GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL EN LOS PROCESOS TÉCNICOS, AMINISTRATIVOS Y JURIDICOS DEL CAMPO: COMO SER LOS VACÍOS OPERATIVOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS – JULIO 2027

 

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, y Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes unas opiniones sobre circunstancias que hacen a la operatividad diaria en el campo.

INTRODUCCIÓN

La protección ambiental y forestal constituye una condición necesaria para el desarrollo sostenible del sector agropecuario. El cumplimiento de las licencias ambientales, los planes de gestión, las auditorías y las disposiciones forestales permite ordenar las actividades productivas, prevenir impactos y conservar los recursos naturales.

Sin embargo, el buen funcionamiento de este sistema depende también de que las instituciones cuenten con criterios claros, procedimientos coordinados y plazos razonables. Cuando existen interpretaciones cambiantes, superposición de requerimientos o demoras prolongadas, el productor puede enfrentar dificultades incluso cuando procura desarrollar su actividad dentro del marco legal.

Un informe técnico del sector privado basado en un relevamiento de campo con productores y técnicos permitió sistematizar varias situaciones que actualmente generan preocupación.

Desde este blog comprendemos que las instituciones tienen competencias legales que le otorgan atribuciones, pero esta debe ejercerse correctamente de forma que permita fortalecer la gestion ambiental y forestal, la seguridad jurídica en el campo y el desarrollo sostenible del sector productivo.

CIRCUNSTANCIAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL EN EL CAMPO

1.- Una de las principales situaciones observadas es el Cambio de Criterio para determinar el alcance de las Declaraciones de Impacto Ambiental o Licencia Ambiental. Durante años, establecimientos constituidos por varias fincas fueron evaluados como una sola unidad productiva cuando compartían administración, actividad, infraestructura y planificación ambiental. Sin embargo, actualmente se reportan casos en los que se exige una licencia independiente para cada finca, aun cuando todas formen parte de un mismo proyecto.

2.- Este cambio de criterio operativo en el MADES tiene impactos directos sobre el desarrollo de los proyectos en el campo, multiplica los expedientes que se deben presentar, con el eterno atraso administrativo existente, además de tener que abonar tasas, publicaciones y honorarios profesionales de quienes deben elaborar cada proyecto.

3.- Todo esto tiene cero impacto en la mejora de la gestion ambiental en el campo, y el único impacto probable es en el aumento de las recaudaciones que pueden tener las instituciones, que con el cambio de criterio provocan un desajuste de las actividades productivas y debilita la gestion integral del suelo, agua, reservas forestales, cortinas rompevientos y corredores biológicos.

4.- Esta situación y los cambios de criterio y análisis pueden generar inconsistencias con instrumentos forestales previamente aprobados. En algunos establecimientos, las medidas de protección fueron diseñadas por el INFONA considerando integralmente la unidad productiva. Si posteriormente el MADES analiza cada finca de manera aislada, una propiedad predominantemente productiva podría aparentar un incumplimiento que no existe cuando se considera el conjunto del plan autorizado.

5.- Otro aspecto preocupante es la Demora en la Evaluación de los Expedientes, donde existen trámites que permanecen durante meses o años sin una decisión definitiva. Para el productor, esta espera no representa solamente una dificultad administrativa, sino que impide el acceso al crédito, paraliza inversiones, posterga obras y ocasiona la pérdida de ciclos productivos.

6.- Incoherencia en promover Cero Papel y herramientas digitales, pero sumariar a los productores por no tener las Licencias Impresas y en un lugar visible. Es más, si la resolución está vigente y puede verificarse en el SIAM, el formato físico no debería constituir la única forma de acreditación de que se cuenta con la misma. Sin embargo, se han reportado casos de que los fiscalizadores de las instituciones piden el documento impreso y si no los tiene a la vista pues los multan.

CIRCUNSTANCIAS DE LAS FISCALIZACIONES EN EL CAMPO

1.- La fiscalización constituye una función necesaria del estado, sin embargo, la legitimidad de una fiscalización también depende de la calidad técnica del procedimiento y de las garantías brindadas a quienes son intervenidos.

2.- Según lo expresado por varios productores, en las fiscalizaciones los funcionarios no explican suficientemente el objeto de la fiscalización, la norma que se pretende verificar o el alcance del recorrido. También se reportan actas con descripciones generales o conclusiones que no siempre están acompañadas de mediciones, coordenadas, fotografías contextualizadas u otras evidencias técnicas suficientes.

3.- Esta situación es especialmente delicada porque un acta mal elaborada puede utilizarse posteriormente para iniciar un sumario, disponer medidas preventivas o remitir antecedentes al Ministerio Público. Por ello, los hechos observados deben diferenciarse de las interpretaciones preliminares, y todo sumario debe contar con respaldo técnico sólido y jurídico.

4.- También es necesario establecer garantías mínimas para el ingreso a propiedades privadas. Los funcionarios deben identificarse, exhibir una orden de trabajo, explicar el motivo de la intervención y delimitar las áreas que serán verificadas. Si esto no se cumple, ninguna evidencia recolectada debería tener validez real porque se pueden estar generando en violación al debido proceso.

