NUEVA RESERVA DE LA BIOSFERA EN PARAGUAY: UNA OPORTUNIDAD PARA ORDENAR CONCEPTOS Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental (Dr. Honoris Causa) y como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay y Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), considero oportuno exponer mi opinión acerca algo reiterativo vinculado a los conceptos de reservas de la biosfera  en Paraguay.

 

I.- INTRODUCCION

1- La reciente incorporación de la Reserva de Biosfera Sur del Alto Paraná a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO constituye un reconocimiento internacional importante para Paraguay.

2.- Sin embargo, junto con la satisfacción que genera esta designación, también resulta oportuno abrir un debate técnico que hace mucho venimos repitiendo pero que al parecer nadie quiere llevar a la discusión pública para mantener un status quo que va contra del desarrollo sostenible del país.

3.- Es satisfactorio que Paraguay tenga una Reserva de la Biosfera nueva y debe ser una prioridad nacional la conservación de los recursos naturales a través de distintas herramientas de conservación.

4.- Sin embargo, la discusión pendiente es otra ¿está Paraguay preparado para gestionar adecuadamente esta nueva Reserva de Biosfera sin repetir las confusiones conceptuales, administrativas y jurídicas que han acompañado históricamente a estas figuras?

II.- UN PROBLEMA QUE VIENE DE HACE MÁS DE VEINTE AÑOS

1.- Un aspecto conocido pero no muy resaltado por el propio Ministerio del Ambiente y la propia sociedad civil es que Paraguay viene arrastrando una situación bastante particular en el concepto utilizado de Reservas de la Biosfera.

2.- Mientras la UNESCO utiliza el término "Reserva de Biosfera" para designar territorios reconocidos internacionalmente por su importancia ecológica y por su capacidad de integrar conservación y desarrollo sostenible, la normativa paraguaya también utiliza exactamente el mismo nombre para una categoría de manejo dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.

3.- Es decir, en Paraguay conviven simultáneamente dos conceptos distintos bajo una misma denominación. Por un lado, las Reservas de Biosfera reconocidas por la UNESCO, y por otro lado las Reservas de Biosfera como categoría de manejo creada por la Resolución SEAM N.º 200/2001.

4.- Y aunque para muchos esta diferencia pueda parecer menor, en la práctica ha generado durante años una verdadera confusión institucional que ha llegado al colmo de prohibir a los productores utilizar parte de sus tierras.

III.- CUANDO LA CONFUSIÓN SALE DEL ÁMBITO AMBIENTAL

1.- Para algunos sectores no siempre queda claro si la Biosfera hace referencia al reconocimiento de la UNESCO o a una categoría nacional de área protegida. Y este es el dilema principal y problema conceptual existente en el país, ya que antes las discusiones se daban con la autoridad ambiental del país, pero hoy en día hasta los bancos aplican condiciones de créditos mezclando los conceptos de biosfera.

2.- En algunos casos es hasta llamativo cuando al observar la expresión "Reserva de Biosfera" en un mapa para que automáticamente se asuma que se trata de un territorio sujeto a restricciones especiales y que los propietarios no pueden hacer nada.

3.- Ya que las Reservas de Biosfera de la UNESCO fueron concebidas precisamente para demostrar que la conservación y el desarrollo pueden coexistir. No son equivalentes a parques nacionales ni constituyen, por sí mismas, figuras de protección absoluta.

IV.- LA PREOCUPACIÓN DE LOS PRODUCTORES ES LEGÍTIMA

1.- La nueva Reserva de Biosfera abarca una región donde conviven ecosistemas de gran valor ambiental con una intensa actividad económica, agrícola, ganadera y forestal. Por ello, es razonable que ahora muchos productores, propietarios y comunidades locales quieran saber cuáles son los alcances reales de esta designación.

2.- Y la duda recurrente que estamos recibiendo no es sobre la reserva en sí sino en como el propio Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros actores interpretarán esta figura de conservación y por eso planteamos ciertas interrogantes.

·       ¿El MADES lo interpretará como una categoría equivalente a un área protegida estricta?

·       ¿Los bancos comprenderán las diferencias entre los conceptos del país?

·       ¿Las certificadoras harán esa distinción?

·       ¿Los futuros instrumentos de financiamiento incorporarán exigencias adicionales a zonas aledañas a las reservas de la biosfera?

·       ¿El MADES promoverá planes de ordenamiento territorial que incorporen restricciones por estar en zonas de la biosfera?

V.- DOS DECISIONES CONCRETAS QUE PARAGUAY DEBERÍA ADOPTAR

Primero: se debe adoptar una claridad conceptual y modificar la denominación de la categoría de manejo "Reserva de Biosfera" creada por la Resolución SEAM N.º 200/2001. Ya que no existe una justificación técnica para que una categoría nacional de área protegida utilice exactamente el mismo nombre que una figura internacional de la UNESCO ya que son instrumentos distintos, con objetivos y alcances distintos.

Mantener ambas figuras bajo la misma denominación solamente perpetúa una confusión que afecta la gestión ambiental, dificulta la comunicación institucional y genera interpretaciones erróneas tanto dentro como fuera del país.

Segundo: reafirmar el principio de legalidad en la gestión ambiental. Con esto se busca que las obligaciones aplicables a los propietarios rurales deben surgir de la ley y no de interpretaciones administrativas o resoluciones que excedan lo establecido por el marco legal vigente.

Las resoluciones no pueden convertirse en instrumentos de igual jerarquía que las leyes y únicamente las leyes limitan lo que se puede hacer en una propiedad rural. Las exigencias de la Resolución 200/2001 del MADES son completamente ilegales y el análisis técnico termina siendo arbitrario.

