Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S.
Molinas M.; Como Asesor Agroambiental (Dr. Honoris Causa) y como Ex ministro de
Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay y Actualmente
Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), considero oportuno
analizar la situación como avances y retroceso del Mercado de Créditos de Carbono
en Paraguay.
I.-
INTRODUCCION
Desde
hace varios años hemos venido sosteniendo que el mercado de carbono puede ser
una oportunidad para algunos particulares, un negocio para algunos, pero de
ninguna forma una esperanza de recaudar más en el país y menos aun competir con
lo que genera el sector agroproductivo del país.
Hemos
leído una publicación periodística reciente donde exponen ciertos datos que nos
parece que están sobredimensionados, se mezclan diferentes temas o se hablan de
ingresos siderales.
Ante
ello consideramos nuevamente expresar nuestra opinión y visión sobre este tema
particular.
II.-
ANALISIS
Según
la publicación, en Paraguay ya se tendría operaciones estimadas entre 10 y 20
millones de dólares, y que el sector tiene una meta de alcanzar entre 300 y 500
millones de dólares anuales en los próximos años.
Al
mismo tiempo, se mencionan cifras globales sobre el mercado de carbono, incluyendo
los más de 107.000 millones de dólares asociados al mercado regulado, que no es
lo mismo que mueve el mercado voluntario.
Desde
la aprobación de la Ley Nº 7190/23 Ley de Créditos de Carbono, se instaló la
idea de que Paraguay por tener bosques, energía limpia, potencial forestal y
una ley específica, podía convertirse rápidamente en un receptor de millones o
incluso miles de millones de dólares.
Sin
embargo, a casi tres años de la ley y luego de su reglamentación, todavía no
existe una demostración pública suficiente de que esos ingresos hayan llegado
de manera verificable al país, a los propietarios, a comunidades, al Estado o a
sectores productivos.
El
debate se vuelve más delicado cuando se anuncian cifras como 10, 20, 300 o 500
millones de dólares sin explicar con precisión cuáles son los proyectos,
cuántos créditos fueron emitidos, en qué registros fueron asentados, quiénes
fueron los compradores, a qué precio se realizaron las operaciones, si se trató
de ventas efectivas, preventas, valorizaciones futuras, compromisos de compra o
simples estimaciones comerciales.
En
materia de carbono, esas diferencias no son detalles menores, no es lo mismo un
proyecto en desarrollo que un proyecto certificado, no es lo mismo un crédito
potencial que un crédito emitido, no es lo mismo un crédito emitido que un
crédito vendido, no es lo mismo un crédito vendido que un crédito retirado, y
No es lo mismo una valorización comercial que dinero efectivamente ingresado, y
por último no es lo mismo una expectativa de ingresos que el ingreso real
obtenido.
III.-
DATOS INTERNACIONALES RECIENTES
Hemos
revisado un informe internacional bastante interesante denominado “Informe sobre el estado del mercado
voluntario de carbono (SOVCM) en 2025”,
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/2025-state-of-the-voluntary-carbon-market-sovcm/
Y
en el mismo se menciona que el mercado voluntario de carbono cayó nuevamente en
2024 y que el valor total reportado fue de USD 535 millones, un 29% menos que
en 2023. Además, el precio promedio fue de USD 6,34 por tonelada de CO₂eq y el volumen transado fue de 84,4
millones de tonelada de CO₂eq.
Por
otro lado, existen otros reportes como los del Banco Mundial que habla sobre estado
y las tendencias de la fijación de precios del carbono en el cual se
afirma se afirma que hay más oferta que demanda global de créditos no retirados
de casi 1.000 millones de toneladas, es decir, proyectos que no concretan la
venta de sus créditos.
https://www.worldbank.org/en/publication/state-and-trends-of-carbon-pricing
Además,
Ecosystem Marketplace reportó en 2026 que solo 6% de las consultas de
compradores se convierten en negocios, lo que muestra que hay un interés
exploratorio, mucho discurso comercial pero muy poca transacción efectiva.
O
sea, una cosa es tener reuniones, memorandos, proyectos, discursos y
presentaciones y otra cosa muy distinta es que entre dinero real al país, al
productor o al propietario.
A
nivel mundial, los datos obligan a ser prudentes. Si todo el mercado mundial de
créditos de carbono maneja entre 1000-1400 millones, nos preguntamos de donde
nace la expectativa de que un solo país como Paraguay pueda captar 300 o 500
millones de dólares anuales en el corto plazo, seria casi manejar el 50% del
mercado mundial de créditos de carbono, lo cual realmente es una utopía.
Por
otro lado, utilizar como referencia los 107.000 millones de dólares del mercado
regulado global puede inducir a confusión. Esa cifra corresponde principalmente
a sistemas de comercio de emisiones y impuestos al carbono, que son generados más
bien por países que tienen exigencias obligatorias o impuestos a las emisiones.
Y
a nivel internacional el mercado regulado no es el mismo universo que la venta
de créditos voluntarios forestales, REDD+, agropecuarios o de restauración que
Paraguay suele presentar como oportunidad.
Mezclar
mercado regulado y mercado voluntario, impuestos al carbono, permisos de
emisión y resultados de mitigación transferibles solo sirve para agrandar la
percepción de oportunidad, pero no ayuda a construir una discusión seria.
Ley
Nº 7190/23 ofrece un criterio de transparencia que debería cumplirse con rigor
y si se afirma que Paraguay ya concretó operaciones por 10 o 20 millones de
dólares, corresponde que esa información pueda ser verificada públicamente:
proyecto, titular, cantidad de créditos, estándar, comprador, monto, fecha,
registro, tipo de operación y destino de los recursos, en el registro de
carbono que la propia ley creo.
Si
las operaciones existen, debería estar registrado en el registro de carbono,
caso contrario parece que se habla de especulación con estos proyectos. Y si
los montos anunciados son estimaciones también debe decirse claramente ya que no
corresponde presentar proyecciones como si fueran resultados consolidados.
La
Ley de Créditos de Carbono puede ser una herramienta útil, pero no es una
fábrica automática de dólares. La ley ordena, registra, regula y da marco
jurídico. No crea demanda internacional, no garantiza precios altos, no
certifica por sí sola la calidad de los proyectos y no asegura que los
compradores aparezcan. Mucho menos garantiza que el país recibirá cientos de
millones de dólares por el solo hecho de tener una norma aprobada.
Por
eso, frente a nuevos anuncios y metas cada vez más ambiciosas, corresponde
insistir en una pregunta básica: ¿dónde están los millones? No en el discurso,
no en las proyecciones, no en el potencial, no en las presentaciones, sino en
operaciones reales, trazables, verificables y beneficiosas para el país.
En carbono, la diferencia entre oportunidad y engaño está en la evidencia. Y si Paraguay quiere ser tomado en serio, debe dejar de sobredimensionar el discurso y empezar a demostrar resultados.
Una cosa es reconocer que existe la posibilidad de que algunos proyectos ingresen al mercado de carbono y otra muy distinta es convertir esta oportunidad de pocos en una promesa de riqueza para el país.
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