Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.;
Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de
Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la
Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir con ustedes una conversación que mantuvimos
con el Biólogo Jorge Martínez Especialista en temas de Sostenibilidad, unos comentarios
sobre “UNA POSICION NACIONAL REPRESENTA
LA VISION PAIS, QUE DEBE SER PARTICIPATIVA Y NO IMPONER TERMINOS IMPORTADOS”.
Los informes que el país debe presentar sobre
Biodiversidad, para las COP de Desertificación y Cambio Climático representan
una oportunidad importante para que el Paraguay exponga ante la comunidad
internacional su visión sobre desertificación, degradación de tierras, sequía,
restauración, seguridad alimentaria, suelos, pastizales, producción sostenible,
conservación y resiliencia climática.
Sin embargo, esta oportunidad también puede
transformarse en un riesgo si los documentos nacionales son construidos de
manera cerrada, inconsulta o bajo la influencia predominante de discursos
internacionales que no necesariamente responden a la realidad productiva,
jurídica, territorial y social del Paraguay.
Praguay tienen una historia muy buena de
cumplir con las convenciones internacionales y con sus compromisos asumidos en
diferentes planes. El problema surge cuando determinadas agencias de
cooperación, consultorías externas o equipos técnicos sectoriales pretenden
instalar sus propias visiones como si fueran automáticamente la posición del estado
paraguayo, utilizando lenguajes globales que muchas veces no reflejan la
realidad nacional.
EL PUNTO FOCAL COORDINA, PERO NO SUSTITUYE AL
PAÍS
Existen instituciones gubernamentales que
tienen el carácter de autoridad de aplicación o punto focal nacional de algunas
convenciones internacionales. Estas cumplen un rol institucional altamente relevante
dentro de la construcción de cualquier documento país o posiciones nacionales.
Ser punto focal o autoridad de aplicación no
significa tener exclusividad sobre la definición de un documento o posición
nacional que el país debe mostrar al extranjero, ya que esta debe ser
construida con consultas previas, suma de consensos y discusiones técnicos
políticas para convertir nuestras circunstancias en posiciones objetivas
ajustadas a la realidad nacional
En el caso de una posición país debe ser
justamente eso: una posición del país. No puede ser el resultado de una sola
oficina, de una sola mirada sectorial ni de un documento preparado para cumplir
con agendas internacionales prediseñadas.
Los documentos del país y una posición nacional
deben precautelar que el contenido no incida sobre definiciones nacionales sobre
el uso de la tierra, la producción agropecuaria, la propiedad privada, el
acceso al financiamiento, el ordenamiento territorial, las metas de
restauración, los compromisos ambientales y la imagen internacional del
Paraguay.
El Paraguay debe participar de cada reunión
internacional con posiciones claras, de consenso, documentos validados y validados
por instituciones competentes de cada área, ya sea el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el INFONA, SENACSA, INDERT, SENAVE, INE, etc. así también deben ser consultados los gobiernos locales, la academia, los gremios
productivos y otros actores relevantes que pueden aportar a las discusiones.
NO TODO LENGUAJE INTERNACIONAL REPRESENTA LA
REALIDAD PARAGUAYA
En los últimos años se ha vuelto frecuente que
determinados conceptos globales ingresen a la discusión nacional sin suficiente
adaptación local. Términos como “neutralidad de la degradación de la tierra”,
“restauración”, “Otras Medidas Efectivas de Conservación(OMEC)”, “corredores”,
“metas post-2030”, “soluciones basadas en la naturaleza”, “carbono del suelo”,
“enfoques de paisaje” o “planificación territorial” pueden tener utilidad
técnica, pero también pueden ser utilizados de manera imprecisa para justificar
restricciones, nuevas obligaciones o condicionamientos que no fueron discutidos
internamente.
El Paraguay tiene una realidad propia, ya que
siendo un país agroproductivo, cuyo desarrollo depende de la agricultura, la
ganadería y la producción forestal, no se pueden importar conceptos que
contravengan la realidad jurídica del país.
