Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), en mi experiencia de haber participado como AGRONOMO, Ing. Agr. (M.Sc.) y (H.Cs) quisiéramos aportar para el debate técnico y científico sobre “Procesos de las Transformaciones Sociales y Económicas y su Impacto en el Uso del Territorio Agro-Rural de la Región Oriental del Paraguay", con temas para compartir y debatir a misma con los lectores de este Blog.
En el ámbito de su crecimiento económico, el sector agropecuario forestal ampliado los últimos 5 (cinco) años vienen generando casi el 25% del Producto Interno Bruto (PIB)[1], En tanto que en materia de comercio exterior entre el 2008 al 2018, el sector agropecuario y forestal ampliado representó el 43,3% de las exportaciones en promedio, lo cual es determinante para los resultados positivos o negativos de la Balanza Comercial en el país.
En relación al desarrollo social del Paraguay
lo que realizan la actividad primaria como la agricultura, ganadería, caza y pesca
corresponden al 46,5% a la población que vive y trabaja en el ámbito rural, si a
ese dato se le agrega la industria situada en estos territorios, se llega a que
un 55% de los ocupados rurales están en el área de influencia directa del sector
agropecuario, forestal y agroindustrial.
Un HALLAZGO al analizar y evaluar objetivamente
los procesos políticos, institucionales y jurídicos del Paraguay en relación a lo
señalado en el párrafo anterior es que en 4 (cuatro) décadas de Reforma Agraria;
desde 1963 a 2004 se distribuyeron aproximadamente 3.500.000 Has de tierras fiscales
para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, pero esto según el Servicio Nacional de Catastro (SNC) unas 1.964.852 Has (61,6%)
de las 3.500.000 Has distribuidas siguen siendo propiedades del Instituto Nacional
de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)/ Instituto
de Bienestar Rural (IBR)/ Instituto de Reforma Agraria (IRA), así como la deuda de
los beneficiarios de aproximadamente unas 90.000.000 US$ por las tierras distribuidas.
Otro HALLAZGO en este análisis y evaluación objetiva
que es preocupante y necesario resolver con políticas públicas es lo publicado por
el CAN publicado en el 2008 (CAN/MAG/UE/2008) es que las causas directas e indirectas
de desarraigo de los pequeños productores con menos de 50 Has son que: el 62% de
los ocupantes de tierras beneficiarias por la Reforma Agraria no tenían títulos
sus tierras y/o propiedades; el 87% de los productores no recibían asistencia técnica;
El 84% no accedía a crédito formal del CAH y otros bancos oficiales del Estado;
y el 85% de estas familias de productores NO término la educación escolar básica.
En el CAN 2022 se relevaron información de 454.950
unidades de observación en total, de las cuales unas 291.497 son fincas agropecuarias
de estas unidades productivas totales unas 283.052 fincas están en la Región Oriental
que representa el 97% de total, mientras en la Región Occidental se tiene asentadas
unas 8.445 fincas que representa el 3%. En tanto la superficie de fincas agropecuarias
en la Región Oriental concentra el 44% de la superficie unas 13.397.506 Has y la
Región Occidental el 56% unas 17.004.154 Has. La tenencia de la tierra, de las 291.497
fincas agropecuarias; el 55% (160.273 fincas) cuenta con título definitivo, el 29%
(84.965 fincas) con documento provisorio, y el 22% (64.352 fincas) en el concepto
de alquilada y/o tomadas en aparcería o mediería; usadas como ocupante o bajo otra
forma de tenencia.
Considerando los datos
oficiales CAN 2008 y CAN 2022 y en el primer párrafo sobre el aporte significativo
y clave al crecimiento económico y el desarrollo social del sector agropecuario
y forestal ampliado del Paraguay, así como además los 2 (dos) hallazgos de contrapartida
sobre la situación en el sector agro-rural; sigue siendo el DESAFÍOS
DEL DESARROLLO RURAL Y/O LA REFORMA AGRARIA INTEGRAL o como quieran llamarlos los
expertos y entendidos de turno que ocuparon en las instituciones públicas u organismos
privados creados para el efecto, pero hasta hoy no pudieron resolver que es la POBREZA
RURAL[2], pero
en realidad tiene como principal foco CAUSAL a resolver en todo el territorio nacional
y especialmente en la Región Oriental que son ante todo las marcadas deficiencias
y diferencias en el acceso a la: asistencia técnica; educación y salud; servicios
básicos y no básicos; infraestructura; innovaciones tecnológicas; conocimiento tecnificados;
y otros.
