POR QUÉ LA AGRICULTURA PARAGUAYA DEBE PRESTAR ATENCIÓN A LA AGENDA CLIMÁTICA INTERNACIONAL – JULIO 2026

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes una reflexión sobre la agenda climática internacional para lo cual mantuvimos con el Biólogo Jorge Martínez quien en su momento fue negociador paraguayo del Acuerdo de Paris firmado en el 2015.

I.- Antes de la COP ¿Qué son las reuniones intermedias de la CMNUCC?:

Cada año antes de la Conferencia de las Partes, conocida como “COP”, los países se reúnen en Bonn, Alemania, en lo que se conoce como las reuniones de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No son la COP propiamente dicha, pero funcionan operativamente como una antesala técnica y política, donde se preparan textos, se ordenan desacuerdos y se definen los temas que luego llegarán a la negociación final.

Estos órganos son principalmente dos: el SBI, encargado de los temas de implementación, y el SBSTA, encargado del asesoramiento científico y tecnológico. Ambos se reúnen tradicionalmente dos veces al año; una vez en Bonn y otra durante la COP.

Por eso, aunque estas reuniones no tengan la visibilidad política de una COP, sus resultados son importantes. Muchas veces, lo que no se resuelve en Bonn llega trabado a la COP y lo que se instala en Bonn como lenguaje técnico puede terminar convirtiéndose luego en decisión política internacional.

II.- Reunión intermedia de Junio de 2026 y el camino hacia la COP31:

La reciente reunión intermedia de la SB64 se realizó en Bonn del 8 al 18 de junio de 2026. En esta reunión particularmente no se aprobaron grandes decisiones finales, pero sí se discutieron varios temas que llegarán a la COP31: adaptación, financiamiento climático, mitigación, transición justa, comercio y cambio climático, ciencia climática y el programa de trabajo sobre agricultura y seguridad alimentaria.

Aquí está el punto central para Paraguay, que cuando estos temas avanzan en la agenda internacional, tarde o temprano se traducen en exigencias de reporte, indicadores, acceso a financiamiento, condiciones comerciales o nuevas narrativas sobre los sectores productivos.

III.- Puntos que pueden impactar al sector agropecuario:

El primer tema es la adaptación, ya que la agricultura es uno de los sectores más expuestos a sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, cambios en los regímenes de lluvia y eventos extremos.

Sin embargo, en Bonn no hubo acuerdo sobre el Objetivo Global de Adaptación, justamente por desacuerdos vinculados al financiamiento, los indicadores y la forma de medir el avance. El tema fue trasladado a la COP31 sin texto acordado.

El segundo tema es el financiamiento climático. Los países en desarrollo vienen insistiendo en que no se pueden exigir nuevas acciones climáticas sin recursos, tecnología y fortalecimiento de capacidades.

Este es un punto de conflicto eterno entre los países desarrollados y países en desarrollo, especialmente sobre cuánto debe ser financiamiento público, quién debe proveerlo y cómo se accede efectivamente a esos recursos.

El tercer tema es la mitigación, donde tampoco se logró acuerdos en las reuniones de junio y fue dejado para las reuniones de la próxima COP31.

El tema de mitigacion es importante porque cuando se habla de reducción de emisiones, muchos actores internacionales tienden a mirar rápidamente hacia la agricultura, la ganadería, el uso de la tierra y los sistemas alimentarios, aun cuando el peso global de las emisiones está concentrado principalmente en energía, industria y transporte.

El cuarto tema es comercio y cambio climático. En Bonn se realizó el primer diálogo formal sobre clima y comercio, un espacio que parte como una discusión estéril y útil para cooperación, pero también riesgoso para países exportadores de alimentos.

Los países en desarrollo desde hace tiempo vienen advirtiendo que ciertas medidas climáticas que algunos países y grupos de países promueven tienen un impacto en el comercio y esto puede aumentar costos, restringir acceso a mercados y funcionar como barreras comerciales encubiertas.

El quinto tema, y quizás el más directo para Paraguay, es el Programa de Trabajo de Sharm el-Sheikh sobre agricultura y seguridad alimentaria. En esta reunión se continuó el tratamiento de este proceso, se reconoció que los países están incorporando cada vez más la acción climática en agricultura, sistemas y seguridad alimentarios dentro de sus planes nacionales, y se acordó seguir el tratamiento del tema durante la COP31.

