Procesos de las Transformaciones Sociales y Económicas y su Impacto en el Uso del Territorio Agro-Rural de la Región Oriental del Paraguay

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), en mi experiencia de haber participado como AGRONOMO, Ing. Agr. (M.Sc.) y (H.Cs) quisiéramos aportar para el debate técnico y científico sobre “Procesos de las Transformaciones Sociales y Económicas y su Impacto en el Uso del Territorio Agro-Rural de la Región Oriental del Paraguay", con temas para compartir y debatir a misma con los lectores de este Blog.

En el ámbito de su crecimiento económico, el sector agropecuario forestal ampliado los últimos 5 (cinco) años vienen generando casi el 25% del Producto Interno Bruto (PIB)[1], En tanto que en materia de comercio exterior entre el 2008 al 2018, el sector agropecuario y forestal ampliado representó el 43,3% de las exportaciones en promedio, lo cual es determinante para los resultados positivos o negativos de la Balanza Comercial en el país.

En relación al desarrollo social del Paraguay lo que realizan la actividad primaria como la agricultura, ganadería, caza y pesca corresponden al 46,5% a la población que vive y trabaja en el ámbito rural, si a ese dato se le agrega la industria situada en estos territorios, se llega a que un 55% de los ocupados rurales están en el área de influencia directa del sector agropecuario, forestal y agroindustrial.

Un HALLAZGO al analizar y evaluar objetivamente los procesos políticos, institucionales y jurídicos del Paraguay en relación a lo señalado en el párrafo anterior es que en 4 (cuatro) décadas de Reforma Agraria; desde 1963 a 2004 se distribuyeron aproximadamente 3.500.000 Has de tierras fiscales para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, pero esto según el Servicio Nacional de Catastro (SNC) unas 1.964.852 Has (61,6%) de las 3.500.000 Has distribuidas siguen siendo propiedades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)/ Instituto de Bienestar Rural (IBR)/ Instituto de Reforma Agraria (IRA), así como la deuda de los beneficiarios de aproximadamente unas 90.000.000 US$ por las tierras distribuidas.

Otro HALLAZGO en este análisis y evaluación objetiva que es preocupante y necesario resolver con políticas públicas es lo publicado por el CAN publicado en el 2008 (CAN/MAG/UE/2008) es que las causas directas e indirectas de desarraigo de los pequeños productores con menos de 50 Has son que: el 62% de los ocupantes de tierras beneficiarias por la Reforma Agraria no tenían títulos sus tierras y/o propiedades; el 87% de los productores no recibían asistencia técnica; El 84% no accedía a crédito formal del CAH y otros bancos oficiales del Estado; y el 85% de estas familias de productores NO término la educación escolar básica.

En el CAN 2022 se relevaron información de 454.950 unidades de observación en total, de las cuales unas 291.497 son fincas agropecuarias de estas unidades productivas totales unas 283.052 fincas están en la Región Oriental que representa el 97% de total, mientras en la Región Occidental se tiene asentadas unas 8.445 fincas que representa el 3%. En tanto la superficie de fincas agropecuarias en la Región Oriental concentra el 44% de la superficie unas 13.397.506 Has y la Región Occidental el 56% unas 17.004.154 Has. La tenencia de la tierra, de las 291.497 fincas agropecuarias; el 55% (160.273 fincas) cuenta con título definitivo, el 29% (84.965 fincas) con documento provisorio, y el 22% (64.352 fincas) en el concepto de alquilada y/o tomadas en aparcería o mediería; usadas como ocupante o bajo otra forma de tenencia.

Considerando los datos oficiales CAN 2008 y CAN 2022 y en el primer párrafo sobre el aporte significativo y clave al crecimiento económico y el desarrollo social del sector agropecuario y forestal ampliado del Paraguay, así como además los 2 (dos) hallazgos de contrapartida sobre la situación en el sector agro-rural; sigue siendo el DESAFÍOS DEL DESARROLLO RURAL Y/O LA REFORMA AGRARIA INTEGRAL o como quieran llamarlos los expertos y entendidos de turno que ocuparon en las instituciones públicas u organismos privados creados para el efecto, pero hasta hoy no pudieron resolver que es la POBREZA RURAL[2], pero en realidad tiene como principal foco CAUSAL a resolver en todo el territorio nacional y especialmente en la Región Oriental que son ante todo las marcadas deficiencias y diferencias en el acceso a la: asistencia técnica; educación y salud; servicios básicos y no básicos; infraestructura; innovaciones tecnológicas; conocimiento tecnificados; y otros.

Un problema debatido y discutido siempre POLÍTICAMENTE es las asimetrías vigentes en la tenencia y distribución de las tierras que existe entre las familias que ocupan el territorio rural especialmente de la Región Oriental del país, siendo de larga data y ha venido generado y siguen generando numerosos conflictos en el proceso del desarrollo agrario paraguayo agro-rural, estas distinciones socio-económicas en el sector agro-rural que se arrastra hasta la actualidad acompañados de fuertes crispaciones sociales entre los que viven y trabajan en el sector agro-rural del Paraguay.

Esta problemática en particular se origina en 1963 cuando fueron promulgadas dos leyes, la Ley Nº852/63 que crea el IBR, y la Ley Nº854/63 que establece el Estatuto Agrario; con esta institución y este marco legal el Gobierno, empezó a legalizar ocupaciones de hecho en varios departamentos, impulsó un proceso de colonización hacia los ejes este y norte del país denominado la “MARCHA HACIA EL ESTE” (décadas del `60 y `70), y se crearon nuevas colonias con miles de lotes agrícolas habilitados, pasando de 130.443 propiedades rurales existentes en el país en los años 1960 a 258.281 en 1980. En estas décadas se dio un intenso proceso de DESMONTES legales que hoy son señalados como DEFORESTACIÓN y calificativo como ilegal, especialmente por la ausencia de políticas, instituciones entendidas e instrumentos jurídicos forestales y nada ambientales adecuados para el control, uso y manejo racional de los bosques nativos existentes en su momento.

