ABC DIARIO

15 de Febrero de 2014

| ministra de seam argumenta ahora que hace falta un estudio científico sobre teju guasu

Políticos y ONG están conectados al comercio de las pieles silvestres

Por Walberto Caballero Achucarro

El comercio de las pieles de vida silvestre mueve a las organizaciones ambientalistas no gubernamentales y a políticos, principalmente parlamentarios. La presión ejercida para liberar la cacería de 214.000 teju guasu fue grande, y la ministra María Cristina Morales cedió, y su actitud generó la reacción ciudadana a tal punto de pedir su destitución. Inicialmente, la cacería fue autorizada sin necesidad de estudio, pero ahora reconocen que hace falta un estudio científico.

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María Cristina Morales, ministra del Ambiente. / ABC Color

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La actividad comercial de pieles de animales silvestres mueve millones de dólares, y siempre han estado ligados a la misma, sean como protectores o impulsores, políticos y organizaciones ambientalistas no gubernamentales.
Durante la pausa del comercio de pieles en el país, adoptada voluntariamente por el Gobierno, desde el 2003 hasta la fecha, hubo presiones para cada ministro del Ambiente, con la intención de eliminar dicha pausa y reactivar el comercio, donde 14 empresas dominaban el mercado local.
En mayo de 2005, los exportadores de pieles de animales silvestres presionaban al Gobierno para liberar la exportación de cupos en stock y para otorgar nuevos permisos de cacería. El reclamo fue sin éxito (ver reproducción ABC Color, pág. 33 del miércoles 18 de mayo 2005).
En diciembre de 2005, el diputado de entonces Magdaleno Silva Dávalos (ANR) atropelló la Secretaría del Ambiente (Seam) con la intención de liberar la venta de pieles silvestres, como se observa en el recorte de ABC Color de aquel momento.
En abril de 2006, el entonces ministro del Ambiente, Alfredo Molinas, denunciaba a los que lucran con la vida silvestre, en una señal de que su administración se basaba en la protección de la diversidad biológica.
“La vida silvestre se vende por miserables dólares”, había criticado Molinas, quien por cinco años mantuvo invariable su posición.
Ahora, nuevamente se menciona la vinculación de parlamentarios con el comercio de pieles, en el sitio del Sindicato de Funcionarios de la Seam, en Facebook, aunque por de pronto no dan nombres.
Se suman las organizaciones ambientalistas, como Guyra Paraguay y la oficina en Paraguay del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que apoyaron la resolución de la Seam de masacrar teju guasu sin previo estudio científico.
Hace falta estudio
Había sido hace falta un estudio científico para autorizar la cacería del teju guasu. Así establece la resolución N° 655, del 12 de febrero, por la cual se revocan resoluciones anteriores que autorizaban la cacería de 214.000 teju guasu y la que suspendía temporalmente.
La última medida señala el interés de la Seam de elaborar programas de información y participación de la sociedad civil en la protección y conservación de las especies de flora y fauna.
La resolución 655, por la cual se deja sin efecto la cacería, se basa en la Ley 96/92 “De Vida Silvestre”, que en su artículo 8º, inciso “l”, dice que la Seam debe mantener y proponer las reglamentaciones del funcionamiento del sistema de protección y conservación de la vida silvestre.
Además, se basa en el artículo 33 de la misma Ley de Vida Silvestre, que establece que la Seam podrá conceder autorizaciones para la comercialización de la vida silvestre solo “con base en estudios científicos”.
En principio, la ministra Morales dijo en rueda de prensa que tal estudio no hacía falta, aferrándose de un decreto anticonstitucional que firmó Horacio Cartes en diciembre pasado.
Ahora adoptó la postura que debió tomar inicialmente: la exigencia de un estudio. Pero queda la duda: ¿el programa de manejo del teju guasu es real o fraguado?