IV.- ¿Por qué la agricultura queda siempre “en la mira”?:

La agricultura queda siempre “en la mira” no porque sea la principal responsable del cambio climático global, sino porque es un sector visible, territorial, medible y políticamente fácil de señalar. Produce alimentos, utiliza el suelo, depende del clima, trabaja con recursos naturales, sostiene cadenas de exportación y está presente en millones de hectáreas.

Esa visibilidad hace que muchos actores internacionales intenten convertir al sector agropecuario en el rostro del problema climático, aun cuando los mayores responsables globales se encuentran principalmente en energía, industria, transporte y consumo urbano.

Esta es una distorsión que Paraguay debe enfrentar con claridad. La agricultura y la ganadería no pueden ser tratadas como si fueran equivalentes a los grandes complejos industriales, energéticos o de transporte de los países desarrollados. Una cosa es producir alimentos, carne, granos, leche, fibras y materias primas para alimentar a la población mundial, y otra muy distinta es sostener modelos de consumo altamente intensivos en energía fósil, transporte, calefacción, refrigeración, industrias pesadas y estilos de vida urbanos de alto impacto.

El propio IPCC muestra que la discusión no puede simplificarse ya que, en el Sexto Informe de Evaluación, el IPCC estima que el conjunto de agricultura y ganadería representan aproximadamente entre el 12-14% de las emisiones globales. Por eso es técnicamente incorrecto y políticamente injusto presentar al agro como culpable del cambio climático.

La agricultura y la ganadería tienen emisiones y están cuantificadas, pero también producen alimentos, capturan carbono en suelos y biomasa, mantienen paisajes productivos, sostienen empleo rural, generan divisas y contribuyen a la seguridad alimentaria global.

Un debate serio no puede quedarse en cuantificar emisiones sin mirar qué produce cada sector, qué función cumple y qué alternativas reales existen. Pero el problema es que algunos sectores utilizan la agenda climática para instalar cuestionamientos contra el agro, contra la ganadería, contra la biotecnología, contra los fitosanitarios, contra la producción comercial y contra la propiedad privada rural. En esos casos, utilizan la discusión del CO₂ para justificar sus agendas que buscan hace décadas atacar y debilitar al sector productivo.

El sector agropecuario del Paraguay es un aliado central del desarrollo sostenible del país, es un sector estratégico que produce alimentos, conserva recursos, sostiene la economía nacional y tiene capacidad real de aportar soluciones de adaptación, eficiencia productiva, captura de carbono y seguridad alimentaria.

V.- El caso paraguayo: porcentajes altos, pero emisiones globales mínimas:

El caso paraguayo debe analizarse con mucho cuidado ya que el país es responsable por solo el 0.06% de las emisiones globales, pero si vemos las estadísticas sin ver el contexto pues los porcentajes aparecen con un peso relativo alto a nivel país en los sectores vinculados a la producción.

Pero eso no ocurre porque Paraguay sea un gran emisor, como ya dijimos es mínimo. Esto ocurre porque tenemos una matriz eléctrica limpia y renovable, una industrialización relativamente baja y una economía fuertemente basada en la producción agropecuaria.

En otras palabras, el porcentaje interno puede ser alto, pero la responsabilidad global de Paraguay es mínima, y esta diferencia es fundamental.

No es lo mismo analizar el peso relativo dentro de un país pequeño, productor de alimentos y con energía limpia, que analizar las emisiones absolutas de grandes economías industrializadas que basan su desarrollo en combustibles fósiles, transporte masivo, industria pesada y alto consumo energético.

Además, las emisiones del sector agropecuario están asociadas a una función esencial: producir alimentos. Paraguay no emite para sostener un modelo de consumo de lujo de sus habitantes, ni para mantener industrias altamente dependientes de energía fósil.

Paraguay produce carne, granos, leche, fibras y materias primas que alimentan a millones de personas y generan ingresos para el país. Esa diferencia debe estar en el centro del debate climático. Por ello, el desafío es hacer que la agenda climática no tenga una narrativa equivocada, donde el productor aparezca como sospechoso, culpable o responsable de un problema global que fue generado principalmente por otros modelos de desarrollo.

La posición paraguaya debe ser clara, no se puede exigir más reportes, más indicadores, más trazabilidad, más condicionamientos comerciales o más adaptación al sector productivo sin financiamiento, tecnología, asistencia técnica y reconocimiento de las circunstancias nacionales.