Las consecuencias de esta GESTIÓN POLÍTICA HISTÓRICA desde la creación del IBR y su Estatuto Agrario en las “transformaciones sociales y económicas y su impacto en el uso del territorio agro-rural del Paraguay”, hacen directa relación con el fenómeno denominado actualmente como las DEFORESTACIONES en la Región Oriental del Paraguay; datos oficiales marcan que en 1945 esta Región Oriental contenía una superficie boscosa de 8.800.000 de Has, equivalentes al 55,1% de su territorio; pero en la segunda mitad de los años `60 la superficie boscosa se había reducido a 7.000.000 de Has (44,1% del territorio); a mediados de los años `70 se estimaba una superficie boscosa de 5.500.000 de Has (34,4% del territorio); en los `80 se estimaban en 3.900.000 de Has (24,6% del territorio); y en 1991, quedaban 2.400.000 Has de bosques, apenas el 15% de la superficie total.

Es importante en este proceso conocer y reconocer que esta era la manera oficial y legal de ocupar territorios sobre o con bosques nativos para fines de uso agropecuario y/o de aprovechamiento forestal en la Región Oriental del país. Desde 1963 a 1973 e inclusive de 1973 al 1992, con el cambio de la Constitución Nacional de 1967 por una nueva Constitución Nacional de 1992, se continua hasta el 2002 con Ley Nº854/63 que establece el Estatuto Agrario que se deroga y es establece un nuevo Estatuto Agrario por la Ley Nº1863/02; así como también en el 2004 la Ley Nº852/63 que crea el IBR es remplazado por Ley N°2419/04 – INDERT.

Importante señalar sobre el párrafo anterior que después de promulgarse y estar vigente la Constitución Nacional – 1992, se siguió ocupando territorios, mediante la colonización campesina sobre y/o con bosques nativos en la Región Oriental bajo el amparo legal de etas instituciones IBR su Estatuto Agrario de 1963 y el Servicio Forestal Nacional (SFN) hoy INFONA. Hasta el 2002 e inclusive del 2004 las colonizaciones privadas, públicas incluyendo los asentamientos humanos sujeto a la reforma agraria, además incluyendo con más fuerza en el Chaco Paraguayo que se vinieron realizando sobre territorios con BOSQUE NATIVOS, desarrollando legal y legitimante cambios de uso de las tierras para usos pecuarios, agrícolas y/o de aprovechamiento forestal.

Ante este proceso de transformación y ocupación del territorio en el sector agro-rural de las Región Oriental se incrementó la superficie de uso para fines agrícolas cultivando rubros de renta como el algodón y el tabaco, el trigo, la soja y la producción ganadera, el ingreso masivo de colonos y capitales extranjeros fue muy importante; donde las TASAS estimadas de DESMONTES hoy denominados como DEFORESTACIÓN fueron de: Entre 1945 y 1985 fueron deforestadas 5 millones de Has, 123.000 Has/año; Entre 1968 y 1976 fueron deforestadas 212.000 Has/año; Entre 1984 y 1991 fueron deforestadas 300.000 Has/año; Entre 1989 y 2001 fueron deforestadas 112.960 Has/año; y Para el 2002 la TASA era de 110.000 Has/año. Desde la mirada productiva, para satisfacer el mercado interno y externo, la expansión de la utilización de la tierra era de 110.00 has/año.

Un elemento institucional y jurídico a señalar en estos procesos de las transformaciones sociales y económicas y su impacto en el uso del territorio agro-rural de la Región Oriental; es que desde 1973 hasta el 2004 que está vigente Ley N°422/73 Forestal; cuyo Artículo N°42: “todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosque natural. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al 5% de la superficie del predio”; ÚNICA institución responsable de autorizar las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques nativos por DESMONTES hoy muchas veces señaladas como DEFORESTACIONES en el marco del Artículo N°42 de la Ley N°422/73 Forestal. Para contextualizar, en la década de 1960, casi todos los países de la región procedieron a integrar amplias regiones, con desmonte, para realizar agricultura y ganadería. Paraguay retrasó este proceso porque tenía una población extremadamente baja y no disponía de condiciones para financiar y sostener un proceso de colonización. tampoco debe olvidarse la existencia de un clima de político muy inestable durante casi toda la primera mitad del siglo XX.

En este escenario planteado de los procesos de transformaciones para analizar la problemática territorial y las crispaciones económicas y sociales del sector Agro-Rural en esta Región Oriental en particular es importante revisar la Constitución Nacional – 1992; que en su Artículo Nº28, consagra a la REFORMA AGRARIA como uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural y la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. Este Artículo N°8 además señala que a este efecto se adoptarán sistemas justos de distribución, propiedad y tenencia de tierra, se organizarán el crédito y la asistencia social, se fomentará la creación de cooperativas y de otras asociaciones similares, y se promoverá el incremento de la producción, su industrialización y la racionalización del mercado, de modo que permita a la población campesina lograr su mejoramiento económico, como garantía de su libertad y dignidad, y como fundamento del bienestar nacional.

Un análisis crítico y práctico de este Artículo N°28 nos demuestra que los pequeños productores tienen derecho al acceso a la tierra para poder generar bienes y servicios que generen beneficios económicos y sociales para sus familias y de esa manera poder llevar una vida más digna como paraguayos, pero en ningún momento autoriza a realizar invasiones y ocupaciones que violen la propiedad privada como muchos pretenden dar a entender. Es urgente que la distribución y ocupación de tierras sea acompañada de un apoyo decidido por parte de los organismos del Estado paraguayo con el afán de proveer infraestructura, asistencia técnica y crediticia según las condiciones socio-ambientales de los asentamientos y colonias.

Hasta el momento finales del 2020 es lamentable, los resultados poder citar o mostrar modelos efectivos y eficaces, porque siempre fueron insuficientes y con la apertura democrática los conflictos por la tierra se han profundizado, generando una situación problemática que continua hasta nuestros días y que parece no tener atisbos de solución. Desde 1989 hasta finales del 2020; se han producido y vienen produciendo numerosas invasiones de propiedades privadas por parte de grupos denominados de “campesinos sin tierras”, quienes, con la intención de hacerse de un pedazo de tierra propia, han ocupado propiedades privadas a las que denominan latifundios, tierras improductivas, y supuestas tierras mal-habidas, generando cada vez más críticas crispaciones sociales se radicalizaron especialmente en los Departamentos de Alto Paraná, San Pedro, Caaguazú e Itapúa.

