18 de Noviembre de 2013
Tres goles en contra
A los cien primeros días de un nuevo gobierno suele hacerse un balance
de su gestión. Hasta entonces, goza de un voto de confianza. No
obstante, se puede puntualizar por ejemplo que esta administración ya
podría haber tenido algunos resultados positivos en materia de
seguridad, al menos en la lucha contra el EPP. Como algunas medidas que
pueden considerarse “goles en contra”, se puede mencionar que el
Ministerio de Salud tuvo una reacción disparatada tras la detección en
el mercado de cierto fármaco que tenía un componente nocivo, y la medida
adoptada afecta mucho más a los consumidores que a los comerciantes que
ofrecen esos medicamentos. También, un decreto emitido viola la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental, abriendo la posibilidad de afectar los
humedales. Finalmente, la reestatización de hecho de Acepar es una
medida inconveniente para nuestro país, atendiendo a experiencias
anteriores. Es de esperar que el Gobierno rectifique sus errores con
respecto a estos temas.
A los cien primeros
días de un nuevo gobierno suele hacerse un balance de su gestión. Hasta
entonces, goza de un voto de confianza, pues aún hay que designar a las
máximas autoridades de los diversos órganos y estas, a su vez, necesitan
algún tiempo para formar sus equipos, conocer las medidas en curso y
adentrarse en los vericuetos de la administración. Conste que en los
casi cuatro meses que distan entre los comicios generales y la asunción
al cargo, el presidente electo y sus más estrechos colaboradores ya
podrían haberse interiorizado de los datos relevantes en las áreas
críticas, mediante contactos regulares con el gobierno en ejercicio. Es
presumible, pues, que el presidente Cartes haya definido las prioridades
sectoriales y las medidas inmediatas ya antes del 15 de agosto.
Los proyectos de ley de responsabilidad fiscal y de “alianza público-privada” muestran que, con buen criterio, puso el acento inicial en la política presupuestaria y en la de obras públicas. Por la índole de las iniciativas, los resultados no se verán pronto, aunque las respectivas leyes sean bien ejecutadas. En materia de seguridad, en cambio, ya se podrían haber tenido algunos resultados positivos, al menos en la lucha contra la banda criminal que responde a las siglas EPP, más aún luego de la autorización legislativa para el empleo de fuerzas militares sin que rija el estado de excepción. Se ha notado, más bien, una mayor actividad terrorista, en desafío a las nuevas autoridades. Si aquí el Gobierno podría estar pecando de no emplear correctamente sus recursos, en otros ámbitos, como los de la salud pública, la protección ambiental y el patrimonio estatal, toma resoluciones que se podrían calificar de verdaderos goles en contra.
En el primer caso, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tuvo una reacción disparatada tras la detección en el mercado de cierto fármaco que tenía un componente nocivo. Aparte de incautarlo, como correspondía, dispuso que en adelante los remedios solo se vendan en farmacias. Lo que a primera vista parece una disposición atinada, resulta que no lo es porque se extiende a medicamentos de uso común y corriente, como la aspirina o el paracetamol. La sobreactuación del ministerio afecta mucho más a los consumidores que a los comerciantes que ofrecen esos analgésicos. En efecto, estos tienen otras mercaderías en venta, en tanto que los consumidores pueden verse privados de unos calmantes por vivir en sitios lejanos carentes de farmacias. Piénsese en los campesinos que en las compañías solo pueden acceder a ellos en los almacenes y despensitas. ¿Tendrán que acudir a la zona urbana, distante tal vez muchos kilómetros, para comprar un simple analgésico? Es incomprensible que, so pretexto de controlar mejor el expendio de todo medicamento, se prive de hecho a una gran parte de la población –sobre todo a la de menos recursos– de la posibilidad de aliviar un simple dolor de cabeza. No se trata de una cuestión menor, así que urge que la exagerada reacción ministerial sea revocada.