Un problema debatido y discutido siempre POLÍTICAMENTE
es las asimetrías vigentes en la tenencia y distribución de las tierras que existe
entre las familias que ocupan el territorio rural especialmente de la Región Oriental
del país, siendo de larga data y ha venido generado y siguen generando numerosos
conflictos en el proceso del desarrollo agrario paraguayo agro-rural, estas distinciones
socio-económicas en el sector agro-rural que se arrastra hasta la actualidad acompañados
de fuertes crispaciones sociales entre los que viven y trabajan en el sector agro-rural
del Paraguay.
Esta problemática en particular se origina en
1963 cuando fueron promulgadas dos leyes, la Ley Nº852/63 que crea el IBR, y la
Ley Nº854/63 que establece el Estatuto Agrario; con esta institución y este marco
legal el Gobierno, empezó a legalizar ocupaciones de hecho en varios departamentos,
impulsó un proceso de colonización hacia los ejes este y norte del país denominado
la “MARCHA HACIA EL ESTE” (décadas del `60 y `70), y se crearon nuevas colonias
con miles de lotes agrícolas habilitados, pasando de 130.443 propiedades rurales
existentes en el país en los años 1960 a 258.281 en 1980. En estas décadas se dio
un intenso proceso de DESMONTES legales que hoy son señalados como DEFORESTACIÓN
y calificativo como ilegal, especialmente por la ausencia de políticas, instituciones
entendidas e instrumentos jurídicos forestales y nada ambientales adecuados para
el control, uso y manejo racional de los bosques nativos existentes en su momento.
Las consecuencias de esta GESTIÓN POLÍTICA HISTÓRICA
desde la creación del IBR y su Estatuto Agrario en las “transformaciones sociales
y económicas y su impacto en el uso del territorio agro-rural del Paraguay”,
hacen directa relación con el fenómeno denominado actualmente como las DEFORESTACIONES
en la Región Oriental del Paraguay; datos oficiales marcan que en 1945 esta Región
Oriental contenía una superficie boscosa de 8.800.000 de Has, equivalentes al 55,1%
de su territorio; pero en la segunda mitad de los años `60 la superficie boscosa
se había reducido a 7.000.000 de Has (44,1% del territorio); a mediados de los años
`70 se estimaba una superficie boscosa de 5.500.000 de Has (34,4% del territorio);
en los `80 se estimaban en 3.900.000 de Has (24,6% del territorio); y en 1991, quedaban
2.400.000 Has de bosques, apenas el 15% de la superficie total.
Es importante en este proceso conocer y
reconocer que esta era la manera oficial y legal de ocupar territorios sobre o con
bosques nativos para fines de uso agropecuario y/o de aprovechamiento forestal en
la Región Oriental del país. Desde 1963 a 1973 e inclusive de 1973 al 1992, con
el cambio de la Constitución Nacional de 1967 por una nueva Constitución Nacional
de 1992, se continua hasta el 2002 con Ley Nº854/63 que establece el Estatuto Agrario
que se deroga y es establece un nuevo Estatuto Agrario por la Ley Nº1863/02; así
como también en el 2004 la Ley Nº852/63 que crea el IBR es remplazado por Ley N°2419/04
– INDERT.
Importante señalar sobre el párrafo anterior
que después de promulgarse y estar vigente la Constitución Nacional – 1992, se siguió
ocupando territorios, mediante la colonización campesina sobre y/o con bosques nativos
en la Región Oriental bajo el amparo legal de etas instituciones IBR su Estatuto
Agrario de 1963 y el Servicio Forestal Nacional (SFN) hoy INFONA. Hasta el 2002 e inclusive
del 2004 las colonizaciones privadas, públicas incluyendo los asentamientos humanos
sujeto a la reforma agraria, además incluyendo con más fuerza en el Chaco Paraguayo
que se vinieron realizando sobre territorios con BOSQUE NATIVOS, desarrollando legal
y legitimante cambios de uso de las tierras para usos pecuarios, agrícolas y/o de
aprovechamiento forestal.
