Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor
Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y
Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad
San Carlos (USC), deseamos compartir con ustedes una conversación
que mantuvimos con el Biólogo Jorge Martínez Especialista en temas de
Sostenibilidad y con amplia experiencia en el área ambiental pública y privada,
a fin de conocer su opinión profesional sobre este discusión que se está dando
en referencia al Parque Nacional Médanos del Chaco.
Entrevista del Ing. Alfredo Molinas al Biólogo Jorge Martínez
I.- Introducción
El debate sobre el Parque Nacional Médanos del Chaco volvió a instalarse
en la agenda pública nacional a partir de los proyectos legislativos vinculados
a la posibilidad de modificar disposiciones de la Ley Nº 5723/2016.
Para algunos sectores, la discusión se reduce a una confrontación entre
conservación y actividades de prospección de hidrocarburos o minerales. Sin
embargo, una mirada más técnica permite advertir que el conflicto es de larga
data y más complejo.
Si bien la discusión actual gira en torno a prospección o no, hay otros
puntos que deben ser debatidos como los límites del parque, la diferencia entre
superficies establecidas en instrumentos legales y superficies efectivas en el
terreno, la existencia de una mensura judicial aceptada por la autoridad
ambiental nacional y el posterior desconocimiento de la mensura judicial y la
creación de una Ley que incorpora tierras privadas e incluye prohibiciones
específicas.
Esta secuencia ocurrida en casi tres décadas; creación del área, ajuste
territorial por mensura, ampliación legal posterior y prohibiciones
incorporadas directamente en la ley, es lo que nos obliga a restaurar la
discusión a tres ejes: límites claros, discusión técnica-científica y a la
institucionalidad ambiental.
Ing. Agr. Alfredo Molinas: Jorge, ¿por qué consideras que el debate
sobre Médanos del Chaco no debería reducirse a prospección sí o prospección no?
Biol. Jorge Martínez: Porque reducir
el debate a prospección o sobre la existencia o no de gas es simplificar un
problema mucho más profundo.
El caso Médanos del Chaco no empieza con el proyecto actual ni con la
discusión sobre hidrocarburos. El conflicto nace antes, con una secuencia
territorial, legal e institucional que no fue suficientemente explicada a la
ciudadanía.
Primero se creó el parque mediante un decreto que fijó una superficie
importante, pero sin que todos los límites estuvieran claramente definidos y consolidados
en el terreno. Luego se realizó una mensura judicial que fue aceptada por el
propio MADES (SEAM en ese entonces) y que terminó sincerando una superficie
menor a la originalmente establecida en el decreto.
Para algunos las resultas de esa mensura judicial fueron percibidas como
una pérdida ambiental de la superficie del área, pero realmente es el
sinceramiento que ajusta los límites de papel a la realidad jurídica del
territorio a fin de no vulnerar derechos de terceros.
El problema aparece después, cuando en el intento de “recuperar la
superficie original” del área, en el congreso se sanciona una Ley que incorpora
nuevamente áreas habían sido desafectadas en la mensura judicial y además
agregan algunas propiedades adicionales que ni siquiera formaban parte del
decreto original.
Pero lo más llamativo fue en la Ley incorporaron una prohibición expresa
para otorgar permisos de prospección, exploración o explotación, cuando
usualmente las actividades permitidas y no permitidas son definidas en los
planes de manejo que sería la guía que orienta a un área protegida.
Por eso, antes de discutir si una actividad específica debe permitirse o
prohibirse, hay que ordenar el origen del problema; cuáles son los límites
reales del área, qué superficie pertenece efectivamente al dominio público, qué
derechos preexistentes existían y qué instrumento corresponde utilizar para
definir actividades permitidas o prohibidas.
Ing. Agr. Alfredo Molinas: Entonces, ¿el problema no es solamente
ambiental, sino también jurídico e institucional?
