PLANES DE USOS DE LAS TIERRAS Y SUS ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES APLICADOS A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL USO Y MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL PARAGUAY

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), me permito presentar modelos de “PLANES DE USOS DE LAS TIERRAS Y SUS ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES APLICADOS A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL USO Y MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL PARAGUAY”; para el debate y discusión de los visitantes de este BLOG.

Existen normas legales y administrativas que las unidades productivas necesitan respetar para realizar la planificación para el aprovechamiento racional de sus recursos naturales productivos en sus tierras en el Chaco paraguayo; además de los “Planes Usos de las Tierras” necesitan contar con sus “Estudios de Evaluación del Impactos Ambiental”. Estas herramientas legales administrativas de carácter normativo vigentes aseguran el compromiso del cumplimiento de las leyes forestales y ambientales y que regulan, limitan, prohíben y fomentan el uso y manejo racional de los recursos naturales productivos de las unidades productivas del área de influencia del proyecto.

Modelo de Plan de Uso de la Tierra con un Adecuado Sistema de Captación y Distribución de Agua en Unidades Productivas del Chaco Paraguayo

Ley Nº422/73 “Forestal” bajo administración y aplicación actualmente por el INFONA, que por el Decreto N°11.681/75 “Por el cual se reglamenta la Ley N°422/73” y la Resolución Nº7/2002: “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los PLANES DE MANEJO FORESTAL”; y la Resolución Nº224/2001: “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los PLANES DE USO DE LA TIERRA”. Podemos aseveramos que este marco legal, su decreto reglamentario y sus resoluciones regulan el uso de los recursos naturales productivos de las unidades productivas agropecuarios y/o de aprovechamiento forestal.

Ley Nº294/93 de “EIA” administrada actualmente por el MADES; obligando a las unidades productivas agropecuarias y/o de aprovechamiento forestal que aplican para al aprovechamiento de sus recursos naturales productivos los “Planes de Manejo Forestal y/o Planes de Uso de la Tierras” desarrollen sus “Estudios de Impacto Ambiental” y generando sus “PGA” de cumplimiento obligatorio cuyo resultado de aplicación contribuyen a que estas unidades productivas sean cada vez más sostenidos, sustentables y sostenibles.

Ley Nº3001/2006 de “Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales en Paraguay” vienen fomentando la formación de conciencia de quienes producen y de quienes se benefician; la identificación clara del flujo de servicios; la cuantificación de servicios; la valoración económica de servicios; la creación de un marco legal apropiado; y los arreglos institucionales para su implementación.

Describiendo las funciones de las institucionales, leyes, decretos, resoluciones que norman a los “Planes de Uso de la Tierras” y sus respectivos “Estudios de Impacto Ambiental” es importante mencionar las características biofísicas y sistemas de producción según sus condiciones geológicas y edafoclimáticas de la Región Occidental o Chaco. El Chaco paraguayo, está constituida por una inmensa planicie sedimentaria de origen aluvial, que representa el 60% del territorio nacional, pero contiene a tan sólo el 3% de su población del país. En esta Región Occidental, la disponibilidad de agua y de suelos determina las formaciones y coberturas vegetales; en el bajo Chaco predominan suelos aluviales muy arcillosos que son modelados continuamente por los ríos que transportan y acumulan sedimentos.

Datos oficiales del CAN del 2008, nos indica que a ese año solamente el 3% de las unidades productivas del sector agro-rural del Paraguay se hallan en la Región Occidental el Chaco es decir unas 8.028 fincas de un total de 288.875 fincas censadas, donde además nos indican que de estas ocupan una superficie de 17.644.612 Has, y por las condiciones naturales de las tierras se dedican a la ganadería extensiva, y en algunos casos, a la agricultura intensiva asociada a la ganadería. Pero según datos del año 2019 de la ARP actualmente está Región Occidental o Chaco cuenta con casi 6,5 millones de cabezas de ganado, representando cerca del 45% de la carne vacuna exportada y el 32% de la producción de leche.

La DGP dependiente del MAG estableció que la Región Occidental o Chaco el uso y manejo de los recursos naturales productivos de sus territorio presenta limitaciones naturales para la producción agrícola por sus condiciones edafoclimáticas, pero sin embargo es muy adecuado para el uso y manejo racional de sus recursos naturales productivos para la ganadería extensiva para engorde, cría y especialmente silvopastoril, pero donde su producción se viene sustentando en la habilitación planificada de las tierras con una Cobertura Vegetal con Estratos Boscoso y del aprovechamiento de otros espacios naturales adecuados para la producción ganadera.

 Otros datos a considerar es que la DGP dependiente del MAG elaboro un análisis de la Región Occidental o Chaco; sobre base de los estudios generados por el Sistema Ambiental del Chaco ejecutado por la SSERNMA y la cooperación del Instituto de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de Alemania en 1995, se contaría con suelos con un potencial cultivable preferentemente para fines agrícolas de 2.300.000 Has. En tanto que el potencial de suelos preferentemente para el aprovechamiento con fines ganaderos unas 15.400.000 de Has; y el potencial de sus suelos preferentemente para fines forestal con unas 4.000.000 de Has (MAG/STP 1999).

Un hecho casi histórico en el proceso de uso y manejo de los recursos naturales sostenibles en la Región Occidental o Chaco; es señalado por los propios productores que destinan sus unidades productivas preferentemente para la producción ganadera extensiva para engorde y cría, sean estos organizados y no organizados  señalan que el Chaco trabajaba de una manera poco sostenible, debido principalmente al poco conocimiento de las normativas forestales y ambientales vigentes, antes de los “OPERATIVOS SOBERANÍAS” de Junio a Setiembre del 2005 que realizó la SEAM hoy MADES, en coordinación con el SFN hoy INFONA, la Unidad Especializada de la Fiscalía Ambiental y otras instituciones de control.

