15 de Febrero de 2014
Nadie mueve un dedo para salvar el lago Ypacaraí
Las quejas del intendente de San Bernardino, Ramón Zubizarreta, acerca
de la gravísima desatención en que se dejó al lago Ypacaraí, además de
estar justificadas, alcanzan a todas las personas que, de un modo u
otro, estuvieron o están ligadas al cuidado de esa cuenca hidrográfica.
Incluyendo al propio intendente citado. Alrededor de ese lago se hizo y
se continúa haciendo de todo, sin reglas de manejo, sin
condicionamientos ni controles, sin exigencia de estudios previos ni
medidas de mitigación de impactos ambientales, en fin, sin cargas de
responsabilidad para nadie. La cuenca del lago Ypacaraí fue declarada
área bajo protección hace ya varias décadas. En ese lapso se han creado
varias instituciones que tienen atribuciones en la materia. ¿Hicieron
algo por impedir la pérdida del lago, ya anticipada cuatro décadas
atrás? Absolutamente nada.
Las quejas del
intendente de San Bernardino, Ramón Zubizarreta, acerca de la gravísima
desatención en que se dejó al lago Ypacaraí, además de estar
justificadas, alcanzan a todas las personas que, de un modo u otro,
estuvieron o están ligadas al cuidado de esa cuenca hidrográfica.
Incluyendo al propio intendente citado.
Alrededor de ese lago se hizo y se continúa haciendo de todo, sin reglas de manejo, sin condicionamientos ni controles, sin exigencia de estudios previos ni medidas de mitigación de impactos ambientales, en fin, sin cargas de responsabilidad para nadie. Las municipalidades aprueban alegremente cualquier proyecto de urbanización sin preguntar nada, sin imponer requisitos sanitarios tales como el tratamiento de desechos y aguas servidas, sin prohibir ni restringir actividades altamente contaminantes, otorgando autorizaciones sin discriminación y haciendo la vista gorda a las trasgresiones a las normas de protección ambiental y sanitaria.
¿Por qué los intendentes y concejales de las localidades situadas en el área de influencia de este lago permitieron que se destruyera un recurso natural tan significativo, posiblemente el más importante de la región? La respuesta a esta pregunta debería incluir muchas clases de causas; por ejemplo, la ignorancia o la estupidez, la negligencia, el desinterés, la venalidad, la falta de patriotismo y la impunidad, por citar las principales.
¿Cuántos millones en concepto de ingresos económicos netos, provenientes del turismo, del comercio estacional, de la publicidad, de la construcción, etc., están perdiendo en este momento las municipalidades de Areguá, Itauguá, Ypacaraí y San Bernardino? Cifras enormes que implican daños económicos irreversibles.
Si esas autoridades comunales se dejaron encandilar por los ingresos que calculaban que tendrían en concepto de impuesto inmobiliario, permitiendo toda clase de loteamientos y urbanizaciones sin tomar cuidados ni exigir condiciones sanitarias y ambientales, se engañaron como niños ingenuos o torpes. Si autorizaron sin tomar precauciones toda clase de instalaciones reconocidamente poluyentes, como mataderos, curtiembres, estaciones de servicio, depósito de materiales contaminantes; si vieron cómo se realizaban desmontes y arrasamientos del suelo sin tomarse la molestia de impedirlos; si permitieron múltiples abusos y transgresiones de ese tipo, fuera porque les redituaba algunas ganancias, fuera por favorecer a parientes, amigos, correligionarios y votantes, en este momento estarán tomando conciencia del perjuicio gigantesco que se ocasionaron a sí mismos, a su institución, a su ciudad, a sus compueblanos.
Creyeron que administrar con manga ancha la ventaja de estar en las cercanías del lago les haría ganar centenares de millones y actualmente están perdiendo miles de millones. ¿Ignorancia, estupidez, venalidad? Hay un poco de todo esto, y más.