En cuanto al ambiente, el Decreto N° 453/13, dictado a espaldas de la Secretaría competente (Seam), es nulo porque viola la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental N° 294/13. En efecto, admite excepciones a la evaluación no previstas en la ley, como la referida a los inmuebles de menos de 500 hectáreas. Su nulidad es insanable, pese a que uno de sus autores dijo que los errores serían subsanados mediante resoluciones de la Seam. Según la prelación de normas jurídicas, así como un decreto no puede oponerse a una ley, una resolución no puede apartarse de un decreto. Si ya desde el punto de vista jurídico-formal la supuesta reglamentación de la ley resulta insostenible, ocurre que su contenido mismo es absurdo. El decreto exige la evaluación de impacto ambiental para el drenaje o la desecación de humedales, o sea, los permite si se cumple el referido trámite. Así favorece la eliminación irreversible de reservorios naturales de agua, aparte de ignorar un tratado internacional sobre protección de humedales, celebrado y ratificado por el Paraguay. El decreto, en fin, viola también la Ley N° 1561/00, pues hace depender las resoluciones de la Seam de la aprobación del Consejo de Ministros. Horacio Cartes hará bien en revocar una normativa tan deficiente y en dictar un verdadero reglamento, esta vez con la intervención de funcionarios idóneos.
El Gobierno pidió un arbitraje para que Aceros del Paraguay SA (Acepar) retorne al Estado mediante la rescisión del contrato de compraventa y logró una intervención judicial, la que ya implica de hecho una reestatización. Por de pronto, se gestionaría un crédito para ir saldando la enorme deuda de la empresa, que hoy llega a unos 52 millones de dólares, suma a la que cabe agregar los nueve millones de dólares invertidos por un grupo de inversores paraguayos. Horacio Cartes dijo que ella volverá definitivamente al patrimonio estatal. El Estado se quedará con la acería luego de que su deuda se haya disparado en los últimos cuatro años y de que sus instalaciones se hayan deteriorado aún más, tanto que uno de los altos hornos está fuera de servicio y el otro en pésimas condiciones. Es penoso que el proceso de privatización de la acería, que debió culminar el 10 de noviembre de 2009, haya sido paralizado un día antes por Fernando Lugo y que ahora el Gobierno impulse una mayor intervención estatal en la economía. Si ya es inconveniente que el Estado se haga cargo de una compañía que no solo tiene un enorme pasivo, sino también unas instalaciones inutilizadas o muy deterioradas, las experiencias de Petropar, Copaco e INC demuestran que una empresa pública es un antro de ineficiencia y corrupción. La producción de bienes debe estar en manos privadas y el Estado no debe asumir las pérdidas de los inversores privados, lo que ocurriría si Acepar vuelve a sus manos. En tal caso, como se trata de una sociedad anónima, lo aconsejable sería vender cuanto antes sus acciones. No hace falta incrementar aún más el ya elefantiásico aparato estatal.
Es de esperar que el Gobierno rectifique sus errores con respecto a la salud pública y el medio ambiente y que no permita que Acepar sea otra nueva carga insoportable sobre las ya escuálidas espaldas del pueblo.
Los proyectos de ley de responsabilidad fiscal y de “alianza público-privada” muestran que, con buen criterio, puso el acento inicial en la política presupuestaria y en la de obras públicas. Por la índole de las iniciativas, los resultados no se verán pronto, aunque las respectivas leyes sean bien ejecutadas. En materia de seguridad, en cambio, ya se podrían haber tenido algunos resultados positivos, al menos en la lucha contra la banda criminal que responde a las siglas EPP, más aún luego de la autorización legislativa para el empleo de fuerzas militares sin que rija el estado de excepción. Se ha notado, más bien, una mayor actividad terrorista, en desafío a las nuevas autoridades. Si aquí el Gobierno podría estar pecando de no emplear correctamente sus recursos, en otros ámbitos, como los de la salud pública, la protección ambiental y el patrimonio estatal, toma resoluciones que se podrían calificar de verdaderos goles en contra.
