Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Como Exministro del Ambiente de la Secretaria del Ambiente (SEAM) de Paraguay; quisiera recordarles sobre el “OPERATIVO SOBERANIA” planificado y ejecutado en el mes de Agosto del 2005 en coordinación y liderazgo de la SEAM y la Fiscalía Ambiental, publicamos en este BLOG un breve y resumido informe de un modelo de defensa del medio ambiente en el Gobierno del Presidente Oscar Nicanor Duarte Frutos..
Mes
de Agosto del 2005 en coordinación y liderazgo de la Secretaria del Ambiente (SEAM)
y la Fiscalía Ambiental del Operativo Soberanía
De las 28 estancias verificadas durante el “Operativo Soberanía” en el departamento de Alto Paraguay, solamente 6 contaban con licencia ambiental, de las cuales 4 están en vigencia y las otras dos están vencidas o sin renovar, según lo informado por el director de Fiscalización Ambiental Integrada de la Secretaría del Ambiente, Samuel Jara, quien regresó de la zona en la víspera. De todas maneras, dijo que ninguna de las unidades productivas que cuentan con licencia cumplen con sus planes de mitigación de impacto ambiental.
También se encontraron
maquinarias de gran porte en las propiedades intervenidas que son destinadas a
desmontar grandes cantidades de hectáreas. Indicó que al desmontar los bosques
con las topadoras y cadenas de unos
Se estima en 300 las estancias existentes en todo este departamento chaqueño, la mayoría de las cuales pertenecen a productores brasileños, quienes no dejan ningún tipo de dividendos a la zona, debido a que los mismos ni siquiera pagan sus impuestos, algunas de las unidades productivas tienen un retraso de 5 años en el pago de sus tasas impositivas.
Los estancieros brasileños tampoco dejan una ganancia para el departamento porque no contratan mano de obra paraguaya y todos los insumos que manejan son traídos del Brasil. “Ni siquiera las pistas de aterrizaje que poseen dentro de sus propiedades están registradas en la Dinar”, destacó.
También estos grupos de “facendeiros” cuentan con mucho poder económico, por lo que nadie se atreve a hacerles frente en la zona, e introducen a trabajadores brasileños sin siquiera pasar por los controles migratorios correspondientes. Tampoco respetan las leyes laborales que rigen en el país y el personal que trabaja para ellos no cuenta con ningún tipo de protección social.
“Fuerte Olimpo es un pueblo olvidado y los brasileños que cuentan con propiedades en el departamento ni siquiera contribuyen al desarrollo de esta localidad. Porque si quieren contribuir con el desarrollo de la zona por lo menos deberían dar trabajo a los pobladores locales. Pero ni las maquinarias que utilizan son legales, y sólo usan nuestras tierras como un bien de préstamo pero sin pagar nada por la depredación que producen”.
El operativo consistía en intervenciones a unidades productivas que no contaban con licencia ambiental y su interior con maquinarias pesadas, ingresadas al país en forma irregular
El director de Fiscalización de la SEAM mencionó que los controles ambientales proseguirán en el departamento de Alto Paraguay y en el resto del país para evitar la deforestación masiva de los bosques nativos.
Irregularidades constatadas durante intervenciones
Una de las estancias
intervenidas es la denominada Inmakata, productor de nacional brasileña. La
propiedad cuenta con unas 22 mil hectáreas de extensión. El productor no cuenta
con licencia ambiental expedida por la SEAM. Durante el procedimiento, no se observó
la presencia de maquinarias pesadas en el lugar, por lo que los intervinientes
presumieron que las mismas podrían haber sido escondidas, luego de correr la
versión de que la mayoría de los establecimientos del departamento de Alto
Paraguay serían intervenidos.
Se observó una
importante deforestación de sus montes con grandes topadoras estiradas por
enormes cadenas arrasando hasta 2.000 hectáreas de montes por día en el Chaco
Estancia Las Marías, también
fue intervenida durante estos días. En la misma se
observó una importante deforestación de sus montes, realizada con topadoras hace
aproximadamente una semana, según lo manifestado por los expertos. La extensión
del desmonte es de unos
Sólo un total de 7 establecimientos de los 23 intervenidos en el departamento del Alto Paraguay, en el marco del “Operativo Soberanía” cuenta con licencia ambiental, según lo confirmado por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría del Ambiente. De estos 7 con licencia, sólo uno cumple con los planes de mitigación de impacto ambiental contenido en su Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por la SEAM y por la cual se concedió el mencionado permiso.