Imágenes que Ilustran los Operativos Soberanías Realizados por la Instituciones Públicas Ejecutivas en Unidades Productivas de la Región Occidental en el 2005

Es reconocido que estos operativos denominados “SOBERANÍAS” a finales de Diciembre del 2005, que las instituciones del Gobierno como el MAG, SEAM hoy MADES y el SFN hoy INFONA, lograron comunicar, dialogar y además acordar con los productores organizados y no organizados del Chaco y propietarios de las fincas, que para que producir en forma sustentables, se deberán primero necesariamente en forma gradual adecuarse con “Planes Usos de las Tierras” y sus “Estudios de Impactos Ambientales”, y dando así cumplimiento de las leyes forestales y ambientales vigentes, de forma a permitir un mayor equilibrio de la producción entre el uso de la tierra y el medio ambiente.

Desde Diciembre del 2005 que se firmó el “ACUERDO DE TRABAJO” donde los productores, sean de nacionalidad paraguaya o extranjera, asumían de manera conscientes de que al adquirir tierras e iniciar la inversión en sus nuevas unidades productivas, así aquellas unidades productivas ya desarrolladas en respeto a las normativas legales forestales y ambientales vigentes, deberían dejar bajo conservación el 45% del área total de la Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos existentes comprendido por reserva legal forestal, protección de cauces hídricos, franja de protección, corriendo a cuenta de los mismos propietarios, la inversión o el pago para conservar y proteger esa Cobertura Vegetal de Estratos Boscosos y la biodiversidad en la Región Chaqueña.

El reto desde Diciembre del 2005 en adelante especialmente para la producción en el Chaco paraguayo era y es avanzar e implementar sistemas productivos cada vez más sostenibles, donde los estilos de producción se ajusten al aprovechamiento racional de los recursos naturales productivos y que estén en armonía con el ambiente, por el cual es justamente lo que productores en el Chaco vienen aprendiendo a hacer durante todo este tiempo que vienen viviendo y trabajando como productores en el Chaco, por el cual están y siguen desarrollando más tecnologías apropiadas en base a varios años de investigación y trabajo sistemático de técnicos de altísimo nivel, que han demostrado las ventajas comparativas de las actividades agropecuarias y de aprovechamiento forestales mucho más sustentables.

Los productores aseveran hasta la actualidad que la producción ganadera y/o silvopastoril para engorde y/o cría son habilitas en la mayoría de los casos sobre tierras con Cobertura Vegetal de Estrato Boscoso, con potreros promedios de 50 – 100 Has, sembrando pasturas implantadas, de preferencia especies como gatton panic, tanzania, mombaza, buffel, entre otros. Es importante recalcar que los potreros habilitados son producto de “Planes de Usos de las Tierras” y de sus “Estudios de Impacto Ambiental” aprobados por las instituciones responsables de aplicar las leyes forestales y ambientales vigentes.

Las pasturas implantadas producen buenos forrajes para el engorde en los primeros años de uso, y aquellos potreros que disminuyen la producción de forraje son destinados para la cría de ganado; además que aquellas pasturas de menor productividad en la actualidad se realizan cambio de variedades de pastos, limpiezas de malezas, incorporación de leguminosas o movimientos de suelos buscando mejorar sus rendimientos productivos y en algunos casos son destinados a cultivos agrícolas.

Modelo de Plan de Uso de la Tierra con el Plan de Uso Alternativo de la Tierra en Cumplimiento de las Leyes Forestales y Ambientales Vigentes

Otros sistemas de producción en las unidades productivas de usos agrícolas, el uso y manejo se realiza la habilitación de las tierras con parcelas de suelos provenientes de Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos y/o suelos de campos naturales, además otro tipo de habilitación para la agricultura son de aquellas tierras previamente habilitadas para potreros que están degradados y para su recuperación pasan a ser de uso agrícola. Es bueno señalar que la integración de la agricultura a la producción ganadera en unidades productivas inició en el Chaco Central para generar disponibilidad de alimentos energéticos y proteicos de origen agrícola complementarios en el período invernal (helada y sequía) para el ganado vacuno de leche y carne (SEAM y BGR, 2007).

Actualmente los “Planes de Usos de la Tierras” y sus “Estudios de Impactos Ambientales” en la producción de la Región Occidental o Chaco del Paraguay, se caracterizan en general y particular por las siguientes condiciones:

1.- Las unidades productivas en el Chaco en un 90% cuentan con “Planes de Uso de la Tierra” aprobados por el INFONA y sus respectivos “Estudios de Impacto Ambiental” aprobados por el MADES;

Unidad Productiva Aplicando el Plan de Uso Alternativo de la Tierra Conservando la Reserva Legal Forestal, las Franjas Protección Forestal y sus Bosques de Protectores

2.- En cada unidad productiva se conserva el 25% y más de “Reserva Legal Forestal”; que sumados a las “Franjas Protección Forestal” y sus “Bosques de Protectores” de los cursos y fuentes de aguas, alcanzado en promedio por cada unidad productiva de entre 40% a 45% de Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos, que además contribuyen con la conservación y la protección de la biodiversidad y la vida silvestre;

3.- Estas reservas legales forestales y las franjas de protección que dejan los productores en sus unidades productivas en cumplimiento de las leyes forestales y ambientales en el Chaco; pueden usarse además de manera forestal para la producción de madera, leña y carbón, pero con Planes de Manejo pare el Aprovechamiento Forestales, pero previamente aprobados por el INFONA;

