21 de Enero de 2014
Genocidio salvaje contra los bosques
Parece increíble que después de tantos años de acumulación de denuncias
sobre la deforestación en nuestro país, y después de todo un arduo
proceso realizado para proteger el patrimonio natural del país, acabemos
en el absurdo de que el presidente Cartes dicte un decreto liberando la
deforestación y provocando así, casi inmediatamente, una gran escalada
en este verdadero genocidio salvaje de árboles indefensos que es, sin
lugar a dudas, el peor de los daños ecológicos que nuestro país soporta
en la actualidad. El Decreto N° 453, suscrito en octubre del año pasado,
es completamente contrario a la Constitución y a la ley de protección
de recursos forestales. Ojalá el Presidente no demore en tomar
conciencia de la dramática situación que tan desaprensivamente creó con
el inconstitucional decreto con el que se pretende modificar una ley
para crear una disposición verdaderamente asesina de nuestra naturaleza.
Parece increíble que después de tantos años
de acumulación de denuncias sobre la deforestación en nuestro país, que
en tan solo medio siglo perdió el 85% de sus bosques nativos; que
después de tanto dinero gastado en publicidad aleccionadora contra este
gravísimo daño ecológico; que pese a las docenas de convenios
internacionales de conservación y preservación de recursos naturales a
los que el Paraguay se adhirió en las últimas cuatro décadas, y a la
multitud de disposiciones legales dictadas en todos los niveles
gubernamentales para restringir la depredación de bosques, para promover
la conservación de la biodiversidad y la protección de las fuentes y
cursos hídricos; que después de miles de horas de clases de educación
ambiental para la niñez, la juventud, los campesinos y la ciudadanía en
general, de ríos de tinta y toneladas de papel impreso por los diarios, y
de millones de dólares gastados en oficinas y funcionarios públicos
adiestrados para proteger el patrimonio natural, que después de todo
este arduo proceso acabemos en el absurdo de que el presidente Cartes
dicte un decreto liberando la deforestación y provocando así, casi
inmediatamente, una gran escalada en este verdadero genocidio salvaje de
árboles indefensos que es, sin lugar a dudas, el peor de los daños
ecológicos que nuestro país soporta en la actualidad.
El Decreto N° 453, suscrito por Horacio Cartes en octubre del año pasado, es completamente contrario a la Constitución y a la ley de protección de recursos forestales. Libera irreflexivamente de la obligación legal de obtener licencia ambiental para desmontes en propiedades menores de 500 hectáreas en la Región Oriental y de 2.000 hectáreas en la Región Occidental, con lo cual miles de propietarios ya se precipitaron a efectuar desmontes masivos. La limitación del decreto es fácil de eludir; basta con subdividir un inmueble de mil hectáreas en dos de 500, por ejemplo, y todo queda listo para cumplir el requisito.
Francamente, parece increíble que Horacio Cartes, una persona que se dice de ideas avanzadas, que se lanzó a la política enarbolando la bandera de la modernidad, con el eslogan del “nuevo rumbo”, incurra en una barbaridad de este tipo, dejando nuestros últimos recursos forestales a merced de los propietarios desenfrenadamente angurrientos, cuya miope visión de la realidad no alcanza a ver más allá de sus conveniencias económicas del momento, ciegos o indiferentes a la destrucción de los frágiles recursos naturales del país, personas que demuestran carecer de sentimientos de aflicción ante la posibilidad cada vez más cercana de dejar a sus descendientes una tierra empobrecida y una naturaleza degradada.
¿Será que Horacio Cartes también siente esa misma indiferencia por la naturaleza arruinada que su decreto dejará en su país a sus hijos, nietos y demás descendientes? ¿O piensa que cuando en el Paraguay los recursos y bienes naturales estén destruidos ellos irán a vivir a otro lugar donde todo se haya conservado bien ordenado y protegido?
Además de violar nuestra propia Constitución y nuestras leyes de protección forestal, el Decreto N° 453/13 violenta también tratados internacionales referentes al aprovechamiento sostenible de recursos naturales, que están debidamente suscritos por nuestro país. Es cierto que posiblemente nadie nos denunciará ante los foros internacionales por esta flagrante falta cometida nada menos que por el propio Gobierno nacional; es probable que ningún organismo mundial se ocupe de lo que tal vez consideren minucias, comparadas con los grandes problemas ambientales que hay que enfrentar en otros lugares del mundo, pero esto no debe constituir un pase libre para delinquir contra la naturaleza ni servir de carta de impunidad para nuestros actuales gobernantes.
Es necesario que la Seam realice un levantamiento minucioso de los datos referentes a la deforestación causada por el ilegal decreto del presidente Cartes, que hace trizas la ley conocida como “De deforestación cero”, dictada en el año 2004 y cuya vigencia fue extendida en virtud de otra ley, promulgada en agosto de este año, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Esta ley restrictiva fue elogiada por la Organización Mundial de Conservación (WWF), por el hecho de comprobarse que contribuyó a reducir el índice de deforestación en un 90%. La misma institución ahora debería protestar contra esta repudiable medida.
