ABC DIARIO

22 de Diciembre de 2013

| falta de finiquito de tÍtulos de fincas propicia el trÁfico de derecheras, alegan

Descoordinación entre Catastro e Indert crea caos en reforma agraria

El principal latifundista es el Estado, porque el 62% de las tierras entregadas a productores campesinos en la Región Oriental siguen a nombre del Gobierno. La descoordinación entre las instituciones oficiales genera caos y propicia el “tráfico de derecheras, estableciendo un freno a la reforma agraria”, según un estudio de la UGP.

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Hugo Jiménez De Recalde / ABC Color

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Desde los años 40 hasta la actualidad el Estado ha entregado 3.185.977 hectáreas en la Región Oriental, 50% de las cuales fue otorgada en los últimos 10 años. Sin embargo, contradictoriamente, la cantidad de fincas agropecuarias disminuyó en más de 10.000 unidades entre el 1991 y 2008, según los datos oficiales consignados en el estudio sobre desarrollo rural que presentó a la prensa, el Lic. Hugo Jiménez De Recalde, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
De Recalde explicó que los procesos de reforma agraria en Paraguay no han tenido resultados efectivos hasta la fecha, debido a que las iniciativas de distribución de la tierra fueron promovidas como reacción a las invasiones y no en el contexto de una planificación integral que apunte a un desarrollo integral del sector rural.
Datos
Detalló que el número total de fincas agropecuarias, según el censo de 1991 era de 299.259 mientras que para el 2008 quedó en 288.875, lo que implica una disminución del 3,5%.
Puntualizó que el número de fincas se redujo en más de 10.000 y la cantidad de unidades productivas con título definitivo bajó en más de 7.000.
Explicó que dicha situación podría ser el resultado de un proceso de aglomeración entre fincas para establecer unidades productivas de mayor tamaño.
Otro aspecto señalado es que, en el 2008 se registró una mayor cantidad de tierras cuya tenencia se respalda en documentos provisorios, dejando evidenciado que las múltiples iniciativas de compras y distribución de tierras, no se han visto acompañadas por los trámites de cobranzas a sus ocupantes y adjudicatarios; y que esto a su vez, permita posteriormente la conclusión de los procesos de regularización de la tenencia a través de la entrega del título definitivo.
“Esta situación refuerza el proceso de exclusión de las fincas recientemente entregadas, de la economía formal, pues al no tener sus ocupantes títulos, no generan arraigo y se convierten en el motor de la migración del campo a la ciudad”, acotó.
También indicó que la falta de títulos de propiedad genera mayores dificultades para acceder a créditos con una propiedad como garantía.
“El no finiquito de los trámites para titulación de las fincas entregadas en el marco de la reforma agraria generan el caldo de cultivo ideal para el tráfico de derechos de ocupación (la famosa venta de derecheras) y la falta absoluta de certeza de quienes realmente han sido adjudicatarios originales, y si sus actuales ocupantes sean verdaderamente beneficiarios del Estatuto Agrario”, remarcó.
Según los datos comparados del censo 2008 contra el de 1991, el número de parcelas de tierras utilizadas por ocupantes precarios, sin bien se redujo, sigue siendo una cantidad muy elevada, unas 78.000 fincas, el 27% del total de las registradas por el último censo.
En relación a la descoordinación y falta de integración de datos entre instituciones del Estado, señaló que el total de hectáreas rurales registradas en Catastro excede en más de 10 millones de hectáreas al área total rural del país.
Tres millones hectáreas
La extensión de tierras distribuidas por el Estado en la Región Oriental es de 3.185.977 hectáreas, de las cuales el 62% (1.974.303 hectáreas) aún permanecen a nombre del Indert. Llamativamente incluso muchas de ellas continúan figurando bajo el nombre de instituciones desaparecidas como el IRA e IBR. Estos datos indican que la distribución encarada por el Estado durante los últimos 73 años, no ha sido acompañada por la misma celeridad de algo elemental, la titulación de las tierras. Estos datos y diversas otras conclusiones se pueden encontrar en el estudio realizado por el equipo de investigadores del Instituto Desarrollo y de la UGP, a cargo del Dr. César Cabello y el Lic. Hugo Jiménez De Recalde.