4.- Las unidades productivas en el Chaco que cuentan con “Planes de Uso de la Tierra” y sus respectivos “Estudios de Impacto Ambiental” aprobados; cuentan con la aplicación de Buenas Prácticas Pecuarias como ser: Manejo adecuado de los Recursos Hídricos (Sistema de distribución de agua, Franjas Protectoras de Cauces Hídrico y Cosecha y Almacenamiento de agua de lluvia); Manejo del suelo (Ordenamiento predial en base a la capacidad agrológica del suelo, Rotación de potreros, Ajuste de carga animal, Implantación de pasturas adecuadas al suelo y el clima, Manejo de plagas en pasturas, Manejo y cosecha de las reservas forrajeras, Renovación de pasturas, No quema y Manejo de la Regeneración de árboles nativos en potrero; y el Manejo Animal adecuado (Genética adaptada, Sanitación, Manejo reproductivo, Control de preñez, Servicios Estacionales, Control andrológico de Toros, Inseminación Artificial y Bienestar Animal);

Unidad Productiva Aplicando el Plan de Uso Alternativo de la Tierra de su Plan de Uso de la Tierra en Cumplimiento de las Leyes Forestales y Ambientales Vigentes

5.- Estas reserva forestal, bosques de protección de cauces hídricos y sus franjas de protección forestal; se presenta la opción si el propietario productor quiere por derecho aplicando la Ley N°3001/06 “Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” y/o Ley N°352/92 “Área Silvestre Protegidas” pueden ante el MADES convertir estas áreas con Cobertura Vegetal de Estratos Boscosos renunciando como reserva legal y franja de protección forestal, convertirlos en Áreas Silvestres Protegidas Privadas por la Ley N°352/92 “Área Silvestre Protegidas”;

6.- Existen propietarios de las unidades productivas privadas que poseen excedentes de Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos por encima de la “Reserva Legal Forestal”, las “Franja Protección Forestal” y sus “Bosques de Protectores”; que están certificando por servicios ambientales en el marco de la Ley N°3001/06 “Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, ante el MADES con plazo predeterminados;

7.- La Dirección de Servicios Ambientales dependiente del MADES publica que en la Región Occidental o Chaco actualmente hay un total de 835.606 Has de propiedades públicas y privadas con Cobertura Vegetal y Estratos Boscosos y otros como pastizales; de los cuales 686.952 Has son Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos y pastizales son en propiedades públicas como de las ASP y en la propiedades privadas 148.654 Has, ambos con certificados por servicios ambientales aprobados y con plazos predeterminados en el marco de la ley de servicios ambientales; y

Entrega del Primer Certificado de Servicios Ambientales de Proyecto PROMESA Chaco – APAD Agua Dulce Chaco

8.- Datos oficiales nos indican que en el Chaco se cuenta como ASP consagrada a perpetuidad representativa de cada ecosistema: Parques Nacionales con unas 1.838.972 Has; Reserva Nacional de 125.823 Has; y la Reserva de la Biósfera de aproximadamente 4.707.250 Has. Pero el desafío que persiste es que las autoridades responsables de aplicar la Ley N°352/94 “ASP” puedan establecer estrategias más certeras para consolidar con sus delimitaciones, amojonamientos, compras, titulación, desarrollo de sus Planes de Manejos, asignación presupuestaria para su ejecución sostenibles. Estas Áreas Silvestres Protegidas están además ocupados por saladares, lagunas, riachos, esterales o los humedales, y las dunas (médanos).

Parque Nacional Defensores del Chaco un ASP Emblemática de la Región Occidental

Los “Planes de Uso de la Tierras” y sus “Estudios de Impactos Ambientales” formulados, aprobados y aplicados en las unidades productivas para el uso y manejo racional de los recursos naturales productivos de proyectos destinados para la producción ganadera extensiva de cría y/o engorde en las unidades productivas de la Región Occidental; incorporan pasturas y conservan una Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos, donde la “FOTOSÍNTESIS” del sistema productivo Bosques, Pasturas y/ Pastizales contribuyen para lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera.

Afirmando que la Región Occidental fue y es una alternativa válida para invertir en la misma por el potencial económico, ambiental y social que presenta, además se respeta en cada unidad productiva la conservación de Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos desde 2005 al 2021; en cumplimiento de los “Planes de Uso de la Tierras” la Ley 422/73 “Forestal” y los “Estudios de Impactos Ambientales” por la Ley N°294/93 de “EIA”; que obligan a conservar como reserva legal para uso de aprovechamiento forestal del 25%, sumados a las franja protección forestal y sus bosques protectores de cauces hídricos se están conservando en cada unidad productiva hasta el 45% de la Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos.

 

“OPERATIVO SOBERANÍA – SECRETARIA DEL AMBIENTE (MADES)” Y EL MINISTERIO PÚBLICO (UNIDAD ESPECIALIZADA DELOS DEL FISCALIA AMBIENTAL PARAGUAY

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), en mi experiencia de haber participado como Ministro, técnico AGRONOMO, Ing. Agr. (M.Sc.) y (H.Cs) quisiera aportar para el debate técnico y científico los resultados del “OPERATIVO SOBERANÍA – LIDERADO POR LA SECRETARIA DEL AMBIENTE (MADES)” Y EL MINISTERIO PÚBLICO (UNIDAD ESPECIALIZADA DELOS DEL FISCALIA AMBIENTAL DE PARAGUAY”; temas para compartir y debatir a misma con los lectores de este Blog. 

“Operativo Soberanía”, equipo interinstitucional y multidisciplinario,  se encuentra trabajando por el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica de la República del Paraguay, caminando en un marco de legalidad y de lucha contra la impunidad, en las cuales, la Secretaría del Ambiente se encuentra generando e impulsando la Política Ambiental Nacional, recientemente aprobada por primera vez en el país, que señala el marco de acción en la búsqueda de un Desarrollo Sostenible que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, promocionando un sistema económico favorable y abierto que llevará al crecimiento económico y el desarrollo sostenible, contribuyendo a instalar el clima propicio para que las inversiones sanas lleguen a nuestro país, creando genuinos puestos de trabajo e ingresos fiscales que aporten a nuestra economía, al tiempo de conservar el patrimonio natural.

