PROYECTO PARAGUAY + VERDE: ¿CINCO AÑOS PERDIDOS? Y 50 MILLONES DE US$ GASTADOS PARA LLENAR DE PAPELES LAS INSTITUCIONES JULIO DEL 2026

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes unas apreciaciones sobre el fin del fondo ambiental más grande que ha llegado a la República del Paraguay y del cual muy poco se ha oído resultados concretos.

 I.- INTRODUCCION

1.- Faltan poco más de 100 días para que concluya el proyecto Paraguay + Verde y la pregunta que ninguna de las instituciones responsables parece dispuesta a responder de manera sencilla es la más elemental de todas: ¿QUÉ BENEFICIO CONCRETO DEJARON AL PAÍS LOS US$ 50 MILLONES ADMINISTRADOS DURANTE ESTOS AÑOS?

2.- Nos preguntamos cuántos talleres se realizaron, cuantas consultorías tuvieron un impacto real, cuántas reuniones se organizaron y cuántos documentos fueron impresos como planes y proyectos que están adornando las redes sociales de las instituciones.

3.- No preguntamos que cambio trajeron los 50 millones de USD al país, ahora que el proyecto esta por culminar. ¿Qué reducción adicional de la pobreza puede atribuirse al proyecto? ¿Cuántas comunidades indígenas mejoraron efectivamente sus ingresos y sus condiciones de vida? ¿Cuántos productores recibieron incentivos para conservar bosques? ¿Cuánto se redujo la deforestación ilegal? ¿Cuántos proyectos productivos sostenibles fueron financiados? ¿Qué capacidad permanente quedó instalada en los territorios?

4.- Después de cinco años y de 50 millones de US$ gastados, estas preguntas deberían tener respuestas claras, acompañadas de cifras verificables. Sin embargo, la información permanece fragmentada entre páginas del PNUMA, PNUD, FAO, y el Fondo Verde para el Clima. Cada organismo presenta sus actividades, pero nadie muestra el resultado consolidado para el país.

II.- EL PRIMER FRACASO OCURRIÓ ANTES DE COMENZAR

1.- El proyecto nació con una mala decisión. La evaluación técnica reconoció que Paraguay podía acceder a aproximadamente US$ 72,5 millones por las reducciones de emisiones forestales logradas entre 2015 y 2017. Sin embargo, el PNUMA, elegido como entidad acreditada, tenía un límite de acreditación de US$ 50 millones.

2.- En consecuencia, la propuesta se redujo y quedaron fuera US$ 22,5 millones que también correspondían al Paraguay. El documento señalaba que el país podría presentar posteriormente otra propuesta para solicitar los recursos restantes, pero hasta hoy no se conoce que ese dinero haya sido recuperado por PNUMA, PNUD, FAO, quienes son los que manejaron el proyecto en este tiempo.

3.- La pregunta es inevitable: ¿por qué se eligió una entidad que no podía canalizar la totalidad del pago que correspondía al país? ¿Quién asumió la responsabilidad por los US$ 22,5 millones que no fueron recibidos? ¿Qué gestión posterior realizó el estado y PNUMA, PNUD, FAO para recuperar esos recursos?

4.- No fue el país el que incumplió. Fueron las entidades seleccionada la que no tenía capacidad suficientes y tampoco fueron sinceros con el país quien tuvo que soportar la pérdida de la oportunidad financiera de 22,5 millones de USD.

5.- Este antecedente demuestra que los problemas de Paraguay + Verde no comenzaron durante la ejecución. El proyecto ya nació condicionado por las limitaciones de la agencia internacional encargada de administrarlo.

III.- LOS PRODUCTORES DEL PAÍS PUSIERON LOS BOSQUES Y LAS AGENCIAS SE LLEVARON EL DINERO

1.- Los US$ 50 millones recibidos por Paraguay no fueron una donación ni un acto de generosidad del Fondo Verde del Clima. Fueron un pago por resultados ambientales que el país ya había alcanzado mediante la reducción de emisiones forestales durante el periodo 2015–2017.