El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas no es una frase diplomática; es una defensa concreta para países como Paraguay. En ese sentido, resulta bastante positivo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible defiendan en las negociaciones climáticas una posición basada en las circunstancias nacionales y la soberanía del desarrollo

VI.- Conclusiones propias:

Paraguay no debe esperar a que la agenda se defina desde afuera sobre las negociaciones climáticas que involucran a la agricultura, ganadería y a los demás sectores industria y energía. Debe llegar a la próxima COP con una posición nacional clara, construida con participación real del MAG, MADES, gremios productivos, academia, sector privado y propietarios rurales.

El mensaje debe ser firme, el productor campo paraguayo no puede ser presentado como culpable del cambio climático. Debe ser reconocido como un sector estratégico para la seguridad alimentaria, la adaptación, la captura de carbono, la conservación y el desarrollo nacional.

Paraguay debe estar preparado para defender su realidad productiva con datos, basados en ciencia y con una posición país que deje claro al mundo que no se pueden crear cargas injustas para quienes producen so pretexto de mejorar la acción climática.

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UNA POSICION NACIONAL REPRESENTA LA VISION PAIS, DEBE SER PARTICIPATIVA Y NO IMPONER TERMINOS IMPORTADOS - 2026

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes una conversación que mantuvimos con el Biólogo Jorge Martínez  Especialista en temas de Sostenibilidad, unos comentarios sobre “UNA POSICION NACIONAL REPRESENTA LA VISION PAIS, QUE DEBE SER PARTICIPATIVA Y NO IMPONER TERMINOS IMPORTADOS”.

Los informes que el país debe presentar sobre Biodiversidad, para las COP de Desertificación y Cambio Climático representan una oportunidad importante para que el Paraguay exponga ante la comunidad internacional su visión sobre desertificación, degradación de tierras, sequía, restauración, seguridad alimentaria, suelos, pastizales, producción sostenible, conservación y resiliencia climática.

Sin embargo, esta oportunidad también puede transformarse en un riesgo si los documentos nacionales son construidos de manera cerrada, inconsulta o bajo la influencia predominante de discursos internacionales que no necesariamente responden a la realidad productiva, jurídica, territorial y social del Paraguay.

Praguay tienen una historia muy buena de cumplir con las convenciones internacionales y con sus compromisos asumidos en diferentes planes. El problema surge cuando determinadas agencias de cooperación, consultorías externas o equipos técnicos sectoriales pretenden instalar sus propias visiones como si fueran automáticamente la posición del estado paraguayo, utilizando lenguajes globales que muchas veces no reflejan la realidad nacional.

EL PUNTO FOCAL COORDINA, PERO NO SUSTITUYE AL PAÍS

Existen instituciones gubernamentales que tienen el carácter de autoridad de aplicación o punto focal nacional de algunas convenciones internacionales. Estas cumplen un rol institucional altamente relevante dentro de la construcción de cualquier documento país o posiciones nacionales.

Ser punto focal o autoridad de aplicación no significa tener exclusividad sobre la definición de un documento o posición nacional que el país debe mostrar al extranjero, ya que esta debe ser construida con consultas previas, suma de consensos y discusiones técnicos políticas para convertir nuestras circunstancias en posiciones objetivas ajustadas a la realidad nacional

En el caso de una posición país debe ser justamente eso: una posición del país. No puede ser el resultado de una sola oficina, de una sola mirada sectorial ni de un documento preparado para cumplir con agendas internacionales prediseñadas.

Los documentos del país y una posición nacional deben precautelar que el contenido no incida sobre definiciones nacionales sobre el uso de la tierra, la producción agropecuaria, la propiedad privada, el acceso al financiamiento, el ordenamiento territorial, las metas de restauración, los compromisos ambientales y la imagen internacional del Paraguay.

El Paraguay debe participar de cada reunión internacional con posiciones claras, de consenso, documentos validados y validados por instituciones competentes de cada área, ya sea el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el INFONA, SENACSA, INDERT, SENAVE, INE, etc. así también deben ser consultados los gobiernos locales, la academia, los gremios productivos y otros actores relevantes que pueden aportar a las discusiones.

NO TODO LENGUAJE INTERNACIONAL REPRESENTA LA REALIDAD PARAGUAYA

En los últimos años se ha vuelto frecuente que determinados conceptos globales ingresen a la discusión nacional sin suficiente adaptación local. Términos como “neutralidad de la degradación de la tierra”, “restauración”, “Otras Medidas Efectivas de Conservación(OMEC)”, “corredores”, “metas post-2030”, “soluciones basadas en la naturaleza”, “carbono del suelo”, “enfoques de paisaje” o “planificación territorial” pueden tener utilidad técnica, pero también pueden ser utilizados de manera imprecisa para justificar restricciones, nuevas obligaciones o condicionamientos que no fueron discutidos internamente.

