Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Como
Exministro del Ambiente de la Secretaria del Ambiente (SEAM) de Paraguay;
quisiera recordarles sobre el “OPERATIVO SOBERANIA” planificado y ejecutado en
el mes de Agosto del 2005 en coordinación y liderazgo
de la SEAM y la Fiscalía Ambiental, publicamos en este BLOG un breve y
resumido informe de un modelo de defensa del medio ambiente en el Gobierno del
Presidente Oscar Nicanor Duarte Frutos..
Mes
de Agosto del 2005 en coordinación y liderazgo de la Secretaria del Ambiente (SEAM)
y la Fiscalía Ambiental del Operativo Soberanía
“Operativo Soberanía”, equipo
interinstitucional y multidisciplinario,
se encuentra trabajando por el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica
de la República del Paraguay, caminando en un marco de legalidad y de lucha
contra la impunidad, en las cuales, la Secretaría del Ambiente se encuentra
generando e impulsando la Política Ambiental Nacional, recientemente aprobada
por primera vez en el país, que señala el marco de acción en la búsqueda de un
Desarrollo Sostenible que responda equitativamente a las necesidades de
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, promocionando
un sistema económico favorable y abierto que llevará al crecimiento económico y
el desarrollo sostenible, contribuyendo a instalar el clima propicio para que
las inversiones sanas lleguen a nuestro país, creando genuinos puestos de
trabajo e ingresos fiscales que aporten a nuestra economía, al tiempo de
conservar el patrimonio natural.
“Operativo Soberanía”, que
implica una serie de intervenciones a unidades productivas que no cuentan con
licencia ambiental y que estarían violentando las normas ambientales al contar
en su interior con maquinarias pesadas, ingresadas al país en forma irregular,
para realizar desmontes y tala masiva de los bosques nativos de esta zona del
país.
De las 28 estancias
verificadas durante el “Operativo Soberanía” en el departamento de Alto
Paraguay, solamente 6 contaban con licencia ambiental, de las cuales 4 están en
vigencia y las otras dos están vencidas o sin renovar, según lo informado por
el director de Fiscalización Ambiental Integrada de la Secretaría del Ambiente,
Samuel Jara, quien regresó de la zona en la víspera. De todas maneras, dijo que ninguna de las
unidades productivas que cuentan con licencia cumplen con sus planes de
mitigación de impacto ambiental.
También se encontraron
maquinarias de gran porte en las propiedades intervenidas que son destinadas a
desmontar grandes cantidades de hectáreas. Indicó que al desmontar los bosques
con las topadoras y cadenas de unos 300 metros de largo, se están derribando
árboles maduros de raíz, acción que contribuye a deteriorar el suelo de la
zona, que por sus características geofísicas resulta difícil de reforestar.
Se estima en 300 las estancias
existentes en todo este departamento chaqueño, la mayoría de las cuales
pertenecen a productores brasileños, quienes no dejan ningún tipo de dividendos
a la zona, debido a que los mismos ni siquiera pagan sus impuestos, algunas de
las unidades productivas tienen un retraso de 5 años en el pago de sus tasas
impositivas.
Los estancieros brasileños
tampoco dejan una ganancia para el departamento porque no contratan mano de
obra paraguaya y todos los insumos que manejan son traídos del Brasil. “Ni
siquiera las pistas de aterrizaje que poseen dentro de sus propiedades están
registradas en la Dinar”, destacó.
También estos grupos de
“facendeiros” cuentan con mucho poder económico, por lo que nadie se atreve a
hacerles frente en la zona, e introducen a trabajadores brasileños sin siquiera
pasar por los controles migratorios correspondientes. Tampoco respetan las
leyes laborales que rigen en el país y el personal que trabaja para ellos no
cuenta con ningún tipo de protección social.
“Fuerte Olimpo es un pueblo
olvidado y los brasileños que cuentan con propiedades en el departamento ni
siquiera contribuyen al desarrollo de esta localidad. Porque si quieren
contribuir con el desarrollo de la zona por lo menos deberían dar trabajo a los
pobladores locales. Pero ni las maquinarias que utilizan son legales, y sólo
usan nuestras tierras como un bien de préstamo pero sin pagar nada por la
depredación que producen”.
