PROCESOS DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Y SU IMPACTO EN EL USO DEL TERRITORIO AGRO-RURAL DE LA REGIÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY – Ing. Alfredo S. Molinas M. – 2021

 En el ámbito de su crecimiento económico, el sector agropecuario forestal ampliado los últimos 5 (cinco) años vienen generando casi el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), En tanto que en materia de comercio exterior entre el 2008 al 2018, el sector agropecuario y forestal ampliado representó el 43,3% de las exportaciones en promedio, lo cual es determinante para los resultados positivos o negativos de la Balanza Comercial en el país. En relación al desarrollo social del Paraguay lo que realizan la actividad primaria como la agricultura, ganadería, caza y pesca corresponden al 46,5% a la población que vive y trabaja en el ámbito rural, si a ese dato se le agrega la industria situada en estos territorios, se llega a que un 55% de los ocupados rurales están en el área de influencia directa del sector agropecuario, forestal y agroindustrial.

Un HALLAZGO al analizar y evaluar objetivamente los procesos políticos, institucionales y jurídicos del Paraguay en relación a lo señalado en el párrafo anterior es que en 8 (ocho) décadas de Reforma Agraria; desde 1963 a 2004 se distribuyeron aproximadamente 3.500.000 Has de tierras fiscales para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, pero esto según el Servicio Nacional de Catastro (SNC) unas 1.964.852 Has (61,6%) de las 3.500.000 Has distribuidas siguen siendo propiedades del INDERT/IBR/IRA, así como la deuda de los beneficiarios de aproximadamente unas 90.000.000 US$ por las tierras distribuidas.

Otro HALLAZGO en este análisis y evaluación objetiva que es preocupante y necesario resolver con políticas públicas es lo publicado por el Censo Agropecuario publicado en el 2008 (CAN/MAG/UE/2008) es que las causas directas e indirectas de desarraigo de los pequeños productores con menos de 50 Has son que: el 62% de los ocupantes de tierras beneficiarias por la Reforma Agraria no tenían títulos sus tierras y/o propiedades; el  87% de los productores no recibían asistencia técnica; El 84% no accedía a crédito formal del CAH y otros bancos oficiales del Estado; y el 85% de estas familias de productores NO término la educación escolar básica.

Considerando los datos oficiales señalados en el primer párrafo sobre el aporte significativo y clave al crecimiento económico y el desarrollo social del sector agropecuario y forestal ampliado del Paraguay, así como además los 2 (dos) hallazgos de contrapartida sobre la situación en el sector agro-rural; sigue siendo el DESAFÍOS DEL DESARROLLO RURAL Y/O LA REFORMA AGRARIA INTEGRAL o como quieran llamarlos los expertos y entendidos de turno que ocuparon en las instituciones públicas u organismos privados creados para el efecto, pero hasta hoy no pudieron resolver que es la POBREZA RURAL, pero en realidad tiene como principal foco CAUSAL a resolver en todo el territorio nacional y especialmente en la Región Oriental que son ante todo las marcadas deficiencias y diferencias en el acceso a la: asistencia técnica; educación y salud; servicios básicos y no básicos; infraestructura; innovaciones tecnológicas; conocimiento tecnificados; y otros.

Un problema debatido y discutido siempre POLITICAMENTE es las asimetrías vigentes en la tenencia y distribución de las tierras que existe entre las familias que ocupan el territorio rural especialmente de la Región Oriental del país, siendo de larga data y ha venido generado y siguen generando numerosos conflictos en el proceso del desarrollo agrario paraguayo agro-rural, estas distinciones socio-económicas en el sector agro-rural que se arrastra hasta la actualidad acompañados de fuertes crispaciones sociales entre los que viven y trabajan en el sector agro-rural del Paraguay.

Esta problemática en particular se origina en 1963 cuando fueron promulgadas dos leyes, la Ley Nº852/63 que crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR), y la Ley Nº854/63 que establece el Estatuto Agrario; con esta institución y este marco legal el Gobierno, empezó a legalizar ocupaciones de hecho en varios departamentos, impulsó un proceso de colonización hacia los ejes este y norte del país denominado la “MARCHA HACIA EL ESTE” (décadas del `60 y `70), y se crearon nuevas colonias con miles de lotes agrícolas habilitados, pasando de 130.443 propiedades rurales existentes en el país en los años 1960 a 258.281 en 1980.  En estas décadas se dio un intenso proceso de DESMONTES que hoy son señalados como DEFORESTACIÓN, especialmente por la ausencia de políticas, instituciones entendidas e instrumentos jurídicos forestales y nada ambientales adecuados para el control, uso y manejo racional de los bosques nativos existentes en su momento.

