Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), quisiera compartir una reflexión sobre la “PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD EN PARAGUAY”, creo es conveniente para tener mayor claridad sobre el tema y en especial para los interesados que visitan este blog.
I.- ANTECEDENTES:
1.- Los gremios
de la producción manifestaron de diferentes formas de valoran el esfuerzo del
MADES y celebran el hecho de compartir la elaboración del “Séptimo Informe
Nacional de Biodiversidad del Paraguay 2019–2024, cumpliendo con el Convenio
sobre la Diversidad Biológica”, reconociendo que este documento formulado
constituye más bien un esfuerzo importante de recopilación, sistematización y
la preparación para la validación como una información ambiental nacional sobre
la diversidad biológica del Paraguay.
2.- Este informe
nacional documentado sobre la biodiversidad se formuló y presento definiendo y
estableciendo varias metas e indicadores
con incidencia directa y//o indirecta
sobre el uso racional de sus recursos naturales de sus tierras, que incluye el
recurso natural productivo SUELO, y por consecuencia la producción agropecuaria
y forestal, el financiamiento de la planificación territorial, la restauración,
la conservación de las áreas protegidas y los reportes de sostenibilidad.
3.- Ante esta lectura
analítica y crítica realizado por técnicos de los diferentes gremios de la
producción organizados, han consideran necesario exponer algunas observaciones
y comentarios para que el MADES lo tenga en cuenta en este periodo de recepción
de sugerencias.
II.- ANÁLISIS,
RECEPCIÓN Y SUGERENCIAS AL DOCUMENTO:
1.- Diferentes
formas de conocimiento asociadas al uso y conservación de los recursos
naturales.
2.- El ámbito de acción en las políticas
actuales sobre biodiversidad.
3.- Políticas de carácter indicativo
no compulsivo y de carácter vinculante o normativo.
4.- Las políticas de carácter
indicativo tienen a su vez un nivel diferente de ejecución.
a).- Las que se plasman en los planes de desarrollo como respuesta en
términos generales a promesas de campaña, para ser cumplidas al menos
parcialmente, en cada administración.
b).- Otras iniciativas del ejecutivo, como proclamas, estrategias y
propuestas de cada presidente de la república, sus ministros, que son
directrices usualmente archivadas cuando un nuevo gobierno entra en funciones.
c).- Las políticas de carácter vinculante tienen una mayor posibilidad de ejecución por ser leyes, decretos o trascienden el periodo de cuatro años de cada administración. Dentro de las leyes, hay también una jerarquía, son acuerdos internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa o si son sólo leyes nacionales.
5.- El documento analizado corresponde al “Séptimo Informe Nacional de Biodiversidad 2019–2024” y no queremos
que este documento que está siendo analizado y ajustado finalmente no sea
confundido o interpretado como el informe del ENPAB 2025–2030.
6.- Lo señalado en el anterior que la ENPAB 2025 – 2030, cuyo
documento aparece en el informe como marco de referencia y en el cual se señala
que se tomó como referencia la “Estrategia
Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad 2025–2030”,
finalizada en diciembre de 2025 y que está alineada al Marco Mundial de
Biodiversidad Kunming–Montreal, además, el propio reporte del documento indica
que la adopción de la estrategia como política o instrumento legal se encuentra
“en progreso”.
7.- Antes de citar algunos comentarios como ejemplos creemos necesario
que el informe distinga con mayor claridad entre: lo que corresponde al reporte
de avances 2019–2024; y lo que corresponde
a la ENPAB 2025–2030; lo que son metas futuras; lo que son datos efectivamente verificados; y
lo que son propuestas o mecanismos aún en construcción. Esta diferenciación es
importante para evitar que metas futuras sean interpretadas como obligaciones
pasadas que están siendo analizadas o vigentes que tienen un periodo futuro de
reporte.
III.- DISCUSIÓN Y SUGERENCIAS AL
DOCUMENTO EN CUESTIÓN:
1.- Luego de haber revisado la Ley N°6676/2020 podemos concluir que en
ningún párrafo se cita el término de “deforestación
cero”. Lo que sí prohíbe expresamente esta Ley es la transformación o
conversión de áreas boscosas a usos agropecuarios o asentamientos humanos
durante un período de 10 años (hasta 2030).
2.- Por tanto, lo prohibido propiamente no es el uso sostenible de los
recursos bosque, sino el aprovechamiento del mismo de un modo que implique una
conversión a otros usos.
3.- En la práctica real existen aprovechamientos compatibles que
siguen siendo válidos, como, por ejemplo, el uso forestal, cultural,
recreativo, científico o turístico de los bosques, siempre que no implique el
cambio de cobertura vegetal ni conversión del uso de las tierras, ajustándonos
a lo que define el propio INFONA como bosque.
4.- Es decir, se puede realizar un manejo forestal sostenible, tener
un permiso de aprovechamiento del propio INFONA, extraer árboles y
comercializarlos, manteniendo el número, la cobertura y el dosel vinculado al
concepto de bosque técnico legal utilizado en el país.