El operativo
consistía en intervenciones a unidades productivas que no contaban con licencia
ambiental y su interior con maquinarias pesadas, ingresadas al país en forma
irregular
Los paraguayos que son dueños
de propiedades en el Alto Paraguay están con sus impuestos al día, pero debido
a la crisis que afecta el país, cada día son más los que prefieren vender sus
campos a los brasileños, quienes no aportan nada para desarrollar la zona.
“De la manera en que están
deforestando es motivo suficiente para cancelarles la licencia a todos estos
productores”.
“El que daña tiene que pagar,
tiene que compensar el daño que hace a la naturaleza. Los recursos naturales
son del Estado, son soberanía del pueblo”.
Las estancias fiscalizadas
desde que se inició el Operativo Soberanía son: Toro Pampa, Oroite, Nueva
Elsa, Monte Pora, Torito, San Andres, Ña Verónica (Ex Inmakata), Union, Itaya,
Quebrachales Yaguarete, Silverado, Yaguarete Pytá San Carlos, Palo Santo, Las
Niñas, Urundey, San Francisco, Cerro Guazú, Las Palmas, Santa Virginia, General
Diaz, Yatebu, Oroitemi, Santa Fe y Santa Águeda.
El director de Fiscalización
de la SEAM mencionó que los controles ambientales proseguirán en el
departamento de Alto Paraguay y en el resto del país para evitar la
deforestación masiva de los bosques nativos.
Irregularidades
constatadas durante intervenciones
Una de las estancias
intervenidas es la denominada Inmakata, productor de nacional brasileña. La
propiedad cuenta con unas 22 mil hectáreas de extensión. El productor no cuenta
con licencia ambiental expedida por la SEAM. Durante el procedimiento, no se observó
la presencia de maquinarias pesadas en el lugar, por lo que los intervinientes
presumieron que las mismas podrían haber sido escondidas, luego de correr la
versión de que la mayoría de los establecimientos del departamento de Alto
Paraguay serían intervenidos.
La siguiente estancia
verificada se denomina Unión y es propiedad de otro productor también de
nacionalidad brasileña. Este ciudadano tampoco cuenta con licencia ambiental
para activar en la zona. En su propiedad, de unas 20 mil hectáreas, no se
verificó la presencia de maquinarias pesadas utilizadas para el desmonte.
Itaya se denomina otro de los
establecimientos intervenidos por los funcionarios ambientales. La misma
tampoco cuenta con licencia ambiental y abarca una superficie de unas 20 mil
hectáreas. No se proporcionó el nombre del propietario, debido a que el abogado
no se encontraba en el lugar. No se observó la presencia en el sitio de
maquinarias pesadas.
Se observó una
importante deforestación de sus montes con grandes topadoras estiradas por
enormes cadenas arrasando hasta 2.000 hectáreas de montes por día en el Chaco
Estancia Las Marías, también
fue intervenida durante estos días. En la misma se
observó una importante deforestación de sus montes, realizada con topadoras hace
aproximadamente una semana, según lo manifestado por los expertos. La extensión
del desmonte es de unos 10
kilómetros de largo y 40 metros de ancho. No se
encontraron maquinarias en este establecimiento.
Sólo un total de 7
establecimientos de los 23 intervenidos en el departamento del Alto Paraguay,
en el marco del “Operativo Soberanía” cuenta con licencia ambiental, según lo
confirmado por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría del Ambiente. De estos
7 con licencia, sólo uno cumple con los planes de mitigación de impacto
ambiental contenido en su Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por la SEAM
y por la cual se concedió el mencionado permiso.
Las estancias intervenidas que
no contaban siquiera con licencia ambiental son las siguientes:
-
Toro Pampa, propiedad de Ruyter Silva Filho;
-
Monte Porá, de Tiago Jacinto de Toledo César;
-
Quebrachales Yaguarete, de Janio Pedro Repossi;
-
Las Niñas, de Fernando de Castro Cunha;
-
Cerro Guazú Pora, de Fernando José C. Aguiar;
-
San Andrés, de Rui Assumpcao;
-
San Francisco, sin propietario registrado;
-
Oroite, de Nelson Cintra Ribeiros;
-
Laguna Gral. Díaz, de Malpas Avril Hetty Rita Jeanne;
-
Santa Águeda, de Joao Netto Medejra;
-
Unión, de Omar Carvalho Cunha C.;
-
Nueva Elsa, de Arnaldo Almeida Prado;
-
Torito, de Joao Deolindo Guimaraes Maia;
-
Silverado, de Gerson Farias;
-
Santa Fe, de Reinaldo Torrez;
-
Catarina, de Sergio Luis Cassius.