En estos momentos ocurre que el Poder Ejecutivo dicta una insensata excepción a la regla legal que él mismo promulgó hace una década, produciendo un escándalo jurídico y abriendo las puertas a los depredadores forestales para que perpetren esos mismos actos que bajo la vigencia de la ley son ilícitos, pero bajo el paraguas del decreto pasan insólitamente a ser “lícitos”.
El presidente Cartes, así como se equivocó extraordinariamente al dictar ese brulote legal, también tiene el poder de rectificarlo y, como corresponde, retornar las cosas a su marco legal. El daño causado por las miles de hectáreas deforestadas ya no se va a remediar de ninguna manera, pero al menos se podrá salvar algo de lo que en este momento está en grave riesgo, pues los depredadores también saben que el caramelo que les puso en la boca el Decreto N° 453/13 les puede ser retirado en cualquier momento. Es una carrera contra reloj.
Ojalá Horacio Cartes no demore en tomar conciencia de la dramática situación que tan desaprensivamente creó con el inconstitucional decreto con el que se pretende modificar una ley para crear una disposición verdaderamente asesina de nuestra naturaleza.
El Decreto N° 453, suscrito por Horacio Cartes en octubre del año pasado, es completamente contrario a la Constitución y a la ley de protección de recursos forestales. Libera irreflexivamente de la obligación legal de obtener licencia ambiental para desmontes en propiedades menores de 500 hectáreas en la Región Oriental y de 2.000 hectáreas en la Región Occidental, con lo cual miles de propietarios ya se precipitaron a efectuar desmontes masivos. La limitación del decreto es fácil de eludir; basta con subdividir un inmueble de mil hectáreas en dos de 500, por ejemplo, y todo queda listo para cumplir el requisito.
Francamente, parece increíble que Horacio Cartes, una persona que se dice de ideas avanzadas, que se lanzó a la política enarbolando la bandera de la modernidad, con el eslogan del “nuevo rumbo”, incurra en una barbaridad de este tipo, dejando nuestros últimos recursos forestales a merced de los propietarios desenfrenadamente angurrientos, cuya miope visión de la realidad no alcanza a ver más allá de sus conveniencias económicas del momento, ciegos o indiferentes a la destrucción de los frágiles recursos naturales del país, personas que demuestran carecer de sentimientos de aflicción ante la posibilidad cada vez más cercana de dejar a sus descendientes una tierra empobrecida y una naturaleza degradada.
¿Será que Horacio Cartes también siente esa misma indiferencia por la naturaleza arruinada que su decreto dejará en su país a sus hijos, nietos y demás descendientes? ¿O piensa que cuando en el Paraguay los recursos y bienes naturales estén destruidos ellos irán a vivir a otro lugar donde todo se haya conservado bien ordenado y protegido?
Además de violar nuestra propia Constitución y nuestras leyes de protección forestal, el Decreto N° 453/13 violenta también tratados internacionales referentes al aprovechamiento sostenible de recursos naturales, que están debidamente suscritos por nuestro país. Es cierto que posiblemente nadie nos denunciará ante los foros internacionales por esta flagrante falta cometida nada menos que por el propio Gobierno nacional; es probable que ningún organismo mundial se ocupe de lo que tal vez consideren minucias, comparadas con los grandes problemas ambientales que hay que enfrentar en otros lugares del mundo, pero esto no debe constituir un pase libre para delinquir contra la naturaleza ni servir de carta de impunidad para nuestros actuales gobernantes.
Es necesario que la Seam realice un levantamiento minucioso de los datos referentes a la deforestación causada por el ilegal decreto del presidente Cartes, que hace trizas la ley conocida como “De deforestación cero”, dictada en el año 2004 y cuya vigencia fue extendida en virtud de otra ley, promulgada en agosto de este año, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Esta ley restrictiva fue elogiada por la Organización Mundial de Conservación (WWF), por el hecho de comprobarse que contribuyó a reducir el índice de deforestación en un 90%. La misma institución ahora debería protestar contra esta repudiable medida.
En estos momentos ocurre que el Poder Ejecutivo dicta una insensata excepción a la regla legal que él mismo promulgó hace una década, produciendo un escándalo jurídico y abriendo las puertas a los depredadores forestales para que perpetren esos mismos actos que bajo la vigencia de la ley son ilícitos, pero bajo el paraguas del decreto pasan insólitamente a ser “lícitos”.
El presidente Cartes, así como se equivocó extraordinariamente al dictar ese brulote legal, también tiene el poder de rectificarlo y, como corresponde, retornar las cosas a su marco legal. El daño causado por las miles de hectáreas deforestadas ya no se va a remediar de ninguna manera, pero al menos se podrá salvar algo de lo que en este momento está en grave riesgo, pues los depredadores también saben que el caramelo que les puso en la boca el Decreto N° 453/13 les puede ser retirado en cualquier momento. Es una carrera contra reloj.
Ojalá Horacio Cartes no demore en tomar conciencia de la dramática situación que tan desaprensivamente creó con el inconstitucional decreto con el que se pretende modificar una ley para crear una disposición verdaderamente asesina de nuestra naturaleza.
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