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28 de noviembre de 2013, 15:26

Constatan violación de protección ambiental en sojal de Maracaná

Denuncian que los sojeros violan las barreras de protección a 100 metros de cualquier asentamiento humano. | Foto: Gentileza.

Instituciones ambientales del Estado constataron que en los cultivos de soja en el asentamiento Maracaná, del distrito de Curuguaty, se viola la ley ambiental que establece barreras de protección a 100 metros de escuelas. Campesinos de la zona realizan constantes manifestaciones para evitar la fumigación por los riesgos de contaminación.

Representantes de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), el Instituto Forestal Nacional (Infona), Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Secretaría del Ambiente (Seam) visitaron el lugar luego de recibir las denuncias de campesinos y del senador liberal, Luis Alberto Wagner. 
La comitiva verificó la zona y constató que efectivamente se viola la ley Nº 3742 que establece las barreras vivas de protección a 100 metros de escuelas, colegios, y todo asentamiento humano.
En Maracaná se detectó que el sojero Claudemir Moreira Messias no cumple con las medidas de protección como habían denunciado los campesinos que realizaron constantes manifestaciones para evitar la fumigación de los cultivos, por representar un riesgo para la salud a raíz de la contaminación de sus huertas y agua.
A pesar de la denuncia de la Federación Nacional Campesina (FNC), el fiscal José Zarza dio el aval para continuar con la fumigación e inclusive dispuso fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la orden.
La Policía inclusive llegó a detener a cinco manifestantes que defendían el territorio de los agroquímicos. Al momento de ser reclamados por sus compañeros, se produjo un incidente en el que resultaron heridos con arma de fuego los labriegos Herminio Enriquez y Pablino Rojas, mientras que un oficial fue internado por un golpe en la cabeza.
Comunidad indígena víctima de sojización
Los representantes ambientales verificaron también las comunidades indígenas de Isla Yobai y Tava Jopoi, donde constataron que las familias nativas se encuentran rodeadas de sojales. Los nativos inclusive reclamaron que los sojeros siguen deforestando sus bosques.
A esta problemática se suma la comunidad Luz Bella, del departamento de San Pedro, donde la empresa Diagro cultiva más de 2.000 hectáreas de soja sin medidas de protección, según las denuncias.
Los lugareños aseguran que las fumigaciones envenenan todo el vecindario e incluso llegó a matar gallinas, terneros y vacas.
La comitiva labró un acta de intervención para que los sojeros se presenten en los próximos días con sus licencias ambientales, de lo contrario serán sancionados