En tanto que las unidades
productivas con licencia ambientales fueron:
-
Urundey, de José Roberto Barboza Ribeiro;
-
Palo Santo, del Grupo Ganadera Karanda (Adir Rodríguez de Lima);
-
Puerto María, de la Ganadera Santa Virginia del Paraguay S.A,;
-
Ña Verónica (ex Inmakata), de la Ganadera Ftal. Sta. Catalina S.A./ Tranquilino
Favero:
-
Itaja, de Agroganadera Itaja S.R.L.;
-
Santa Virginia, sin propietario registrado;
-
Yaguarete Pyta-San Carlos, de Rosalino Mansuetto Salvador.
La única estancia que cumple
con sus planes de mitigación es Yaguarete, según lo comprobado por los
fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente, durante las intervenciones
realizadas en el departamento de Alto Paraguay.
La Secretaria del Ambiente (SEAM)
cumple en informa, en relación a lo manifestado por el Empresario Brasileño
afectado que a los medios de comunicación,
que el mismo no cuenta con la LICENCIA AMBIENTAL requerida, para
realizar explotaciones agropecuarias en el establecimiento ubicado en Alto
Paraguay.
Por tanto, es obligatorio, que
el citado empresario se adecue y dé cumplimiento a las exigencias de la Ley
294/93, que en su artículo 7° inciso “b” determina: SE REQUERIRÁ LA EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y
GRANJERA.
Por otra parte, cabe señalar,
que durante las intervenciones realizadas en la zona del Alto Paraguay por el
propio Ministro del Ambiente, Ing. Alfredo Molinas Maldonado, se pudo constar
deforestación y quema de bosques en su establecimiento, en abierta violación a
las normas ambientales.
Si se siguen derribando
bosques, en poco tiempo más, el departamento del Alto Paraguay empezará a
resentir aún más los rigores de la sequía y, nuevamente, los productores
afectados se verán obligados a solicitar ayuda de emergencia al Gobierno
Nacional para regar la zona. El secretario ambiental explicó que con el trabajo
coordinado entre varias instituciones pretenden evitar que se llegue a una
situación extrema de exterminio total de los escasos bosques nativos que aún
quedan en pie en la zona.
Al respecto, señaló que este
tipo de procedimientos, que forma parte de la “Operación Soberanía”, proseguirá
en otras propiedades que estarían operando en forma similar a la intervenida,
en donde se decomisaron maquinarias de unas 45 toneladas, a un costo de 650 mil
dólares, que ingresaron en forma irregular al país, para ser destinadas al
extermino de bosques dentro de estas propiedades. Según el informe remitido por los fiscales
intervinientes en esta causa, se habría pagado una coima de un millón de guaraníes
para ingresar estos implementos al país.
Se maquinarias
agrícolas sin documentación de 45 toneladas ingresadas al país, con sus cadenas
de más de 15 toneladas de ingreso irregular de estos implementos al país
“Hicimos intervenciones en
explotaciones ubicadas en el Chaco, y nos encontramos con la sorpresa de que
existen equipos pesados, maquinarias, que tienen capacidad, inclusive, para
tumbar unas 800 mil hectáreas de montes por semana. Estas maquinarias ingresaron
al país en forma totalmente irregular, de acuerdo a lo constatado por Aduanas,
al igual que el personal que trabaja en la estancia intervenida, así como todo
el equipamiento existente en el lugar”.
Se resalta que el 80% de la
madera que se extrae de los bosques chaqueños es quemada, lo que resulta un
hecho sumamente preocupante para la institución a su cargo, porque ni siquiera
se aprovecha de alguna manera esos rollos sino que se pierden indefectiblemente.
“En realidad lo que hace es
quemar prácticamente todo y es imposible controlar eso, si es no que no se
trabaja en forma coordinada con las demás instituciones como lo estamos
haciendo ahora”, expresó.
