ABC DIARIO

08 de Noviembre de 2013

| MINISTERIO PÚBLICO YA INTERVINO VARIAS VECES EL LUGAR Y HASTA AHORA NO HAY CONDENADO

Desmontan desde 2005 ante inacción cómplice de la fiscalía, Seam e Infona

Desde el 2005 hasta ahora se registra un criminal desmonte en la estancia Armisticio, departamento de Canindeyú. El hecho se produce en forma continúa, ante la sospechosa inacción de los fiscales ambientales, funcionarios del Infona y la Seam.

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El desmonte corroborado en el 2009, por la comitiva interviniente. / ABC Color

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En agosto de 2005, la fiscalía de Salto del Guairá y el Instituto Forestal Nacional (Infona) intervinieron un desmonte de 700 hectáreas en la estancia Armisticio.
En marzo de 2009, funcionarios de la Seam e Infona, acompañados por fiscales ambientales, corroboraron otro desmonte de más de 500 hectáreas en la misma estancia y otras fincas aledañas. Sin embargo, todo quedó en el oparei, porque la criminal deforestación sigue impune.
En julio pasado, se constituyeron de nuevo en el lugar los fiscales ambientales Carlos Rojas, de Asunción, y Zunilda Ocampos, de Ciudad del Este, quienes de nuevo corroboraron que continuaba el desmonte.
La fiscala informó a nuestro diario que tiene una carpeta abierta en donde imputó a tres personas. Sin embargo, estas serían solo personas pagadas por los verdaderos culpables, para que asuman la responsabilidad del ilícito.
El miércoles pasado se constituyó de nuevo en la zona el fiscal Erico Ávalo, quien corroboró otro desmonte de 700 hectáreas. Es decir, que sigue la actividad criminal y para ello se contaría con la complicidad de algunos fiscales, funcionarios de la Seam y del Infona.
En las estancias Armisticio, Katita Porã y otras existen aproximadamente siete grandes áreas de deforestación lo que daría un total, a la fecha, de aproximadamente 6.000 hectáreas afectadas, según fuentes. Los desmontes se realizan en gran escala y para ello se utilizan como mínimo 2 topadoras unidas por una cadena de miles de toneladas, que arrastran todo lo que encuentran por delante.
La operación estaría siendo financiada por la empresa “El Productor”, arrendataria de Armisticio, cuyo representante legal sería el propio intendente de Nueva Esperanza, Ricardo Aguayo (colorado). El asesor técnico para los desmontes sería el ingeniero Freddy Javier Martínez.