  “Operativo Soberanía”, que implica una serie de intervenciones a unidades productivas que no cuentan con licencia ambiental y que estarían violentando las normas ambientales al contar en su interior con maquinarias pesadas, ingresadas al país en forma irregular, para realizar desmontes y tala masiva de los bosques nativos de esta zona del país.

 De las 28 estancias verificadas durante el “Operativo Soberanía” en el departamento de Alto Paraguay, solamente 6 contaban con licencia ambiental, de las cuales 4 están en vigencia y las otras dos están vencidas o sin  renovar, según lo informado por el director de Fiscalización Ambiental Integrada de la Secretaría del Ambiente, Samuel Jara, quien regresó de la zona en la víspera.  De todas maneras, dijo que ninguna de las unidades productivas que cuentan con licencia cumplen con sus planes de mitigación de impacto ambiental.

 También se encontraron maquinarias de gran porte en las propiedades intervenidas que son destinadas a desmontar grandes cantidades de hectáreas. Indicó que al desmontar los bosques con las topadoras y cadenas de unos 300 metros de largo, se están derribando árboles maduros de raíz, acción que contribuye a deteriorar el suelo de la zona, que por sus características geofísicas resulta difícil de reforestar.

Se estima en 300 las estancias existentes en todo este departamento chaqueño, la mayoría de las cuales pertenecen a productores brasileños, quienes no dejan ningún tipo de dividendos a la zona, debido a que los mismos ni siquiera pagan sus impuestos, algunas de las unidades productivas tienen un retraso de 5 años en el pago de sus tasas impositivas.

Los estancieros brasileños tampoco dejan una ganancia para el departamento porque no contratan mano de obra paraguaya y todos los insumos que manejan son traídos del Brasil. “Ni siquiera las pistas de aterrizaje que poseen dentro de sus propiedades están registradas en la Dinar”, destacó.

También estos grupos de “facendeiros” cuentan con mucho poder económico, por lo que nadie se atreve a hacerles frente en la zona, e introducen a trabajadores brasileños sin siquiera pasar por los controles migratorios correspondientes. Tampoco respetan las leyes laborales que rigen en el país y el personal que trabaja para ellos no cuenta con ningún tipo de protección social.

“Fuerte Olimpo es un pueblo olvidado y los brasileños que cuentan con propiedades en el departamento ni siquiera contribuyen al desarrollo de esta localidad. Porque si quieren contribuir con el desarrollo de la zona por lo menos deberían dar trabajo a los pobladores locales. Pero ni las maquinarias que utilizan son legales, y sólo usan nuestras tierras como un bien de préstamo, pero sin pagar nada por la depredación que producen”.

Los paraguayos que son dueños de propiedades en el Alto Paraguay están con sus impuestos al día, pero debido a la crisis que afecta el país, cada día son más los que prefieren vender sus campos a los brasileños, quienes no aportan nada para desarrollar la zona.

“De la manera en que están deforestando es motivo suficiente para cancelarles la licencia a todos estos productores”.

 “El que daña tiene que pagar, tiene que compensar el daño que hace a la naturaleza. Los recursos naturales son del Estado, son soberanía del pueblo”.

Las estancias fiscalizadas desde que se inició el Operativo Soberanía son: Toro Pampa, Oroite, Nueva Elsa, Monte Pora, Torito, San Andres, Ña Verónica (Ex Inmakata), Union, Itaya, Quebrachales Yaguarete, Silverado, Yaguarete Pytá San Carlos, Palo Santo, Las Niñas, Urundey, San Francisco, Cerro Guazú, Las Palmas, Santa Virginia, General Diaz, Yatebu, Oroitemi, Santa Fe y Santa Águeda.

El director de Fiscalización de la SEAM mencionó que los controles ambientales proseguirán en el departamento de Alto Paraguay y en el resto del país para evitar la deforestación masiva de los bosques nativos.

Irregularidades constatadas durante intervenciones

Una de las estancias intervenidas es la denominada Inmakata, propiedad de Tranquilino Favero, productor de nacional brasileña. La propiedad cuenta con unas 22 mil hectáreas de extensión. El productor no cuenta con licencia ambiental expedida por la SEAM. Durante el procedimiento, no se observó la presencia de maquinarias pesadas en el lugar, por lo que los intervinientes presumieron que las mismas podrían haber sido escondidas, luego de correr la versión de que la mayoría de los establecimientos del departamento de Alto Paraguay serían intervenidos.

 La siguiente estancia verificada se denomina Unión y es propiedad de Osmar Carvalho Cunha, también de nacionalidad brasileña. Este ciudadano tampoco cuenta con licencia ambiental para activar en la zona. En su propiedad, de unas 20 mil hectáreas, no se verificó la presencia de maquinarias pesadas utilizadas para el desmonte. 

Itaya se denomina otro de los establecimientos intervenidos por los funcionarios ambientales. La misma tampoco cuenta con licencia ambiental y abarca una superficie de unas 20 mil hectáreas. No se proporcionó el nombre del propietario, debido a que el abogado no se encontraba en el lugar. No se observó la presencia en el sitio de maquinarias pesadas.

Estancia Las Marías, también fue intervenida durante estos días. En la misma se observó una importante deforestación de sus montes, realizada con topadoras hace aproximadamente una semana, según lo manifestado por los expertos. La extensión del desmonte es de unos 10 kilómetros de largo y 40 metros de ancho. No se encontraron maquinarias en este establecimiento.

 Sólo un total de 7 establecimientos de los 23 intervenidos en el departamento del Alto Paraguay, en el marco del “Operativo Soberanía” cuenta con licencia ambiental, según lo confirmado por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría del Ambiente. De estos 7 con licencia, sólo uno cumple con los planes de mitigación de impacto ambiental contenido en su Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por la SEAM y por la cual se concedió el mencionado permiso.