Ahora los intendentes y concejales de las localidades que explotaron sin reservas ni límites el recurso natural del lago Ypacaraí se están dando cuenta de la magnitud del daño que permitieron se le ocasionara; y como ya conocen los costos que demandará corregir los males causados al lago y el tiempo que llevará lograrlo, declaran que este grave problema es de “dimensión nacional” y que, por lo tanto, el Gobierno central debe asumir los costos. Ellos ganaron dinero destruyendo el lago y ahora pretenden que todos los contribuyentes del país paguen por los platos rotos. Son unos descarados.
“Hace cuarenta años ya se sabía”, se queja el intendente Zubizarreta, y tiene razón. La contaminación era gradual, perceptible y mensurable año a año; la veían todos, les preocupaba seriamente a pocos.
Las autoridades municipales, y últimamente las de la Secretaría del Ambiente, no dieron importancia a las advertencias, creyendo, seguramente, que la naturaleza sola, por su propia fuerza, arreglaría los desastres humanos.
Es decir, adoptaron la cómoda actitud de los gobernantes, funcionarios y políticos indiferentes, que simulan estar interesados en los problemas nacionales: crearon direcciones, departamentos, oficinas con nombres pomposos y plenos de funcionarios –o clientela– casi siempre ignorantes e inútiles.
La cuenca del lago Ypacaraí fue declarada área bajo protección hace ya varias décadas. ¿Protegida por quién? Las Juntas de Saneamiento fueron creadas en 1972. ¿Se ocuparon de la salubridad del lago? La entidad estatal Erssan (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) se creó en el año 2000, época en que también se creó el “Sistema Nacional del Ambiente”, integrado por el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) y la Secretaría del Ambiente (Seam). ¿Hicieron algo por impedir la pérdida del lago Ypacaraí, que ya se anticipaba cuatro décadas atrás? Absolutamente NADA.
En la terrible degradación de este lago la naturaleza se cobró cara la indiferencia, la ignorancia, la inacción, la negligencia, la venalidad de las decenas de funcionarios públicos nacionales y municipales que pasaron por esos organismos en los últimos cuarenta años. Tendrían que ser ellos los que pagaran de su bolsillo los costos de la recuperación, pero son políticos, y eso, en este país, les reviste de impunidad.
Habrá que ver cuál de los múltiples organismos públicos con atribuciones en esta materia se mueve en serio por la recuperación de tan valioso recurso natural. Habrá que ver cuántos funcionarios –intendentes, concejales, gobernadores– piensan más como patriotas que como políticos. Se verá en el futuro, porque ahora, lamentablemente, el lago está muriendo y nadie hace nada más que hablar.
Alrededor de ese lago se hizo y se continúa haciendo de todo, sin reglas de manejo, sin condicionamientos ni controles, sin exigencia de estudios previos ni medidas de mitigación de impactos ambientales, en fin, sin cargas de responsabilidad para nadie. Las municipalidades aprueban alegremente cualquier proyecto de urbanización sin preguntar nada, sin imponer requisitos sanitarios tales como el tratamiento de desechos y aguas servidas, sin prohibir ni restringir actividades altamente contaminantes, otorgando autorizaciones sin discriminación y haciendo la vista gorda a las trasgresiones a las normas de protección ambiental y sanitaria.
¿Por qué los intendentes y concejales de las localidades situadas en el área de influencia de este lago permitieron que se destruyera un recurso natural tan significativo, posiblemente el más importante de la región? La respuesta a esta pregunta debería incluir muchas clases de causas; por ejemplo, la ignorancia o la estupidez, la negligencia, el desinterés, la venalidad, la falta de patriotismo y la impunidad, por citar las principales.
¿Cuántos millones en concepto de ingresos económicos netos, provenientes del turismo, del comercio estacional, de la publicidad, de la construcción, etc., están perdiendo en este momento las municipalidades de Areguá, Itauguá, Ypacaraí y San Bernardino? Cifras enormes que implican daños económicos irreversibles.