Aunque en el 2002 ese promulgó el nuevo Estatuto Agrario y en el 2004 se creó una nueva institucionalidad ejecutiva denominada INDERT, cuya función es identificar los problemas relacionados a la tierra y coordinar la tan necesitada reforma agraria integral, a casi una década, los mismos problemas continúan en el sector Agro-Rural por la falta de liderazgo y voluntad política para resolver los problemas de arraigo y competitividad en el sector rural.  La inequidad estructural debido a las consecuentes ocupaciones del territorio y al fomento de la deforestación y la explotación forestal irracional para la habilitación de tierras para la agricultura y la ganadería, han dado como resultado una agricultura dual, minifundiaria y empresarial.

La Constitución Nacional asegura que paraguayos y extranjeros nacionalizados accedan a la tierra para poder trabajarla y con los beneficios obtenidos poder llevar una vida más digna, y que el INDERT por medio del Estatuto Agrario deberá asegurar una mejor distribución de las tierras y sobre las mismas sistematizar las acciones y actividades que permitan el arraigo definitivo de los productores en el sector rural.

El desafío a encarar para lograr el arraigo de las familias de los pequeños productores se sustenta en vencer el bajo nivel de innovación y apoyo tecnológico para el aumento de la productividad, lo que requiere de una adecuada y eficiente asistencia técnica con innovaciones tecnológicas acordes a la demanda de los mercados nacionales e internacionales, incorporando a las pequeñas y medianas unidades productivas por medio de la competitividad a las grandes unidades productivas, disminuyendo la presión sobre la tierra que por su condición natural tendrían consecuencias ecológicas negativas.

La utilización de las tierras y sus recursos naturales (bosques, aguas, suelos), está sujeta actualmente a estrictas normas técnicas que favorecen el manejo y uso racional de los mismos, las que deben ser respetadas por los propietarios de las tierras, y por los que la ocupan, debiendo desterrar la práctica de que los “invasores de tierras” no tienen ninguna responsabilidad sobre sus actos y mucho menos sobre la sustentabilidad de los recursos naturales que contienen esas tierras.

Es urgente necesidad que el ESTADO[3] con sus órganos legislativos, ejecutivos y de justicias, se organicen y coordinen estrategias y acciones que convengan de aquí en adelante, entiendan y establezcan espacios adecuados de debate e instauren señales concretas y claras de políticas eficaces y sostenible para el sector Agro-Rural, donde el acceso y el uso racional de los recursos naturales productivos de la tierra, la educación y la capacitación técnica agropecuaria y de aprovechamiento forestal, se constituyan piedra angular del desarrollo Agro-Rural sostenible, contribuyendo de esa y alguna forma en la solución permanente de los conflictos sociales del sector.

Consideramos que las señales claras de debate deberán asegurar la participación de los verdaderos actores que viven y trabajan en el sector, liderado por los responsables de arbitrar imparcialmente el respeto a la Constitución y las Leyes, buscando afanosamente un clima de estabilidad política, que permita crear una mayor vinculación entre sectores empresariales y campesinos, construyendo alianzas estratégicas que contribuyan a la mitigación de la pobreza y la reducción de los conflictos, cada vez más radicalizadas por la inequidad económica, social y ambiental creciente en el área Agro-Rural del Paraguay.

En conclusión, podemos aseverar que para que la solución de la tenencia de la tierra en el Paraguay sea definitiva y se logre el desarrollo sostenible, es importante que la política agraria no excluya ni ataque los modelos exitosos de producción, sean estos de la Agricultura Familiar o la Agricultura Tecnificada. Como base de una reforma agraria integral, el Estado Paraguayo con sus poderes, no puede limitarse a la mera distribución de tierras sin el consiguiente apoyo tecnológico, financiero y en infraestructura. Aquellas personas malintencionadas que, nombrando el derecho de acceder a la tierra, incentivan y realizan invasiones u ocupaciones de tierras fuera de lo que establece la Constitución Nacional y las Leyes, son los verdaderos responsables de crear los problemas territoriales y las convulsiones sociales en el sector Agro-Rural del Paraguay.

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[1] El PIB mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un período -normalmente un año- en una economía. El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país.

[2] La pobreza rural, en particular la campesina, está determinada por la estacionalidad de la agricultura y por el hecho que, en el capitalismo, los precios incorporan (como costos) sólo los salarios de las jornadas efectivamente pagadas. Por ello, el campesino debe buscar ingresos adicionales fuera de la parcela.

[3] Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos.

PLANES DE USOS DE LAS TIERRAS Y SUS ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES APLICADOS A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL USO Y MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL PARAGUAY

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), me permito presentar modelos de “PLANES DE USOS DE LAS TIERRAS Y SUS ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES APLICADOS A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL USO Y MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL PARAGUAY”; para el debate y discusión de los visitantes de este BLOG.

Existen normas legales y administrativas que las unidades productivas necesitan respetar para realizar la planificación para el aprovechamiento racional de sus recursos naturales productivos en sus tierras en el Chaco paraguayo; además de los “Planes Usos de las Tierras” necesitan contar con sus “Estudios de Evaluación del Impactos Ambiental”. Estas herramientas legales administrativas de carácter normativo vigentes aseguran el compromiso del cumplimiento de las leyes forestales y ambientales y que regulan, limitan, prohíben y fomentan el uso y manejo racional de los recursos naturales productivos de las unidades productivas del área de influencia del proyecto.

Modelo de Plan de Uso de la Tierra con un Adecuado Sistema de Captación y Distribución de Agua en Unidades Productivas del Chaco Paraguayo

Ley Nº422/73 “Forestal” bajo administración y aplicación actualmente por el INFONA, que por el Decreto N°11.681/75 “Por el cual se reglamenta la Ley N°422/73” y la Resolución Nº7/2002: “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los PLANES DE MANEJO FORESTAL”; y la Resolución Nº224/2001: “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación de los PLANES DE USO DE LA TIERRA”. Podemos aseveramos que este marco legal, su decreto reglamentario y sus resoluciones regulan el uso de los recursos naturales productivos de las unidades productivas agropecuarios y/o de aprovechamiento forestal.