Las consecuencias de esta GESTIÓN POLÍTICA HISTORICA desde la creación del IBR y su Estatuto Agrario en las “transformaciones sociales y económicas y su impacto en el uso del territorio agro-rural del Paraguay”, hacen directa relación con el fenómeno denominado actualmente como las DEFORESTACIONES en la Región Oriental del Paraguay; datos oficiales marcan que en 1945 esta Región Oriental contenía una superficie boscosa de 8.800.000 de Has, equivalentes al 55,1% de su territorio; pero en la segunda mitad de los años `60 la superficie boscosa se había reducido a 7.000.000 de Has (44,1% del territorio); a mediados de los años `70 se estimaba una superficie boscosa de 5.500.000 de Has (34,4% del territorio); en los `80 se estimaban en 3.900.000 de Has (24,6% del territorio); y en 1991, quedaban 2.400.000 Has de bosques, apenas el 15% de la superficie total.

Es importante en este proceso conocer y reconocer que esta era la manera oficial y legal de ocupar territorios sobre o con bosques nativos para fines de uso agropecuario y/o de aprovechamiento forestal en la Región Oriental del país. Desde 1963 a 1973 e inclusive de 1973 al 1992, con el cambio de la Constitución Nacional de 1967 por una nueva Constitución Nacional de 1992, se continua hasta el 2002 con Ley Nº854/63 que establece el Estatuto Agrario que se deroga y es establece un nuevo Estatuto Agrario por la Ley Nº1863/02; así como también en el 2004 la Ley Nº852/63 que crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR) es remplazado por Ley N°2419/04 – INDERT.

Importante señalar sobre el párrafo anterior que después de promulgarse y estar vigente la Constitución Nacional – 1992, se siguió ocupando territorios, mediante la colonización campesina sobre y/o con bosques nativos en la Región Oriental bajo el amparo legal de etas instituciones IBR su Estatuto Agrario de 1963 y el Servicio Forestal Nacional (SFN) hoy INFONA. Hasta el 2002 e inclusive del 2004 las colonizaciones privadas, públicas incluyendo los asentamientos humanos sujeto a la reforma agraria, además incluyendo con más fuerza en el Chaco Paraguayo que se vinieron realizando sobre territorios con BOSQUE NATIVOS, desarrollando legal y legitimante cambios de uso de las tierras para usos pecuarios, agrícolas y/o de aprovechamiento forestal.

Ante este proceso de transformación y ocupación del territorio en el sector agro-rural de las Región Oriental se incrementó la superficie de uso para fines agrícolas cultivando rubros de renta como el algodón y el tabaco, el trigo, la soja y la producción ganadera, el ingreso masivo de colonos y capitales extranjeros fue muy importante; donde las TASAS estimadas de DESMONTES hoy denominados como DEFORESTACIÓN fueron de: Entre 1945 y 1985 fueron deforestadas 5 millones de Has, 123.000 Has/año; Entre 1968 y 1976 fueron deforestadas 212.000 Has/año; Entre 1984 y 1991 fueron deforestadas 300.000 Has/año; Entre 1989 y 2001 fueron deforestadas 112.960 Has/año; y Para el 2002 la TASA era de 110.000 Has/año. Desde la mirada productiva, para satisfacer el mercado interno y externo, la expansión de la utilización de la tierra era de 110.00 has/año.

Un elemento institucional y jurídico a señalar en este Procesos de las transformaciones sociales y económicas y su impacto en el uso del territorio agro-rural de la Región Oriental; es que desde 1973 hasta el 2004 que está vigente Ley N°422/73 Forestal; cuyo Artículo Nº42: “todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosque natural. reforestar el 5% del total de superficie de las fincas”; UNICA institución responsable de autorizar las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques nativos por DESMONTES hoy muchas veces señaladas como DEFORESTACIONES en el marco del Artículo N°42 de la Ley N°422/73 Forestal. Para contextualizar, en la década de 1960, casi todos los países de la región procedieron a integrar amplias regiones, con desmonte, para realizar agricultura y ganadería. Paraguay retraso este proceso porque tenía una población extremadamente baja y no disponía de condiciones para financiar y sostener un proceso de colonización. tampoco debe olvidarse la existencia de un clima de político muy inestable durante casi toda la primera mitad del siglo XX.

En este escenario planteado de los procesos de transformaciones para analizar la problemática territorial y las crispaciones económicas y sociales del sector Agro-Rural en esta Región Oriental en particular es importante revisar la Constitución Nacional – 1992; que en su Artículo Nº28, consagra a la REFORMA AGRARIA como uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural y la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. Este Artículo N°8 además señala que a este efecto se adoptarán sistemas justos de distribución, propiedad y tenencia de tierra, se organizarán el crédito y la asistencia social, se fomentará la creación de cooperativas y de otras asociaciones similares, y se promoverá el incremento de la producción, su industrialización y la racionalización del mercado, de modo que permita a la población campesina lograr su mejoramiento económico, como garantía de su libertad y dignidad, y como fundamento del bienestar nacional.

Un análisis crítico y práctico de este Artículo N°28 nos demuestra que los pequeños productores tienen derecho al acceso a la tierra para poder generar bienes y servicios que generen beneficios económicos y sociales para sus familias y de esa manera poder llevar una vida más digna como paraguayos, pero en ningún momento autoriza a realizar invasiones y ocupaciones que violen la propiedad privada como muchos pretenden dar a entender. Es urgente que la distribución y ocupación de tierras sea acompañada de un apoyo decidido por parte de los organismos del Estado paraguayo con el afán de proveer infraestructura, asistencia técnica y crediticia según las condiciones socio-ambientales de los asentamientos y colonias.