VI- SITUACION ACTUAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL CHACO

1.- Las Reservas de Biosfera no son simplemente una delimitación en un mapa sino que hay condiciones que mantener para seguir dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

2.- Estas reservas deben contar con mecanismos de gestión operativos, espacios de coordinación entre actores, procesos de planificación y herramientas que permitan cumplir los objetivos de conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico para la investigación y la educación.

3.- Diversas informaciones disponibles indican que la actual Reserva de Biosfera del Chaco presenta importantes debilidades institucionales y de gestión, encontrándose lejos de las condiciones que deberían caracterizar a una Reserva de Biosfera plenamente operativa.

4.- Esta situación ya ha sido resaltado por la propia UNESCO y manifestaron que cuando una Reserva de Biosfera deja de cumplir los criterios mínimos exigidos, existe la posibilidad de que pierda su reconocimiento dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

5.- Es decir, la Reserva de la Biosfera del Chaco de la UNESCO, podria perder ese reconocimiento internacional ya que ni siquiera se ha tenido la capacidad de tener un comité de gestión de dicha reserva.

VII.- CONCLUSIÓN

1.- La seguridad jurídica exige que las reglas sean claras, previsibles y conocidas por todos, por ello la conservación ambiental no necesita más normas sino más legalidad y para ello es necesario evitar que las viejas confusiones conceptuales continúen trasladándose a la gestión del territorio.

2.- Las obligaciones aplicables a los propietarios rurales deben surgir de la ley y no de interpretaciones administrativas o resoluciones que excedan lo establecido por el marco legal vigente.

3.- Esperemos que la creación de esta nueva Reserva de Biosfera nos abra nuevamente el debate a ordenar conceptos y fortalecer la seguridad jurídica basada en el respeto al marco legal vigente.

4.- Por último, la conservación efectiva no se mide únicamente por la cantidad de áreas conservadas o superficies de protección, sino que se mide por la capacidad de gestionar adecuadamente esas áreas respetando los derechos de las personas que viven y producen en ellos.

HUMEDALES EN PARAGUAY: UNA AGENDA NACIONAL QUE DEBE INTEGRAR CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA – JUNIO 2026

Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental (Dr. Honoris Causa) y como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay y Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), considero oportuno hablar sobre los “Humedales” en un contexto donde Paraguay está preparando un Plan Estratégico para el país y por  lo cual debatimos con el Biol. Jorge Martínez Trabuco – especialista en temas ambientales – y queremos exponer algunos puntos que nos parecen importantes para sumar a la discusión sobre este tema.

I.- HUMEDAL NO ES LO MISMO QUE SITIO RAMSAR

1.- Un primer punto que debe aclararse es que no todo humedal existente en el país es automáticamente un Sitio Ramsar. La Convención Ramsar tiene una lista formal de Humedales de Importancia Internacional, designados específicamente por cada país.

2.- Por tanto, que una propiedad tenga una zona baja, inundable, estacionalmente saturada de agua o con características de humedal no significa que automáticamente quede sometida al mismo tratamiento que un Sitio Ramsar, ni que deba ser considerada un área intangible o excluida de toda actividad productiva.

3.- En los últimos años estamos viendo como algunos bancos adoptan decisiones sin comprender los aspectos técnicos, legales y de manejo asociados a un humedal, a un Sitio Ramsar o inclusive a propiedades con valores ambientales. Prácticamente interpretan que estas zonas son zonas de riesgo y con una visión simplista condicionan el acceso al crédito y terminan castigando al propietario que conserva un sitio.

4.- Es por ello que hoy tenemos propietarios de esos sitios Ramsar en Paraguay que hoy están iniciando los trámites para salir de esta lista y no porque ya no deseen conservas estos sitios sino porque el sistema bancario y financiero empieza a tratarlos injustamente como propiedades de mayor riesgo.

4.- Este es un mensaje muy peligroso para la política ambiental del país, ya que el Banco da un mensaje errado donde comunica que mantener un humedal, bosque, cauce o un área de valor ambiental dentro de una propiedad se podria convertir en una traba para acceder al financiamiento.

5.- Estos estigmas negativos que fueron creados en el sistema bancario, y que nacieron por presión interesada de algunas ONG para el propio Banco Central del país, en vez de promover la conservación o construir incentivos y reglas claras, hoy promueven bloqueos a créditos para quienes conservan estos ecosistemas valiosos dentro de sus propiedades.

II.- EL EUDR Y LA FUTURA PRESIÓN SOBRE OTROS ECOSISTEMAS

1.- El segundo punto que Paraguay debe mirar con atención especial es el Reglamento 1115. Esta norma europea incluye soja, carne bovina, madera, y hace mención que estos productos no deben provenir de áreas deforestadas o degradadas. Es decir, en su aplicación actual el eje principal está puesto en los bosques.

2.- Sin embargo, el propio diseño de este reglamento deja abierta la posibilidad de ampliar su alcance hacia otros ecosistemas naturales de alto valor de carbono o biodiversidad, e incluso ya cita a los humedales como un futuro eje adicional prioritario.

3.- Para Paraguay, este punto es estratégico, porque cualquier inventario nacional o mapa de humedales o clasificación de áreas sensibles, podría terminar siendo utilizado más adelante como referencia por la propia Unión Europea para condicionar la producción de ciertas zonas del país.

4.- Es por ello que el país y las instituciones gubernamentales deben actuar con mucha prudencia y no estar dibujando en papel ideas que no tengan sustento real, que a futuro puedan ser una futura barrera contra quienes producen y conservan dentro de la legalidad.

III.- EL RIESGO DE IMPORTAR CATEGORÍAS SIN ADAPTAR A LA REALIDAD NACIONAL

1.- Uno de los mayores riesgos de esta discusión es importar categorías ambientales o interpretaciones internacionales sin adaptarlas a la realidad productiva, jurídica e hidrológica del Paraguay. En algunos debates locales se escucha afirmar que “en un humedal no se puede hacer nada porque Ramsar prohíbe”, pero esa afirmación es técnicamente incorrecta.