Ley Nº294/93 de “EIA” administrada actualmente por el MADES; obligando a las unidades productivas agropecuarias y/o de aprovechamiento forestal que aplican para al aprovechamiento de sus recursos naturales productivos los “Planes de Manejo Forestal y/o Planes de Uso de la Tierras” desarrollen sus “Estudios de Impacto Ambiental” y generando sus “PGA” de cumplimiento obligatorio cuyo resultado de aplicación contribuyen a que estas unidades productivas sean cada vez más sostenidos, sustentables y sostenibles.

Ley Nº3001/2006 de “Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales en Paraguay” vienen fomentando la formación de conciencia de quienes producen y de quienes se benefician; la identificación clara del flujo de servicios; la cuantificación de servicios; la valoración económica de servicios; la creación de un marco legal apropiado; y los arreglos institucionales para su implementación.

Describiendo las funciones de las institucionales, leyes, decretos, resoluciones que norman a los “Planes de Uso de la Tierras” y sus respectivos “Estudios de Impacto Ambiental” es importante mencionar las características biofísicas y sistemas de producción según sus condiciones geológicas y edafoclimáticas de la Región Occidental o Chaco. El Chaco paraguayo, está constituida por una inmensa planicie sedimentaria de origen aluvial, que representa el 60% del territorio nacional, pero contiene a tan sólo el 3% de su población del país. En esta Región Occidental, la disponibilidad de agua y de suelos determina las formaciones y coberturas vegetales; en el bajo Chaco predominan suelos aluviales muy arcillosos que son modelados continuamente por los ríos que transportan y acumulan sedimentos.

Datos oficiales del CAN del 2008, nos indica que a ese año solamente el 3% de las unidades productivas del sector agro-rural del Paraguay se hallan en la Región Occidental el Chaco es decir unas 8.028 fincas de un total de 288.875 fincas censadas, donde además nos indican que de estas ocupan una superficie de 17.644.612 Has, y por las condiciones naturales de las tierras se dedican a la ganadería extensiva, y en algunos casos, a la agricultura intensiva asociada a la ganadería. Pero según datos del año 2019 de la ARP actualmente está Región Occidental o Chaco cuenta con casi 6,5 millones de cabezas de ganado, representando cerca del 45% de la carne vacuna exportada y el 32% de la producción de leche.

La DGP dependiente del MAG estableció que la Región Occidental o Chaco el uso y manejo de los recursos naturales productivos de sus territorio presenta limitaciones naturales para la producción agrícola por sus condiciones edafoclimáticas, pero sin embargo es muy adecuado para el uso y manejo racional de sus recursos naturales productivos para la ganadería extensiva para engorde, cría y especialmente silvopastoril, pero donde su producción se viene sustentando en la habilitación planificada de las tierras con una Cobertura Vegetal con Estratos Boscoso y del aprovechamiento de otros espacios naturales adecuados para la producción ganadera.

 Otros datos a considerar es que la DGP dependiente del MAG elaboro un análisis de la Región Occidental o Chaco; sobre base de los estudios generados por el Sistema Ambiental del Chaco ejecutado por la SSERNMA y la cooperación del Instituto de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de Alemania en 1995, se contaría con suelos con un potencial cultivable preferentemente para fines agrícolas de 2.300.000 Has. En tanto que el potencial de suelos preferentemente para el aprovechamiento con fines ganaderos unas 15.400.000 de Has; y el potencial de sus suelos preferentemente para fines forestal con unas 4.000.000 de Has (MAG/STP 1999).

Un hecho casi histórico en el proceso de uso y manejo de los recursos naturales sostenibles en la Región Occidental o Chaco; es señalado por los propios productores que destinan sus unidades productivas preferentemente para la producción ganadera extensiva para engorde y cría, sean estos organizados y no organizados  señalan que el Chaco trabajaba de una manera poco sostenible, debido principalmente al poco conocimiento de las normativas forestales y ambientales vigentes, antes de los “OPERATIVOS SOBERANÍAS” de Junio a Setiembre del 2005 que realizó la SEAM hoy MADES, en coordinación con el SFN hoy INFONA, la Unidad Especializada de la Fiscalía Ambiental y otras instituciones de control.

Imágenes que Ilustran los Operativos Soberanías Realizados por la Instituciones Públicas Ejecutivas en Unidades Productivas de la Región Occidental en el 2005

Es reconocido que estos operativos denominados “SOBERANÍAS” a finales de Diciembre del 2005, que las instituciones del Gobierno como el MAG, SEAM hoy MADES y el SFN hoy INFONA, lograron comunicar, dialogar y además acordar con los productores organizados y no organizados del Chaco y propietarios de las fincas, que para que producir en forma sustentables, se deberán primero necesariamente en forma gradual adecuarse con “Planes Usos de las Tierras” y sus “Estudios de Impactos Ambientales”, y dando así cumplimiento de las leyes forestales y ambientales vigentes, de forma a permitir un mayor equilibrio de la producción entre el uso de la tierra y el medio ambiente.

Desde Diciembre del 2005 que se firmó el “ACUERDO DE TRABAJO” donde los productores, sean de nacionalidad paraguaya o extranjera, asumían de manera conscientes de que al adquirir tierras e iniciar la inversión en sus nuevas unidades productivas, así aquellas unidades productivas ya desarrolladas en respeto a las normativas legales forestales y ambientales vigentes, deberían dejar bajo conservación el 45% del área total de la Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos existentes comprendido por reserva legal forestal, protección de cauces hídricos, franja de protección, corriendo a cuenta de los mismos propietarios, la inversión o el pago para conservar y proteger esa Cobertura Vegetal de Estratos Boscosos y la biodiversidad en la Región Chaqueña.