Y cuando uno analiza la degradación del suelo o
de la tierra, tierras degradadas y otros, hay que tomar en cuenta varios
indicadores, pero principalmente a la población que vive y mantiene productivo
esos ambientes.
Cuando se importan categorías internacionales
sin adaptación, se corre el riesgo de construir diagnósticos equivocados. Y
cuando esos diagnósticos equivocados son incluidos en documentos oficiales, o declarativos
como una “posición nacional”, el país termina aceptando narrativas que después influyen
en los temas de comercio internacional y en las propias políticas públicas.
EL RIESGO DE DECLARAR AL PARAGUAY COMO PAÍS
DEGRADADO SIN DATOS NACIONALES SUFICIENTES
Uno de los aspectos más sensibles es el uso de
datos globales o modelos internacionales para estimar degradación de tierras.
Estos instrumentos pueden ser útiles como referencia inicial, pero no pueden
reemplazar los datos nacionales, la validación de campo, el conocimiento
técnico local ni la información generada por las instituciones paraguayas.
Por ejemplo, definir la degradación de la
tierra en Paraguay, bajo conceptos de otros países, con mapas globales de
escala mundial, sensores remotos, algoritmos o plataformas elaboradas fuera del
país, pueden dar como resultado informaciones totalmente equivocados de la
realidad paraguaya.
Paraguay necesita verificar, contrastar y
validar cualquier resultado con información nacional, censos agropecuarios,
datos de cobertura forestal, productividad, suelos, uso agropecuario,
hidrología, incendios, sequías, manejo de pasturas, sistemas agrícolas y
realidades regionales.
Presentar porcentajes de degradación sin la
debida validación nacional puede ser extremadamente peligroso y puede dejar la
imagen que Paraguay tiene una condición crítica de degradación de tierras, sin
exponer adecuadamente que la información o metodología global no está ajustada
a la realidad local.
Ese tipo de afirmaciones puede luego ser
utilizado por bancos, aseguradoras, cooperantes, compradores internacionales,
certificadoras o reguladores externos para imponer nuevas condiciones al
productor paraguayo.
LA PRODUCCIÓN CULPABLE POR DEFECTO
Otro problema de fondo es la tendencia de
ciertos documentos internacionales a presentar la producción agropecuaria como
causa principal de los problemas ambientales. Esta mirada es totalmente incompleta
para el Paraguay, pero muchas agencias de cooperación intentar imponer estas
definiciones en los proyectos a nivel nacional.
La agricultura, la ganadería y el sector
forestal son parte central de le economía del país y también forman parte central
de la sostenibilidad del país.
En Paraguay existen prácticas ampliamente
difundidas como la siembra directa, la rotación de cultivos, la conservación de
suelos, los sistemas silvopastoriles, la reserva legal de bosques, la
protección de cauces hídricos, la producción sobre pasturas implantadas y
naturales, y distintos esquemas de cumplimiento ambiental.
Además, el país cuenta con normas nacionales
que ya establecen restricciones y obligaciones claras, como la prohibición de
cambio de uso de la tierra en la Región Oriental y la exigencia de mantener
importantes porcentajes de cobertura boscosa en propiedades del Chaco.
Por tanto, no corresponde importar un discurso
que parte de la sospecha sobre el productor y adoptar y aprobar proyectos que
parten de la idea que el productor paraguayo es un agresor a la naturales y que
la producción de commodities como soja y carne deben ser controlados.
El productor es quien vive en el territorio,
invierte en el territorio, produce alimentos, genera empleo,, construye
escuelas, paga maestros, invierte en centros de salud, contrata enfermeros,
médicos, arregla los caminos, captura agua para los animales y vida silvestre, conserva
los recursos naturales, y sostiene gran
parte de la economía nacional.