2.- Primero, porque no todos los humedales del país están bajo el paraguas de la Convención Ramsar como Sitios de Importancia Internacional. Segundo, porque incluso en aquellos casos donde exista una designación Ramsar, la Convención no plantea la prohibición absoluta de la producción, sino la conservación y el uso racional de los humedales.

3.- El ejemplo más claro es la producción de arroz. El propio material de referencia sobre Ramsar recuerda que el arroz es una especie común de los humedales y constituye el principal alimento de más de la mitad de la humanidad. Además, la Convención utiliza una definición amplia de humedales que incluso incluye sitios artificiales como arrozales, estanques piscícolas, embalses y salinas.

4.- Por tanto, no se puede sostener seriamente que Ramsar sea sinónimo de prohibición productiva, cuando el propio enfoque internacional reconoce actividades humanas y sistemas productivos vinculados al agua dentro de la discusión sobre humedales.

5.- La existencia de un humedal no debe utilizarse automáticamente para bloquear inversiones, impedir actividades lícitas o descalificar sistemas productivos como el arroz, que históricamente se desarrollan en ambientes asociados al agua.

IV. UNA AGENDA NACIONAL, NO UNA AGENDA IMPUESTA

1.- El Plan Estratégico de Humedales puede ser una oportunidad para que Paraguay ordene mejor su información ambiental de los recursos hídricos, fortalezca sus capacidades técnicas y defina criterios propios para la gestión de estos ecosistemas.

2.- Sin embargo, ese proceso debe construirse como una agenda nacional, no como una agenda importada o impuesta desde visiones externas que muchas veces no comprenden la realidad productiva, jurídica e hidrológica del país.

3.- Paraguay necesita conocer sus humedales, pero no necesitamos que un inventario o guía técnica se transformen en una nueva capa de restricciones sobre la producción agropecuaria.

4.- La política de humedales debe reconocer que en el territorio paraguayo conviven ecosistemas naturales, sistemas productivos, propiedades privadas, comunidades locales, infraestructura, inversiones y actividades agropecuarias legítimas.

 

5.- Por eso, cualquier definición, clasificación o delimitación debe realizarse con participación real de los propietarios, productores, gobiernos locales, instituciones técnicas y sectores afectados. No corresponde que se identifiquen “humedales de alto valor”, “áreas sensibles” o “zonas prioritarias” dentro de inmuebles privados sin consulta, sin validación en campo, sin claridad jurídica y sin explicar previamente cuáles serán las consecuencias prácticas de esa clasificación.

6.- Una agenda nacional de humedales debe partir del principio de uso racional, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y compatibilidad entre producción y conservación. Si el país va a construir una política pública sobre humedales, debe hacerlo con ciencia, participación y soberanía técnica.

REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO N°42 DE LA LEY N°422/73”FORESTAL”, MÁS DE 7 (AÑOS) SIN CUMPLIR EN REGLAMENTAR EL MANDATO DEL DECRETO N°175/2018 Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN FORETAL DEL INFONA – Mayo 2026

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), con la experiencia de haber ocupado cargos públicos importantes quiero compartir una reflexión sobre el debate que existe hace más de 7 (años) alrededor de la atrasada “REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO N°42 DE LA LEY N°422/73”FORESTAL”, MÁS DE 7 (SIETE) AÑOS SIN CUMPLIR EN REGLAMENTAR EL MANDATO DEL DECRETO N°175/2018 Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN FORETAL DEL INFONA”. 

I.- JUSTIFICATIVO DE LA REVISÓN TÉCNICA EL DECRETO N°175/2018 QUE DEROGABA EL DECRETO N°7702/2017:

1°.- La falta del cumplimiento del mencionado en el Decreto N°175/2018 en el cual se instruía a la Presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA) a proponer una nueva reglamentación para el artículo 42 de la Ley 422/1973 “Forestal”.

2°.-  Al inicio de la gestión de gobierno del Presidente Mario Abdo Benítez en Agosto del 2018; una de sus primeras acciones fue derogar el Decreto N°7702/2017. Lo hizo a través del DECRETO Nº175/2018: “DECRETO Nº175/2018 - Por el cual se deroga el Decreto N°7702 del 14 de setiembre de 2017, se instruye a la Presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA) a proponer una nueva reglamentación, y se establece un régimen provisorio que reglamenta el Artículo N°42 de la Ley N°422/1973 “FORESTAL”.

3°.- El Decreto N°175/2018 derogó varios decretos y daba una clara instrucción al Instituto Forestal Nacional (INFONA) a proponer una nueva reglamentación del Artículo N°42 de la Ley Forestal N°422/1973. Estamos a más de 4 meses de haber asumido el Gobierno de Santiago Peña y el Decreto N°175/2018 no se cumplió con lo enunciaba pues hasta hoy día no se tiene una nueva reglamentación por lo que se puede asumir que dicho decreto quedó en el olvido por del Instituto Forestal Nacional (INFONA).

4°.- Ante ello hoy en día estamos en un escenario de incertidumbres de conceptos y definiciones los cuales finalmente repercuten en lo que es publicado como datos de la cobertura forestal del país. De haber existido dicha reglamentación normativa quizás daría mayor solidez a las publicaciones nacionales y la interpretación y opinión no estaría cambiando de acuerdo a la voluntad de cada gobierno o presidentes de entes.