El reto desde Diciembre del 2005 en adelante especialmente para la producción en el Chaco paraguayo era y es avanzar e implementar sistemas productivos cada vez más sostenibles, donde los estilos de producción se ajusten al aprovechamiento racional de los recursos naturales productivos y que estén en armonía con el ambiente, por el cual es justamente lo que productores en el Chaco vienen aprendiendo a hacer durante todo este tiempo que vienen viviendo y trabajando como productores en el Chaco, por el cual están y siguen desarrollando más tecnologías apropiadas en base a varios años de investigación y trabajo sistemático de técnicos de altísimo nivel, que han demostrado las ventajas comparativas de las actividades agropecuarias y de aprovechamiento forestales mucho más sustentables.

Los productores aseveran hasta la actualidad que la producción ganadera y/o silvopastoril para engorde y/o cría son habilitas en la mayoría de los casos sobre tierras con Cobertura Vegetal de Estrato Boscoso, con potreros promedios de 50 – 100 Has, sembrando pasturas implantadas, de preferencia especies como gatton panic, tanzania, mombaza, buffel, entre otros. Es importante recalcar que los potreros habilitados son producto de “Planes de Usos de las Tierras” y de sus “Estudios de Impacto Ambiental” aprobados por las instituciones responsables de aplicar las leyes forestales y ambientales vigentes.

Las pasturas implantadas producen buenos forrajes para el engorde en los primeros años de uso, y aquellos potreros que disminuyen la producción de forraje son destinados para la cría de ganado; además que aquellas pasturas de menor productividad en la actualidad se realizan cambio de variedades de pastos, limpiezas de malezas, incorporación de leguminosas o movimientos de suelos buscando mejorar sus rendimientos productivos y en algunos casos son destinados a cultivos agrícolas.

Modelo de Plan de Uso de la Tierra con el Plan de Uso Alternativo de la Tierra en Cumplimiento de las Leyes Forestales y Ambientales Vigentes

Otros sistemas de producción en las unidades productivas de usos agrícolas, el uso y manejo se realiza la habilitación de las tierras con parcelas de suelos provenientes de Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos y/o suelos de campos naturales, además otro tipo de habilitación para la agricultura son de aquellas tierras previamente habilitadas para potreros que están degradados y para su recuperación pasan a ser de uso agrícola. Es bueno señalar que la integración de la agricultura a la producción ganadera en unidades productivas inició en el Chaco Central para generar disponibilidad de alimentos energéticos y proteicos de origen agrícola complementarios en el período invernal (helada y sequía) para el ganado vacuno de leche y carne (SEAM y BGR, 2007).

Actualmente los “Planes de Usos de la Tierras” y sus “Estudios de Impactos Ambientales” en la producción de la Región Occidental o Chaco del Paraguay, se caracterizan en general y particular por las siguientes condiciones:

1.- Las unidades productivas en el Chaco en un 90% cuentan con “Planes de Uso de la Tierra” aprobados por el INFONA y sus respectivos “Estudios de Impacto Ambiental” aprobados por el MADES;

Unidad Productiva Aplicando el Plan de Uso Alternativo de la Tierra Conservando la Reserva Legal Forestal, las Franjas Protección Forestal y sus Bosques de Protectores

2.- En cada unidad productiva se conserva el 25% y más de “Reserva Legal Forestal”; que sumados a las “Franjas Protección Forestal” y sus “Bosques de Protectores” de los cursos y fuentes de aguas, alcanzado en promedio por cada unidad productiva de entre 40% a 45% de Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos, que además contribuyen con la conservación y la protección de la biodiversidad y la vida silvestre;

3.- Estas reservas legales forestales y las franjas de protección que dejan los productores en sus unidades productivas en cumplimiento de las leyes forestales y ambientales en el Chaco; pueden usarse además de manera forestal para la producción de madera, leña y carbón, pero con Planes de Manejo pare el Aprovechamiento Forestales, pero previamente aprobados por el INFONA;

4.- Las unidades productivas en el Chaco que cuentan con “Planes de Uso de la Tierra” y sus respectivos “Estudios de Impacto Ambiental” aprobados; cuentan con la aplicación de Buenas Prácticas Pecuarias como ser: Manejo adecuado de los Recursos Hídricos (Sistema de distribución de agua, Franjas Protectoras de Cauces Hídrico y Cosecha y Almacenamiento de agua de lluvia); Manejo del suelo (Ordenamiento predial en base a la capacidad agrológica del suelo, Rotación de potreros, Ajuste de carga animal, Implantación de pasturas adecuadas al suelo y el clima, Manejo de plagas en pasturas, Manejo y cosecha de las reservas forrajeras, Renovación de pasturas, No quema y Manejo de la Regeneración de árboles nativos en potrero; y el Manejo Animal adecuado (Genética adaptada, Sanitación, Manejo reproductivo, Control de preñez, Servicios Estacionales, Control andrológico de Toros, Inseminación Artificial y Bienestar Animal);

Unidad Productiva Aplicando el Plan de Uso Alternativo de la Tierra de su Plan de Uso de la Tierra en Cumplimiento de las Leyes Forestales y Ambientales Vigentes

5.- Estas reserva forestal, bosques de protección de cauces hídricos y sus franjas de protección forestal; se presenta la opción si el propietario productor quiere por derecho aplicando la Ley N°3001/06 “Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” y/o Ley N°352/92 “Área Silvestre Protegidas” pueden ante el MADES convertir estas áreas con Cobertura Vegetal de Estratos Boscosos renunciando como reserva legal y franja de protección forestal, convertirlos en Áreas Silvestres Protegidas Privadas por la Ley N°352/92 “Área Silvestre Protegidas”;

6.- Existen propietarios de las unidades productivas privadas que poseen excedentes de Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos por encima de la “Reserva Legal Forestal”, las “Franja Protección Forestal” y sus “Bosques de Protectores”; que están certificando por servicios ambientales en el marco de la Ley N°3001/06 “Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”, ante el MADES con plazo predeterminados;