El Paraguay tiene una realidad propia, ya que siendo un país agroproductivo, cuyo desarrollo depende de la agricultura, la ganadería y la producción forestal, no se pueden importar conceptos que contravengan la realidad jurídica del país.

Y cuando uno analiza la degradación del suelo o de la tierra, tierras degradadas y otros, hay que tomar en cuenta varios indicadores, pero principalmente a la población que vive y mantiene productivo esos ambientes.

Cuando se importan categorías internacionales sin adaptación, se corre el riesgo de construir diagnósticos equivocados. Y cuando esos diagnósticos equivocados son incluidos en documentos oficiales, o declarativos como una “posición nacional”, el país termina aceptando narrativas que después influyen en los temas de comercio internacional y en las propias políticas públicas.

EL RIESGO DE DECLARAR AL PARAGUAY COMO PAÍS DEGRADADO SIN DATOS NACIONALES SUFICIENTES

Uno de los aspectos más sensibles es el uso de datos globales o modelos internacionales para estimar degradación de tierras. Estos instrumentos pueden ser útiles como referencia inicial, pero no pueden reemplazar los datos nacionales, la validación de campo, el conocimiento técnico local ni la información generada por las instituciones paraguayas.

Por ejemplo, definir la degradación de la tierra en Paraguay, bajo conceptos de otros países, con mapas globales de escala mundial, sensores remotos, algoritmos o plataformas elaboradas fuera del país, pueden dar como resultado informaciones totalmente equivocados de la realidad paraguaya.

Paraguay necesita verificar, contrastar y validar cualquier resultado con información nacional, censos agropecuarios, datos de cobertura forestal, productividad, suelos, uso agropecuario, hidrología, incendios, sequías, manejo de pasturas, sistemas agrícolas y realidades regionales.

Presentar porcentajes de degradación sin la debida validación nacional puede ser extremadamente peligroso y puede dejar la imagen que Paraguay tiene una condición crítica de degradación de tierras, sin exponer adecuadamente que la información o metodología global no está ajustada a la realidad local.

Ese tipo de afirmaciones puede luego ser utilizado por bancos, aseguradoras, cooperantes, compradores internacionales, certificadoras o reguladores externos para imponer nuevas condiciones al productor paraguayo.

LA PRODUCCIÓN CULPABLE POR DEFECTO

Otro problema de fondo es la tendencia de ciertos documentos internacionales a presentar la producción agropecuaria como causa principal de los problemas ambientales. Esta mirada es totalmente incompleta para el Paraguay, pero muchas agencias de cooperación intentar imponer estas definiciones en los proyectos a nivel nacional.

La agricultura, la ganadería y el sector forestal son parte central de le economía del país y también forman parte central de la sostenibilidad del país.

En Paraguay existen prácticas ampliamente difundidas como la siembra directa, la rotación de cultivos, la conservación de suelos, los sistemas silvopastoriles, la reserva legal de bosques, la protección de cauces hídricos, la producción sobre pasturas implantadas y naturales, y distintos esquemas de cumplimiento ambiental.

Además, el país cuenta con normas nacionales que ya establecen restricciones y obligaciones claras, como la prohibición de cambio de uso de la tierra en la Región Oriental y la exigencia de mantener importantes porcentajes de cobertura boscosa en propiedades del Chaco.

Por tanto, no corresponde importar un discurso que parte de la sospecha sobre el productor y adoptar y aprobar proyectos que parten de la idea que el productor paraguayo es un agresor a la naturales y que la producción de commodities como soja y carne deben ser controlados.

El productor es quien vive en el territorio, invierte en el territorio, produce alimentos, genera empleo,, construye escuelas, paga maestros, invierte en centros de salud, contrata enfermeros, médicos, arregla los caminos, captura agua para los animales y vida silvestre, conserva los recursos naturales,  y sostiene gran parte de la economía nacional.

LA RESTAURACIÓN NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA NUEVA FORMA DE RESTRICCIÓN TERRITORIAL

El concepto de restauración de tierras degradadas puede ser positivo cuando se aplica correctamente. Pero también puede transformarse en una herramienta problemática si se utiliza para justificar restricciones sobre propiedades privadas sin consulta, sin compensación, sin base técnica y sin respeto al marco legal nacional.

No se puede seguir clasificando áreas desde un escritorio como “prioritaria para restauración” o “prioritaria para la conservación” o transformarles en áreas protegidas por sus condiciones de alto valor.