2.- Esos resultados se produjeron sobre el territorio nacional y, principalmente, sobre bosques ubicados en propiedades privadas y territorios indígenas. Fueron los productores, propietarios rurales y comunidades quienes conservaron los bosques, asumieron restricciones sobre el uso de sus tierras y soportaron los costos económicos derivados de mantener superficies que no podían incorporar plenamente a sus actividades productivas.

3.- Sin embargo, cuando llegó el momento de recibir los beneficios, los verdaderos protagonistas de la conservación quedaron relegados. La administración de los recursos fue entregada al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con participación del PNUD y la FAO, que instalaron sus propias estructuras de ejecución, contrataron especialistas y consultores, organizaron talleres, financiaron viajes y distribuyeron los recursos conforme a sus procedimientos administrativos.

4.- De los US$ 50 millones, el proyecto destinó US$ 5,23 millones solamente a su administración. Dentro de este presupuesto se contemplaron US$ 1.050.000 para un oficial de proyecto, US$ 441.000 para viajes y montos considerables para especialistas en finanzas, género, salvaguardas, comunicación, gestión del conocimiento, administración y operaciones. A ello deben agregarse oficinas, logística y costos directos del PNUMA, FAO y PNUD.

5.- Mientras la estructura administrativa fue financiada desde el primer día, no se conoce una transferencia proporcional de recursos hacia los productores que conservaron los bosques. Tampoco existe una rendición consolidada que permita saber cuánto dinero llegó directamente a comunidades indígenas, pequeños productores, propietarios de reservas forestales o iniciativas productivas desarrolladas en el territorio.

6.- Las agencias pueden presentar como resultados los planes elaborados, las plataformas diseñadas, los talleres realizados y las personas capacitadas. Pero ninguna de estas actividades modifica el hecho central: quienes generaron el resultado ambiental que permitió acceder a los fondos no fueron quienes administraron ni recibieron la mayor parte de sus beneficios.

7.- Incluso la certificación de más de 145.000 hectáreas de territorios indígenas, presentada como uno de los principales logros del proyecto, debe ser explicada con mayor transparencia. Una superficie certificada no significa necesariamente que los certificados hayan sido vendidos ni que las comunidades hayan recibido ingresos. El resultado no debe medirse únicamente en hectáreas registradas, sino en operaciones realizadas, dinero efectivamente transferido y mejoras comprobables en las condiciones de vida de sus propietarios.

8.- Algo similar ocurre con los productores privados. Sus bosques fueron contabilizados para demostrar las reducciones de emisiones del Paraguay, pero no se conoce un programa significativo de incentivos, compensaciones o inversiones directas que les permita sostener económicamente la conservación.

9.- Esta es una contradicción que se repite en numerosos proyectos internacionales: el productor aparece como responsable cuando se habla de emisiones, deforestación o degradación ambiental, pero desaparece cuando llega el momento de distribuir los fondos.

10.- La cooperación internacional utiliza los bosques privados para justificar resultados, presenta a las comunidades indígenas como beneficiarias prioritarias y utiliza la pobreza rural como argumento para acceder al financiamiento. Sin embargo, una vez aprobados los recursos, la mayor capacidad de decisión y ejecución queda concentrada en las agencias, sus equipos técnicos y sus procedimientos administrativos.

IV.- CASI US$ 18 MILLONES PARA UN FONDO QUE NUNCA FUNCIONÓ

1.- Uno de los componentes más importantes de Paraguay + Verde contemplaba US$ 18,67 millones para establecer el Fondo para el Cambio Climático. De ese monto, aproximadamente US$ 17,85 millones debían destinarse directamente a su capitalización.

2.- Este Fondo debía financiar iniciativas concretas de mitigación y adaptación, permitiendo que universidades, comunidades, asociaciones de productores, organizaciones e instituciones nacionales presentaran proyectos y accedieran a los recursos.

3.- Nada de eso ocurrió en la escala prometida. El Fondo nunca fue efectivamente establecido y puesto en funcionamiento. Durante años se contrataron consultorías, se elaboraron borradores, reglamentos, manuales, estructuras de gobernanza y alternativas fiduciarias. El propio informe del proyecto correspondiente a 2023 reconocía que la capitalización no había comenzado debido a los retrasos legales e institucionales.