7.- La Dirección de Servicios Ambientales dependiente del MADES publica que en la Región Occidental o Chaco actualmente hay un total de 835.606 Has de propiedades públicas y privadas con Cobertura Vegetal y Estratos Boscosos y otros como pastizales; de los cuales 686.952 Has son Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos y pastizales son en propiedades públicas como de las ASP y en la propiedades privadas 148.654 Has, ambos con certificados por servicios ambientales aprobados y con plazos predeterminados en el marco de la ley de servicios ambientales; y

Entrega del Primer Certificado de Servicios Ambientales de Proyecto PROMESA Chaco – APAD Agua Dulce Chaco

8.- Datos oficiales nos indican que en el Chaco se cuenta como ASP consagrada a perpetuidad representativa de cada ecosistema: Parques Nacionales con unas 1.838.972 Has; Reserva Nacional de 125.823 Has; y la Reserva de la Biósfera de aproximadamente 4.707.250 Has. Pero el desafío que persiste es que las autoridades responsables de aplicar la Ley N°352/94 “ASP” puedan establecer estrategias más certeras para consolidar con sus delimitaciones, amojonamientos, compras, titulación, desarrollo de sus Planes de Manejos, asignación presupuestaria para su ejecución sostenibles. Estas Áreas Silvestres Protegidas están además ocupados por saladares, lagunas, riachos, esterales o los humedales, y las dunas (médanos).

Parque Nacional Defensores del Chaco un ASP Emblemática de la Región Occidental

Los “Planes de Uso de la Tierras” y sus “Estudios de Impactos Ambientales” formulados, aprobados y aplicados en las unidades productivas para el uso y manejo racional de los recursos naturales productivos de proyectos destinados para la producción ganadera extensiva de cría y/o engorde en las unidades productivas de la Región Occidental; incorporan pasturas y conservan una Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos, donde la “FOTOSÍNTESIS” del sistema productivo Bosques, Pasturas y/ Pastizales contribuyen para lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera.

Afirmando que la Región Occidental fue y es una alternativa válida para invertir en la misma por el potencial económico, ambiental y social que presenta, además se respeta en cada unidad productiva la conservación de Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos desde 2005 al 2021; en cumplimiento de los “Planes de Uso de la Tierras” la Ley 422/73 “Forestal” y los “Estudios de Impactos Ambientales” por la Ley N°294/93 de “EIA”; que obligan a conservar como reserva legal para uso de aprovechamiento forestal del 25%, sumados a las franja protección forestal y sus bosques protectores de cauces hídricos se están conservando en cada unidad productiva hasta el 45% de la Cobertura Vegetal con Estratos Boscosos.

 

“OPERATIVO SOBERANÍA – SECRETARIA DEL AMBIENTE (MADES)” Y EL MINISTERIO PÚBLICO (UNIDAD ESPECIALIZADA DELOS DEL FISCALIA AMBIENTAL PARAGUAY

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), en mi experiencia de haber participado como Ministro, técnico AGRONOMO, Ing. Agr. (M.Sc.) y (H.Cs) quisiera aportar para el debate técnico y científico los resultados del “OPERATIVO SOBERANÍA – LIDERADO POR LA SECRETARIA DEL AMBIENTE (MADES)” Y EL MINISTERIO PÚBLICO (UNIDAD ESPECIALIZADA DELOS DEL FISCALIA AMBIENTAL DE PARAGUAY”; temas para compartir y debatir a misma con los lectores de este Blog. 

“Operativo Soberanía”, equipo interinstitucional y multidisciplinario,  se encuentra trabajando por el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica de la República del Paraguay, caminando en un marco de legalidad y de lucha contra la impunidad, en las cuales, la Secretaría del Ambiente se encuentra generando e impulsando la Política Ambiental Nacional, recientemente aprobada por primera vez en el país, que señala el marco de acción en la búsqueda de un Desarrollo Sostenible que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, promocionando un sistema económico favorable y abierto que llevará al crecimiento económico y el desarrollo sostenible, contribuyendo a instalar el clima propicio para que las inversiones sanas lleguen a nuestro país, creando genuinos puestos de trabajo e ingresos fiscales que aporten a nuestra economía, al tiempo de conservar el patrimonio natural.

  “Operativo Soberanía”, que implica una serie de intervenciones a unidades productivas que no cuentan con licencia ambiental y que estarían violentando las normas ambientales al contar en su interior con maquinarias pesadas, ingresadas al país en forma irregular, para realizar desmontes y tala masiva de los bosques nativos de esta zona del país.

 De las 28 estancias verificadas durante el “Operativo Soberanía” en el departamento de Alto Paraguay, solamente 6 contaban con licencia ambiental, de las cuales 4 están en vigencia y las otras dos están vencidas o sin  renovar, según lo informado por el director de Fiscalización Ambiental Integrada de la Secretaría del Ambiente, Samuel Jara, quien regresó de la zona en la víspera.  De todas maneras, dijo que ninguna de las unidades productivas que cuentan con licencia cumplen con sus planes de mitigación de impacto ambiental.

 También se encontraron maquinarias de gran porte en las propiedades intervenidas que son destinadas a desmontar grandes cantidades de hectáreas. Indicó que al desmontar los bosques con las topadoras y cadenas de unos 300 metros de largo, se están derribando árboles maduros de raíz, acción que contribuye a deteriorar el suelo de la zona, que por sus características geofísicas resulta difícil de reforestar.

Se estima en 300 las estancias existentes en todo este departamento chaqueño, la mayoría de las cuales pertenecen a productores brasileños, quienes no dejan ningún tipo de dividendos a la zona, debido a que los mismos ni siquiera pagan sus impuestos, algunas de las unidades productivas tienen un retraso de 5 años en el pago de sus tasas impositivas.

Los estancieros brasileños tampoco dejan una ganancia para el departamento porque no contratan mano de obra paraguaya y todos los insumos que manejan son traídos del Brasil. “Ni siquiera las pistas de aterrizaje que poseen dentro de sus propiedades están registradas en la Dinar”, destacó.

También estos grupos de “facendeiros” cuentan con mucho poder económico, por lo que nadie se atreve a hacerles frente en la zona, e introducen a trabajadores brasileños sin siquiera pasar por los controles migratorios correspondientes. Tampoco respetan las leyes laborales que rigen en el país y el personal que trabaja para ellos no cuenta con ningún tipo de protección social.

