nacional así mismo también lo tiene el resto de
la sociedad. Es por ello que el
estado tiene la obligación de actuar como mediador y no como árbitro tomando
postura a favor de uno u otro.
7.- El caso de la Estancia Faro Moro en el Chaco paraguayo
ilustra perfectamente los riesgos asociados a las falsas denuncias y la falta
de apoyo del estado a los productores e inversores. Todo esto crea una
incertidumbre que será interminable y en el marco del Reglamento 1115/2023 nada
mas bastar una supuesta denuncia para parar el envío de todo un cargamento.
V.- CONCLUSIÓN:
1.- La preparación ante posibles denuncias falsas es esencial
para evitar problemas al comercio internacional paraguayo en el marco del
Reglamento N°1115/2023 de la Unión Europea (UE). Los productores deben adoptar
estrategias proactivas para asegurar el cumplimiento regulatorio y defenderse
contra ataques malintencionados.
2.- Al mismo tiempo, el estado paraguayo debe desempeñar un
rol activo en la defensa del derecho que tenemos como País a seguir
desarrollarnos de manera sostenible, asegurando un equilibrio justo entre la
protección ambiental y el desarrollo socioeconómico sostenible.
3.- La Constitución Nacional reconoce la igualdad ante la ley
y de la protección de la propiedad privada, asi como el derecho de cada
ciudadano a realizar la actividad licita de su preferencia, pero el ejemplo de
Faro Moro nos demuestra que el riesgo ante denuncias falsas que cuestionan la
validez de los documentos oficiales que certifican el cumplimiento de las
normativas vigentes en el Paraguay.
4.- Esta circunstancia por una simple sospecha da pie a que
cualquier producto o campo denunciado tenga el rechazo por parte de las
autoridades europeos en futuros envíos de productos. No hay que perder de vista
esta circunstancia ya que ante la duda los europeos pueden tomar decisiones que
pueden terminar perjudicando al país.
5.- Finalmente, advertimos a los productores a estar atentos
porque algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) están comenzando a ensayar
supuestas denuncias para ver cómo reaccionan desde el estado. Ya lo hicieron
con el carbón que se enviaba a Europa, luego con el cuero que se enviaba a
Europa, y siendo las mismas organizaciones, no hay que ser ingenuos.
6.- Es necesario que el estado paraguayo dirija sus políticas
públicas a planes y hojas de ruta que tomen el desarrollo sostenible como
prioridad, que no se acepten proyectos o cooperaciones promovidas por organizaciones
que buscan el estancamiento del país y que reciben financiamiento extranjero no
para beneficio de Paraguay sino para beneficio de los donantes internacionales
que finalmente salen beneficiados comercialmente al restar competitividad a
nuestro país.
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