 

 II.- RECORDEMOS POR MEDIO DE UNA REVISIÓN TÉCNICA EL ANÑALISIS TÉCNICO REALIZADO AL DECRETO N°7702/2017 EN BASE DE LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1º.- La participación activa de la asesoría agroambiental y técnicos forestal del sector privado de vasta experiencias forestal nacional en reuniones de debate sobre la reglamentación en particular del Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal;

2º.- Reuniones de trabajo y participación como asesor agroambiental y profesionales del agro que trabajan por más de 20 años en producción e industrias forestales convocado por organizaciones productivas que trabajan y utilizan los servicios del Instituto Forestal Nacional (INFONA);

3º.- La participación de la asesoría agroambiental profesionales del agro que trabajan por más de 20 años en producción e industrias forestales convocado por organizaciones productivas y convocando al INFONA se sustentó en todo momento para debatir sobre la reglamentación del Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal;

4º.- Este análisis técnico de la asesoría agroambiental profesionales del agro que trabajan por más de 20 años en producción e industrias forestales convocado por organizaciones productivas se basó en los conocimientos técnicos de la Planificación Uso de la Tierra y sus Evaluaciones de Impacto Ambiental exigidos por la Ley Nº422/73 Forestal y la Ley Nº294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, así como sus reglamentaciones vigentes; y

5º.- Es importante señalar que durante las convocatorias y debates que participo la asesoría agroambiental profesionales del agro que trabajan por más de 20 años en producción e industrias forestales convocado por organizaciones productivas, pero no se debatió sobre los alcances del Artículo Nº12 de la Ley Nº3001/2006 de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales en el marco del Artículo Nº42 de la Ley N°422/73 Forestal.       

 III.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL DECRETO Nº7702 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY N° 42211973 «FORESTAL» Y SE ABROGAN LOS DECRETOS N° 7031, DEL 17 DE ABRIL DE 2017, 7152 DEL 22 DE MAYO DE 2017, Y Nº 7674 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017” DEL 14 DE SETIEMBRE DEL 2017:

 1.- Este Decreto Nº7702 de acuerdo a las consultas y participaciones realizadas por los responsables del INFONA ante las organizaciones de productores organizados apuntaba a aclarar y poder reglamentar de manera más clara el Artículo Nº42, relacionada especialmente con relación a las zonas forestales, el 25% de reserva forestal de los bosques nativas en las zonas forestales y la obligación de reforestar el 5% del total del predio o unidades de producción.

2.- En esta interpretación técnica este párrafo del considerando no se condice con el enunciado del título el Decreto Nº7702 de acuerdo a las consultas y participaciones realizadas por los responsables del INFONA ante las organizaciones de productores organizados buscaba aclarar y poder reglamentar de manera más clara el Artículo Nº42, relacionada especialmente con relación a las zonas forestales, el 25% de reserva forestal de los bosques nativas en las zonas forestales y la obligación de reforestar el 5% del total del predio o unidades de producción y en ningún momento para la reglamentación del Artículo Nº12 de la Ley Nº3001/2006 que tiene como responsable su aplicación y administración la Secretaria del Ambiente (SEAM) hoy MADES.

3.- Este párrafo del considerando coincide con el enunciado del título el Decreto Nº7702 promulgado el 14 de Setiembre del 2017, pero hoy derogado para las cuales varias veces fueron convocados por el INFONA a los representantes de las organizaciones de productores organizados para su debate en la reglamentación especifica del Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73.

4.- En esta interpretación técnica este párrafo del considerando no se condice con el enunciado del título el Decreto Nº7702, porque de acuerdo a las consultas y participaciones realizadas por los responsables del INFONA ante las organizaciones de productores organizados buscaba poder reglamentar de manera más clara el Artículo Nº42, relacionada especialmente con relación a las zonas forestales, el 25% de reserva forestal de los bosques nativas en las zonas forestales y la obligación de reforestar el 5% del total del predio o unidades de producción y en ningún momento para la reglamentación del Artículo Nº12 de la Ley Nº3001/2006 que tiene como responsable su aplicación y administración la Secretaria del Ambiente (SEAM) hoy MADES.

5.- En esta interpretación técnica este Artículo Nº1 condice con el enunciado del título el Decreto Nº7702 promulgado y actualmente derogado, además de las consultas y participaciones convocadas y realizadas por los responsables del INFONA con la participación de las organizaciones de productores organizados en todo momento fue con el objetivo específico de reglamentar de manera más clara el Artículo Nº42, en relación a aclarar conceptos como zonas forestales, el 25% de reserva forestal de los bosques nativos en las zonas forestales y la obligación de reforestar el 5% del total del predio o unidades de producción.

6.- Este Artículo Nº2 del Decreto establecía definiciones o conceptos enunciados como serán entendidos es poco o nada ADECUADOS desde el punto de vista práctico en el momento de la planificación del uso de la tierra y su correspondiente de evaluaciones de impactos ambientales de las unidades productivas sujetos a la aplicaciones de la Ley Nº422/73 y la Ley Nº294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus decretos reglamentarios vigentes que prohíben, fomentan y regulen el uso  y manejo racional de los recursos naturales productivos de las unidades productivas para fines de producción agrícolas, pecuarias y de aprovechamiento forestal sostenibles.

7.- En el análisis técnico a este párrafo del Artículo Nº3 del Decreto Nº7702, entendemos tenía como fin armonizar y articular el Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal aplicado actualmente por el INFONA y el Artículo Nº12 de la Ley Nº3001/2006 aplicado actualmente por la SEAM hoy MADES, es importante y adecuado dicha propuesta, pero las consultas y participación al llamado oficial realizado por el INFONA a las organizaciones de productores organizados no fueron orientados para realizar esta articulación más bien fueron con el objetivo específico de reglamentar el Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal.

8.- En este análisis de este párrafo del Artículo Nº3 del Decreto Nº7702 promulgado pero actualmente derogado, aseverar que los propietarios de las unidades productivas que no hayan cumplidos a cabalidad con el Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal con la incorporación del Artículo Nº12 de la Ley Nº3001/2006 tiene tres alternativas técnicas para adecuación que realizan por medio de los Planes de Uso de la Tierra permitidos por la Ley Nº422/73 y la Ley Nº294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental contribuyendo verdaderamente al uso y manejo más racional de los recursos naturales productivos de sus unidades productivas e inclusive la conservación y la valoración de la biodiversidad con este Artículo Nº3 del Decreto Nº7702 promulgado el 14 de Setiembre del 2017.  