5.- Otro problema es la superposición de instituciones. MADES, INFONA, SENAVE, SENACSA, Ministerio Público, Policía Nacional, municipalidades y gobernaciones pueden intervenir legítimamente dentro de sus competencias. El inconveniente surge cuando no existe coordinación y el productor debe responder varias inspecciones, mediciones y procedimientos paralelos sobre los mismos hechos.

6.- La fiscalización por parte de un funcionario implica responsabilidades ulteriores. Por tanto, el fiscalizador si obra en mal procedimiento administrativo debería ser pasible de sumarios por violación de las leyes que regulan el ejercicio de los funcionarios. Y si algun productor presenta una queja la propia institución debe investigar acerca de lo desarrollado por los funcionarios intervinientes y la legalidad de sus actuaciones.

7.- Asi mismo, se han detectado sumarios finiquitados, donde los asesores jurídicos han impuesto multas y sanciones, únicamente con un acta de intervención o fiscalización con la narrativa del fiscalizador y sin pruebas técnicas o evidencia de lo incumplido. Por lo cual la parte afectada es convocada para conocer su versión pero no le dan lugar a ejercer una verdadera defensa, con lo cual los propios funcionarios que elaboran los sumarios estarían violando el debido proceso administrativo y también deberían ser pasible mal desempeño de funciones.

Si en el momento de cualquier tipo de sumario abierto, el propio asesor jurídico se da cuenta de errores administrativos que pudieran haber tenido los fiscalizadores instituciones o actas que podrían ser declaradas nulas, pues las respectivas Asesorías Jurídicas deberían rechazar las intervenciones realizadas que no tengan rigor técnico.

Recomendaciones

1.- En primer lugar, el MADES debería establecer criterios objetivos para reconocer cuándo varias fincas conforman una unidad productiva integrada. Además, los proyectos aprobados bajo el criterio anterior deberían conservar su validez mientras no experimenten modificaciones significativas.

2.- Cuando se adopten nuevos criterios administrativos, estos deberían contar con una justificación técnica, reglas públicas y un régimen de transición que evite afectar inversiones y planes de gestión previamente autorizados.

3.- Resulta más que necesario fortalecer la coordinación entre el MADES y el INFONA. Las licencias ambientales, los planes de uso de la tierra, las reservas legales de bosques y las demás medidas forestales deberían ser compatibles y consultables por ambas instituciones. El productor no puede quedar expuesto a exigencias contradictorias derivadas de instrumentos que fueron aprobados por diferentes organismos del mismo Estado.

4.- Las auditorías ambientales deberían aplicarse con una periodicidad proporcional al riesgo. Los establecimientos estables y con buen historial de cumplimiento podrían acceder a procedimientos simplificados y plazos más amplios, mientras que los proyectos de mayor impacto o con antecedentes de incumplimiento deberían recibir controles más frecuentes.

5.- También es indispensable establecer plazos administrativos verificables. El SIAM debería mostrar claramente la etapa del expediente, la dependencia responsable, los días utilizados por la Administración y el tiempo empleado por el proponente para responder observaciones. Estas observaciones deberían ser consolidadas y comunicadas oportunamente, evitando requerimientos parciales y sucesivos.

6.- Debe crearse un protocolo de fiscalización operativo de forma urgente, para determinar los procedimientos y que pueden y no pueden realizar los funcionarios fiscalizadores en el marco de sus atribuciones y respetando los derechos del propietario privado.

7.- Debe reconocerse plenamente la validez de las licencias ambientales digitales. La incorporación de códigos QR, enlaces oficiales de verificación o algun mecanismo de consulta en línea permitiría comprobar su autenticidad y vigencia sin imponer formalidades innecesarias. Si la propia institución sabe que la propiedad fiscalizada cuenta con licencia ambiental, no tiene sentido que la sumarien y multen por no tener la misma impresa y en un lugar visible.

La gestión ambiental y forestal no debe convertirse en un obstáculo para quien busca cumplir. Su verdadero propósito debe ser orientar, ordenar y controlar las actividades productivas mediante reglas claras y técnicamente justificadas. Corregir estos vacíos operativos no debilitará a las instituciones; por el contrario, aumentará su eficiencia, credibilidad y capacidad para acompañar el desarrollo responsable del campo paraguayo.

 

POLITICA FORESTAL NACIONAL: PARAGUAY NECESITA RESULTADOS, NO NUEVOS LOGROS DE PAPEL – JULIO 2026.

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes una reflexión sobre la nueva Política Forestal Nacional presentada por el INFONA. 

I.- INTRODUCCIÓN

1.- La reciente publicación de la Política Forestal Nacional constituye una iniciativa que merece ser reconocida. Paraguay necesita una visión de largo plazo que permita fortalecer el sector forestal, impulsar las plantaciones, promover la industrialización, valorizar los bosques nativos y generar una relación equilibrada entre producción y conservación.

