EDITORIAL - ABC- 6 DE JUNIO DEL 2013

06 de Junio de 2013

 

Escándalo en la Seam revela repugnante extorsión a “recomendados”

Si bien en el pasado han surgido algunas acusaciones de nombramientos de recomendados en cargos públicos para quedarse los padrinos con parte de los sueldos, nadie las ha investigado pese a que la extorsión y el tráfico de influencias son delitos de acción penal pública. Ahora, por primera vez, esto ha sido comprobado gracias a la denuncia hecha por un fiscalizador de la Seam, a quien se le había exigido la entrega de un millón de los 2.800.000 guaraníes que recibía mensualmente como contratado en esa institución. Al menos otras cincuenta personas del mismo lugar estarían dispuestas a declarar que tuvieron que entregar parte de sus remuneraciones bajo la amenaza de que sus contratos no serían renovados si se negaban a hacerlo. Es encomiable que el denunciante haya roto la ley del silencio que ampara esta nauseabunda práctica.

Allá por el año 2005, el diputado liberal Nelson Chávez acusó a su colega y correligionario Blas Llano de ser un “peajero de la política” por quedarse supuestamente con parte de los sueldos de jueces, fiscales y síndicos que llegaron a la función pública con su valiosa palanca. El imputado proclamó su inocencia, alcanzó la presidencia de su partido y fue electo senador en el año 2008. El acusador abandonó el escenario político. Nadie investigó nada, aunque la extorsión y el tráfico de influencias sean delitos de acción penal pública. La omisión podría entenderse si otros diputados hubiesen tenido tratos similares con otros fiscales. Investigar el caso requería cierta autoridad moral y es probable que muchos, en la Cámara y en el Ministerio Público, no hayan querido aparecer como unos caraduras.
Puede que también el espíritu de cuerpo contribuyera a echar un manto de silencio sobre el asunto. Lo cierto es que el episodio no perjudicó, en absoluto, la carrera política del denunciado. En caso de que la denuncia haya sido fundada, solo resta preguntarse si uno o más legisladores siguen recibiendo una parte de los ingresos de los jueces, fiscales y síndicos apadrinados por ellos.
Aunque esta cuestión fue pronto olvidada, nunca dejaron de circular rumores acerca de que la repugnante práctica de arrancar a los recomendados una parte de sus sueldos estaba bien arraigada, sobre todo en el ámbito de la Justicia Electoral, como en su momento salió también a luz.
Ahora, por primera vez, esto ha sido comprobado gracias a la denuncia hecha por una de sus víctimas: un fiscalizador de la Secretaría del Ambiente (Seam) a quien se le había exigido la entrega de un millón de los 2.800.000 guaraníes que percibía mensualmente como contratado desde febrero de este año. Al menos otras cincuenta personas de la misma institución estarían dispuestas a declarar que tuvieron que entregar parte de sus remuneraciones bajo la amenaza de que sus contratos no serían renovados si se negaban a hacerlo. Por de pronto, el Ministerio Público ya imputó por cohecho pasivo y extorsión a dos altas funcionarias, una de las cuales –la directora de administración y finanzas Silvia Melo– habría dicho que el dinero a ser entregado por el denunciante estaba destinado al ministro de la Seam. A los otros afectados se les dijo que el dinero arrancado era “para el partido”. No debe excluirse que, en realidad, fuera a parar a las manos del respectivo padrino de los extorsionados.
Es encomiable que el denunciante haya roto la ley del silencio que ampara este nauseabundo delito cometido mensualmente a gran escala. Es de suponer que las víctimas –el personal contratado o, incluso, el nombrado– callan no solo porque temen perder sus cargos, sino también porque saben que no los ocupan por sus méritos, sino por su lealtad al partido en el poder o al influyente politicastro que los instaló allí. Nunca fue un secreto, desde luego, que la clientela enchufada al presupuesto debe devolver el favor recibido con una plena adhesión política. Lo que ahora se evidencia es que, aparte de retribuir la prebenda con el voto, el protegido suele verse forzado a destinar una parte de su dinero al padrino o al jefe de la institución pública. Quizás se les haya dicho a las víctimas de la Seam que el beneficiario iba a ser “el partido” porque se creyó que así la canallada sería más soportable.
Quienquiera que haya sido el destinatario final, resulta claro que la extorsión masiva, practicada con toda probabilidad en numerosas entidades estatales, es el resultado lógico de un manejo del dinero público totalmente ajeno al interés general.
En la medida en que el presupuesto nacional contemple más cargos y, en consecuencia, destine más fondos al pago de los salarios del personal, más posibilidades habrá de colocar a los acólitos en la función pública y, por lo visto, de hacerse delictuosamente con una parte de esos fondos. Se crean cargos innecesarios que son ocupados sin necesidad de acreditar idoneidad, diligencia u honestidad.
Es más, como ya ha criticado nuestro diario varias veces, se contrata aunque no existan las “necesidades temporales de excepcional importancia para la comunidad”, taxativamente citadas en el art. 25 de la Ley de la Función Pública. Es evidente que la Seam contrató ilegalmente a quienes luego serían víctimas de una extorsión. Si hubiese respetado la ley, no habría tenido tanto personal contratado ni, por ende, tantos sueldos de los cuales cortar jugosas “tajadas”. La Secretaría cuenta con unas doscientas personas contratadas, así que mensualmente podrían haberse recaudado alrededor de doscientos millones de guaraníes, atendiendo el “descuento” sufrido por el denunciante. Para recaudar más, hay que contratar más. Así de simple, así de miserable, así de grave para los contribuyentes.
El 29 de abril, el senador Llano, precisamente, dijo que “el PLRA tiene que entender que la política tradicional, basada en la prebenda y el clientelismo, no le ha dado resultados”. Confesó, pues, que también su partido se ha dedicado a distribuir prebendas y a cultivar el clientelismo. Hay que felicitarle por una manifestación tan sincera que, por supuesto, se ajusta rigurosamente a la verdad.
Hay que criticarle, empero, porque ella implica que la prebenda y el clientelismo serían algo bueno si dieran resultados, es decir, si permitieran ganar unas elecciones generales. La ley y la moral estarían así subordinadas al éxito político.
Los dos indignantes casos referidos involucran a legisladores y a altos funcionarios del partido al que pertenecieron, entre otros, Cecilio Báez, Manuel Gondra, Eligio Ayala y Eusebio Ayala. Considerando la corta memoria de nuestros politicastros de hoy, no sería de extrañar que, en los próximos años, los dirigentes liberales vuelvan a criticar severamente el clientelismo y el prebendarismo colorados, como lo hicieron antes de sucumbir a las tentaciones del poder. Preferimos hablar de corta memoria antes que de cinismo, para mostrar indulgencia. Además, queremos seguir creyendo que, pese a todo, los liberales honestos son la amplia mayoría de su partido.