Biol. Jorge Martínez: Exactamente. El
ambiente debe protegerse, pero debe protegerse con instituciones fuertes, basados
en resultados de discusiones científicas y con seguridad jurídica. Si una
actividad es incompatible con los objetivos de conservación de un área
protegida, debe ser rechazada, pero ese rechazo debería surgir de estudios
técnicos, científicos, sociales y ambientales, no de una prohibición coyuntural
política incorporada directamente en una ley.
La legislación debería crear el marco general de protección, definir el
área, establecer objetivos y asegurar la institucionalidad. Pero las
actividades permitidas, restringidas o prohibidas deberían ser definidas por el
plan de manejo con una zonificación, luego de haber pasado por una evaluación
de impacto ambiental y los dictámenes técnicos de la autoridad competente que
es el MADES.
Cuando una Ley prohíbe de antemano una actividad específica, sin
permitir que se estudie, se mida, se evalúe o se analice técnicamente, se
debilita al MADES y también se debilita la ciencia. Lo que ocurrió en la Ley
vigente y que extrañamente algunos defienden “es como decir que no necesitamos
estudios técnicos-científicos porque la decisión política ya fue tomada”.
Y esto sienta un precedente peligroso, porque si hoy una ley prohíbe por
presión ambiental o social, mañana otra ley puede habilitar cualquier otra área
por presión económica. Y en ambos casos se desplaza la discusión técnica
científica.
Ing. Agr. Alfredo Molinas: ¿Si se modifica la ley o se elimina la
prohibición de la ley equivale a desproteger el parque?
Biol. Jorge Martínez: No. Y esa es
una distinción fundamental que es necesario recalcar y repetir.
La modificación de la Ley o eliminación de esa sección de la Ley donde
existe una prohibición específica no significa otorgar un permiso automático
para ninguna actividad o que al día siguiente una empresa pueda entrar a hacer
prospección, exploración o explotación de hidrocarburos.
Esto tiene que volver al carril correspondiente de hacer una
zonificación del área con un plan de manejo participativo y que respete los
derechos de todas las partes, luego identificar cuáles son actividades
permisibles y permitidas y luego de igual forma debe pasar por el proceso de evaluación
de impacto ambiental, la consulta a los actores afectados, los estudios
científicos y la decisión técnica del MADES.
Si en uno de estos pasos y los estudios demuestran que una actividad no
es viable, el MADES debe rechazarla. Y ese rechazo sería mucho más sólido,
porque estaría basado en información técnica, científica y territorial, no
solamente en una prohibición política.
Justamente es ese camino el que debe fortalecerse junto con un apoyo
integral al MADES y no puentearlo con leyes que finalmente tienen el impacto
contrario y fomente la dejadez de las áreas y la desprotección de algunos
sitios.
Ing. Agr. Alfredo Molinas: Jorge, algunos grupos organizados sostienen
la consigna “Los Médanos no se tocan” ¿Cómo analizas esa posición frente a la
realidad actual del parque?
Biol. Jorge Martínez: Creo que es una
preocupación legítima por conservar un área de enorme valor ambiental, pero
también debemos ser honestos, ya que muchas veces se defiende el parque en el
discurso mientras en la realidad el área sigue con debilidades estructurales desde
su misma creación.
Decir “Los Médanos no se tocan” suena lindo comunicacionalmente, pero la
pregunta real debería ser ¿hoy el P. N. está realmente protegido? Porque un
área protegida no se conserva solo porque una ley lo diga o porque una consigna
o campaña de comunicación diga que no se toca.
Un área protegida se conserva con Guarda parques, presupuesto, control,
infraestructura, monitoreo, investigación científica, trabajo con comunidades
locales y presencia efectiva del Estado en el territorio.
Por otro lado, si las mismas organizaciones que lo defienden
públicamente no tienen inversiones concretas en el área, entonces estamos
frente a una protección más de imagen que real, en donde proclaman la
excepcionalidad del área pero son pocas las organizaciones que invierten fondos
en esas áreas únicas.