Si esas autoridades comunales se dejaron encandilar por los ingresos que calculaban que tendrían en concepto de impuesto inmobiliario, permitiendo toda clase de loteamientos y urbanizaciones sin tomar cuidados ni exigir condiciones sanitarias y ambientales, se engañaron como niños ingenuos o torpes. Si autorizaron sin tomar precauciones toda clase de instalaciones reconocidamente poluyentes, como mataderos, curtiembres, estaciones de servicio, depósito de materiales contaminantes; si vieron cómo se realizaban desmontes y arrasamientos del suelo sin tomarse la molestia de impedirlos; si permitieron múltiples abusos y transgresiones de ese tipo, fuera porque les redituaba algunas ganancias, fuera por favorecer a parientes, amigos, correligionarios y votantes, en este momento estarán tomando conciencia del perjuicio gigantesco que se ocasionaron a sí mismos, a su institución, a su ciudad, a sus compueblanos.
Creyeron que administrar con manga ancha la ventaja de estar en las cercanías del lago les haría ganar centenares de millones y actualmente están perdiendo miles de millones. ¿Ignorancia, estupidez, venalidad? Hay un poco de todo esto, y más.
Ahora los intendentes y concejales de las localidades que explotaron sin reservas ni límites el recurso natural del lago Ypacaraí se están dando cuenta de la magnitud del daño que permitieron se le ocasionara; y como ya conocen los costos que demandará corregir los males causados al lago y el tiempo que llevará lograrlo, declaran que este grave problema es de “dimensión nacional” y que, por lo tanto, el Gobierno central debe asumir los costos. Ellos ganaron dinero destruyendo el lago y ahora pretenden que todos los contribuyentes del país paguen por los platos rotos. Son unos descarados.
“Hace cuarenta años ya se sabía”, se queja el intendente Zubizarreta, y tiene razón. La contaminación era gradual, perceptible y mensurable año a año; la veían todos, les preocupaba seriamente a pocos.
Las autoridades municipales, y últimamente las de la Secretaría del Ambiente, no dieron importancia a las advertencias, creyendo, seguramente, que la naturaleza sola, por su propia fuerza, arreglaría los desastres humanos.
Es decir, adoptaron la cómoda actitud de los gobernantes, funcionarios y políticos indiferentes, que simulan estar interesados en los problemas nacionales: crearon direcciones, departamentos, oficinas con nombres pomposos y plenos de funcionarios –o clientela– casi siempre ignorantes e inútiles.
La cuenca del lago Ypacaraí fue declarada área bajo protección hace ya varias décadas. ¿Protegida por quién? Las Juntas de Saneamiento fueron creadas en 1972. ¿Se ocuparon de la salubridad del lago? La entidad estatal Erssan (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) se creó en el año 2000, época en que también se creó el “Sistema Nacional del Ambiente”, integrado por el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) y la Secretaría del Ambiente (Seam). ¿Hicieron algo por impedir la pérdida del lago Ypacaraí, que ya se anticipaba cuatro décadas atrás? Absolutamente NADA.
En la terrible degradación de este lago la naturaleza se cobró cara la indiferencia, la ignorancia, la inacción, la negligencia, la venalidad de las decenas de funcionarios públicos nacionales y municipales que pasaron por esos organismos en los últimos cuarenta años. Tendrían que ser ellos los que pagaran de su bolsillo los costos de la recuperación, pero son políticos, y eso, en este país, les reviste de impunidad.
Habrá que ver cuál de los múltiples organismos públicos con atribuciones en esta materia se mueve en serio por la recuperación de tan valioso recurso natural. Habrá que ver cuántos funcionarios –intendentes, concejales, gobernadores– piensan más como patriotas que como políticos. Se verá en el futuro, porque ahora, lamentablemente, el lago está muriendo y nadie hace nada más que hablar.
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