ABC DIARIO

23 de Enero de 2014

 

Estafa a agricultores a través de ONG corruptas

La estafa descubierta en el seno del Ministerio de Agricultura y Ganadería no revela nada nuevo sobre lo que ya sabíamos del modo en que en este país se manejan los fondos públicos cuando un grupo de corruptos se organiza convenientemente. En este caso, funcionarios de dicho Ministerio conformaron, junto con una organización de apariencia gremial (la Fenaprofhp), un consorcio para quedarse con cuantiosos recursos destinados al fomento de la pequeña agricultura. Hasta no hace mucho, los programas gubernamentales de desarrollo eran administrados por las mismas oficinas públicas responsables de la ejecución de las políticas, y en caso de malversación, robo o estafa, los funcionarios respondían ante la justicia. Cuando se descubrió que este peligro podía ser eludido mediante la intervención de una ONG, el “modus operandi” cambió radicalmente. Ahora no existe prácticamente proyecto social que no involucre a una o más de estas organizaciones privadas.

La estafa descubierta merced a una auditoría realizada en el seno del Ministerio de Agricultura y Ganadería no revela nada nuevo sobre lo que ya sabíamos del modo en que en este país se manejan los fondos públicos cuando un grupo de corruptos se organiza convenientemente.
En este caso, como en muchos otros, funcionarios de dicho Ministerio conformaron, junto con una organización de apariencia gremial (la “Fenaprofhp” o Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay), un consorcio para quedarse con cuantiosos recursos destinados al fomento de la pequeña agricultura.
En los últimos años, bajo los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco, la Fenaprofhp recibió del Ministerio de Agricultura y Ganadería casi 70.000 millones de guaraníes con el fin declarado de servir de asistencia económica a productores frutihortícolas. De esas partidas llegaba a sus destinatarios en el mejor de los casos apenas la mitad, pues el resto desaparecía en los bolsillos de los intermediarios, funcionarios y dirigentes.
Según refieren varios de los perjudicados que siguieron el proceso desde cerca, dos directivos de la organización gremial eran los encargados de repartir el “producto” de los proyectos aprobados a cada asociación de agricultores beneficiada con la ayuda estatal. A estos trabajadores les llegaba alrededor del 30% de los fondos públicos adjudicados a cada proyecto. Entre lo restante retenido, el 20% o más, según el caso, se quedaba en el bolsillo de los más altos funcionarios ministeriales, y lo demás en el de los intermediarios “gremialistas”.
La explicación que les dio el presidente de la Fenaprofhp, Silvio Riveros, a los directivos de un comité de agricultores que fueron a reclamarle los fondos ya aprobados que les correspondían fue suficientemente clara: “Todos tenemos que comer: yo, ustedes y la corona”.
En otros casos parecidos, los funcionarios encargados de los proyectos sociales negocian con ciertas organizaciones no gubernamentales, todas ellas definidas como “sociales”, “ambientales”, “ecológicas”, “de promoción”, “de combate contra…”, “de ayuda”, todo esto seguido de una larguísima lista de sectores minoritarios supuestamente atendidos por ellas. En casi todos los casos, estas ONG están conformadas por parientes, amigos, recomendados, asociados de políticos o funcionarios influyentes, y hasta por senadores, diputados, gobernadores y concejales.
Hasta no hace muchos años, los programas gubernamentales de asistencia o desarrollo eran administrados por las mismas oficinas públicas responsables de la ejecución de las políticas, y en caso de malversación, robo o estafa, los funcionarios respondían ante la justicia, si esta intervenía. Cuando se descubrió que este peligro podía ser eludido mediante la intermediación de una ONG, el “modus operandi” cambió radicalmente. Ahora no existe prácticamente proyecto social público que no involucre a una o más de estas organizaciones privadas.
Además de las ONG que participan de las operaciones corruptas, también se puede instrumentar a asociaciones gremiales, lo cual lleva más tiempo y trabajo porque son muchas más personas las que tienen que participar del proceso. La idea básica es siempre la misma: inventar un proyecto de “interés social” o aprovechar alguno que es real, lo que favorece su aprobación. Después, encargar la ejecución del proyecto a la ONG escogida (a dedo, por supuesto), o corromper a los directivos de una asociación gremial existente. Entonces, la máquina comienza a rodar actuando en nombre de campesinos, artesanos, indígenas, mujeres, niños de la calle, “sintierras”, “sintechos”, pescadores, discapacitados, enfermos, madres solteras, migrantes repatriados, ancianos, desempleados, en fin, lo que sea; todo sirve.
El paso siguiente es la simulación de la ejecución del proyecto, en la que se reparte un tercio, o menos, de lo que hay que repartir, o se realiza una cuarta parte de lo que hay que hacer; luego se rinden cuentas falsas, adulteradas o incompletas, que son expeditivamente aprobadas por las autoridades cómplices y… todos contentos, menos los que fueron ilusionados y engañados por enésima vez y que no tienen a quién ir a quejarse, como no sea a la prensa.
Y es precisamente mediante las denuncias a la prensa que finalmente caen algunos de los bandidos que organizan esta clase particular de latrocinio. En este caso concreto del MAG y la Fenaprofhp, fueron algunos dirigentes agricultores los que recurrieron a periodistas, y así pudo airearse este “fatazo”. En este momento están bajo la acción directa de la justicia los dos exministros del MAG, Enzo Cardozo y Rody Godoy, además de los “ágiles” directivos gremialistas Silvio Riveros y Lidio Irala, presidente y vicepresidente de la Fenaprofhp, y una veintena de participantes de la operación multimillonaria.
Esta clase de delitos produce dos grandes daños al país: el primero es el dinero perdido; el segundo, posiblemente más importante, es la decepción, el escepticismo general de los productores, que lleva a la inacción y al abandono de las iniciativas de progreso. ¿Cómo convencer a un grupo de personas de buena fe, engañadas una y otra vez por las autoridades políticas y gremiales, de que la próxima vez no será igual, no volverán a ser miserablemente utilizados para enriquecer a unos corruptos?
Los responsables de esta estafa deben ser enviados a la cárcel y responder con sus bienes particulares por el grave perjuicio patrimonial causado al Estado y a los campesinos defraudados, ya que el daño moral que infligieron no puede ser reparado.
Y no solamente tiene que actuar la justicia, sino también la ciudadanía. Entre todos, no solamente las autoridades, debemos perseguir a los ladrones allí donde estén, denunciarlos por medio de las radioemisoras, de la prensa escrita, de los periodistas corresponsales. Hay que emplear todos los recursos al alcance general, pues la guerra contra la corrupción no va a resolverse ganando algunas batallas como esta, por importantes que sean, sino con mucho más combate.
Téngase en cuenta que este caso no debe ser el único que el país padece; seguro que hay muchos otros.