9.- La interpretación técnica de este Artículo Nº4 del Decreto Nº7702 promulgado y luego derogado establecía como obligaciones de reforestaciones con especies nativas o aplicar sistemas agroforestales con especies nativas que no podrá ser inferior al 40%, entendemos que este Artículo Nº4 es para dar cumplimiento al Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal, pudiendo ser categórico que el este Artículo Nº42 solo habla hace 51 años de REFORESTAR el 5% del total del predio y no habla de especies forestales en particular.

10.- La interpretación técnica del Artículo Nº5 del Decreto Nº7702 promulgado el 14 de Setiembre del 2017, pero luego derogado aseguraba que los propietarios de las unidades productivas que no hayan cumplidos a cabalidad con el Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal en la Región Occidental, en el proceso de adecuación legal forestal y ambiental estos propietarios están obligados a realizar en la presentación de sus Planes de Uso de la Tierra por la Ley Nº422/73 y la Ley Nº294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental la restauración  de la totalidad de la superficie  del 25% de los Bosques de Reserva legal habilitados, adquiriendo Certificados de Servicios Ambientales hasta el equivalente a su obligación mediante el régimen establecido en la Ley N°300112006 y sus reglamentaciones; sin perjuicio de las sanciones que correspondieren por el incumplimiento de las normas que rigen la materia.

11.- Este Decreto Nº7702/2017 derogado luego de formulado y promulgado para la reglamentación especifica del Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal cuya autoridad de aplicación es el INFONA, pero con este Artículo Nº3 de este párrafo analizado del Decreto Nº7702/2017 está obligado el INFONA a aceptar a admitir que en lugar de reforestar como establece el Artículo Nº42 por su incumplimiento de la Ley Nº422/73 Forestal, la adquisición de Certificados de Servicios Ambientales de bosques naturales, mediante el régimen establecido por la Ley Nº3001/2006.

12.- Este párrafo que de este Artículo Nº6 del Decreto Nº7702/2017 promulgado el 14 de Setiembre del 2017, pero luego derogado tenía el mandato de hacer convocarías de consulta y participación realizadas a los miembros de las organizaciones de productores organizados por el INFONA en el proceso de reglamentación del Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal de aplicación del INFONA no fueron debatidos, además este párrafo del Artículo Nº6 en cuestión desde el punto de vista técnico es de cumplimiento imposible por os procesos administrativos incipientes y la institucionalidad débil que caracteriza el funcionamiento ejecutivo en materia forestal y ambiental. 

13.- Este es un Articulo Nº7 que su aplicación se contradicen a otras leyes del funcionamiento de la república que deberá ser analizados jurídicamente, además la reglamentación de este Decreto Nº7702/2017 estaba dirigido según las convocatorias de participación por el INFONA al Artículo Nº42 de la Ley Nº422/73 Forestal por el INFONA.

IV.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL DECRETO N°175/2018 EN EL CUAL DEROGABA EL DECRTETO N°7702/2017 E INSTRUÍA AL  INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA) A PROPONER UNA NUEVA REGLAMENTACIÓN PARA EL ARTÍCULO N°42 DE LA LEY 422/1973 “FORESTAL”.

1.- El Instituto Forestal Nacional (INFONA) en varias reuniones oficiales se había comprometido en tramitar con celeridad el cumplimiento de la “REGLAMENTACIÓN PARA EL ARTÍCULO N°42 DE LA LEY 422/1973 “FORESTAL” del Decreto N°175/2018; para que finalmente el país cuente con un régimen normativo forestal más estable y que de la tranquilidad a  los productores y la organizaciones de productores en el sector agro-rural, sin embargo, como ya mencionamos hasta la fecha Enero del 2024 seguimos con las incertidumbres jurídicas de aplicación inconstante supeditados a la comprensión de los técnicos.

2.- Es más, desde el sector de la organización de productores se trabajó una propuesta de DECRETO debatido y ajustado con las autoridades del Instituto Forestal Nacional (INFONA), existiendo la promesa que el INFONA estaba promoviendo su promulgación ante la Presidencia de la República, pero que tampoco dio ese seguimiento respectivo.

3.- Hasta la fecha este incumplimiento del INFONA es una falta y omisión del mismo INFONA que políticamente depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que debería intervenir en esta circunstancia, ya que la propia Ley Nº3464 /2008 por el cual se CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL – INFONA en su Artículo N°3 menciona claramente qué; “El nexo del Instituto Forestal Nacional (INFONA) con el Poder Ejecutivo será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin perjuicio de que pueda establecer vínculos directos con otras instituciones oficiales y privadas.”

4.- Se necesita un nuevo DECRETO que supere la falta de claridad en los términos, conceptos y definiciones utilizados dejan vacíos que son utilizados por las instituciones a conveniencia de cada caso y ante los cuales un productor está expuesto a la interpretación abusiva de los conceptos o los alcances legales.

5.- Con el nuevo DECRETO se lograría inclusive ser más justos con las multas y sanciones siendo que la propia institución INFONA maneja conceptos del marco legal y forestal paraguayo, pero se complementan con conceptos de proyectos que tergiversan los alcances y dejar al productor desprotegido. Así mismo se deberá subsanar esta circunstancia provisoria del régimen forestal que no fue atendida en más de 5 años como lo es el Decreto N°175/2018, que debería haber sido modificado y adaptado a la realidad nacional, pero lastimosamente no se realizó.

