Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Asesor Especialista, con
experiencia por más de 30 años en temas Agroambientales y como Ex ministro de
Ambiente y Ex Agricultura y Ganadería de Paraguay, deseamos exponer una
posición firme acerca de una visible contradicción del Gobierno de Paraguay con
respecto a la Propuesta de Cooperación presentada por la Unión Europea (UE)
y que está siendo gestionando desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
en conjunto con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), para
aceptar y recibir 10.000.000 de EUROS
para un supuesto “APOYO A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN PARAGUAY”.
Publicación del Noviembre 2023
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) firmaron un convenio donde hablan
de poner en marcha de la Plataforma de Trazabilidad Ambiental (RETA)
Como supuesto paso para avanzar en los mercados más exigentes
del mundo.
I.- PUNTOS DE DISCUSIÓN:
1.- Mucho ya se hablado y sostenido sobre el Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre Deforestación el N°1115/2023. Además, hemos escuchado muchas opiniones del sector privado y del sector público, pero lo que se mantuvo intacto hasta el momento es la nula predisposición al dialogo por parte de la Unión Europea (UE) ya que ellos imponen su reglamento y solo quieren obligarnos a analizar ya solamente cómo implementar el mismo.
2,- Un tema clave fue el posicionamiento del Presidente de la Republica Santiago Peña en la COP28 en Dubái donde expreso: “LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO NO PODEMOS POSTERGAR NUESTRO DESARROLLO POR EXIGENCIAS UNILATERALES QUE RAYAN LA ARBITRARIEDAD”. En una clara alusión al reglamento 1115 e iniciativas similares que puedan frenar nuestro desarrollo.
3.- Coherente con esa declaración del Presidente de la República, el Gobierno nacional bajo el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) presentó una denuncia internacional ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) con apoyo de más de 70 países argumentos claros en contra del Reglamento de la Unión Europea (UE) N°1115/2023.
4.- Existe una contradicción en Gobierno nacional actual que tiene para afuera una posición firme y clara en relación al Reglamento N°1115 reivindicando el derecho que tenemos como País a avanzar en el proceso de desarrollo sostenible. Sin embargo, a nivel nacional hay otros ministerios y ministros que están enfocados a encaminar dicho reglamento para que sea implementado y manejado por sus instituciones.
5.- Parte del Gobierno, que no es afectado por el reglamento está dando un trámite cuasi leg6slativo al mismo y se involucra como supuesto articulador con la ambición de obtener una cooperación de 10.000.000 de euros un verdadero caballo de troya para la implementación e imposición del reglamento.
6.- El día de ayer nada más, se tuvo la visita de un Comisario
Europeo que en conjunto de varios ministros de Paraguay declaro
que “PARAGUAY DEBE MANTENER LOS ESFUERZOS ACTUALES DE PRODUCCIÓN EN FORMA SOSTENIBLE
Y ASÍ PUEDEN CREAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO BIEN PAGADAS”, siendo
esto el primer espejito que nos ofrece ya que los europeos hablan mucho de
productos sostenibles, pero no pagan ni un solo guaraní, dólar o euro más por los
sobrecostos que generan cumplir con
sus exigencias, algunas de cumplimiento imposible..
8.- Dicho de una manera diplomática y engañosa bajo un proyecto
de “cooperación” (caballo de troya) desean que la Republica del Paraguay
promueva el pacto verde de la Unión Europea (UE) en su territorio y los
articuladores de esto deberán y son los propios ministros del Poder Ejecutivo.
Si no es así, porque en el proyecto que el propio Ministerio de Industria y
Comercio (MIC) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
prepararon la figura que “HAY QUE DESARROLLAR NORMATIVAS Y ESTÁNDARES”,
porque introducen las definiciones de “económica circular” que no forma parte
de la legislación paraguaya, pero si figura en el Pacto Verde Europeo.
10.- Otra interrogante trascendental de esta discusión está vinculado al buen trabajo hecho por el Instituto Forestal Nacional (INFONA) quien ha publicado un Visor de Bosques y Cambios de Uso de Suelo, si al final de cuentas ellos se abstienen de aceptar la información publicada por el gobierno. De que sirve el reconocimiento al esfuerzo hecho por el gobierno paraguayo si la propia UE menciona que los datos del INFONA no son reconocidos o validados para el cumplimiento del Reglamento N°1115/2023, y que ningún sistema certificación pública o privada exonera al operador del cumplimiento del proceso de diligencia debida y serán los “operadores comerciales” los responsables de cumplir con dicho proceso.
II.- RECHAZAR EL PROYECTO DE COOPERACIÓN:
1.- Hay que dejar la falsedades o hipocresías de lado y que la Unión Europea (UE) asuma que la cooperación que proponen para instaurar una Plataforma Gubernamental para apoyar a la producción sostenible no será reconocido ni validado por ellos en el Reglamento N°1115/2023 de la Unión Europea (UE). Por tanto, aunque el Gobierno cree un sistema o plataforma operativa, la documentación que se expida a través de ella puede no llenar las expectativas de la Unión Europea (UE) y por decisión unilateral pueden ser rechazados.
III.- CONCLUSIÓN:
1.- El Gobierno debería indiscutiblemente rechazar cualquier tipo de cooperación que tenga por objetivo modificar el marco legislativo nacional de manera directa o indirecta.
2.- El Gobierno NO debería permitir que interesados extranjeros que desean imponer condiciones a la producción y productividad, sostenida, sustentable y sostenible de Paraguay formen parte de ningún consejo ni comisión ni proyecto de esta naturaleza. De conformarse eso debe ser únicamente tratado con los interesados y afectados y NO con los que generan la carga extra al propio país.
FINALMENTE, QUE TOME NOTA LA UNIÓN EUROPEA (UE) QUE
LOS DATOS DEL INFORME ELABORADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL
DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA) MUESTRAN QUE EL 99,9 % DE LAS
2.978.795 HECTÁREAS DE SOJA SEMBRADA EN LA REGIÓN ORIENTAL EL AÑO 2022,
PROVIENEN DE ÁREAS NO DEFORESTADAS DESDE EL PERIODO QUE EXIGE LA UNIÓN EUROPEA
(UE)
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