ABC DIARIO

01 de Noviembre de 2013

| CRIMEN ECOLÓGICO DE INCALCULABLES PROPORCIONES

Obtienen anuencia de juez para depredar Mbaracayú

Por Marcos R. Velázquez

Con una orden judicial dictada por el cuestionado juez Carlos Goiburú y con resguardo policial, Ladimir Fernández Moraga invadió la Reserva del Mbaracayú.

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Orden emanada por el juez Carlos Goiburú a la Policía para dar resguardo a Ladimir Fernández, quien ya depredó varias hectáreas de bosques dentro de la Reserva del Mbaracayú. / ABC Color

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Allí procedió a echar parte del valioso bosque del lugar y hábitat de numerosas especies en peligro de extinción. Ni la Seam ni la Fiscalía del Ambiente han detenido este feroz crimen ecológico.
La denuncia fue formulada por la Fundación Moisés Bertoni que administra la Reserva del Mbaracayú, uno de los últimos remanentes boscosos de la Región Oriental, declarada “Núcleo de la Primera Reserva de Biósfera del Paraguay” por la Unesco en el año 2000.
La Reserva Mbaracayú se encuentra protegida por Ley 112/91 con rango de Tratado Internacional, ya que involucra al Gobierno del Paraguay, el Sistema de las Naciones Unidas, la Organización Internacional “The Nature Conservancy” y la Fundación Moisés Bertoni.
Según la denuncia, Ladimir Fernández Moraga pretende una parte importante de la reserva sin contar con documentación alguna que respalde su pretensión, pero con el presunto padrinazgo de ministros de la Corte Suprema de Justicia, según manifestaciones del propio Emiliano Fernández, hermano del primero, y según se puede deducir de las irregulares órdenes judiciales que obtienen –los Fernández– a través del juez Carlos Goiburú, quien ya fue suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La finca pretendida está en el lugar denominado Horquetami, cuenta con 876 hectáreas, está registrada a nombre de la Fundación Mbaracayú, propietaria de todos los inmuebles que conforman la Reserva Mbaracayú, y está inscripta en los Registros Públicos como Finca N° 1812 del Distrito de Copus Christi desde 1996.
Sin embargo, los Fernández, sin ninguna documentación y queriendo hacer valer solamente la ocupación, o en este caso la invasión, ha encontrado eco favorable en el juez Goiburú, quien no solo ha aprobado un pedido de interdicto de retención de inmueble sino que ha ordenado a la Policía que resguarde a los intrusos.
De esta forma, la familia Fernández sistemáticamente viene violando la Ley 112/91, y la Ley 3138/2008 de Deforestación Cero, con la apertura de caminos, tala de árboles, colocación de alambrados y amedrentando incluso con armas de fuego a guardabosques de la Reserva, lo cual ya ha sido denunciado a las autoridades respectivas sin respuesta alguna. La aberración jurídica firmada por Goiburú llega a tal punto que ni siquiera está delimitada la supuesta posesión de los Fernández, por lo que la depredación podría llegar a toda la Reserva de 65.000 hectáreas.
Intentamos tener la versión de Goiburú y de los Fernández, pero nadie atendía en el juzgado de Curuguaty.