Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S.
Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex
Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la
Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), con la experiencia de haber
ocupado responsabilidades públicas y de continuar trabajando por un desarrollo
rural y forestal más inclusivo y sostenible, presento las siguientes
observaciones al proceso de formulación de la Política Forestal Nacional (PFN),
actualmente liderado por el Instituto Forestal Nacional (INFONA). Estas
reflexiones se comparten con los visitantes de este blog con el propósito de
promover un debate técnico y político constructivo, que permita fortalecer este
instrumento estratégico para el país.
Ing. Alfredo Molinas, ex
Ministro y promotor de la creación institucional del INFONA
I.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA FORESTAL NACIONAL (PFN) Y SUS LIMITACIONES
1.- Es innegable que los recursos
forestales del Paraguay han sufrido un deterioro sostenido durante las últimas
décadas. Paradójicamente, este proceso ha estado asociado tanto a la generación
de riqueza y también incidiendo levemente a la reducción de la pobreza extrema
en algunos lugares donde tuvieron a los recursos forestales como materias
primas para crear productos comercializables como leña, carbón y madera.
2.- Sin embargo, las oportunidades reales
de desarrollo en el campo no son tan efectivas como suelen reflejar los
documentos institucionales. Una política forestal no puede centrarse
exclusivamente en las plantaciones forestales como objetivo de largo plazo,
sino que debe atender también a los propietarios de grandes extensiones de
bosque nativo, quienes hoy las conservan sin recibir contraprestación o
beneficio alguno por esa conservación.
3.- No debe olvidarse que el rol del
INFONA no se limita a promover las plantaciones forestales. También debe
trabajar activamente con los propietarios de bosques nativos, una línea de
acción que, lamentablemente, hoy se encuentra ausente o débilmente reflejada en
la propuesta de política actualmente en socialización.
4.- Una política que prioriza
exclusivamente el fomento al sector privado se convierte, en la práctica, en un
plan de acción privado más que en una política pública. Esta propuesta de
política forestal omite abordar problemáticas estructurales urgentes, como los
arreglos institucionales necesarios para que el sector opere con mayor
seguridad jurídica, sin verse expuesto a extorsiones o intervenciones con fines
recaudatorios.
5.- Los propietarios de tierras con
cobertura boscosa deben ser consultados y tenidos en cuenta de forma central en
este proceso. Son ellos quienes conservan, a su propio costo, superficies
forestales que el país utiliza como imagen internacional de sostenibilidad. Su
inclusión efectiva es esencial para asegurar la viabilidad y legitimidad de
cualquier política forestal.
6.- Es importante recordar que este no es
el primer intento de formular una política nacional forestal. A fines de los
años 90, en particular en 1999, se conformó la Mesa Forestal Nacional, un
espacio de diálogo multisectorial que permitió la elaboración participativa de
los primeros “Delineamientos de la Política Forestal Nacional”. Posteriormente,
durante mi gestión como Ministro de Agricultura y Ganadería en 2008, y con el
liderazgo gremial de referentes como el Lic. Juan Carlos Altieri (entonces
presidente de FEPAMA), se impulsó la promulgación de la Ley Nº 3464/2008, que
creó al INFONA como ente rector del sector forestal.
II.- PRINCIPIOS RECTORES QUE DEBERÍA
CONTEMPLAR LA PFN:
1.- Una política forestal
nacional moderna, legítima y eficaz debe enmarcarse en principios rectores
ampliamente reconocidos:
-
Sostenibilidad: equilibrio entre el uso racional de los recursos forestales y la
protección de los ecosistemas, pensando en las generaciones futuras.
-
Valoración: incorporación de herramientas de valoración económica, ecológica y
social de los bosques, tanto para orientar la inversión como para promover
esquemas de compensación.
-
Concertación: diálogo y negociación institucionalizada entre todos los actores,
incluyendo el sector productivo, comunidades, academia y gobiernos locales.
-
Participación: involucramiento efectivo de quienes gestionan el bosque y de quienes
son afectados por las decisiones sobre su uso.
-
Descentralización: transferencia real de competencias y recursos a gobiernos
subnacionales, especialmente en un país con marcada diversidad territorial.
-
Transparencia: acceso público a información clara, verificable y oportuna sobre la
situación del sector y los avances de las políticas implementadas.
2.- Además, toda política sectorial
debe ser evaluable y medible, incorporando criterios e indicadores de desempeño
ambiental, económico y social. Su implementación debe permitir mejorar los
ingresos y calidad de vida de quienes viven del bosque, promoviendo valor
agregado, innovación y empleo.
3.- Esta propuesta de PFN carece de una mirada territorial
diferenciada que permita adaptar las estrategias forestales a las realidades
ecológicas, sociales y productivas de cada región del país. No es lo mismo
hacer forestación en San Pedro que conservar bosques en el Chaco. Una política
seria debe contener al menos lineamientos específicos para las principales
regiones del país.
III.- ENFOQUE DESBALANCEADO
HACIA LA CONSERVACIÓN
1.- Aunque el documento
menciona objetivos productivos, hay un claro desequilibrio hacia enfoques
conservacionistas dentro del documento.