Las estancias intervenidas que no contaban siquiera con licencia ambiental son las siguientes:
-
Toro Pampa, propiedad de Ruyter Silva Filho;
-
Monte Porá, de Tiago Jacinto de Toledo César;
-
Quebrachales Yaguarete, de Janio Pedro Repossi;
-
Las Niñas, de Fernando de Castro Cunha;
-
Cerro Guazú Pora, de Fernando José C. Aguiar;
-
San Andrés, de Rui Assumpcao;
-
San Francisco, sin propietario registrado;
-
Oroite, de Nelson Cintra Ribeiros;
-
Laguna Gral. Díaz, de Malpas Avril Hetty Rita Jeanne;
-
Santa Águeda, de Joao Netto Medejra;
-
Unión, de Omar Carvalho Cunha C.;
-
Nueva Elsa, de Arnaldo Almeida Prado;
-
Torito, de Joao Deolindo Guimaraes Maia;
-
Silverado, de Gerson Farias;
-
Santa Fe, de Reinaldo Torrez;
-
Catarina, de Sergio Luis Cassius.
-
Palo Santo, del Grupo Ganadera Karanda (Adir Rodríguez de Lima);
-
Puerto María, de la Ganadera Santa Virginia del Paraguay S.A,;
-
Ña Verónica (ex Inmakata), de la Ganadera Ftal. Sta. Catalina S.A./ Tranquilino
Favero:
-
Itaja, de Agroganadera Itaja S.R.L.;
-
Santa Virginia, sin propietario registrado;
- Yaguarete Pyta-San Carlos, de Rosalino Mansuetto Salvador.
La única estancia que cumple
con sus planes de mitigación es Yaguarete, según lo comprobado por los
fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente, durante las intervenciones
realizadas en el departamento de Alto Paraguay.
La Secretaria del Ambiente (SEAM) cumple en informa, en relación a lo manifestado por el Empresario Brasileño afectado que a los medios de comunicación, que el mismo no cuenta con la LICENCIA AMBIENTAL requerida, para realizar explotaciones agropecuarias en el establecimiento ubicado en Alto Paraguay.
Por tanto, es obligatorio, que
el citado empresario se adecue y dé cumplimiento a las exigencias de la Ley
294/93, que en su artículo 7° inciso “b” determina: SE REQUERIRÁ LA EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y
GRANJERA.
Por otra parte, cabe señalar, que durante las intervenciones realizadas en la zona del Alto Paraguay por el propio Ministro del Ambiente, Ing. Alfredo Molinas Maldonado, se pudo constar deforestación y quema de bosques en su establecimiento, en abierta violación a las normas ambientales.
Si se siguen derribando bosques, en poco tiempo más, el departamento del Alto Paraguay empezará a resentir aún más los rigores de la sequía y, nuevamente, los productores afectados se verán obligados a solicitar ayuda de emergencia al Gobierno Nacional para regar la zona. El secretario ambiental explicó que con el trabajo coordinado entre varias instituciones pretenden evitar que se llegue a una situación extrema de exterminio total de los escasos bosques nativos que aún quedan en pie en la zona.
Al respecto, señaló que este tipo de procedimientos, que forma parte de la “Operación Soberanía”, proseguirá en otras propiedades que estarían operando en forma similar a la intervenida, en donde se decomisaron maquinarias de unas 45 toneladas, a un costo de 650 mil dólares, que ingresaron en forma irregular al país, para ser destinadas al extermino de bosques dentro de estas propiedades. Según el informe remitido por los fiscales intervinientes en esta causa, se habría pagado una coima de un millón de guaraníes para ingresar estos implementos al país.
Se maquinarias
agrícolas sin documentación de 45 toneladas ingresadas al país, con sus cadenas
de más de 15 toneladas de ingreso irregular de estos implementos al país
“Hicimos intervenciones en explotaciones ubicadas en el Chaco, y nos encontramos con la sorpresa de que existen equipos pesados, maquinarias, que tienen capacidad, inclusive, para tumbar unas 800 mil hectáreas de montes por semana. Estas maquinarias ingresaron al país en forma totalmente irregular, de acuerdo a lo constatado por Aduanas, al igual que el personal que trabaja en la estancia intervenida, así como todo el equipamiento existente en el lugar”.