No toda zona con valor ambiental o de biodiversidad debe ser tratada como si fuera incompatible con la producción agropecuaria, asi como no toda variación de cobertura vegetal significa degradación y no todo cambio de uso permitido por la ley puede ser interpretado como impacto negativo.

El ordenamiento territorial debe respetar la Constitución, la propiedad privada, las leyes nacionales y las competencias institucionales. No puede convertirse en una vía indirecta para imponer limitaciones que no fueron establecidas por ley.

En Paraguay ya hemos visto cómo ciertas categorías ambientales, mal comunicadas o interpretadas, terminan generando restricciones crediticias, inseguridad jurídica o temor en los propietarios.

Por eso, cualquier discusión sobre degradación de tierras, restauración o neutralidad debe hacerse con máxima prudencia técnica y jurídica.

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEBE APOYAR, NO DIRIGIR LOS DOCUMENTOS NI LA POSICIÓN DEL PAÍS

La cooperación internacional puede aportar conocimientos, financiamiento, metodologías y asistencia técnica. Pero su rol debe ser de apoyo, no de conducción política del país.

El Paraguay debe evitar que las agencias de cooperación definan el lenguaje, las prioridades y los compromisos nacionales desde una lógica externa. Muchas veces estas agencias traen enfoques prediseñados que responden más a agendas globales que a necesidades locales.

Luego esos enfoques son incorporados en documentos nacionales, actas, informes, estrategias, planes y proyectos, hasta terminar presentándose como si hubieran surgido de un consenso interno a nivel nacional.

Ese mecanismo que la cooperación internacional está promoviendo silenciosamente debe ser revisado. No se puede permitir que la cooperación internacional a través  de sus proyectos o financiamiento hagan maniobras en los procesos de construcción de posiciones nacionales para dejar asentadas sus propias visiones, sin tener en cuenta las realidades del país y desplazando a los actores nacionales que verdaderamente conocen el territorio.

El Paraguay necesita cooperación, pero no tutoría. Necesita asistencia técnica pero no imposición, hay que seguir participando en las discusiones globales pero desde una posición soberana.

POSICIONES NACIONALES EQUILIBRADAS

El Paraguay debe participar de las COP de desertificación, cambio climático y biodiversidad, pero con una posición firme, clara y equilibrada. Debe reafirmar sus compromisos con las convenciones pero también debe defender su realidad nacional, su modelo productivo sostenible, su seguridad alimentaria, sus derechos de propiedad, sus leyes internas, sus productores y su soberanía para definir sus propias prioridades de desarrollo.

Además, hay que dejar claro que ninguna meta internacional puede imponerse sin datos nacionales, sin validación técnica, sin financiamiento, sin gradualidad y sin participación de los actores afectados.

En este proceso se puede trabajar con la cooperación internacional, pero no se puede permitir que la cooperación escriba la posición del país y modele los conceptos que jurídicamente no son vinculantes para el país.

No se puede ser crear una posición nacional elaborada entre funcionarios de un solo ministerio junto con agencias de cooperación y sin la participación de los sectores afectados en los objetivos y discursos.

Los puntos focales de la convención deben coordinar el proceso técnico, pero la coordinación no implica imponer ni tampoco otorga exclusividad sobre las declaraciones del país.

 

MERCADO DE CREDITOS DE CARBONO: LA REALIDAD GLOBAL DEBE ORIENTAR EL CAMINO A CONSTRUIR – JUNIO 2026

Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental (Dr. Honoris Causa) y como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay y Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), considero oportuno analizar la situación como avances y retroceso del Mercado de Créditos de Carbono en Paraguay.

I.- INTRODUCCION

Desde hace varios años hemos venido sosteniendo que el mercado de carbono puede ser una oportunidad para algunos particulares, un negocio para algunos, pero de ninguna forma una esperanza de recaudar más en el país y menos aun competir con lo que genera el sector agroproductivo del país.

Hemos leído una publicación periodística reciente donde exponen ciertos datos que nos parece que están sobredimensionados, se mezclan diferentes temas o se hablan de ingresos siderales.

https://www.abc.com.py/negocios/2026/06/16/de-us-10-millones-a-us-500-millones-en-creditos-de-carbono-es-la-meta-del-sector/

Ante ello consideramos nuevamente expresar nuestra opinión y visión sobre este tema particular.

II.- ANALISIS

Según la publicación, en Paraguay ya se tendría operaciones estimadas entre 10 y 20 millones de dólares, y que el sector tiene una meta de alcanzar entre 300 y 500 millones de dólares anuales en los próximos años.