4.- A poco más de 100 días del cierre previsto, las preguntas son obligatorias:

¿Dónde están actualmente los US$ 17,85 millones destinados a la capitalización? ¿Continúan en poder del PNUMA? ¿Fueron reprogramados? ¿Generaron intereses? ¿Se utilizaron para otras actividades? ¿Serán transferidos al país? ¿Volverán al Fondo Verde para el Clima? ¿Quién tomó las decisiones sobre esos recursos?

5.- No basta con responder que el dinero se encuentra contablemente reservado, es necesario explicar por qué, después de cinco años, el instrumento que debía llevar financiamiento al territorio nunca llegó a funcionar.

6.- Si el proyecto termina sin establecer y capitalizar el Fondo para el Cambio Climático, no estaremos ante una simple actividad pendiente, estaremos ante el mayor incumplimiento operativo de un proyecto de cooperación ambiental de la historia de la Republica de Paraguay y esto debe ser analizado para que nunca mas estas agencias administren dinero publico.

V.- NO FUE FUTUROLOGÍA: LO ADVERTIMOS HACE CINCO AÑOS

En abril de 2021 advertimos públicamente que este proyecto podía terminar absorbido por agencias internacionales, consultorías, gastos administrativos, infraestructura institucional y documentos, mientras los verdaderos responsables de conservar los bosques quedaban alejados de sus beneficios.

Cinco años después, Paraguay + Verde se aproxima a su final sin que exista una rendición pública consolidada, sin que el Fondo para el Cambio Climático haya operado como fue prometido y sin que se conozca el destino efectivo de los casi US$ 18 millones previstos para su capitalización.

Lo que advertimos ocurrió. No fue futurología. Fue simplemente conocer cómo funcionan estas agencias: proyectos que comienzan lentamente, estructuras administrativas que se instalan rápidamente, recursos que se distribuyen entre organismos, decisiones que se retrasan, actividades que se reprograman y resultados que nunca llegan al territorio en la dimensión prometida.

VI.- ES HORA DE RENDIR CUENTAS Y EL CONGRESO NACIONAL LO DEBE EXIGIR

1.- A poco más de 100 días de la culminación prevista de Paraguay + Verde, ya no corresponde seguir esperando que las instituciones responsables decidan voluntariamente explicar qué hicieron con los recursos. La rendición de cuentas debe ser exigida por el Congreso Nacional.

2.- Estamos hablando de US$ 50 millones obtenidos mediante resultados ambientales generados por el Paraguay y administrados en nombre del país. No importa que los recursos no hayan ingresado directamente al Presupuesto General de la Nación ni que hayan sido manejados por agencias de las Naciones Unidas.

3.- El resultado que permitió acceder al financiamiento fue nacional, las instituciones públicas paraguayas participaron en su formulación y ejecución, y los compromisos fueron asumidos en representación de la República.

4.- El argumento de que los fondos fueron administrados por el PNUMA no puede convertirse en una barrera para el control público. Por el contrario, obliga a las autoridades paraguayas a explicar bajo qué condiciones delegaron esa administración, qué mecanismos de supervisión establecieron y cómo verificaron que los recursos fueran utilizados en beneficio del país.

5.- El Congreso debe solicitar al MADES, al MEF, al INFONA y al Ministerio de Relaciones Exteriores todos los antecedentes relacionados con Paraguay + Verde: acuerdos, presupuestos, desembolsos, modificaciones, informes financieros, auditorías, contrataciones, planes operativos y evaluaciones de resultados.

6.- También debe exigir una explicación sobre la selección del PNUMA como entidad acreditada, a pesar de que su límite de acreditación impidió canalizar la totalidad de los aproximadamente US$ 72,5 millones que correspondían al Paraguay. Las autoridades deben informar qué ocurrió con los US$ 22,5 millones restantes, si alguna vez se presentó una segunda propuesta y quién asumió la responsabilidad por no recuperar esos recursos.