Se resalta que el 80% de la madera que se extrae de los bosques chaqueños es quemada, lo que resulta un hecho sumamente preocupante para la institución a su cargo, porque ni siquiera se aprovecha de alguna manera esos rollos sino que se pierden indefectiblemente.
“En realidad lo que hace es quemar prácticamente todo y es imposible controlar eso, si es no que no se trabaja en forma coordinada con las demás instituciones como lo estamos haciendo ahora”, expresó.
Resulta vital para estos casos constatar el origen de la documentación de las maquinarias de 45 toneladas ingresadas al país, así como las cadenas de más de 15 toneladas y determinar los responsables del ingreso irregular de estos implementos al país.
Las intervenciones proseguirán hasta abarcar todas las unidades productivas existentes en el Alto Paraguay, en forma coordinada con otras instituciones como Migraciones, por ejemplo, que tienen buenos equipos de comunicaciones, así como la Fiscalía Ambiental, la Aduana y la Policía Nacional.
Durante el procedimiento, la comitiva pudo comprobar que los postes que sirven para conducir la energía eléctrica a las fincas son de alta generación, mientras que los que son utilizados para suministrar luz a Fuerte Olimpo están “podridos”. Esto demuestra, dijo, el nivel económico que manejan los propietarios de estas estancias.
Resulta vital que el Estado tenga más presencia en esta zona del país, por medio de las intervenciones interinstitucionales, pues es la única forma posible de acabar con estas irregularidades que están acabando con los pocos bosques que quedan en pie en el país.
“Nosotros realizamos estas intervenciones por pedido de la Gobernación del Alto Paraguay, pero desde la Secretaría, poco o nada podemos hacer solos porque no estamos enfrentando a unidades de explotación de 3 mil a 10 mil hectáreas, que introducen maquinarias en forma ilegal al país y todo el personal que trabaja en él es brasileño y tienen la capacidad necesaria para tumbar hasta 800 mil hectáreas por semana”, aclaró.
La Secretaría del Ambiente (SEAM)
está para proteger el ambiente, aunque sin la existencia de una comisión
interinstitucional poco o nada se podrá hacer para combatir este flagelo.
Indicó que también le manifestó a la canciller Leila Rachid la necesidad de
mantener un dialogo con el Gobierno brasileño, de forma a encarar controles
conjuntos más estrictos para evitar el ingreso de estas maquinarias al
país. Finalmente, señaló que sugirió a
la Fiscalía del Ambiente que los equipos decomisados sean donados al Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que sean destinadas a la
construcción de caminos rurales en el interior del país.
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, expresadas en nuestra propia Carta Magna.
Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional, términos expresados en la propia Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo.
El medio ambiente debe ser considerado como parte integral y armónica del conjunto de tareas que garanticen el desarrollo sostenible en el país. El problema de la sostenibilidad es en el fondo un problema de desarrollo, de erradicación de la pobreza, de educación colectiva, de mentalidad y hábitos sociales, de cultura política, de mecanismos institucionales que incorporen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, de nuevas formas de producir y de consumir, de equidad y cooperación en las relaciones internacionales, se trata, en suma, de colocar al ser humano en el centro de nuestras preocupaciones, porque si las personas no están protegidas, la naturaleza tendrá, entonces, pocas oportunidades.
El derecho al desarrollo debe
ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible,
la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso
de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Propiciar el
crecimiento económico del país a través de un proceso de apertura comercial
gradual, que esté comprometida con la búsqueda de esquemas productivos y de
mercados limpios y amigables con el medio ambiente, propiciando un aumento de
la productividad marginal de la tierra y ya no un aumento de la extensión
agraria a costa del bosque nativo del país.
Contemplar un concepto armónico e integral del desarrollo sostenible, es un desafío que hay que apoyar, que no podemos dejar fracasar, por solidaridad y por la repercusión en escala mundial que puede tener esta primera experiencia de desarrollo sostenible.
La Gestión Ambiental es un compromiso del Gobierno Nacional que tiene como eje programático “La defensa del medio ambiente” y la implementación de políticas y acciones en diversos campos, así como la interacción con la sociedad civil y los organismos internacionales para preservar un ambiente sano y productivo para las generaciones presentes y futuras.
Por último, la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables, todos somos responsables de hacer del Paraguay un mejor país, con oportunidades para todos, aún de nuestras generaciones futuras.