“Fuerte Olimpo es un pueblo olvidado y los brasileños que cuentan con propiedades en el departamento ni siquiera contribuyen al desarrollo de esta localidad. Porque si quieren contribuir con el desarrollo de la zona por lo menos deberían dar trabajo a los pobladores locales. Pero ni las maquinarias que utilizan son legales, y sólo usan nuestras tierras como un bien de préstamo, pero sin pagar nada por la depredación que producen”.

Los paraguayos que son dueños de propiedades en el Alto Paraguay están con sus impuestos al día, pero debido a la crisis que afecta el país, cada día son más los que prefieren vender sus campos a los brasileños, quienes no aportan nada para desarrollar la zona.

“De la manera en que están deforestando es motivo suficiente para cancelarles la licencia a todos estos productores”.

 “El que daña tiene que pagar, tiene que compensar el daño que hace a la naturaleza. Los recursos naturales son del Estado, son soberanía del pueblo”.

Las estancias fiscalizadas desde que se inició el Operativo Soberanía son: Toro Pampa, Oroite, Nueva Elsa, Monte Pora, Torito, San Andres, Ña Verónica (Ex Inmakata), Union, Itaya, Quebrachales Yaguarete, Silverado, Yaguarete Pytá San Carlos, Palo Santo, Las Niñas, Urundey, San Francisco, Cerro Guazú, Las Palmas, Santa Virginia, General Diaz, Yatebu, Oroitemi, Santa Fe y Santa Águeda.

El director de Fiscalización de la SEAM mencionó que los controles ambientales proseguirán en el departamento de Alto Paraguay y en el resto del país para evitar la deforestación masiva de los bosques nativos.

Irregularidades constatadas durante intervenciones

Una de las estancias intervenidas es la denominada Inmakata, propiedad de Tranquilino Favero, productor de nacional brasileña. La propiedad cuenta con unas 22 mil hectáreas de extensión. El productor no cuenta con licencia ambiental expedida por la SEAM. Durante el procedimiento, no se observó la presencia de maquinarias pesadas en el lugar, por lo que los intervinientes presumieron que las mismas podrían haber sido escondidas, luego de correr la versión de que la mayoría de los establecimientos del departamento de Alto Paraguay serían intervenidos.

 La siguiente estancia verificada se denomina Unión y es propiedad de Osmar Carvalho Cunha, también de nacionalidad brasileña. Este ciudadano tampoco cuenta con licencia ambiental para activar en la zona. En su propiedad, de unas 20 mil hectáreas, no se verificó la presencia de maquinarias pesadas utilizadas para el desmonte. 

Itaya se denomina otro de los establecimientos intervenidos por los funcionarios ambientales. La misma tampoco cuenta con licencia ambiental y abarca una superficie de unas 20 mil hectáreas. No se proporcionó el nombre del propietario, debido a que el abogado no se encontraba en el lugar. No se observó la presencia en el sitio de maquinarias pesadas.

Estancia Las Marías, también fue intervenida durante estos días. En la misma se observó una importante deforestación de sus montes, realizada con topadoras hace aproximadamente una semana, según lo manifestado por los expertos. La extensión del desmonte es de unos 10 kilómetros de largo y 40 metros de ancho. No se encontraron maquinarias en este establecimiento.

 Sólo un total de 7 establecimientos de los 23 intervenidos en el departamento del Alto Paraguay, en el marco del “Operativo Soberanía” cuenta con licencia ambiental, según lo confirmado por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría del Ambiente. De estos 7 con licencia, sólo uno cumple con los planes de mitigación de impacto ambiental contenido en su Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por la SEAM y por la cual se concedió el mencionado permiso.

Las estancias intervenidas que no cuentan siquiera con licencia ambiental son las siguientes: 

-         Toro Pampa, propiedad de Ruyter Silva Filho;

-         Monte Porá, de Tiago Jacinto de Toledo César;

-         Quebrachales Yaguarete, de Janio Pedro Repossi;

-         Las Niñas, de Fernando de Castro Cunha;

-         Cerro Guazú Pora, de Fernando José C. Aguiar;

-         San Andrés, de Rui Assumpcao;

-         San Francisco, sin propietario registrado;

-         Oroite, de Nelson Cintra Ribeiros;

-         Laguna Gral. Díaz, de Malpas Avril Hetty Rita Jeanne;

-         Santa Águeda, de Joao Netto Medejra;

-         Unión, de Omar Carvalho Cunha C.;

-         Nueva Elsa, de Arnaldo Almeida Prado;

-         Torito, de Joao Deolindo Guimaraes Maia;

-         Silverado, de Gerson Farias;

-         Santa Fe, de Reinaldo Torrez;

-         Catarina, de Sergio Luis Cassius.

      En tanto que las unidades productivas con licencia ambientales fueron:

 -         Urundey, de José Roberto Barboza Ribeiro;

-         Palo Santo, del Grupo Ganadera Karanda (Adir Rodríguez de Lima);

-         Puerto María, de la Ganadera Santa Virginia del Paraguay S.A,;

-         Ña Verónica (ex Inmakata), de la Ganadera Ftal. Sta. Catalina S.A./ Tranquilino Favero:

-         Itaja, de Agroganadera Itaja S.R.L.;

-         Santa Virginia, sin propietario registrado;

-         Yaguarete Pyta-San Carlos, de Rosalino Mansuetto Salvador.

La única estancia que cumple con sus planes de mitigación es Yaguarete, según lo comprobado por los fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente, durante las intervenciones realizadas en el departamento de Alto Paraguay.

La Secretaria del Ambiente cumple en informa, en relación a lo manifestado por el Empresario Tranquilo Favero en medios de comunicación,  que el mismo no cuenta con la LICENCIA AMBIENTAL requerida, para realizar explotaciones agropecuarias en el establecimiento ubicado en Alto Paraguay.