2.- Expresiones tales como manejo
sostenible, restauración, conectividad de áreas protegidas, servicios
ecosistémicos, adaptación al cambio climático y similares son dominantes en un
documento que debería promover incentivos y garantías concretas para los
propietarios de bosques nativos o tierras productivas.
3.- Por ejemplo, en la Estrategia
2 “Gestión Integral de los Bosques” se hace más mención al uso del bosque como espacio
dedicado a ecoturismo, restauración y conectividad de fragmentos, antes que a
incentivos o aprovechamiento económico real de bosques nativos. Y tampoco se
hace mención clara que apoyo existe para el privado que decida optar por el ecoturismo,
restauración o conectividad.
4.- Se habla de beneficios por
conservar o pagos por servicios ambientales. Sin embargo, no hay claridad sobre
cómo ni con qué presupuesto se implementarán incentivos a propietarios
conservadores de bosque nativo o a pequeños reforestadores de especies nativas
que trabajan en el campo.
5.- Esta propuesta de política forestal
ignora la urgencia de construir un sistema de incentivos reales, accesibles y
sostenibles para los productores que cuidan el bosque o que desean invertir en
forestación. No alcanza con “promover” instrumentos, hace falta diseñarlos y ejecutarlos.
6.- Nos parece que esta
propuesta de PFN moldea al INFONA en una agenda ambiental de conservación,
restauración, biodiversidad, cambio climático, etc., actividades que a nuestro
parecer son de otros ministerios y no propiamente de una institución forestal. Esta
duplicidad institucional que se podria dar en efecto no solo es jurídicamente controvertido,
sino que desdibuja el objetivo original del INFONA que es el de promover el
desarrollo forestal del país, no actuar como instituto de conservación.
7.- Además, se menciona los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de París, NDC, biodiversidad y conservación
ecológica, pero muy escasa alusión a leyes de inversión, derechos de uso, o
promoción concreta de producción forestal. Lo cual parece más bien una política
para agrado de la cooperación internacional antes que una política que sirva al
productor en el día a día en el campo.
III.- NUESTRAS CONCLUSIONES A LAS
OBSERVACIONES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA FORESTAL NACIONAL
(PFN):
1.- Seguimos con atención el
proceso de formulación de la nueva PFN. Valoramos el esfuerzo por actualizar el
marco estratégico del sector, pero consideramos que el proceso debe ser más
representativo, más presencial y mejor articulado con los actores reales del
territorio. Esta es una política sectorial y no una política general que puede
expresar voluntades generales. En una política específica se debe ir más allá.
2.- Hemos identificado que
algunos contenidos del borrador actual exceden el ámbito forestal, generando
ambigüedades institucionales. Creemos que es necesario que se asegure su
coherencia con las competencias legales de cada institución. Por lo cual es necesario
advertir que se deben evitar duplicidades y contradicciones con otras políticas
públicas vigentes.
3.- Consideramos que esta política forestal peca de ser
ambiciosa en lo declarativo pero frágil en lo operativo. No establece una hoja
de ruta clara, carece de mecanismos concretos de implementación y no define
condiciones institucionales mínimas para su ejecución efectiva. Siendo una
política sectorial específica, no puede adoptar un enfoque generalista ni
difuso. Debe tener al sector forestal como eje central, con definiciones
precisas y herramientas adaptadas a su realidad. De lo contrario, corre el riesgo
de diluir su impacto real y convertirse en un compendio de buenas intenciones
sin capacidad transformadora.
4- Reiteramos que una política
forestal no puede construirse sin los productores, que son quienes transforman
la política en acciones concretas. Sin su participación, cualquier estrategia
será inviable o, peor aún, inaplicable.
5.- Un aspecto que merece ser considerado
con mayor atención es la necesidad de fortalecer la autocrítica institucional
en los procesos de formulación de políticas. En años anteriores, el INFONA
impulsó con entusiasmo actividades participativas orientadas a la elaboración
de un Plan Nacional de Restauración Forestal. Sin embargo, dicho proceso no
logró consolidarse en un documento final y desapareció del radar, por lo que
vemos que un nuevo intento de construcción estratégica de un documento
gubernamental que sería valioso generar mayor confianza, asegurar consistencia
y evitar que se repitan los errores del pasado. La credibilidad institucional
se construye no solo con propuestas, sino con cumplimiento y continuidad.
6.- Por último, es más que necesario incluir
entre las prioridades el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la
erradicación de prácticas discrecionales, garantizando que cualquier actuación
en el campo se base en criterios técnicos, legales y transparentes. Ya que, en
los últimos años, diversos actores del sector productivo han manifestado
creciente preocupación por la proliferación de intervenciones en el territorio
que no siempre responden a infracciones comprobadas ni al cumplimiento objetivo
del marco legal forestal vigente, sino que en muchos casos son directamente amedrentamiento
hacia los productores.
7.- Estamos dispuestos a colaborar activa y
constructivamente. Aspiramos a una PFN equilibrada, técnicamente sólida,
jurídicamente válida y legítimamente respaldada por quienes componen el sector
forestal paraguayo.
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