MÉDANOS DEL CHACO: ¿QUIÉN DEBE DECIDIR EL FUTURO DEL CHACO: LAS ONG, LA POLÍTICA, LAS INSTITUCIONES O LOS CHAQUEÑOS?

 Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), con la experiencia de haber ocupado cargos públicos importantes quiero compartir una reflexión sobre esta discusión que existe alrededor de un área protegida del país.

I.- INTRODUCCIÓN

La reciente discusión sobre el Parque Nacional Médanos del Chaco ha sido presentada por varias organizaciones como una supuesta confrontación entre desarrollo y conservación. Desde este blog no queremos reducir el debate a petróleo versus ambiente ya que esto simplifica una discusión más profunda.

La realidad de las áreas silvestres protegidas es más que conocida el estado en que se encuentran, las ONG que hablan de que Médanos del Chaco es un ecosistema único en el mundo pero sin embargo no tienen proyectos en esa área ni tampoco inversiones para fortalecer dicho lugar.

Es más, quizás ni siquiera se tenga guardaparques que cuide estos recursos naturales en esa zona. Entonces nos cabe la duda, como si es tan importante no se cuenta con infraestructura y guardaparques que protejan esa área o con ONG que ejecuten proyectos en esa área.

La controversia real nace cuando años atrás se incorporó una prohibición específica mediante ley para impedir actividades de prospección de hidrocarburos y minerales dentro del área protegida. Y aunque esa decisión fue presentada como un fortalecimiento de la protección ambiental, también instaló un precedente complejo, la posibilidad de que restricciones o habilitaciones ambientales excepcionales sean definidas por leyes o decretos impulsadas por coyunturas y presiones, sustituyendo procesos técnicos e institucionales ya previstos en el sistema ambiental paraguayo.

Este es el verdadero debate que deja el caso Médanos del Chaco. Para que esta el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) que tiene cientos de normas que le permiten aprobar o rechazar proyectos a partir de datos científicos y técnicos, si finalmente se va a prohibir o permitir actividades por temas políticos o por presión de grupos interesados.

II.- UN PARQUE NACIONAL NO DEBERÍA GESTIONARSE POR IMPULSOS LEGISLATIVOS

Las áreas protegidas poseen mecanismos de gestión ya establecidos en el marco legal paraguayo. Su funcionamiento no debería depender de coyunturas políticas ni de mayorías circunstanciales.

Las restricciones de uso, zonificaciones internas, categorías de manejo y actividades permitidas o prohibidas deben surgir de procesos técnicos científicos y participativos que incluyan:

·        estudios biofísicos,

·        análisis socioeconómicos,

·        evaluación de impactos,

·        consultas con actores locales,

·        construcción participativa de planes de manejo.

Es decir, el sistema ya posee las herramientas para que el MADES decida qué puede y qué no puede hacerse, ¿por qué se sustituye el proceso técnico por una decisión política excepcional?

Porque si hoy una ley puede prohibir algo por temor ambiental, mañana otra ley podría habilitarlo por razones económicas, políticas o sociales.

Y ambas circunstancias generan el mismo problema: incertidumbre.

III.- UNA DISCUSIÓN DEL CHACO QUE PARECE DEBATIRSE DESDE ASUNCIÓN

Otro aspecto llamativo es el discurso instalado por algunas organizaciones alrededor de quién tiene legitimidad para opinar. Hemos escuchado algunas críticas al proyectista porque es un diputado electo por Asunción y propone modificaciones vinculadas al Chaco.

Y esa fue la crítica al mismo, entonces tenemos el derecho de decir ¿por qué actores urbanos, organizaciones asentadas en Asunción o ciudades alejadas territorialmente deberían decidir qué modelo de desarrollo corresponde al Chaco?

La realidad chaqueña posee dinámicas propias:

·        grandes distancias;

·        menor presencia estatal;

·        poblaciones indígenas;

·        producción ganadera;

·        infraestructura limitada;

·        condiciones ambientales particulares.

Las comunidades y actores locales deberían formar parte central del debate y no simplemente convertirse en espectadores, es imprescindible llevar el debate público al Chaco y preguntarle a los afectados que opinan de todo esto. Ellos son quienes deben tener voz en el tema.

IV.- LA CONSERVACIÓN TAMBIÉN EXIGE RESPONSABILIDAD

Hace varios años escuchamos movimientos y organizaciones que hablan de la importancia de defender los Médanos del Chaco. Sin embargo, ¿Cuánto han invertido efectivamente esas organizaciones en conservar satisfactoriamente a esa área? ¿Cuánto financiamiento se destinó al control y vigilancia, infraestructura, monitoreo, investigación y el fortalecimiento de las comunidades indígenas que viven en esas zonas.

Para algunas organizaciones, la protección ambiental parece reducirse a comunicados, campañas y consignas. Pero conservar implica algo más difícil: invertir recursos, mantener presencia territorial y asumir responsabilidades concretas

V.- ÁREAS PROTEGIDAS Y CRÉDITOS DE CARBONO: SI LOS BIENES DE LAS ASP SON COLECTIVOS Y DE TODA LA SOCIEDAD, ¿SE PUEDEN TRANSFERIR CRÉDITOS DE CARBONO A UN EXTRANJERO?

La discusión alrededor del Parque Nacional Médanos del Chaco abre una pregunta para la propia autoridad ambiental del país. Si se sostiene que las ASP son un patrimonio colectivo cuyo valor pertenece a toda la sociedad y cuyos bienes son inalienables e intransferibles a perpetuidad.

Entonces si un área protegida genera créditos de carbono y es certificado bajo estándares internacionales ¿pueden esos beneficios económicos transferirse o comercializarse a terceros?

Entendemos que existen áreas certificables, pero en coherencia con algunos argumentos de que las ASP son de interés público, pues entonces los beneficios ambientales incluyendo los créditos de carbono, también son de interés público y no deberían ser cedidos a terceros y menos aún  a extranjeros u otros países.

¿Si el patrimonio natural del Paraguay produce servicios ecosistémicos, países extranjeros pueden ser beneficiarios de estos servicios ambientales originados del patrimonio colectivo paraguayo?

VI.- CONCLUSIÓN

El caso del Parque Nacional Médanos del Chaco no debería reducirse a una discusión simplista sobre búsqueda de petróleo o no. El verdadero debate es institucional: si una actividad debe ser prohibida o habilitada por una ley especial, entonces algo no está funcionando correctamente en el sistema ambiental.

La existencia del MADES como autoridad responsable de evaluar técnicamente, exigir estudios, imponer condiciones y rechazar proyectos incompatibles es su justificativa de existir. Asi mismo, las áreas protegidas no pueden gestionarse por impulsos legislativos, presiones políticas o campañas mediáticas. Deben gestionarse con planes de manejo, presencia territorial, guardaparques, presupuesto, control efectivo y participación real de las comunidades locales, los pueblos indígenas, los productores y los actores que viven en el Chaco.

Finalmente, si las Áreas Silvestres Protegidas son patrimonio colectivo, inalienable, intransferible y de utilidad pública, ese principio debe aplicarse con coherencia. No puede usarse el carácter colectivo de estos bienes solo para restringir ciertas actividades y luego evitar la discusión cuando aparecen beneficios económicos, como los créditos de carbono, que podrían ser transferidos a terceros o incluso a extranjeros.

Esta discusión sobre el P. N. Médanos del Chaco nos deja una lección clara: Paraguay necesita menos leyes de ocasión, menos discursos ambientales y más institucionalidad real y discusión técnica-científica.