Por tanto, es obligatorio, que el citado empresario se adecue y dé cumplimiento a las exigencias de la Ley 294/93, que en su articulo 7° inciso “determina: SE REQUERIRÁ LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y GRANJERA.

Por otra parte, cabe señalar, que durante las intervenciones realizadas en la zona del Alto Paraguay por el propio Ministro del Ambiente, Ing. Alfredo Molinas Maldonado, se pudo constar deforestación y quema de bosques en su establecimiento, en abierta violación a las normas ambientales.

Si se siguen derribando bosques, en poco tiempo más, el departamento del Alto Paraguay empezará a resentir aún más los rigores de la sequía y, nuevamente, los productores afectados se verán obligados a solicitar ayuda de emergencia al Gobierno Nacional para regar la zona. El secretario ambiental explicó que con el trabajo coordinado entre varias instituciones pretenden evitar que se llegue a una situación extrema de exterminio total de los escasos bosques nativos que aún quedan en pie en la zona. 

Al respecto, señaló que este tipo de procedimientos, que forma parte de la “Operación Soberanía”, proseguirá en otras propiedades que estarían operando en forma similar a la intervenida, en donde se decomisaron maquinarias de unas 45 toneladas, a un costo de 650 mil dólares, que ingresaron en forma irregular al país, para ser destinadas al extermino de bosques dentro de estas propiedades.  Según el informe remitido por los fiscales intervinientes en esta causa, se habría pagado una coima de un millón de guaraníes para ingresar estos implementos al país.

“Hicimos intervenciones en explotaciones ubicadas en el Chaco, y nos encontramos con la sorpresa de que existen equipos pesados, maquinarias, que tienen capacidad, inclusive, para tumbar unas 800 mil hectáreas de montes por semana. Estas maquinarias ingresaron al país en forma totalmente irregular, de acuerdo a lo constatado por Aduanas, al igual que el personal que trabaja en la estancia intervenida, así como todo el equipamiento existente en el lugar”.

Se resalta que el 80% de la madera que se extrae de los bosques chaqueños es quemada, lo que resulta un hecho sumamente preocupante para la institución a su cargo, porque ni siquiera se aprovecha de alguna manera esos rollos sino que se pierden indefectiblemente.

“En realidad lo que hace es quemar prácticamente todo y es imposible controlar eso, si es no que no se trabaja en forma coordinada con las demás instituciones como lo estamos haciendo ahora”, expresó. 

Resulta vital para estos casos constatar el origen de la documentación de las maquinarias de 45 toneladas ingresadas al país, así como las cadenas de más de 15 toneladas y determinar los responsables del ingreso irregular de estos implementos al país.

Las intervenciones proseguirán hasta abarcar todas las unidades productivas existentes en el Alto Paraguay, en forma coordinada con otras instituciones como Migraciones, por ejemplo, que tienen buenos equipos de comunicaciones, así como la Fiscalía Ambiental, la Aduana y la Policía Nacional.

Durante el procedimiento, la comitiva pudo comprobar que los postes que sirven para conducir la energía eléctrica a las fincas son de  alta generación, mientras que los que son utilizados para suministrar luz a Fuerte Olimpo están “podridos”. Esto demuestra, dijo, el nivel económico que manejan los propietarios de estas estancias.

Resulta vital que el Estado tenga más presencia en esta zona del país, por medio de las intervenciones interinstitucionales, pues es la única forma posible de acabar con estas irregularidades que están acabando con los pocos bosques que quedan en pie en el país.

“Nosotros realizamos estas intervenciones por pedido de la Gobernación del Alto Paraguay, pero desde la Secretaría, poco o nada podemos hacer solos porque no estamos enfrentando a unidades de explotación de 3 mil a 10 mil hectáreas, que introducen maquinarias en forma ilegal al país y todo el personal que trabaja en él es brasileño y tienen la capacidad necesaria para tumbar hasta 800 mil hectáreas por semana”, aclaró.

La Secretaría del Ambiente está para proteger el ambiente, aunque sin la existencia de una comisión interinstitucional poco o nada se podrá hacer para combatir este flagelo. Indicó que también le manifestó a la canciller Leila Rachid la necesidad de mantener un dialogo con el Gobierno brasileño, de forma a encarar controles conjuntos más estrictos para evitar el ingreso de estas maquinarias al país.  Finalmente, señaló que sugirió a la Fiscalía del Ambiente que los equipos decomisados sean donados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que sean destinadas a la construcción de caminos rurales en el interior del país.  

 Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.  Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, expresadas en nuestra propia Carta Magna.

Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional, términos expresados en la propia Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El medio ambiente debe ser considerado como parte integral y armónica del conjunto de tareas que garanticen el desarrollo sostenible en el país.  El problema de la sostenibilidad es en el fondo un problema de desarrollo, de erradicación de la pobreza, de educación colectiva, de mentalidad y hábitos sociales, de cultura política, de mecanismos institucionales que incorporen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, de nuevas formas de producir y de consumir, de equidad y cooperación en las relaciones internacionales, se trata, en suma, de colocar al ser humano en el centro de nuestras preocupaciones, porque si las personas no están protegidas, la naturaleza tendrá, entonces, pocas oportunidades.

 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.  Propiciar el crecimiento económico del país a través de un proceso de apertura comercial gradual, que esté comprometida con la búsqueda de esquemas productivos y de mercados limpios y amigables con el medio ambiente, propiciando un aumento de la productividad marginal de la tierra y ya no un aumento de la extensión agraria a costa del bosque nativo del país.

Contemplar un concepto armónico e integral del desarrollo sostenible, es un desafío que hay que apoyar, que no podemos dejar fracasar, por solidaridad y por la repercusión en escala mundial que puede tener esta primera experiencia de desarrollo sostenible.

La Gestión Ambiental es un compromiso del Gobierno Nacional que tiene como eje programático “La defensa del medio ambiente” y la implementación de políticas y acciones en diversos campos, así como la interacción con la sociedad civil y los organismos internacionales para preservar un ambiente sano y productivo para las generaciones presentes y futuras.

Por último, la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables, todos somos responsables de hacer del Paraguay un mejor país, con oportunidades para todos, aún de nuestras generaciones futuras.