6.- Recalcamos lo mencionado más arriba, que ante esta circunstancia intervenga el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de forma a pedir de forma urgente el cumplimiento de lo mencionado en el Decreto N°175/2018, por la Ley Nº3464/2008: CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL–INFONA.

7.- Por último, es importante aclarar que las autoridades del INFONA y los representantes de los gremios de los productores organizados y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), en julio del 2020 plantearon un anteproyecto de Decreto de forma a da urgente el cumplimiento al Decreto N°175/2018.

8.- Este anteproyecto de Decreto por 2 años fue debatido y ajustado por los técnicos y juristas la Unión Gremios de la Producción (UGP) y del Instituto Nacional Forestal (INFONA); el Decreto ajustado y mejorado por el INFONA y gremios de la producción organizados; las autoridades del INFONA manifestaron que vía Ministerio de Agricultura y ganadería (MAG) elevarían la propuesta de DECRETO al Poder Ejecutivo para su promulgación y cumplir con el “DECRETO Nº175/2018 que se instruye a proponer una nueva reglamentación al Artículo N°42 de la Ley N°422/1973 “FORESTAL”.

OBJETIVOS REGIONALES NO DEBEN MARCAR AGENDA PRIORITARIA DEL DESARROLLO DE PARAGUAY.

 

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), Hace unos días se publicaba en los medios de prensa una noticia que nos llamó la atención y del cual queremos analizar y hacernos eco de interés nacional en el marco del Desarrollo Sostenible.

La noticia hace relación, donde se mencionaba que en una reunión regional de ministros de ambientes de América Latina la iniciativa que habla ya equivocadamente de un consenso regional en la dimensión ambiental con un objetivo de alcanzar un nivel de CERO DEFORESTACIÓN antes de 2030, antes este escenario debemos ser claros y concisos señalando que nuestro país Paraguay si bien tiene un marco legal por más de 20 años de DEFORESTACIÓN CERO no es parte de esta iniciativa regional de América Latina, donde ciertos ministros de medio ambiente, es decir lo cual nos parece llamativo ya que el mismo no forma parte de ninguna política de desarrollo del país.

https://www.abc.com.py/internacionales/2026/05/20/america-latina-y-el-caribe-se-propone-alcanzar-el-nivel-cero-desforestacion-antes-de-2030/

I.- INTRODUCCIÓN:

De acuerdo con las publicaciones periodistas en Paraguay, los ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe en una reunión de trabajo en ciudad de Panamá, donde acordaron impulsar la meta regional de CERO DEFORESTACIÓN ANTES DEL AÑO 2030.

Ante esta noticia “por el cual los ministros de ambientes de América Latina la del consenso regional con un objetivo de alcanzar un nivel de CERO DEFORESTACIÓN antes de 2030; hemos visto la necesidad de consultar directamente a las más altas autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible ((MADES) de Paraguay, sobre nuestra posición política ante esta iniciativa recibiendo una respuesta fue clara y tranquilizadora: indicando el MADES que Paraguay no forma parte de esta coalición que promueve el nivel cero de deforestación al 2030 en forma regional de América Latina.

Las autoridades el MADES además mencionaron que el país mantiene sus propios compromisos ambientales y ya tiene experiencia concreta en la materia de DEFORESTACIÓN CERO, especialmente en la Región Oriental del Paraguay.

Pero esta situación es importante analizar por solo hecho que este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de evaluar con mayor atención este tipo de foros internacionales. Ya que muchos de ellos hablan de consensos alcanzados cuando las circunstancias podrían ser diferentes.

Este tipo de objetivo que parecen ambiciosos desde el punto de vista ambiental no está acorde a la realidad paraguaya, el cual tiene necesidades concretas de desarrollo y busca consolidar su crecimiento económico y territorial, y no puede sumarse a metas internacionales vinculantes o no vinculantes, sencillamente porque otros países así lo quieran.

II.- BASES IRREALES Y CONTEXTOS DE PAÍSES DIFERENCIADOS:

Muchas veces estos objetivos regionales se presentan como un “consenso” de toda la región, pero en la práctica no toman en cuenta las realidades tan distintas de cada país. Paraguay tiene sus características propias:

-        En la Región Oriental ya aplica una LEY DE PROHIBICIÓN DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA desde hace más de 20 años.

-        En el Chaco, el cambio de uso de la tierra es legal, regulado por varias normativas y es necesario para el desarrollo productivo, la generación de empleo y la producción de alimentos.

-        Gran parte de estas actividades se realizan bajo planes de ordenamiento territorial aprobados.

Por eso, una meta uniforme de cero deforestaciones para toda la región de Latinoamérica no se ajusta a las necesidades y particularidades de nuestro país.

III.- ANÁLISIS:

Es positivo y muy oportuno que las autoridades ambientales del MADES hayan aclarado que Paraguay no parte ni se adhiere a esta iniciativa y su meta regional, pero este tipo de situaciones nos debe llevar a ser cuidadosos. Porque es importante que el país participe activamente en estos foros, pero siempre defendiendo con claridad su propia visión y sus prioridades de desarrollo.

No podemos sumarnos automáticamente a objetivos que aunque suenen bien a nivel regional, no responden a nuestra realidad territorial ni a nuestro Plan Nacional de Desarrollo.

Por otro lado, existe el riesgo de estigmatización internacional ya que al firmar metas poco realistas, el país se expone a futuros señalamientos por “incumplimiento”. Esto genera una mala imagen externa, a pesar de mantener aún casi la mitad de su territorio con bosques y de haber reducido significativamente su tasa de deforestación ilegal.

IV.- CONCLUSIÓN:

Paraguay debe mantener una actitud prudente frente a objetivos internacionales que se presentan como consensos regionales, pero que en muchos casos no reflejan nuestras necesidades reales.