7.- Otro punto central debe ser el destino de los casi US$ 18 millones previstos para el Fondo para el Cambio Climático. El Congreso debe requerir información precisa sobre dónde se encuentran esos fondos, quién los administra actualmente, si fueron reprogramados, si generaron intereses y qué ocurrirá con ellos después de la culminación del proyecto.

8.- No puede aceptarse una respuesta genérica sobre retrasos institucionales. Después de cinco años, debe identificarse quién tenía la responsabilidad de reglamentar y poner en funcionamiento el Fondo, qué gestiones realizó, qué obstáculos encontró y por qué uno de los principales resultados del proyecto nunca llegó a concretarse.

9.- Las agencias de las Naciones Unidas también deben ser convocadas a presentar sus informes ante las comisiones del Congreso. El PNUMA, el PNUD y la FAO administraron y ejecutaron componentes importantes del proyecto, y aunque el Parlamento paraguayo no tenga sobre ellas las mismas potestades coercitivas que posee sobre las instituciones nacionales, puede exigir que el Gobierno obtenga y publique la totalidad de la información financiera y técnica disponible.

10.- Estas agencias de las Naciones Unidas que tanto se jactan de transparencia, deberían comparecer públicamente para explicar su gestión. Si estas agencias sostienen que sus procedimientos son transparentes y que los recursos fueron correctamente utilizados, no deberían tener ningún inconveniente en presentar ante la representación nacional una rendición completa.

11.- El Congreso debe solicitar además la intervención de la Contraloría General de la República para que determine el alcance de sus competencias sobre los recursos, bienes, obras y componentes ejecutados por instituciones paraguayas. La nueva sede del MADES, los vehículos, equipos, plataformas y demás bienes adquiridos deben formar parte de un inventario público que identifique su costo, ubicación, estado y responsable institucional.

12.- Para los fondos administrados directamente por las agencias internacionales, debe exigirse al PNUMA y al Fondo Verde para el Clima una auditoría financiera completa e independiente. No basta con los informes elaborados por los mismos organismos encargados de ejecutar el proyecto.

13.- La rendición debe informar, como mínimo, cuánto recibió cada agencia; cuánto ejecutó; cuánto gastó en personal, consultorías, viajes, talleres, comunicaciones y administración; cuánto transfirió a instituciones nacionales; cuánto llegó a productores y comunidades; qué contratos fueron firmados; quiénes fueron contratados; y qué resultados verificables se obtuvieron.

14.- También debe establecer cuánto dinero permanece sin ejecutar y cuál será su destino después del cierre.

15.- No queremos una ceremonia de clausura del proyecto llena de discursos, fotografías y presentaciones institucionales. Tampoco un documento elaborado para demostrar formalmente que todas las actividades fueron cumplidas. Queremos una rendición que permita comparar cada dólar utilizado con un resultado concreto en el territorio.

16.- Los US$ 50 millones no pertenecían al PNUMA, al PNUD, a la FAO ni a los funcionarios que administraron Paraguay + Verde. Fueron obtenidos gracias a resultados generados sobre el territorio y los recursos naturales del Paraguay.

17.- Por eso, el país tiene derecho a saber qué ocurrió con cada dólar. Y si las autoridades nacionales no quieren exigir esa explicación, debe hacerlo el Congreso Nacional, y la Constitución Nacional le da esa facultad.

RUMORES Y/O ACIERTOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PARAGUAY COMO SER LAS FISCALIZACIONES EN EL CAMPO: CUANDO EL CONTROL ROZA, EL ATROPELLO Y EL MULTAR NO SIGNIFICA REPARAR EL AMBIENTE – PARTE II – JULIO 2026

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes unas opiniones sobre circunstancias que hacen a la operatividad diaria en el campo.

I.- INTRODUCCIÓN

1.- En una primera publicación expusimos varios vacíos técnicos, administrativos y jurídicos que afectan diariamente a los productores agropecuarios. En esta segunda parte corresponde abordar uno de los temas más sensibles: la forma en que se desarrollan determinadas fiscalizaciones en el campo.