Ante este proceso de transformación y ocupación
del territorio en el sector agro-rural de las Región Oriental se incrementó la superficie
de uso para fines agrícolas cultivando rubros de renta como el algodón y el tabaco,
el trigo, la soja y la producción ganadera, el ingreso masivo de colonos y capitales
extranjeros fue muy importante; donde las TASAS estimadas de DESMONTES hoy denominados
como DEFORESTACIÓN fueron de: Entre 1945 y 1985 fueron deforestadas 5 millones de
Has, 123.000 Has/año; Entre 1968 y 1976 fueron deforestadas 212.000 Has/año; Entre
1984 y 1991 fueron deforestadas 300.000 Has/año; Entre 1989 y 2001 fueron deforestadas
112.960 Has/año; y Para el 2002 la TASA era de 110.000 Has/año. Desde la mirada
productiva, para satisfacer el mercado interno y externo, la expansión de la utilización
de la tierra era de 110.00 has/año.
Un elemento institucional y jurídico a señalar
en estos procesos de las transformaciones sociales y económicas y su impacto en
el uso del territorio agro-rural de la Región Oriental; es que desde 1973 hasta
el 2004 que está vigente Ley N°422/73 Forestal; cuyo Artículo N°42: “todas las
propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener
el 25% de su área de bosque natural. En caso de no tener este porcentaje
mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al 5% de la
superficie del predio”; ÚNICA institución responsable de autorizar las actividades
de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques nativos por
DESMONTES hoy muchas veces señaladas como DEFORESTACIONES en el marco del Artículo
N°42 de la Ley N°422/73 Forestal. Para contextualizar, en la década de 1960, casi
todos los países de la región procedieron a integrar amplias regiones, con desmonte,
para realizar agricultura y ganadería. Paraguay retrasó este proceso porque tenía
una población extremadamente baja y no disponía de condiciones para financiar y
sostener un proceso de colonización. tampoco debe olvidarse la existencia de un
clima de político muy inestable durante casi toda la primera mitad del siglo XX.
En este escenario planteado de los procesos
de transformaciones para analizar la problemática territorial y las crispaciones
económicas y sociales del sector Agro-Rural en esta Región Oriental en particular
es importante revisar la Constitución Nacional – 1992; que en su Artículo Nº28,
consagra a la REFORMA AGRARIA como uno de los factores fundamentales para lograr
el bienestar rural y la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo
económico y social de la Nación. Este Artículo N°8 además señala que a este efecto
se adoptarán sistemas justos de distribución, propiedad y tenencia de tierra, se
organizarán el crédito y la asistencia social, se fomentará la creación de cooperativas
y de otras asociaciones similares, y se promoverá el incremento de la producción,
su industrialización y la racionalización del mercado, de modo que permita a la
población campesina lograr su mejoramiento económico, como garantía de su libertad
y dignidad, y como fundamento del bienestar nacional.
Un análisis crítico y práctico de este Artículo
N°28 nos demuestra que los pequeños productores tienen derecho al acceso a la tierra
para poder generar bienes y servicios que generen beneficios económicos y sociales
para sus familias y de esa manera poder llevar una vida más digna como paraguayos,
pero en ningún momento autoriza a realizar invasiones y ocupaciones que violen la
propiedad privada como muchos pretenden dar a entender. Es urgente que la distribución
y ocupación de tierras sea acompañada de un apoyo decidido por parte de los organismos
del Estado paraguayo con el afán de proveer infraestructura, asistencia técnica
y crediticia según las condiciones socio-ambientales de los asentamientos y colonias.
Hasta
el momento finales del 2020 es lamentable, los resultados poder citar o mostrar
modelos efectivos y eficaces, porque siempre fueron insuficientes y con la apertura
democrática los conflictos por la tierra se han profundizado, generando una situación
problemática que continua hasta nuestros días y que parece no tener atisbos de solución.