Hasta el momento finales del 2020 es lamentable, los resultados poder citar o mostrar modelos efectivos y eficaces, porque siempre fueron insuficientes y con la apertura democrática los conflictos por la tierra se han profundizado, generando una situación problemática que continua hasta nuestros días y que parece no tener atisbos de solución. Desde 1989 hasta finales del 2020; se han producido y vienen produciendo numerosas invasiones de propiedades privadas por parte de grupos denominados de “campesinos sin tierras”, quienes, con la intención de hacerse de un pedazo de tierra propia, han ocupado propiedades privadas a las que denominan latifundios, tierras improductivas, y supuestas tierras mal-habidas, generando cada vez más críticas crispaciones sociales se radicalizaron especialmente en los Departamentos de Alto Paraná, San Pedro, Caaguazú e Itapúa.

Aunque en el 2002 ese promulgó el nuevo Estatuto Agrario y en el 2004 se creó una nueva institucionalidad ejecutiva denominada INDERT, cuya función es identificar los problemas relacionados a la tierra y coordinar la tan necesitada reforma agraria integral, a casi una década, los mismos problemas continúan en el sector Agro-Rural por la falta de liderazgo y voluntad política para resolver los problemas de arraigo y competitividad en el sector rural.  La inequidad estructural debido a las consecuentes ocupaciones del territorio y al fomento de la deforestación y la explotación forestal irracional para la habilitación de tierras para la agricultura y la ganadería, han dado como resultado una agricultura dual, minifundiaria y empresarial.

La Constitución Nacional asegura que paraguayos y extranjeros nacionalizados accedan a la tierra para poder trabajarla y con los beneficios obtenidos poder llevar una vida más digna, y que el INDERT por medio del Estatuto Agrario deberá asegurar una mejor distribución de las tierras y sobre las mismas sistematizar las acciones y actividades que permitan el arraigo definitivo de los productores en el sector rural.

El desafío a encarar para lograr el arraigo de las familias de los pequeños productores se sustenta en vencer el bajo nivel de innovación y apoyo tecnológico para el aumento de la productividad, lo que requiere de una adecuada y eficiente asistencia técnica con innovaciones tecnológicas acordes a la demanda de los mercados nacionales e internacionales, incorporando a las pequeñas y medianas unidades productivas por medio de la competitividad a las grandes unidades productivas, disminuyendo la presión sobre la tierra que por su condición natural tendrían consecuencias ecológicas negativas.

La utilización de las tierras y sus recursos naturales (bosques, aguas, suelos), está sujeta actualmente a estrictas normas técnicas que favorecen el manejo y uso racional de los mismos, las que deben ser respetadas por los propietarios de las tierras, y por los que la ocupan, debiendo desterrar la práctica de que los “invasores de tierras” no tienen ninguna responsabilidad sobre sus actos y mucho menos sobre la sustentabilidad de los recursos naturales que contienen esas tierras.

Es urgente necesidad que el ESTADO con sus órganos legislativos, ejecutivos y de justicias, se organicen y coordinen estrategias y acciones que convengan de aquí en adelante, entiendan y establezcan espacios adecuados de debate e instauren señales concretas y claras de políticas eficaces y sostenible para el sector Agro-Rural, donde el acceso y el uso racional de los recursos naturales productivos de la tierra, la educación y la capacitación técnica agropecuaria y de aprovechamiento forestal, se constituyan piedra angular del desarrollo Agro-Rural sostenible, contribuyendo de esa y alguna forma en la solución permanente de los conflictos sociales del sector.

Consideramos que las señales claras de debate deberán asegurar la participación de los verdaderos actores que viven y trabajan en el sector, liderado por los responsables de arbitrar imparcialmente el respeto a la Constitución y las Leyes, buscando afanosamente un clima de estabilidad política, que permita crear una mayor vinculación entre sectores empresariales y campesinos, construyendo alianzas estratégicas que contribuyan a la mitigación de la pobreza y la reducción de los conflictos, cada vez más radicalizadas por la inequidad económica, social y ambiental creciente en el área Agro-Rural del Paraguay.

En conclusión, podemos aseverar que para que la solución de la tenencia de la tierra en el Paraguay sea definitiva y se logre el desarrollo sostenible, es importante que la política agraria no excluya ni ataque los modelos exitosos de producción, sean estos de la Agricultura Familiar o la Agricultura Tecnificada. Como base de una reforma agraria integral, el Estado Paraguayo con sus poderes, no puede limitarse a la mera distribución de tierras sin el consiguiente apoyo tecnológico, financiero y en infraestructura. Aquellas personas malintencionadas que, nombrando el derecho de acceder a la tierra, incentivan y realizan invasiones u ocupaciones de tierras fuera de lo que establece la Constitución Nacional y las Leyes, son los verdaderos responsables de crear los problemas territoriales y las convulsiones sociales en el sector Agro-Rural del Paraguay.