Resulta vital para estos casos
constatar el origen de la documentación de las
maquinarias de 45 toneladas ingresadas al país, así como las cadenas de más de
15 toneladas y determinar los responsables del ingreso irregular de estos
implementos al país.
Las intervenciones proseguirán
hasta abarcar todas las unidades productivas existentes en el Alto Paraguay, en
forma coordinada con otras instituciones como Migraciones, por ejemplo, que
tienen buenos equipos de comunicaciones, así como la Fiscalía Ambiental, la
Aduana y la Policía Nacional.
Durante el procedimiento, la
comitiva pudo comprobar que los postes que sirven para conducir la energía
eléctrica a las fincas son de alta generación, mientras que los que son
utilizados para suministrar luz a Fuerte Olimpo están “podridos”. Esto
demuestra, dijo, el nivel económico que manejan los propietarios de estas
estancias.
Resulta vital que el Estado
tenga más presencia en esta zona del país, por medio de las intervenciones
interinstitucionales, pues es la única forma posible de acabar con estas
irregularidades que están acabando con los pocos bosques que quedan en pie en el
país.
“Nosotros realizamos estas
intervenciones por pedido de la Gobernación del Alto Paraguay, pero desde la
Secretaría, poco o nada podemos hacer solos porque no estamos enfrentando a
unidades de explotación de 3 mil a 10 mil hectáreas, que introducen maquinarias
en forma ilegal al país y todo el personal que trabaja en él es brasileño y
tienen la capacidad necesaria para tumbar hasta 800 mil hectáreas por semana”,
aclaró.
La Secretaría del Ambiente (SEAM)
está para proteger el ambiente, aunque sin la existencia de una comisión
interinstitucional poco o nada se podrá hacer para combatir este flagelo.
Indicó que también le manifestó a la canciller Leila Rachid la necesidad de
mantener un dialogo con el Gobierno brasileño, de forma a encarar controles
conjuntos más estrictos para evitar el ingreso de estas maquinarias al
país. Finalmente, señaló que sugirió a
la Fiscalía del Ambiente que los equipos decomisados sean donados al Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que sean destinadas a la
construcción de caminos rurales en el interior del país.
Los seres humanos constituyen
el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza, expresadas en nuestra propia Carta
Magna.
Los Estados tienen el derecho
soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas
ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen
daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los
límites de la jurisdicción nacional, términos expresados en la propia
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo.
El medio ambiente debe ser
considerado como parte integral y armónica del conjunto de tareas que
garanticen el desarrollo sostenible en el país.
El problema de la sostenibilidad es en el fondo un problema de desarrollo,
de erradicación de la pobreza, de educación colectiva, de mentalidad y hábitos
sociales, de cultura política, de mecanismos institucionales que incorporen la
participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, de nuevas formas
de producir y de consumir, de equidad y cooperación en las relaciones
internacionales, se trata, en suma, de colocar al ser humano en el centro de
nuestras preocupaciones, porque si las personas no están protegidas, la
naturaleza tendrá, entonces, pocas oportunidades.
El derecho al desarrollo debe
ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible,
la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso
de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Propiciar el
crecimiento económico del país a través de un proceso de apertura comercial
gradual, que esté comprometida con la búsqueda de esquemas productivos y de
mercados limpios y amigables con el medio ambiente, propiciando un aumento de
la productividad marginal de la tierra y ya no un aumento de la extensión
agraria a costa del bosque nativo del país.
Contemplar un concepto
armónico e integral del desarrollo sostenible, es un desafío que hay que
apoyar, que no podemos dejar fracasar, por solidaridad y por la repercusión en
escala mundial que puede tener esta primera experiencia de desarrollo sostenible.
La Gestión Ambiental es un
compromiso del Gobierno Nacional que tiene como eje programático “La defensa del medio ambiente” y la
implementación de políticas y acciones en diversos campos, así como la
interacción con la sociedad civil y los organismos internacionales para
preservar un ambiente sano y productivo para las generaciones presentes y
futuras.
Por último, la paz, el
desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e
inseparables, todos somos responsables de hacer del Paraguay un mejor país, con
oportunidades para todos, aún de nuestras generaciones futuras.