2.- Fiscalizar es una función necesaria del estado, en ese sentido el MADES, INFONA, SENAVE, SENACSA, la Policía Nacional a través del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA), la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y los gobiernos locales poseen competencias que deben ejercer.

3.- El problema comienza cuando la fiscalización deja de enfocarse en prevenir, corregir y reparar el daño ambiental y se transforma en una búsqueda de cualquier error documental o administrativo que permita abrir un sumario y aplicar una multa, pasando del control a la persecución administrativa y/o penal ambiental.

4.- No se cuestiona a todos los funcionarios ni se afirma que todas las intervenciones sean irregulares, pero si es notorio la existencia de prácticas recurrentes que según productores consultados, convierten el control estatal en una fuente de incertidumbre, presión económica e indefensión.

II.- EL PRODUCTOR FORMAL SE CONVIERTE EN EL OBJETIVO MÁS FÁCIL

1.- En el campo existe una percepción cada vez más extendida, donde el productor que tiene licencia ambiental, RUC, títulos, planes, mapas, consultores y domicilio conocido termina siendo el más fácil de localizar, inspeccionar y sancionar y coaccionar.

2.- Las instituciones ya cuentan con sus datos, coordenadas, expedientes y antecedentes. Por eso, resulta sencillo llegar hasta su establecimiento, revisar documentos y buscar diferencias entre lo aprobado, lo declarado y lo observado durante una visita.

3.- Mientras tanto, quienes desarrollan actividades verdaderamente clandestinas, sin licencia, sin planes, sin documentos y al margen de la ley, no siempre reciben la misma atención institucional. El resultado es una contradicción; el sistema concentra su capacidad de control sobre quien está registrado y procura cumplir, mientras los infractores que operan fuera de los registros pueden permanecer invisibles.

4.- Si esta percepción que se da en campo con todas las instituciones no se corresponde con la realidad, las instituciones deberían demostrarlo publicando sus criterios de selección, la cantidad de establecimientos fiscalizados, su condición de formalidad, la causa de cada intervención y los resultados ambientales obtenidos. La transparencia también protege a los funcionarios que actúan correctamente.

5.- El control no puede reducirse a visitar reiteradamente al productor conocido porque es el objetivo más accesible. Una política seria de fiscalización debe orientarse prioritariamente hacia actividades de mayor riesgo, denuncias fundadas, daños detectados y operadores que trabajan sin autorización.

III.- CUANDO SE FISCALIZA BUSCANDO UNA INFRACCIÓN

1.- Los productores continuamente nos comentan acerca de intervenciones en las que no se les explica claramente el motivo de la visita, la norma cuyo cumplimiento se pretende verificar ni el alcance del recorrido. En otras ocasiones, funcionarios de distintas instituciones ingresan simultáneamente o de manera sucesiva, repiten mediciones y elaboran actas separadas sobre los mismos hechos.

2.- También se mencionan actas con descripciones generales, fotografías sin suficiente contexto, coordenadas aisladas o conclusiones técnicas emitidas por personas que no conocen adecuadamente la actividad productiva fiscalizada.

3.- Una pastura, un tajamar, un cauce intermitente, una cortina rompevientos, una parcela en rotación o un sistema silvopastoril no pueden interpretarse correctamente sin conocimientos técnicos. Cuando el funcionario carece de esa formación, debe limitarse a registrar objetivamente lo observado y solicitar la intervención de profesionales especializados.

4.- El acta de fiscalización no es una sentencia pero en los sumarios realizados por algunas institucionales tienen casi ese efecto. En la práctica se convierten casi automáticamente en la base para abrir un sumario, imponer medidas preventivas o remitir antecedentes al Ministerio Público.

5.- A partir de ese momento, el productor debe contratar abogados y técnicos, preparar descargos, trasladarse hasta Asunción y defenderse durante meses o años. Incluso cuando finalmente demuestra que no existió infracción, el daño económico, operativo y reputacional ya fue ocasionado.

IV.- INGRESO A PROPIEDADES Y DEBIDO PROCESO

1.- La condición de funcionario público no habilita un ingreso informal e ilimitado a cualquier sector de una propiedad privada. Los fiscalizadores deben identificarse, exhibir una orden institucional, explicar el objeto de la intervención y delimitar las áreas que serán verificadas.