Las estancias intervenidas que no cuentan siquiera con licencia ambiental son las siguientes: 

-         Toro Pampa, propiedad de Ruyter Silva Filho;

-         Monte Porá, de Tiago Jacinto de Toledo César;

-         Quebrachales Yaguarete, de Janio Pedro Repossi;

-         Las Niñas, de Fernando de Castro Cunha;

-         Cerro Guazú Pora, de Fernando José C. Aguiar;

-         San Andrés, de Rui Assumpcao;

-         San Francisco, sin propietario registrado;

-         Oroite, de Nelson Cintra Ribeiros;

-         Laguna Gral. Díaz, de Malpas Avril Hetty Rita Jeanne;

-         Santa Águeda, de Joao Netto Medejra;

-         Unión, de Omar Carvalho Cunha C.;

-         Nueva Elsa, de Arnaldo Almeida Prado;

-         Torito, de Joao Deolindo Guimaraes Maia;

-         Silverado, de Gerson Farias;

-         Santa Fe, de Reinaldo Torrez;

-         Catarina, de Sergio Luis Cassius.

      En tanto que las unidades productivas con licencia ambientales fueron:

 -         Urundey, de José Roberto Barboza Ribeiro;

-         Palo Santo, del Grupo Ganadera Karanda (Adir Rodríguez de Lima);

-         Puerto María, de la Ganadera Santa Virginia del Paraguay S.A,;

-         Ña Verónica (ex Inmakata), de la Ganadera Ftal. Sta. Catalina S.A./ Tranquilino Favero:

-         Itaja, de Agroganadera Itaja S.R.L.;

-         Santa Virginia, sin propietario registrado;

-         Yaguarete Pyta-San Carlos, de Rosalino Mansuetto Salvador.

La única estancia que cumple con sus planes de mitigación es Yaguarete, según lo comprobado por los fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente, durante las intervenciones realizadas en el departamento de Alto Paraguay.

La Secretaria del Ambiente cumple en informa, en relación a lo manifestado por el Empresario Tranquilo Favero en medios de comunicación,  que el mismo no cuenta con la LICENCIA AMBIENTAL requerida, para realizar explotaciones agropecuarias en el establecimiento ubicado en Alto Paraguay.

Por tanto, es obligatorio, que el citado empresario se adecue y dé cumplimiento a las exigencias de la Ley 294/93, que en su articulo 7° inciso “determina: SE REQUERIRÁ LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y GRANJERA.

Por otra parte, cabe señalar, que durante las intervenciones realizadas en la zona del Alto Paraguay por el propio Ministro del Ambiente, Ing. Alfredo Molinas Maldonado, se pudo constar deforestación y quema de bosques en su establecimiento, en abierta violación a las normas ambientales.

Si se siguen derribando bosques, en poco tiempo más, el departamento del Alto Paraguay empezará a resentir aún más los rigores de la sequía y, nuevamente, los productores afectados se verán obligados a solicitar ayuda de emergencia al Gobierno Nacional para regar la zona. El secretario ambiental explicó que con el trabajo coordinado entre varias instituciones pretenden evitar que se llegue a una situación extrema de exterminio total de los escasos bosques nativos que aún quedan en pie en la zona. 

Al respecto, señaló que este tipo de procedimientos, que forma parte de la “Operación Soberanía”, proseguirá en otras propiedades que estarían operando en forma similar a la intervenida, en donde se decomisaron maquinarias de unas 45 toneladas, a un costo de 650 mil dólares, que ingresaron en forma irregular al país, para ser destinadas al extermino de bosques dentro de estas propiedades.  Según el informe remitido por los fiscales intervinientes en esta causa, se habría pagado una coima de un millón de guaraníes para ingresar estos implementos al país.

“Hicimos intervenciones en explotaciones ubicadas en el Chaco, y nos encontramos con la sorpresa de que existen equipos pesados, maquinarias, que tienen capacidad, inclusive, para tumbar unas 800 mil hectáreas de montes por semana. Estas maquinarias ingresaron al país en forma totalmente irregular, de acuerdo a lo constatado por Aduanas, al igual que el personal que trabaja en la estancia intervenida, así como todo el equipamiento existente en el lugar”.

Se resalta que el 80% de la madera que se extrae de los bosques chaqueños es quemada, lo que resulta un hecho sumamente preocupante para la institución a su cargo, porque ni siquiera se aprovecha de alguna manera esos rollos sino que se pierden indefectiblemente.

“En realidad lo que hace es quemar prácticamente todo y es imposible controlar eso, si es no que no se trabaja en forma coordinada con las demás instituciones como lo estamos haciendo ahora”, expresó. 

Resulta vital para estos casos constatar el origen de la documentación de las maquinarias de 45 toneladas ingresadas al país, así como las cadenas de más de 15 toneladas y determinar los responsables del ingreso irregular de estos implementos al país.

Las intervenciones proseguirán hasta abarcar todas las unidades productivas existentes en el Alto Paraguay, en forma coordinada con otras instituciones como Migraciones, por ejemplo, que tienen buenos equipos de comunicaciones, así como la Fiscalía Ambiental, la Aduana y la Policía Nacional.

Durante el procedimiento, la comitiva pudo comprobar que los postes que sirven para conducir la energía eléctrica a las fincas son de  alta generación, mientras que los que son utilizados para suministrar luz a Fuerte Olimpo están “podridos”. Esto demuestra, dijo, el nivel económico que manejan los propietarios de estas estancias.

Resulta vital que el Estado tenga más presencia en esta zona del país, por medio de las intervenciones interinstitucionales, pues es la única forma posible de acabar con estas irregularidades que están acabando con los pocos bosques que quedan en pie en el país.