Por eso, si se van a organizar únicamente para rechazar propuestas o cualquier
modificación legal, pero el parque sigue sin recursos, sin guardaparques
suficientes, sin infraestructura y sin investigación permanente, entonces habrán
ganado la discusión política y comunicacional, pero el parque seguirá
desprotegido y la conservación del área será por motivos legales y no técnica.
Ing. Agr. Alfredo Molinas: Jorge, una pregunta central: ¿puede coexistir
la búsqueda y aprovechamiento de recursos naturales con un área protegida?
Biol. Jorge Martínez: No hay una
respuesta automática ya que probablemente no sea sí en todos los casos pero
tampoco se puede decir que no sin estudiar. Justamente para eso existen la
ciencia, los planes de manejo, la evaluación de impacto y la autoridad
ambiental.
Un área protegida no significa necesariamente que todo estudio, toda
investigación o toda actividad humana esté prohibida de manera absoluta. Significa
que cualquier intervención debe analizarse con mucho mayor rigor, bajo
criterios técnicos, científicos, ambientales y sociales y económicos.
Lo que hoy está mal orientado, es que plantean que lo que pueda hacer o
no en un área protegida o en su zona de amortiguamiento se está decidiendo por
presión política y no por estudios serios.
En este caso particular hay que diferenciar tres cosas que muchas veces
se mezclan, investigar, prospectar y explotar no son lo mismo. La búsqueda de
información científica o geológica no equivale automáticamente a una autorización
de explotación. Y permitir que se estudie tampoco significa permitir que se
extraiga.
La conservación no debería tener miedo al conocimiento y el conocimiento
se obtiene a través de investigaciones y por ende hay que exigir información,
más estudios y más investigación.
Sin embargo, hoy en día estamos viendo a investigadores pidiendo que no
se investigue y eso es bastante llamativo, ya que justamente los recursos
naturales se protegen con sustento científico y no con sustento político.
Ing. Agr. Alfredo Molinas: Finalmente ¿qué deberían hacer el Parlamento
y el MADES para ordenar este debate y evitar nuevos errores institucionales?
Biol. Jorge Martínez: En mi opinión,
el Parlamento debería actuar con mucha prudencia para no cometer ahora el error
inverso al que se cometió en la Ley Nº 5723/2016. En aquel momento se incorporó
en la ley una prohibición expresa para actividades de prospección, exploración
o explotación, cuando ese tipo de restricciones deberían surgir de instrumentos
técnicos como el plan de manejo, la zonificación, los estudios científicos y la
evaluación de impacto ambiental.
Por lo que ahora tampoco sería correcto que una nueva ley pase al otro
extremo y autorice actividades de manera directa. El camino no debería ser prohibir
o permitir por ley, debería devolver la decisión al cauce institucional
correspondiente, tal como funcionan y operan todas las demás áreas protegidas
donde lo permitido o prohibido están en los planes de manejo.
Como mencione hace rato reencausar el marco legal no significa
desproteger el Parque Nacional Médanos del Chaco ni abrir una autorización
automática. Significa que cualquier actividad, incluso una prospección, debería
pasar obligatoriamente por el plan de manejo, la evaluación ambiental, los
estudios técnicos, las consultas correspondientes y la decisión fundada del
MADES.
Además, se debería incluir algun artículo que encomiende una nueva mensura
judicial para saber con precisión cuál es la superficie real del área protegida,
cuáles son sus límites, qué parte corresponde al dominio público y qué
situaciones jurídicas de terceros deben ser regularizadas conforme a derecho.
La salida no es una ley para prohibir todo ni una ley para permitir
todo. La salida es recuperar la institucionalidad, esa es la mejor forma de proteger
realmente Médanos del Chaco haciendo que límites claros, investigaciones y
estudios científicos, planes de manejo actualizados, evaluación ambiental y un
MADES fortalecido con autoridad para decidir técnicamente en pos del desarrollo
sostenible del país.