En el primer caso, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tuvo una reacción disparatada tras la detección en el mercado de cierto fármaco que tenía un componente nocivo. Aparte de incautarlo, como correspondía, dispuso que en adelante los remedios solo se vendan en farmacias. Lo que a primera vista parece una disposición atinada, resulta que no lo es porque se extiende a medicamentos de uso común y corriente, como la aspirina o el paracetamol. La sobreactuación del ministerio afecta mucho más a los consumidores que a los comerciantes que ofrecen esos analgésicos. En efecto, estos tienen otras mercaderías en venta, en tanto que los consumidores pueden verse privados de unos calmantes por vivir en sitios lejanos carentes de farmacias. Piénsese en los campesinos que en las compañías solo pueden acceder a ellos en los almacenes y despensitas. ¿Tendrán que acudir a la zona urbana, distante tal vez muchos kilómetros, para comprar un simple analgésico? Es incomprensible que, so pretexto de controlar mejor el expendio de todo medicamento, se prive de hecho a una gran parte de la población –sobre todo a la de menos recursos– de la posibilidad de aliviar un simple dolor de cabeza. No se trata de una cuestión menor, así que urge que la exagerada reacción ministerial sea revocada.
En cuanto al ambiente, el Decreto N° 453/13, dictado a espaldas de la Secretaría competente (Seam), es nulo porque viola la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental N° 294/13. En efecto, admite excepciones a la evaluación no previstas en la ley, como la referida a los inmuebles de menos de 500 hectáreas. Su nulidad es insanable, pese a que uno de sus autores dijo que los errores serían subsanados mediante resoluciones de la Seam. Según la prelación de normas jurídicas, así como un decreto no puede oponerse a una ley, una resolución no puede apartarse de un decreto. Si ya desde el punto de vista jurídico-formal la supuesta reglamentación de la ley resulta insostenible, ocurre que su contenido mismo es absurdo. El decreto exige la evaluación de impacto ambiental para el drenaje o la desecación de humedales, o sea, los permite si se cumple el referido trámite. Así favorece la eliminación irreversible de reservorios naturales de agua, aparte de ignorar un tratado internacional sobre protección de humedales, celebrado y ratificado por el Paraguay. El decreto, en fin, viola también la Ley N° 1561/00, pues hace depender las resoluciones de la Seam de la aprobación del Consejo de Ministros. Horacio Cartes hará bien en revocar una normativa tan deficiente y en dictar un verdadero reglamento, esta vez con la intervención de funcionarios idóneos.
El Gobierno pidió un arbitraje para que Aceros del Paraguay SA (Acepar) retorne al Estado mediante la rescisión del contrato de compraventa y logró una intervención judicial, la que ya implica de hecho una reestatización. Por de pronto, se gestionaría un crédito para ir saldando la enorme deuda de la empresa, que hoy llega a unos 52 millones de dólares, suma a la que cabe agregar los nueve millones de dólares invertidos por un grupo de inversores paraguayos. Horacio Cartes dijo que ella volverá definitivamente al patrimonio estatal. El Estado se quedará con la acería luego de que su deuda se haya disparado en los últimos cuatro años y de que sus instalaciones se hayan deteriorado aún más, tanto que uno de los altos hornos está fuera de servicio y el otro en pésimas condiciones. Es penoso que el proceso de privatización de la acería, que debió culminar el 10 de noviembre de 2009, haya sido paralizado un día antes por Fernando Lugo y que ahora el Gobierno impulse una mayor intervención estatal en la economía. Si ya es inconveniente que el Estado se haga cargo de una compañía que no solo tiene un enorme pasivo, sino también unas instalaciones inutilizadas o muy deterioradas, las experiencias de Petropar, Copaco e INC demuestran que una empresa pública es un antro de ineficiencia y corrupción. La producción de bienes debe estar en manos privadas y el Estado no debe asumir las pérdidas de los inversores privados, lo que ocurriría si Acepar vuelve a sus manos. En tal caso, como se trata de una sociedad anónima, lo aconsejable sería vender cuanto antes sus acciones. No hace falta incrementar aún más el ya elefantiásico aparato estatal.
Es de esperar que el Gobierno rectifique sus errores con respecto a la salud pública y el medio ambiente y que no permita que Acepar sea otra nueva carga insoportable sobre las ya escuálidas espaldas del pueblo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.