“Nosotros realizamos estas intervenciones por pedido de la Gobernación del Alto Paraguay, pero desde la Secretaría, poco o nada podemos hacer solos porque no estamos enfrentando a unidades de explotación de 3 mil a 10 mil hectáreas, que introducen maquinarias en forma ilegal al país y todo el personal que trabaja en él es brasileño y tienen la capacidad necesaria para tumbar hasta 800 mil hectáreas por semana”, aclaró.

La Secretaría del Ambiente está para proteger el ambiente, aunque sin la existencia de una comisión interinstitucional poco o nada se podrá hacer para combatir este flagelo. Indicó que también le manifestó a la canciller Leila Rachid la necesidad de mantener un dialogo con el Gobierno brasileño, de forma a encarar controles conjuntos más estrictos para evitar el ingreso de estas maquinarias al país.  Finalmente, señaló que sugirió a la Fiscalía del Ambiente que los equipos decomisados sean donados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que sean destinadas a la construcción de caminos rurales en el interior del país.  

 Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.  Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, expresadas en nuestra propia Carta Magna.

Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional, términos expresados en la propia Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El medio ambiente debe ser considerado como parte integral y armónica del conjunto de tareas que garanticen el desarrollo sostenible en el país.  El problema de la sostenibilidad es en el fondo un problema de desarrollo, de erradicación de la pobreza, de educación colectiva, de mentalidad y hábitos sociales, de cultura política, de mecanismos institucionales que incorporen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, de nuevas formas de producir y de consumir, de equidad y cooperación en las relaciones internacionales, se trata, en suma, de colocar al ser humano en el centro de nuestras preocupaciones, porque si las personas no están protegidas, la naturaleza tendrá, entonces, pocas oportunidades.

 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.  Propiciar el crecimiento económico del país a través de un proceso de apertura comercial gradual, que esté comprometida con la búsqueda de esquemas productivos y de mercados limpios y amigables con el medio ambiente, propiciando un aumento de la productividad marginal de la tierra y ya no un aumento de la extensión agraria a costa del bosque nativo del país.

Contemplar un concepto armónico e integral del desarrollo sostenible, es un desafío que hay que apoyar, que no podemos dejar fracasar, por solidaridad y por la repercusión en escala mundial que puede tener esta primera experiencia de desarrollo sostenible.

La Gestión Ambiental es un compromiso del Gobierno Nacional que tiene como eje programático “La defensa del medio ambiente” y la implementación de políticas y acciones en diversos campos, así como la interacción con la sociedad civil y los organismos internacionales para preservar un ambiente sano y productivo para las generaciones presentes y futuras.

Por último, la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables, todos somos responsables de hacer del Paraguay un mejor país, con oportunidades para todos, aún de nuestras generaciones futuras.

– ACOTACIONES TÉCNICAS SOBRE LA PROPUESTA DE PROYECTO “PAISAJES FUTUROS PLUS (PF+)”- FEBRERO DEL 2026

 RESUMEN EJECUTIVO – ACOTACIONES TÉCNICAS SOBRE LA PROPUESTA DE PROYECTO “PAISAJES FUTUROS PLUS (PF+)”

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes un “RESUMEN EJECUTIVO – ACOTACIONES TÉCNICAS SOBRE LA PROPUESTA DE PROYECTO “PAISAJES FUTUROS PLUS (PF+)””.

1. Naturaleza del proyecto

El proyecto denominado “Paisajes Futuros Plus (PF+)” se presenta como una iniciativa de financiamiento climático orientada al Gran Chaco. Sin embargo, su estructura revela que no se trata de un programa de mejora productiva, sino de un intento de incidir indirectamente en el sistema financiero paraguayo y en las formas de producción agropecuaria mediante criterios definidos por organizaciones no gubernamentales y donantes externos.

El eje del proyecto no es técnico-productivo sino financiero-regulatorio, pretendiendo que entidades bancarias, instituciones públicas de crédito y reguladores adopten parámetros ambientales externos dentro de sus decisiones de financiamiento.

El proyecto cita lo siguiente;

PF+ asume que las emisiones derivadas del uso del suelo en el Gran Chaco están impulsadas principalmente por incentivos financieros desalineados y por una integración insuficiente del riesgo ambiental en la toma de decisiones financieras. Si las instituciones financieras incorporan de manera sistemática criterios de “libre de deforestación y conversión” (DCF) y de riesgo climático en sus carteras, y si los productores y actores de las cadenas de valor acceden a financiamiento adaptado y asistencia técnica, entonces los flujos de capital se orientarán hacia modelos productivos regenerativos y de bajas emisiones. Esta transición, reduciría las presiones de deforestación, mejoraría la resiliencia de los ecosistemas y contribuiría directamente a las metas de mitigación de la NDC.

En consecuencia, el proyecto se centra en transformar el ecosistema financiero más que en la implementación de proyectos piloto aislados.

2. Supuesto de base incorrecto

El proyecto parte de la premisa de que las emisiones por uso del suelo en el Gran Chaco se deben principalmente a “incentivos financieros mal alineados” y a una supuesta falta de integración del riesgo ambiental en la banca paraguaya.

Esta afirmación resulta metodológicamente incorrecta y conceptualmente reduccionista, ya que ignora factores estructurales ampliamente reconocidos como:

·       tenencia de la tierra,

·       infraestructura y logística,

·       productividad tecnológica,

·       variabilidad climática,

·       marcos normativos forestales vigentes,

·       asistencia técnica y extensión rural.

Reducir la dinámica territorial a un problema financiero implica un diagnóstico equivocado que conduce a soluciones distorsionadas.

3. Desconocimiento del sistema financiero nacional

El planteamiento del proyecto supone implícitamente que las instituciones financieras paraguayas no consideran riesgos ambientales ni cuentan con lineamientos regulatorios, lo cual es falso.