LA RESTAURACIÓN NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA
NUEVA FORMA DE RESTRICCIÓN TERRITORIAL
El concepto de restauración de tierras
degradadas puede ser positivo cuando se aplica correctamente. Pero también
puede transformarse en una herramienta problemática si se utiliza para
justificar restricciones sobre propiedades privadas sin consulta, sin
compensación, sin base técnica y sin respeto al marco legal nacional.
No se puede seguir clasificando áreas desde un escritorio
como “prioritaria para restauración” o “prioritaria para la conservación” o
transformarles en áreas protegidas por sus condiciones de alto valor.
No toda zona con valor ambiental o de
biodiversidad debe ser tratada como si fuera incompatible con la producción
agropecuaria, asi como no toda variación de cobertura vegetal significa
degradación y no todo cambio de uso permitido por la ley puede ser interpretado
como impacto negativo.
El ordenamiento territorial debe respetar la
Constitución, la propiedad privada, las leyes nacionales y las competencias
institucionales. No puede convertirse en una vía indirecta para imponer
limitaciones que no fueron establecidas por ley.
En Paraguay ya hemos visto cómo ciertas
categorías ambientales, mal comunicadas o interpretadas, terminan generando
restricciones crediticias, inseguridad jurídica o temor en los propietarios.
Por eso, cualquier discusión sobre degradación
de tierras, restauración o neutralidad debe hacerse con máxima prudencia
técnica y jurídica.
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEBE APOYAR, NO
DIRIGIR LOS DOCUMENTOS NI LA POSICIÓN DEL PAÍS
La cooperación internacional puede aportar
conocimientos, financiamiento, metodologías y asistencia técnica. Pero su rol
debe ser de apoyo, no de conducción política del país.
El Paraguay debe evitar que las agencias de
cooperación definan el lenguaje, las prioridades y los compromisos nacionales
desde una lógica externa. Muchas veces estas agencias traen enfoques
prediseñados que responden más a agendas globales que a necesidades locales.
Luego esos enfoques son incorporados en
documentos nacionales, actas, informes, estrategias, planes y proyectos, hasta
terminar presentándose como si hubieran surgido de un consenso interno a nivel
nacional.
Ese mecanismo que la cooperación internacional
está promoviendo silenciosamente debe ser revisado. No se puede permitir que la
cooperación internacional a través de
sus proyectos o financiamiento hagan maniobras en los procesos de construcción
de posiciones nacionales para dejar asentadas sus propias visiones, sin tener
en cuenta las realidades del país y desplazando a los actores nacionales que
verdaderamente conocen el territorio.
El Paraguay necesita cooperación, pero no tutoría.
Necesita asistencia técnica pero no imposición, hay que seguir participando en
las discusiones globales pero desde una posición soberana.
POSICIONES NACIONALES EQUILIBRADAS
El Paraguay debe participar de las COP de
desertificación, cambio climático y biodiversidad, pero con una posición firme,
clara y equilibrada. Debe reafirmar sus compromisos con las convenciones pero
también debe defender su realidad nacional, su modelo productivo sostenible, su
seguridad alimentaria, sus derechos de propiedad, sus leyes internas, sus
productores y su soberanía para definir sus propias prioridades de desarrollo.
Además, hay que dejar claro que ninguna meta
internacional puede imponerse sin datos nacionales, sin validación técnica, sin
financiamiento, sin gradualidad y sin participación de los actores afectados.
En este proceso se puede trabajar con la
cooperación internacional, pero no se puede permitir que la cooperación escriba
la posición del país y modele los conceptos que jurídicamente no son
vinculantes para el país.
No se puede ser crear una posición nacional elaborada
entre funcionarios de un solo ministerio junto con agencias de cooperación y
sin la participación de los sectores afectados en los objetivos y discursos.
Los puntos focales de la convención deben
coordinar el proceso técnico, pero la coordinación no implica imponer ni
tampoco otorga exclusividad sobre las declaraciones del país.