5.- Hay que comprender que la norma no exige mantener el bosque
intangible o intocable. Es por ello que el uso del término “deforestación cero” genera confusión y
lleva a interpretaciones erróneas.
6.- Muchos creen que está prohibido cortar un árbol o intervenir un
bosque en cualquier forma, cuando en realidad la ley permite el uso del bosque
siempre que no se cambie su naturaleza ni se lo convierta a otro uso.
IV.- SUSTENTO DE LA JUSTIFICACIÓN A LAS SUGERENCIAS DEL DOCUMENTO EN CUESTIÓN:
1.- El tema de biodiversidad es relativamente nuevo, se considera que
hay avances importantes en el establecimiento de políticas públicas de tipo
normativo (los convenios internacionales, Ley
de biodiversidad, leyes conexas y los decretos) e indicativo (la estrategia
de Biodiversidad).
2.- Todas dan directrices para llenar vacíos jurídicos o
institucionales en el ámbito de la conservación, uso y manejo de bienes difusos
(propiedades genéticas y bioquímicas, bioprospección, impacto socio –
ambiental, causados por tecnologías
tradicionales y nuevas, sus productos y demandas de biotecnología, los
organismos genéricamente modificados, los derechos intelectuales comunitarios).
3.- Políticas propuestas:
a).- EL Estado como representante de la sociedad deberá tener en
cuenta.
b).- La importancia de la biodiversidad para la conservación de los
procesos esenciales para la vida, ecosistemas y organismos que forman parte de
ellos.
c).- Que de su conservación y uso sostenible depende del bienestar de
los ciudadanos y las ciudadanas.
c).- Que es esencial el reconocimiento de la distribución justa y
equitativa de sus beneficios entre todos, especialmente los y las que han sido
tradicionalmente custodios, como lo son las comunidades locales e indígenas.
d).- Que la Estrategia de Biodiversidad es un proceso nacional que
define en general la problemática nacional y brinda soluciones, contemplando
políticas, estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo
Políticas
Siguientes:
Establecimiento del marco técnico, normativo y organizativo para
garantizar el acceso a los recursos, a la transferencia de tecnología, la
protección del conocimiento comunitario y
otros derechos de propiedad como distribución justa y equitativa de
beneficios que de ello se derive, para cumplir los compromisos en la materia.
Bioseguridad
Consolidación
de las actuales áreas silvestres protegidas.
Desarrollo
de estrategias de manejo de áreas silvestres protegidas con objetivos de
conservación y utilización
Fortalecimiento
de la participación y corresponsabilización de la sociedad civil en la
gestión de áreas proyectos de
conservación.
Conservación
Ex Situ
Desarrollo
de la capacidad nacional para realizar acciones de conservación ex-situ como
complemento de manejo de las áreas silvestres protegidas y como instancias para
fortalecer la conciencia ciudadana y la
investigación.
Generación
de conocimiento
Fortalecimiento
de la capacidad nacional de generación y aplicación de conocimiento para uso
sostenible.
Impulso
a las actividades de inventarios de biodiversidad y su aplicación a la gestión
sostenible de la biodiversidad.
Impulso
a las investigaciones dirigidas a conocer el estado de las especies y
ecosistemas de interés para la conservación.
Impulso
a la investigación que contribuya al uso sostenible de los recursos.
Promoción
del conocimiento tradicional
Manejo
de información
Integración
y reforzamiento de la educación ambiental en los programas de educación formal.
Desarrollo
de programas de educación no formal dirigidos al uso sostenible de la
biodiversidad, con la participación activa de los grupos meta de su diseño.
Consolidación
del programa nacional de pago de servicios ambientales.
Desarrollo
de mecanismos innovadores para la promoción de actividades de conservación y
utilización
Adaptación
potenciación de las capacidades institucionales y comunales para la prevención
y mitigación de actividades productivas.
v
Fortalecimiento de la capacidad institucional y de
la sociedad civil para promover los procesos de comercio sostenible de la
Biodiversidad.
v
Establecimiento y consolidación de la capacidad
nacional para la recuperación, conservación y uso sostenible de recursos de la Biodiversidad doméstica en las fincas, orientada a
garantizar la seguridad alimentaria
nacional.
v
Impulso a la agricultura conservacionista y
orgánica.
v
Integración de la visión de sostenibilidad técnica y
financiera a la gestión de la biodiversidad.
v
Promoción de intercambios de experiencias en gestión
sostenible de la biodiversidad en el MERCOSUR.
v
Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades
locales para participar y beneficiarse de proyectos de uso sostenible de la
biodiversidad.
v
Desarrollo de canales e instancias formales de
coordinación para la gestión de la biodiversidad.
La
implementación de estas políticas será responsabilidad de cada uno de los
actores, individualmente y en coordinación con sus pares.
En cada
una de las Instituciones del Estado involucradas, las responsabilidades de
implementación a niveles locales deberán
ser incorporadas en sus respectivos planes operativos anuales.
La
SEAM, en su carácter de ente rector en la materia deberá velar por el
cumplimiento de las políticas.
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