Desde 1989 hasta finales del 2020; se han producido y vienen produciendo numerosas
invasiones de propiedades privadas por parte de grupos denominados de “campesinos
sin tierras”, quienes, con la intención de hacerse de un pedazo de tierra propia,
han ocupado propiedades privadas a las que denominan latifundios, tierras improductivas,
y supuestas tierras mal-habidas, generando cada vez más críticas crispaciones sociales
se radicalizaron especialmente en los Departamentos de Alto Paraná, San Pedro, Caaguazú
e Itapúa.
Aunque en el 2002 ese promulgó el nuevo
Estatuto Agrario y en el 2004 se creó una nueva institucionalidad ejecutiva denominada
INDERT, cuya función es identificar los problemas relacionados a la tierra y coordinar
la tan necesitada reforma agraria integral, a casi una década, los mismos problemas
continúan en el sector Agro-Rural por la falta de liderazgo y voluntad política
para resolver los problemas de arraigo y competitividad en el sector rural. La inequidad estructural debido a las consecuentes
ocupaciones del territorio y al fomento de la deforestación y la explotación forestal
irracional para la habilitación de tierras para la agricultura y la ganadería, han
dado como resultado una agricultura dual, minifundiaria y empresarial.
La Constitución Nacional asegura que paraguayos
y extranjeros nacionalizados accedan a la tierra para poder trabajarla y con los
beneficios obtenidos poder llevar una vida más digna, y que el INDERT por medio
del Estatuto Agrario deberá asegurar una mejor distribución de las tierras y sobre
las mismas sistematizar las acciones y actividades que permitan el arraigo definitivo
de los productores en el sector rural.
El desafío a encarar para lograr el arraigo
de las familias de los pequeños productores se sustenta en vencer el bajo nivel
de innovación y apoyo tecnológico para el aumento de la productividad, lo que requiere
de una adecuada y eficiente asistencia técnica con innovaciones tecnológicas acordes
a la demanda de los mercados nacionales e internacionales, incorporando a las pequeñas
y medianas unidades productivas por medio de la competitividad a las grandes unidades
productivas, disminuyendo la presión sobre la tierra que por su condición natural
tendrían consecuencias ecológicas negativas.
La utilización de las tierras y sus recursos
naturales (bosques, aguas, suelos), está sujeta actualmente a estrictas normas técnicas
que favorecen el manejo y uso racional de los mismos, las que deben ser respetadas
por los propietarios de las tierras, y por los que la ocupan, debiendo desterrar
la práctica de que los “invasores de tierras” no tienen ninguna responsabilidad
sobre sus actos y mucho menos sobre la sustentabilidad de los recursos naturales
que contienen esas tierras.
Es urgente necesidad que el ESTADO[3] con sus órganos legislativos, ejecutivos
y de justicias, se organicen y coordinen estrategias y acciones que convengan de
aquí en adelante, entiendan y establezcan espacios adecuados de debate e instauren
señales concretas y claras de políticas eficaces y sostenible para el sector Agro-Rural,
donde el acceso y el uso racional de los recursos naturales productivos de la tierra,
la educación y la capacitación técnica agropecuaria y de aprovechamiento forestal,
se constituyan piedra angular del desarrollo Agro-Rural sostenible, contribuyendo
de esa y alguna forma en la solución permanente de los conflictos sociales del sector.
Consideramos que las señales claras de debate
deberán asegurar la participación de los verdaderos actores que viven y trabajan
en el sector, liderado por los responsables de arbitrar imparcialmente el respeto
a la Constitución y las Leyes, buscando afanosamente un clima de estabilidad política,
que permita crear una mayor vinculación entre sectores empresariales y campesinos,
construyendo alianzas estratégicas que contribuyan a la mitigación de la pobreza
y la reducción de los conflictos, cada vez más radicalizadas por la inequidad económica,
social y ambiental creciente en el área Agro-Rural del Paraguay.
[1] El PIB mide el
valor de todos los bienes y servicios producidos en un período -normalmente un
año- en una economía. El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la
riqueza que genera un país.
[2] La pobreza rural,
en particular la campesina, está determinada por la estacionalidad de la
agricultura y por el hecho que, en el capitalismo, los precios incorporan (como
costos) sólo los salarios de las jornadas efectivamente pagadas. Por ello, el
campesino debe buscar ingresos adicionales fuera de la parcela.
[3] Un Estado es una
organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas
estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza
aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.