El sistema financiero nacional ya dispone de mecanismos regulatorios y marcos de evaluación de riesgo ambiental y social impulsados por el Banco Central del Paraguay, por lo que la narrativa de “vacío institucional” no se sostiene técnicamente.

4. Atribución indebida a la NDC y al BTR

El proyecto afirma que sus acciones contribuirían directamente a las metas de la NDC y podrían reportarse en el BTR.

Esta afirmación es técnicamente incorrecta.

·       La NDC 3.0 es un instrumento oficial del Estado paraguayo construido mediante procesos técnicos y multisectoriales.

·       No incluye condicionalidades financieras externas ni taxonomías impuestas por cooperación internacional.

·       El BTR es un informe soberano del Estado sobre sus compromisos nacionales, no un espacio para que proyectos externos se auto atribuyan contribuciones climáticas.

Un proyecto no forma parte de la NDC ni del BTR salvo incorporación formal por parte del Estado, lo cual no ocurre en este caso.

5. Riesgos institucionales y productivos

El proyecto introduce elementos que pueden derivar en:

·       Condicionalidades financieras indirectas.

·       Sistemas de clasificación ambiental con impacto reputacional.

·       Distorsiones competitivas dentro del sector productivo.

·       Pérdida de soberanía técnica y de control de datos.

·       Asimetrías de gobernanza en la definición de estándares.

Estos riesgos no se relacionan con sostenibilidad ambiental, sino con mecanismos de influencia estructural sobre decisiones financieras y productivas.

 

6. Marco legal nacional sobre organizaciones no gubernamentales

Paraguay cuenta con normativa reciente que regula la actuación de organizaciones sin fines de lucro cuando estas inciden en políticas públicas o procesos institucionales.

Cualquier iniciativa que pretenda influir en instrumentos financieros o regulatorios debe ajustarse plenamente a dicho marco legal y no operar fuera de la institucionalidad nacional.

7. Posición del sector productivo

El sector productivo paraguayo debería rechazar las premisas conceptuales de este tipo de proyectos y el enfoque operativo del proyecto PF+, por considerar que:

·       Presenta un diagnóstico erróneo de la realidad productiva nacional.

·       Supone deficiencias inexistentes en el sistema financiero paraguayo.

·       Atribuye indebidamente sus acciones a compromisos climáticos oficiales.

·       Intenta introducir estándares externos sin base normativa nacional.

·       Desconoce la capacidad técnica y regulatoria del país.

La postura sectorial no implica rechazo a la sostenibilidad ni a la mejora continua, sino una defensa de la soberanía técnica, institucional y productiva del Paraguay, entendiendo que cualquier ajuste debe surgir de procesos internos, con actores nacionales y bajo marcos legales vigentes.

8. Conclusión

El proyecto PF+ no constituye una herramienta adecuada para el contexto paraguayo ni representa una política pública nacional. Su diseño se basa en supuestos incorrectos, introduce riesgos institucionales innecesarios y pretende vincularse indebidamente con compromisos climáticos oficiales del país.

En consecuencia, el sector productivo debería considerar que este tipo de iniciativas no corresponde como mecanismo de intervención en el sistema financiero ni en la definición de prácticas productivas nacionales.

ACUERDO UE–MERCOSUR: ENTRE LA LETRA DEL TRATADO Y LA PRÁCTICA REGULATORIA EUROPEA – FEBRERO 2026

 Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC) junto con el Biólogo Jorge Martínez Trabuco – Experto en sostenibilidad, deseamos compartir con ustedes nuestra opinión sobre algunos puntos del Acuerdo de la UE-MERCOSUR.

 

I.- INTRODUCCION

1. Todos los acuerdos incluyen diversas salvaguardas entre las partes firmantes, es absolutamente normal y se incluyen como una forma de precautelar circunstancias particulares que puedan ocurrir y que genere un inconveniente a algunas de las partes.

2.- En el caso del Acuerdo UE–MERCOSUR, las salvaguardas responden a esa misma lógica. Permiten, bajo condiciones específicas y mediante procedimientos formales, restablecer aranceles o aplicar medidas temporales si un aumento de importaciones causa o amenaza causar un daño económico significativo a la industria de una de las partes.

3.- Sin embargo, el debate en Paraguay no se ha centrado únicamente en la existencia de salvaguardas, que son previsibles, sino en la confianza en cómo se aplican las reglas cuando el socio comercial es la Unión Europea. Y es aquí donde la discusión deja de ser puramente técnica y pasa a ser estratégica.

 

II.- SALVAGUARDAS Y PARAGUAY

1.- Uno de las artículos del acuerdo establece que si la Unión Europea decide aplicar una salvaguardia contra MERCOSUR como bloque, Paraguay queda excluido de esa medida a menos que una investigación específica demuestre que sus exportaciones también causan daño o amenaza de daño grave

2.- Esto significa que Paraguay no es automáticamente incluido en una salvaguardia aplicada al MERCOSUR, salvo que se demuestre preliminarmente que las importaciones paraguayas causan “daño comercial” a los productos en la UE.

3.- Es por ello correcto afirmar que “respecto a las salvaguardas Paraguay está excluido por defecto, pero la UE lo puede incluir si prueba causalidad específica”.

4.- Como vemos, estas salvaguardas son puramente comercial y no ambiental como la UE nos tiene acostumbrado. Aunque el capítulo de excepciones del Acuerdo hay que tomar con extrema precaución la excepción donde se menciona que en caso de ser necesario las partes podrían además adoptar “medidas bajo excepciones generales” entre las cuales podrían estar la conservación de recursos naturales, y la protección de vida y salud.