Al mismo tiempo, se mencionan cifras globales sobre el mercado de carbono, incluyendo los más de 107.000 millones de dólares asociados al mercado regulado, que no es lo mismo que mueve el mercado voluntario.

Desde la aprobación de la Ley Nº 7190/23 Ley de Créditos de Carbono, se instaló la idea de que Paraguay por tener bosques, energía limpia, potencial forestal y una ley específica, podía convertirse rápidamente en un receptor de millones o incluso miles de millones de dólares.

Sin embargo, a casi tres años de la ley y luego de su reglamentación, todavía no existe una demostración pública suficiente de que esos ingresos hayan llegado de manera verificable al país, a los propietarios, a comunidades, al Estado o a sectores productivos.

El debate se vuelve más delicado cuando se anuncian cifras como 10, 20, 300 o 500 millones de dólares sin explicar con precisión cuáles son los proyectos, cuántos créditos fueron emitidos, en qué registros fueron asentados, quiénes fueron los compradores, a qué precio se realizaron las operaciones, si se trató de ventas efectivas, preventas, valorizaciones futuras, compromisos de compra o simples estimaciones comerciales.

En materia de carbono, esas diferencias no son detalles menores, no es lo mismo un proyecto en desarrollo que un proyecto certificado, no es lo mismo un crédito potencial que un crédito emitido, no es lo mismo un crédito emitido que un crédito vendido, no es lo mismo un crédito vendido que un crédito retirado, y No es lo mismo una valorización comercial que dinero efectivamente ingresado, y por último no es lo mismo una expectativa de ingresos que el ingreso real obtenido.

III.- DATOS INTERNACIONALES RECIENTES

Hemos revisado un informe internacional bastante interesante denominado “Informe sobre el estado del mercado voluntario de carbono (SOVCM) en 2025”,

https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2025-state-of-the-voluntary-carbon-market-sovcm/

Y en el mismo se menciona que el mercado voluntario de carbono cayó nuevamente en 2024 y que el valor total reportado fue de USD 535 millones, un 29% menos que en 2023. Además, el precio promedio fue de USD 6,34 por tonelada de CO₂eq y el volumen transado fue de 84,4 millones de tonelada de CO₂eq.

Por otro lado, existen otros reportes como los del Banco Mundial que habla sobre estado y las tendencias de la fijación de precios del carbono en el cual se afirma se afirma que hay más oferta que demanda global de créditos no retirados de casi 1.000 millones de toneladas, es decir, proyectos que no concretan la venta de sus créditos.

https://www.worldbank.org/en/publication/state-and-trends-of-carbon-pricing

Además, Ecosystem Marketplace reportó en 2026 que solo 6% de las consultas de compradores se convierten en negocios, lo que muestra que hay un interés exploratorio, mucho discurso comercial pero muy poca transacción efectiva.

O sea, una cosa es tener reuniones, memorandos, proyectos, discursos y presentaciones y otra cosa muy distinta es que entre dinero real al país, al productor o al propietario.

A nivel mundial, los datos obligan a ser prudentes. Si todo el mercado mundial de créditos de carbono maneja entre 1000-1400 millones, nos preguntamos de donde nace la expectativa de que un solo país como Paraguay pueda captar 300 o 500 millones de dólares anuales en el corto plazo, seria casi manejar el 50% del mercado mundial de créditos de carbono, lo cual realmente es una utopía.

Por otro lado, utilizar como referencia los 107.000 millones de dólares del mercado regulado global puede inducir a confusión. Esa cifra corresponde principalmente a sistemas de comercio de emisiones y impuestos al carbono, que son generados más bien por países que tienen exigencias obligatorias o impuestos a las emisiones.

Y a nivel internacional el mercado regulado no es el mismo universo que la venta de créditos voluntarios forestales, REDD+, agropecuarios o de restauración que Paraguay suele presentar como oportunidad.

Mezclar mercado regulado y mercado voluntario, impuestos al carbono, permisos de emisión y resultados de mitigación transferibles solo sirve para agrandar la percepción de oportunidad, pero no ayuda a construir una discusión seria.

Ley Nº 7190/23 ofrece un criterio de transparencia que debería cumplirse con rigor y si se afirma que Paraguay ya concretó operaciones por 10 o 20 millones de dólares, corresponde que esa información pueda ser verificada públicamente: proyecto, titular, cantidad de créditos, estándar, comprador, monto, fecha, registro, tipo de operación y destino de los recursos, en el registro de carbono que la propia ley creo.