2.- Por ello, corresponde felicitar al Instituto Forestal Nacional (INFONA) por haber dado este paso. Sin embargo, publicar una política no puede ser presentado todavía como un logro para el país. Es apenas el comienzo de un proceso cuyo verdadero valor dependerá de lo que ocurra en el territorio.

3.- Paraguay ha acumulado durante años numerosos planes, políticas, estrategias y programas. Muchos fueron presentados públicamente con grandes expectativas (planes, reportes visores, etc.) pero después no se tradujeron en cambios concretos para los productores, propietarios, industrias y comunidades que conviven diariamente con los recursos forestales.

4.- Los bosques no se conservan porque exista un nuevo documento institucional. Se conservan porque hay propietarios y productores que los mantienen, los protegen de incendios y ocupaciones, asumen los costos de su cuidado y renuncian a otros usos económicamente más rentables de sus tierras.

5.- En el papel, el productor suele ser presentado como un “actor clave”. En el campo, sin embargo, muchas veces es tratado como un sospechoso y en lugar de apoyo de las instituciones de gobierno continuamente deben enfrentar trámites demorados, criterios diferentes entre funcionarios, superposición de instituciones, errores en la información oficial y fiscalizaciones que no siempre respetan las garantías mínimas hacia el productor.

II.- LOS GRANDES PROBLEMAS SIGUEN PENDIENTES

1.- La principal debilidad de la nueva política es que presenta objetivos generales y aspiraciones positivas, pero posterga las decisiones concretas para futuros planes regionales y sectoriales.

2.- No establece suficientemente qué resultados deberán alcanzarse, en qué plazos, con qué presupuesto y bajo la responsabilidad de qué instituciones. Así, se corre el riesgo de contar con una política que todos pueden afirmar que están cumpliendo, pero cuyos resultados nadie puede medir.

3.- Al mismo tiempo, permanecen sin respuestas algunos de los problemas más importantes del sector. Sigue pendiente una definición clara sobre la reglamentación del artículo 42 de la Ley Forestal, pese a la instrucción dada al INFONA mediante el Decreto N.º 175/2018.

4.- Tampoco se plantea qué ocurrirá después de 2030 con la prohibición de transformación y conversión de superficies con bosques en la Región Oriental.

5.- Igualmente, se promueven nuevas certificaciones y mecanismos de trazabilidad sin analizar primero los problemas de aplicación que ya presenta el régimen de certificación de biomasa que fue promovido por el MOPC y no es aplicable.

6.- Por tanto, antes de crear nuevas exigencias, el estado debería analizar por qué las existentes no han funcionado adecuadamente y cuánto cuesta cumplirlas.

7.- También llama la atención que la política incorpore los ODS como parte de sus compromisos internacionales, cuando el PND Paraguay 2050 no los incluye dentro del actual marco rector de la planificación nacional.

8.- Una política sectorial debe responder primero a las prioridades definidas por el país y explicar claramente por qué incorpora marcos internacionales que no forman parte del principal instrumento nacional de planificación.

III.- LA TRANSFORMACIÓN DEBE COMENZAR DENTRO DEL INFONA

1.- La política pretende transformar al sector forestal, pero dice muy poco sobre la transformación interna que necesita el propio INFONA.

2.- No alcanza con mejorar el monitoreo satelital, crear nuevas plataformas o aumentar los controles. También es necesario reducir los tiempos de respuesta, simplificar trámites, uniformar criterios, profesionalizar las fiscalizaciones, corregir errores cartográficos y garantizar mecanismos transparentes de revisión y reclamo.

3.- El Estado no puede exigir eficiencia, trazabilidad y cumplimiento al sector privado sin asumir esas mismas obligaciones dentro de sus instituciones.

4.- Además, Paraguay no puede aplicar una única respuesta a dos realidades forestales profundamente diferentes. La Región Oriental necesita resolver el futuro de sus remanentes forestales, las plantaciones, la biomasa y el escenario posterior a 2030. Y la Región del Chaco requiere seguridad jurídica para el cambio de uso legal, el manejo de reservas, las franjas forestales, los incendios y la convivencia entre producción y conservación.

5.- Una política nacional puede establecer una visión común, pero debe desarrollar estrategias claramente diferenciadas para ambas regiones.

IV.- DEL DOCUMENTO AL TERRITORIO

1.- La Política Forestal Nacional puede convertirse en una herramienta valiosa, pero para ello debe abandonar rápidamente el plano de las declaraciones y traducirse en acciones concretas.

2.- El verdadero logro de una política no será la publicación del documento, sino que los productores reciban respuestas oportunas, que las normas sean claras, que las fiscalizaciones respeten derechos, que existan incentivos reales para para el sector forestal, que aumenten las plantaciones, que las industrias dispongan de materia prima legal y que el bosque nativo tenga alternativas de manejo sostenible.

3.- Felicitamos al INFONA por la iniciativa. Pero la buena voluntad no basta.

4.- Paraguay no necesita más logros de papel. Necesita instituciones eficientes, seguridad jurídica y resultados que puedan verse en el campo.

5.- Esa será la verdadera medida del éxito de la nueva Política Forestal Nacional.