III.- ENTRE EL ACUERDO Y LA EXPERIENCIA DE COMERCIO CON LA UE

1.- El verdadero riesgo no está en la cláusulas de salvaguardas del acuerdo, sino en la práctica de este. La UE ha construido en los últimos años un entramado regulatorio que condiciona el acceso al mercado más allá de los aranceles y el comercio. Ejemplo evidente es el Reglamento 1115, que exige trazabilidad exhaustiva de la carne y la soja y la prueba de que esta libre de deforestación desde el 2021 en adelante.

2.- En la práctica el reglamento 1115 no es una cláusula arancelaria pero si es una condición unilateral de la UE, adoptada bajo su potestad interna, pero que en la práctica redefine las condiciones reales de acceso al mercado.

3.- Ese reglamento no forma parte del acuerdo comercial pero reconfigura condiciones que se deben cumplir, lo cual es una contradicción al propio “acuerdo de libre comercio”, donde el tratado habla de apertura de mercados pero hay normativas internas europeas que condicionan esa apertura.

IV.- PREOCUPACIÓN DE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN

1.- Los gremios productivos del país que defienden los intereses de los productores nunca se han manifestado en contra de tener acuerdos o tratados comerciales con algún bloque, sino más bien son lo que siempre han promovido la necesidad de buscar la mayor cantidad de mercados posibles, pero siempre precautelando las circunstancias nacionales del país y sin someterse a condicionantes abusivas y salvaguardas absurdas.

2.- En este caso no es que las salvaguardas de acuerdo sean ilegales, sino que casi son una forma encubierta de protección a productores europeos ante circunstancias donde piases del MERCOSUR tengan mejor performance productiva y la UE tenga menor productividad.

3.- O sea, en el Acuerdo MERCOSUR-UE es mucho más probable que las salvaguardas comerciales sean activadas por los países europeos antes que por los países de sudamérica. Y por la experiencia comercial con la UE los productores paraguayos no temen a las cláusulas de salvaguardas sino que se desconfía del comportamiento europeo típico que últimamente crean regulaciones socioambientales pero para condicionar el comercio.

4.- Por tanto, a pesar de tener un tratado comercial, nada impide que los países de la UE amplíen requisitos técnicos, reinterpreten criterios ambientales, clasifiquen a los países con criterios políticos y que se vaya desnaturalizando el acceso preferencial prometido.

5.- Esa preocupación del sector productivo no es por un temor a la aplicación socioambiental europea, sino que es una sospecha estratégica ante la serie obstáculos comerciales encubiertos que se están dando.

V.- EL CAPITULO DE “COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE”

1.- El capítulo de “Comercio y Desarrollo Sostenible” y uno de los anexos establecen la serie de punto ambientales y cooperación, donde inicialmente no se prevé sanciones comerciales automáticas por temas ambientales. Sin embargo, en partes el acuerdo se reconoce que las medidas de sostenibilidad pueden afectar el comercio y que deben ser consideradas.

2.- Este capítulo, entre otros obliga a las partes en tener lo siguiente;

a) Reconoce la importancia de la Convención de Cambio Climático y la implementación efectiva del Acuerdo de París,

b) Reconoce los ODS y la Agenda 2030,

c) Reconoce el derecho de cada una de ellas a determinar sus políticas y prioridades de desarrollo sostenible,

d) Subraya que cada Parte se esforzará por mejorar sus leyes, reglamentos y políticas pertinentes para garantizar niveles elevados y eficaces de protección ambiental y laboral,

e) Ninguna de las parte deberá debilitar los niveles de protección otorgados en sus leyes y reglamentos ambientales o laborales con la intención de fomentar el comercio o la inversión.

f) Las partes afirman su compromiso de promover e implementar eficazmente los acuerdos ambientales multilaterales, sus protocolos y sus enmiendas.

g) Reconoce la importancia de los bosques y la gestion forestal sostenible.

h) Reconoce el Principio Precautorio, donde a la luz de que la información científica sea insuficiente o no concluyente y exista un riesgo de degradación ambiental grave o para la salud y seguridad ocupacional en su territorio, una Parte podrá adoptar medidas basadas en el principio de precaución.

i) en el Anexo se cita que “Cada Parte deberá implementar medidas para prevenir la deforestación y estabilizar o aumentar cobertura forestal desde 2030” y en este contexto, las Partes no deberían debilitar los niveles de protección otorgados en su legislación ambiental.

j) menciona que “Es imperativo adoptar medidas urgentes para hacer frente a los desafíos y las crisis ambientales, incluidos los del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, como lo indican claramente las pruebas científicas más recientes”. Anexo 18A

VI.- CONCLUSIÓN

1.- El texto del Acuerdo UE–MERCOSUR puede ser técnicamente correcto. Sus cláusulas pueden estar jurídicamente bien redactadas y ajustadas a los estándares del comercio internacional.

2.- Pero el comercio real no se define únicamente por lo que está escrito en un tratado, sino por cómo se comportan las partes después de firmarlo y la experiencia reciente demuestra que el acceso al mercado europeo está cada vez más condicionado por regulaciones unilaterales, requisitos técnicos crecientes y marcos normativos que evolucionan con rapidez.

3.- El Reglamento 1115 no es una hipótesis de lo que podria ocurrir, sino que es un ejemplo concreto de cómo una decisión interna puede redefinir las condiciones de acceso sin modificar formalmente el tratado.

4.- Los productores paraguayos nunca pidieron privilegios sino que piden previsibilidad y la misma no se garantiza solamente con una cláusula bien redactada, sino con una política firme de defensa de los intereses nacionales, con capacidad técnica para anticipar riesgos regulatorios y con una estrategia país clara frente a las nuevas exigencias del comercio internacional.

5.- Ratificar el acuerdo no está mal, ahora bien, sería un acto de ingenuidad creer que las regulaciones socioambientales europeas no van a primar en el comercio de productos.

6.- El desafío no será aprobar el acuerdo sino entender el escenario actual y el escenario futuro.