Es recomendable que tanto el MADES como la Cancillería sigan comunicando de forma clara y oportuna cuáles son los compromisos que el país realmente asume y cuáles no. De esta manera, se evita la confusión y se defiende de forma responsable el derecho de Paraguay a crecer de manera sostenible, respetando su propia realidad productiva y territorial.

MÉDANOS DEL CHACO: CUANDO LOS LÍMITES, LA CIENCIA Y LA INSTITUCIONALIDAD DEBEN ORDENAR EL DEBATE – MAYO 2026

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes una conversación que mantuvimos con el Biólogo Jorge Martínez Especialista en temas de Sostenibilidad y con amplia experiencia en el área ambiental pública y privada, a fin de conocer su opinión profesional sobre este discusión que se está dando en referencia al Parque Nacional Médanos del Chaco.

Entrevista del Ing. Alfredo Molinas al Biólogo Jorge Martínez

I.- Introducción

El debate sobre el Parque Nacional Médanos del Chaco volvió a instalarse en la agenda pública nacional a partir de los proyectos legislativos vinculados a la posibilidad de modificar disposiciones de la Ley Nº 5723/2016.

Para algunos sectores, la discusión se reduce a una confrontación entre conservación y actividades de prospección de hidrocarburos o minerales. Sin embargo, una mirada más técnica permite advertir que el conflicto es de larga data y más complejo.

Si bien la discusión actual gira en torno a prospección o no, hay otros puntos que deben ser debatidos como los límites del parque, la diferencia entre superficies establecidas en instrumentos legales y superficies efectivas en el terreno, la existencia de una mensura judicial aceptada por la autoridad ambiental nacional y el posterior desconocimiento de la mensura judicial y la creación de una Ley que incorpora tierras privadas e incluye prohibiciones específicas.

Esta secuencia ocurrida en casi tres décadas; creación del área, ajuste territorial por mensura, ampliación legal posterior y prohibiciones incorporadas directamente en la ley, es lo que nos obliga a restaurar la discusión a tres ejes: límites claros, discusión técnica-científica y a la institucionalidad ambiental.

Ing. Agr. Alfredo Molinas: Jorge, ¿por qué consideras que el debate sobre Médanos del Chaco no debería reducirse a prospección sí o prospección no?

Biol. Jorge Martínez: Porque reducir el debate a prospección o sobre la existencia o no de gas es simplificar un problema mucho más profundo.

El caso Médanos del Chaco no empieza con el proyecto actual ni con la discusión sobre hidrocarburos. El conflicto nace antes, con una secuencia territorial, legal e institucional que no fue suficientemente explicada a la ciudadanía.

Primero se creó el parque mediante un decreto que fijó una superficie importante, pero sin que todos los límites estuvieran claramente definidos y consolidados en el terreno. Luego se realizó una mensura judicial que fue aceptada por el propio MADES (SEAM en ese entonces) y que terminó sincerando una superficie menor a la originalmente establecida en el decreto.

Para algunos las resultas de esa mensura judicial fueron percibidas como una pérdida ambiental de la superficie del área, pero realmente es el sinceramiento que ajusta los límites de papel a la realidad jurídica del territorio a fin de no vulnerar derechos de terceros.

El problema aparece después, cuando en el intento de “recuperar la superficie original” del área, en el congreso se sanciona una Ley que incorpora nuevamente áreas habían sido desafectadas en la mensura judicial y además agregan algunas propiedades adicionales que ni siquiera formaban parte del decreto original.

Pero lo más llamativo fue en la Ley incorporaron una prohibición expresa para otorgar permisos de prospección, exploración o explotación, cuando usualmente las actividades permitidas y no permitidas son definidas en los planes de manejo que sería la guía que orienta a un área protegida.

Por eso, antes de discutir si una actividad específica debe permitirse o prohibirse, hay que ordenar el origen del problema; cuáles son los límites reales del área, qué superficie pertenece efectivamente al dominio público, qué derechos preexistentes existían y qué instrumento corresponde utilizar para definir actividades permitidas o prohibidas.

Ing. Agr. Alfredo Molinas: Entonces, ¿el problema no es solamente ambiental, sino también jurídico e institucional?

Biol. Jorge Martínez: Exactamente. El ambiente debe protegerse, pero debe protegerse con instituciones fuertes, basados en resultados de discusiones científicas y con seguridad jurídica. Si una actividad es incompatible con los objetivos de conservación de un área protegida, debe ser rechazada, pero ese rechazo debería surgir de estudios técnicos, científicos, sociales y ambientales, no de una prohibición coyuntural política incorporada directamente en una ley.

La legislación debería crear el marco general de protección, definir el área, establecer objetivos y asegurar la institucionalidad. Pero las actividades permitidas, restringidas o prohibidas deberían ser definidas por el plan de manejo con una zonificación, luego de haber pasado por una evaluación de impacto ambiental y los dictámenes técnicos de la autoridad competente que es el MADES.

Cuando una Ley prohíbe de antemano una actividad específica, sin permitir que se estudie, se mida, se evalúe o se analice técnicamente, se debilita al MADES y también se debilita la ciencia. Lo que ocurrió en la Ley vigente y que extrañamente algunos defienden “es como decir que no necesitamos estudios técnicos-científicos porque la decisión política ya fue tomada”.

Y esto sienta un precedente peligroso, porque si hoy una ley prohíbe por presión ambiental o social, mañana otra ley puede habilitar cualquier otra área por presión económica. Y en ambos casos se desplaza la discusión técnica científica.

Ing. Agr. Alfredo Molinas: ¿Si se modifica la ley o se elimina la prohibición de la ley equivale a desproteger el parque?

Biol. Jorge Martínez: No. Y esa es una distinción fundamental que es necesario recalcar y repetir.

La modificación de la Ley o eliminación de esa sección de la Ley donde existe una prohibición específica no significa otorgar un permiso automático para ninguna actividad o que al día siguiente una empresa pueda entrar a hacer prospección, exploración o explotación de hidrocarburos.