Si las operaciones existen, debería estar registrado en el registro de carbono, caso contrario parece que se habla de especulación con estos proyectos. Y si los montos anunciados son estimaciones también debe decirse claramente ya que no corresponde presentar proyecciones como si fueran resultados consolidados.

La Ley de Créditos de Carbono puede ser una herramienta útil, pero no es una fábrica automática de dólares. La ley ordena, registra, regula y da marco jurídico. No crea demanda internacional, no garantiza precios altos, no certifica por sí sola la calidad de los proyectos y no asegura que los compradores aparezcan. Mucho menos garantiza que el país recibirá cientos de millones de dólares por el solo hecho de tener una norma aprobada.

Por eso, frente a nuevos anuncios y metas cada vez más ambiciosas, corresponde insistir en una pregunta básica: ¿dónde están los millones? No en el discurso, no en las proyecciones, no en el potencial, no en las presentaciones, sino en operaciones reales, trazables, verificables y beneficiosas para el país.

En carbono, la diferencia entre oportunidad y engaño está en la evidencia. Y si Paraguay quiere ser tomado en serio, debe dejar de sobredimensionar el discurso y empezar a demostrar resultados. 

Una cosa es reconocer que existe la posibilidad de que algunos proyectos ingresen al mercado de carbono y otra muy distinta es convertir esta oportunidad de pocos en una promesa de riqueza para el país.

ÁREAS PROTEGIDAS EN PARAGUAY: EL ESPEJISMO DEL 15%, LA REALIDAD DEL 6% Y UNA CONSERVACIÓN QUE PROBABLEMENTE NO LLEGA NI AL 3% - JUNIO 2026.

Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental (Dr. Honoris Causa) y como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay y Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), viendo la discusión actual sobre el Parque Nacional Médanos del Chaco nos permitimos abrir nuevamente un debate mucho más amplio y necesario, la situación de las áreas silvestres protegidas en Paraguay.

ANALISIS

Cada vez que se habla del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, se repite que el país cuenta con alrededor del 15% de su territorio bajo alguna forma de protección. Sin embargo, ese número merece ser revisado con mayor seriedad técnica, porque no todo lo que se contabiliza como superficie protegida tiene el mismo nivel de protección u una gestión eficiente.

Por ejemplo, en la imagen anterior (Fuente: PLAN ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL PARAGUAY  2025 – 2030),  dentro de la propia Reserva de Biosfera del Chaco están algunos parques nacionales incluidos, sin embargo, algunos presentan a la Biosfera como tal como si toda su extensión fuera equivalente a un parque nacional estrictamente protegido, lo cual no es asi en la realidad.

Si depuramos la contabilidad y se separan las áreas protegidas reales de las “figuras territoriales amplias” como por ejemplo Reservas de Biosfera, vemos que estas están superpuestas a la superficie efectivamente protegida del país, que en realidad está más cerca de 6% (2.500.000 hectáreas de ASP reales) que del 15% del territorio nacional que suele presentarse como dato oficial.

Es ahí donde salta del problema, donde en la contabilidad de la superficie se contabiliza la superficie total de la Reserva de la Biosfera del Chaco y adicionalmente las áreas protegidas que están dentro de la Biosfera también son contabilizadas individualmente.

Si esta fuera la contabilidad de un balance financiero o de algun banco o empresa, esto seria un fraude, ya que por un lado se suman las áreas protegidas específicas y, por otro, se suma la gran superficie de la biosfera que las contiene, y el resultado es equivalente al 15% de la superficie del país.

Si por otro lado de esas 2.500.000 hectáreas (6%) comenzamos a revisar cuales en realidad están siendo efectivamente gestionadas quizás apenas lleguemos a la mitad, es decir, un 3% como máximo.

Es más, de las 71 ASP privadas muchos ya han vencido los plazos de sus declaraciones que fueron declaradas por cinco o diez años, pero la parecer tampoco se depura estas áreas que figuran aun como áreas protegidas, pero hace años dejaron de serlos.

El caso de Médanos del Chaco refleja justamente esa confusión. Se discuten límites, prohibiciones, proyectos de ley y restricciones, pero el fondo del problema sigue siendo el mismo: Paraguay ha creado, ampliado y comunicado áreas protegidas sin resolver plenamente la mensura, la titulación, el financiamiento, los planes de manejo, los comités de gestión, la presencia institucional y la compensación o seguridad jurídica para quienes se encuentran dentro o alrededor de estas figuras de conservación.