2.- También deben permitir que el propietario, encargado o responsable técnico acompañe el procedimiento, formule observaciones y reciba inmediatamente una copia completa del acta y sus anexos.

3.- El productor no puede ser colocado ante la falsa alternativa de permitir cualquier actuación o ser acusado de obstrucción. La facultad estatal de controlar debe ejercerse respetando la propiedad privada, el derecho a la defensa y los límites legales de cada institución.

4.- Cuando estas garantías no se cumplen, la evidencia obtenida puede perder credibilidad y fuerza probatoria.

5.- Y un procedimiento defectuoso no se vuelve válido simplemente porque fue realizado por una autoridad.

V.- LA SUPERPOSICIÓN INSTITUCIONAL COMO MECANISMO DE PRESIÓN

1.- Un mismo establecimiento puede recibir intervenciones del MADES, INFONA, SENAVE, SENACSA, DEBOA, Ministerio Público, municipalidades y gobernaciones. La concurrencia de competencias puede ser legítima, pero la falta de coordinación genera una presión desproporcionada.

2.- El productor termina presentando varias veces los mismos documentos, acompañando diferentes recorridos y respondiendo procedimientos paralelos. Una institución puede considerar regularizada una situación mientras otra mantiene observaciones sobre los mismos hechos.

3.- No corresponde que cada organismo actúe como si los demás no existieran. El Estado es uno solo y debe coordinar sus actuaciones, compartir información y delimitar claramente quién constata los hechos, quién determina la infracción y quién tiene competencia para sancionar.

VI.- LA RESPONSABILIDAD TAMBIÉN DEBE ALCANZAR AL FUNCIONARIO PÚBLICO

1.- El productor debe responder cuando comete una infracción comprobada. Pero la responsabilidad no puede funcionar en una sola dirección.

2.- El fiscalizador debe responder por la veracidad y precisión de los hechos consignados en el acta. El técnico debe responder por sus conclusiones. El instructor y el asesor jurídico deben verificar que existan pruebas suficientes antes de recomendar una sanción.

3.- Cuando un propietario denuncia falsedad, negligencia, abuso de autoridad, omisiones relevantes o incumplimiento del protocolo, la institución debe investigar. Si existen indicios suficientes, corresponde abrir un sumario al funcionario involucrado.

4.- Esto no representa una persecución contra quienes fiscalizan, sino que debería ser la consecuencia normal de ejercer una función pública con capacidad para afectar el patrimonio, la actividad y la reputación de una persona.

5.- Por ello es necesario en forma urgente aprobar protocolos obligatorios de fiscalización para el MADES y promover instrumentos equivalentes y coordinados con INFONA, SENAVE, SENACSA, DEBOA y el Ministerio Público, y asi mismo se debe crear un canal independiente para denunciar irregularidades cometidas durante las fiscalizaciones e investigar la responsabilidad administrativa de fiscalizadores, técnicos, instructores y asesores cuando existan indicios de actuaciones dolosas o negligentes.

VII.- CONCLUSIÓN

1.- El campo no se opone a la fiscalización. Se opone al atropello, a la improvisación técnica, a la superposición institucional y a que el error administrativo sea perseguido con mayor intensidad que el daño ambiental real.

2.- Multar a quien tiene domicilio, licencia y expediente abierto es fácil. Encontrar y detener a quien opera completamente al margen de la ley exige inteligencia, planificación y presencia territorial.

3.- El éxito de una política ambiental no debe medirse por la cantidad de actas, sumarios o dinero recaudado. Debe medirse por los daños evitados, las áreas restauradas, los recursos naturales recuperados y la confianza generada entre el Estado y quienes producen.

4.- Cuando la multa financia a la institución, pero el daño permanece en el campo, no existe verdadera recomposición ambiental. Existe recaudación.

5.- Fiscalizar mejor no significa fiscalizar menos. Significa dirigir el control hacia donde realmente se produce el daño, respetar el debido proceso y asegurar que cada sanción tenga un resultado ambiental concreto.