Esto tiene que volver al carril correspondiente de hacer una zonificación del área con un plan de manejo participativo y que respete los derechos de todas las partes, luego identificar cuáles son actividades permisibles y permitidas y luego de igual forma debe pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental, la consulta a los actores afectados, los estudios científicos y la decisión técnica del MADES.

Si en uno de estos pasos y los estudios demuestran que una actividad no es viable, el MADES debe rechazarla. Y ese rechazo sería mucho más sólido, porque estaría basado en información técnica, científica y territorial, no solamente en una prohibición política.

Justamente es ese camino el que debe fortalecerse junto con un apoyo integral al MADES y no puentearlo con leyes que finalmente tienen el impacto contrario y fomente la dejadez de las áreas y la desprotección de algunos sitios.

Ing. Agr. Alfredo Molinas: Jorge, algunos grupos organizados sostienen la consigna “Los Médanos no se tocan” ¿Cómo analizas esa posición frente a la realidad actual del parque?

Biol. Jorge Martínez: Creo que es una preocupación legítima por conservar un área de enorme valor ambiental, pero también debemos ser honestos, ya que muchas veces se defiende el parque en el discurso mientras en la realidad el área sigue con debilidades estructurales desde su misma creación.

Decir “Los Médanos no se tocan” suena lindo comunicacionalmente, pero la pregunta real debería ser ¿hoy el P. N. está realmente protegido? Porque un área protegida no se conserva solo porque una ley lo diga o porque una consigna o campaña de comunicación diga que no se toca.

Un área protegida se conserva con Guarda parques, presupuesto, control, infraestructura, monitoreo, investigación científica, trabajo con comunidades locales y presencia efectiva del Estado en el territorio.

Por otro lado, si las mismas organizaciones que lo defienden públicamente no tienen inversiones concretas en el área, entonces estamos frente a una protección más de imagen que real, en donde proclaman la excepcionalidad del área pero son pocas las organizaciones que invierten fondos en esas áreas únicas.

Por eso, si se van a organizar únicamente para rechazar propuestas o cualquier modificación legal, pero el parque sigue sin recursos, sin guardaparques suficientes, sin infraestructura y sin investigación permanente, entonces habrán ganado la discusión política y comunicacional, pero el parque seguirá desprotegido y la conservación del área será por motivos legales y no técnica.

Ing. Agr. Alfredo Molinas: Jorge, una pregunta central: ¿puede coexistir la búsqueda y aprovechamiento de recursos naturales con un área protegida?

Biol. Jorge Martínez: No hay una respuesta automática ya que probablemente no sea sí en todos los casos pero tampoco se puede decir que no sin estudiar. Justamente para eso existen la ciencia, los planes de manejo, la evaluación de impacto y la autoridad ambiental.

Un área protegida no significa necesariamente que todo estudio, toda investigación o toda actividad humana esté prohibida de manera absoluta. Significa que cualquier intervención debe analizarse con mucho mayor rigor, bajo criterios técnicos, científicos, ambientales y sociales y económicos.

Lo que hoy está mal orientado, es que plantean que lo que pueda hacer o no en un área protegida o en su zona de amortiguamiento se está decidiendo por presión política y no por estudios serios.

En este caso particular hay que diferenciar tres cosas que muchas veces se mezclan, investigar, prospectar y explotar no son lo mismo. La búsqueda de información científica o geológica no equivale automáticamente a una autorización de explotación. Y permitir que se estudie tampoco significa permitir que se extraiga.

La conservación no debería tener miedo al conocimiento y el conocimiento se obtiene a través de investigaciones y por ende hay que exigir información, más estudios y más investigación.

Sin embargo, hoy en día estamos viendo a investigadores pidiendo que no se investigue y eso es bastante llamativo, ya que justamente los recursos naturales se protegen con sustento científico y no con sustento político.

Ing. Agr. Alfredo Molinas: Finalmente ¿qué deberían hacer el Parlamento y el MADES para ordenar este debate y evitar nuevos errores institucionales?

Biol. Jorge Martínez: En mi opinión, el Parlamento debería actuar con mucha prudencia para no cometer ahora el error inverso al que se cometió en la Ley Nº 5723/2016. En aquel momento se incorporó en la ley una prohibición expresa para actividades de prospección, exploración o explotación, cuando ese tipo de restricciones deberían surgir de instrumentos técnicos como el plan de manejo, la zonificación, los estudios científicos y la evaluación de impacto ambiental.

Por lo que ahora tampoco sería correcto que una nueva ley pase al otro extremo y autorice actividades de manera directa. El camino no debería ser prohibir o permitir por ley, debería devolver la decisión al cauce institucional correspondiente, tal como funcionan y operan todas las demás áreas protegidas donde lo permitido o prohibido están en los planes de manejo.

Como mencione hace rato reencausar el marco legal no significa desproteger el Parque Nacional Médanos del Chaco ni abrir una autorización automática. Significa que cualquier actividad, incluso una prospección, debería pasar obligatoriamente por el plan de manejo, la evaluación ambiental, los estudios técnicos, las consultas correspondientes y la decisión fundada del MADES.

Además, se debería incluir algun artículo que encomiende una nueva mensura judicial para saber con precisión cuál es la superficie real del área protegida, cuáles son sus límites, qué parte corresponde al dominio público y qué situaciones jurídicas de terceros deben ser regularizadas conforme a derecho.

La salida no es una ley para prohibir todo ni una ley para permitir todo. La salida es recuperar la institucionalidad, esa es la mejor forma de proteger realmente Médanos del Chaco haciendo que límites claros, investigaciones y estudios científicos, planes de manejo actualizados, evaluación ambiental y un MADES fortalecido con autoridad para decidir técnicamente en pos del desarrollo sostenible del país.