Por eso, el debate no debería reducirse a defender o atacar un área protegida específica. Un país serio no necesita maquillar e inflar su números sino mostrar exactamente cuánta superficie está en efecto protegida, bajo qué categoría, con qué dominio, con qué plan de manejo, con qué presupuesto, con cuántos guardaparques, con qué límites y con qué respeto a los derechos de quienes viven o producen en esos territorios.

La conservación no se fortalece con números grandes en presentaciones oficiales. Se fortalece con gestión, legalidad, financiamiento, transparencia y respeto a la realidad territorial.

AREAS DE RESERVA PARA PARQUE

Otro punto central que debe aclararse en este debate es la afectación que se hacen sobre propiedades privadas, ya que muchos incluyen como Area Protegidas zonas que en realidad son Àreas de Reserva para Parque, por tanto, aun  son propiedades privadas los cuales los propietarios siguen siendo los titulares de dichas propiedades.

La Ley Nº 352/94 establece que, cuando un área escogida para ser declarada Área Silvestre Protegida contiene total o parcialmente inmuebles de propiedad privada, estos serán considerados como “Área de Reserva” hasta tanto se concluya el trámite administrativo y legal que permita convertirlos efectivamente en Área Silvestre Protegida bajo dominio público.

Esto significa que la notificación al propietario y la obligación de cesar actividades no pueden interpretarse como una transferencia automática de dominio al Estado. El propietario sigue siendo titular del inmueble mientras no exista venta, acuerdo, expropiación, indemnización o el mecanismo legal que corresponda para consolidar el área bajo dominio público. La restricción existe sobre la propiedad, pero la propiedad sigue siendo del dueño privado o no del estado ni del MADES.

Y si bien el dueño debe cesar toda actividad susceptible de producir alteración de los recursos naturales, culturales o de otro tipo, eso no implica que el propietario haya perdido el derecho a vivir en su propiedad, resguardar su inmueble e impedir ingresos no autorizados.

Esta distinción es fundamental, y lastimosamente el estado no lo hace, dado que si el Estado no ha adquirido, expropiado o finiquitado jurídicamente la situación del inmueble, no puede actuar como si se tratara de una propiedad pública plenamente consolidada y querer echar a los verdaderos dueños de esas tierras.

Por ello, toda inversión pública realizada por el MADES en áreas de reserva o áreas silvestres protegidas potenciales que están sobre propiedades privadas debería ser analizada con extrema prudencia. De lo contrario, podría darse la situación jurídicamente cuestionable de que el Estado invierta recursos públicos en inmuebles que aún pertenecen a particulares y que, eventualmente, podrían no convertirse en áreas silvestres protegidas.

El mismo cuidado se debería aplicar a los planes de manejo. Ya que un plan de manejo no puede utilizarse como herramienta para sustituir el procedimiento legal de adquisición, acuerdo o expropiación.

Si el inmueble sigue siendo privado y todavía no se ha consolidado como área silvestre protegida pública, cualquier intento de imponer restricciones, prohibiciones o condiciones de uso propias de un área pública plenamente constituida podría ser objeto de cuestionamiento jurídico, y ningún plan de manejo puede imponer condiciones de restricciones o condiciones a una propiedad que sigue siendo privada.

METAS FUTURAS

Y acá el error más grave, el país está comenzando a fijar metas futuras a corto y mediano plazo de tener mayor superficie de áreas protegidas al 2030 o al 2040. Metas que dicen llegar al 20% o al 30% de Áreas Silvestres  Protegidas en el país y nos preguntamos con qué criterios se van a llegar a estos objetivos siendo que ni siquiera somos transparentes con los datos actuales del país.

Si el criterio fuera simplemente declarar grandes superficies bajo alguna figura amplia, sin diferenciar categorías, dominio, nivel de protección, planes de manejo, presupuesto, límites claros y gestión efectiva, entonces declaremos a la capital del país: Asunción, como parte de una gran figura de conservación urbana y asi seguiremos aumentando artificialmente el porcentaje de áreas protegidas.

CONCLUSION

El país debería diferenciar con absoluta claridad entre áreas silvestres protegidas públicas consolidadas, áreas silvestres protegidas privadas, áreas de reserva, áreas potenciales y otras figuras, porque de la forma actual las presenta a todas estas categorías como si todas fuera de protección absoluta, inflan las estadísticas nacionales y genera poca transparencia en la gestión de las áreas protegidas del Paraguay.

Mientras del debate se siga centrando en cuántas hectáreas y no sobre cuanto se conserva, seguiremos festejando números en papeles y cerrando los ojos ante la realidad.