Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor
Agroambiental (Dr. Honoris Causa) y como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro
de Agricultura y Ganadería de Paraguay y Actualmente Asesor de la Presidencia
de la Universidad San Carlos (USC), considero oportuno hablar sobre los “Humedales”
en un contexto donde Paraguay está preparando un Plan Estratégico para el país
y por lo cual debatimos con el Biol.
Jorge Martínez Trabuco – especialista en temas ambientales – y queremos exponer
algunos puntos que nos parecen importantes para sumar a la discusión sobre este
tema.
I.- HUMEDAL NO ES LO MISMO QUE SITIO RAMSAR
1.- Un primer punto que debe aclararse es que no todo
humedal existente en el país es automáticamente un Sitio Ramsar. La Convención
Ramsar tiene una lista formal de Humedales de Importancia Internacional,
designados específicamente por cada país.
2.- Por tanto, que una propiedad tenga una zona baja,
inundable, estacionalmente saturada de agua o con características de humedal no
significa que automáticamente quede sometida al mismo tratamiento que un Sitio
Ramsar, ni que deba ser considerada un área intangible o excluida de toda
actividad productiva.
3.- En los últimos años estamos viendo como algunos bancos
adoptan decisiones sin comprender los aspectos técnicos, legales y de manejo
asociados a un humedal, a un Sitio Ramsar o inclusive a propiedades con valores
ambientales. Prácticamente interpretan que estas zonas son zonas de riesgo y
con una visión simplista condicionan el acceso al crédito y terminan castigando
al propietario que conserva un sitio.
4.- Es por ello que hoy tenemos propietarios de esos
sitios Ramsar en Paraguay que hoy están iniciando los trámites para salir de
esta lista y no porque ya no deseen conservas estos sitios sino porque el
sistema bancario y financiero empieza a tratarlos injustamente como propiedades
de mayor riesgo.
4.- Este es un mensaje muy peligroso para la política
ambiental del país, ya que el Banco da un mensaje errado donde comunica que
mantener un humedal, bosque, cauce o un área de valor ambiental dentro de una propiedad
se podria convertir en una traba para acceder al financiamiento.
5.- Estos estigmas negativos que fueron creados en el
sistema bancario, y que nacieron por presión interesada de algunas ONG para el
propio Banco Central del país, en vez de promover la conservación o construir
incentivos y reglas claras, hoy promueven bloqueos a créditos para quienes
conservan estos ecosistemas valiosos dentro de sus propiedades.
II.- EL EUDR Y LA FUTURA PRESIÓN SOBRE OTROS
ECOSISTEMAS
1.- El segundo punto que Paraguay debe mirar con atención
especial es el Reglamento 1115. Esta norma europea incluye soja, carne bovina,
madera, y hace mención que estos productos no deben provenir de áreas
deforestadas o degradadas. Es decir, en su aplicación actual el eje principal
está puesto en los bosques.
2.- Sin embargo, el propio diseño de este reglamento deja
abierta la posibilidad de ampliar su alcance hacia otros ecosistemas naturales
de alto valor de carbono o biodiversidad, e incluso ya cita a los humedales
como un futuro eje adicional prioritario.
3.- Para Paraguay, este punto es estratégico, porque
cualquier inventario nacional o mapa de humedales o clasificación de áreas
sensibles, podría terminar siendo utilizado más adelante como referencia por la
propia Unión Europea para condicionar la producción de ciertas zonas del país.
4.- Es por ello que el país y las instituciones
gubernamentales deben actuar con mucha prudencia y no estar dibujando en papel ideas
que no tengan sustento real, que a futuro puedan ser una futura barrera contra
quienes producen y conservan dentro de la legalidad.
III.- EL RIESGO DE IMPORTAR CATEGORÍAS SIN ADAPTAR A LA REALIDAD NACIONAL
1.- Uno de los mayores riesgos de esta discusión es importar
categorías ambientales o interpretaciones internacionales sin adaptarlas a la
realidad productiva, jurídica e hidrológica del Paraguay. En algunos debates
locales se escucha afirmar que “en un humedal no se puede hacer nada porque
Ramsar prohíbe”, pero esa afirmación es técnicamente incorrecta.
2.- Primero, porque no todos los humedales del país están
bajo el paraguas de la Convención Ramsar como Sitios de Importancia
Internacional. Segundo, porque incluso en aquellos casos donde exista una
designación Ramsar, la Convención no plantea la prohibición absoluta de la
producción, sino la conservación y el uso racional de los humedales.
3.- El ejemplo más claro es la producción de arroz.
El propio material de referencia sobre Ramsar recuerda que el arroz es una
especie común de los humedales y constituye el principal alimento de más de la
mitad de la humanidad. Además, la Convención utiliza una definición amplia de
humedales que incluso incluye sitios artificiales como arrozales, estanques
piscícolas, embalses y salinas.
4.- Por tanto, no se puede sostener seriamente que
Ramsar sea sinónimo de prohibición productiva, cuando el propio enfoque
internacional reconoce actividades humanas y sistemas productivos vinculados al
agua dentro de la discusión sobre humedales.
5.- La existencia de un humedal no debe utilizarse
automáticamente para bloquear inversiones, impedir actividades lícitas o
descalificar sistemas productivos como el arroz, que históricamente se
desarrollan en ambientes asociados al agua.
IV. UNA AGENDA NACIONAL, NO UNA AGENDA IMPUESTA
1.- El Plan Estratégico de Humedales puede ser una
oportunidad para que Paraguay ordene mejor su información ambiental de los
recursos hídricos, fortalezca sus capacidades técnicas y defina criterios
propios para la gestión de estos ecosistemas.
2.- Sin embargo, ese proceso debe construirse como una
agenda nacional, no como una agenda importada o impuesta desde visiones
externas que muchas veces no comprenden la realidad productiva, jurídica e
hidrológica del país.
3.- Paraguay necesita conocer sus humedales, pero no
necesitamos que un inventario o guía técnica se transformen en una nueva capa
de restricciones sobre la producción agropecuaria.
4.- La política de humedales debe reconocer que en el
territorio paraguayo conviven ecosistemas naturales, sistemas productivos,
propiedades privadas, comunidades locales, infraestructura, inversiones y
actividades agropecuarias legítimas.
5.- Por eso, cualquier definición, clasificación o
delimitación debe realizarse con participación real de los propietarios,
productores, gobiernos locales, instituciones técnicas y sectores afectados. No
corresponde que se identifiquen “humedales de alto valor”, “áreas sensibles” o
“zonas prioritarias” dentro de inmuebles privados sin consulta, sin validación
en campo, sin claridad jurídica y sin explicar previamente cuáles serán las
consecuencias prácticas de esa clasificación.
6.- Una agenda nacional de humedales debe partir del
principio de uso racional, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y
compatibilidad entre producción y conservación. Si el país va a construir una
política pública sobre humedales, debe hacerlo con ciencia, participación y
soberanía técnica.
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