El Estado no puede alegar falta de medios para cumplir la ley
El Estado peca de irresponsable cuando su obligación es proteger la salud de todos los que habitan el país y es incapaz de controlar las fumigaciones de soja que pueden causar daño a las personas. Es inadmisible que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Secretaría del Medio Ambiente (Seam) carezcan de recursos para hacer un efectivo control del rociado de los sojales en todo el territorio nacional. Ante esta realidad no bastará crear un protocolo que, sin medios de control suficientes, será solamente letra muerta mientras los campesinos siguen asediados por los productos químicos.
La Constitución Nacional, en
su artículo 68, dice que "el Estado protegerá y promoverá la salud como
derecho fundamental de la persona". En lo que atañe a las fumigaciones
de las plantaciones de soja a lo largo del país y pese a la existencia
de la Ley 3742, que establece las normas para el uso de fitosanitarios,
no está cumpliendo su responsabilidad.
El Estado, cuando de cumplir la ley se trata, no puede alegar que carece de recursos humanos y económicos para velar por la seguridad de la salud de las personas, tal como lo hacen el Senave y la Seam. Un instrumento legal es de cumplimiento obligatorio. Y punto.
El presidente del Senave dice que apenas cuenta con tres ingenieros agrónomos y dos camionetas por departamento para fiscalizar si los sojeros cumplen o no la ley. Y, para colmo, sostiene que ante esta pobreza de recursos delega en los productores de soja la responsabilidad de cumplir las normas establecidas.
Esas disposiciones están claramente señaladas en la Ley 3742, que dice que no se podrá fumigar cuando haya una velocidad del viento mayor a 10 kilómetros por hora, una humedad ambiental inferior a 60% y una temperatura que supere los 32 grados. Además, que solo hasta 100 metros de los lugares habitados se pueden pulverizar los cultivos y que cuando hay un camino de por medio debe existir una barrera de árboles de dos metros de alto por cinco de ancho.
Si bien hay sojeros conscientes y responsables que respetan esas variables situacionales, otros pasan por encima de ellas. El resultado es que las sustancias utilizadas en las fumigaciones llegan a lugares poblados. El conflicto suscitado la semana pasada en la jurisdicción de General Resquín (Departamento de San Pedro) es solo una muestra de los reclamos de la gente ante lo que consideran un peligro para la salud de la comunidad.
Como esa conciencia a la que apela el titular del Senave es de existencia limitada y aun cuando la tuviesen la mayoría, las instituciones del Estado no pueden transferir su obligación al mejor saber y entender de los que tienen por finalidad ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Desde esa perspectiva, algunos sojeros mal pueden estar esperando que las condiciones atmosféricas se encuadren totalmente a las exigencias legales.
Esa transferencia de responsabilidad es un disfraz de la irresponsabilidad. Hace rato el Senave y la Seam hubieran movido los resortes adecuados para disponer de recursos suficientes. Los ingresos que provienen de la soja para las arcas del Ministerio de Hacienda son tan importantes y la ley es tan clara que no hay explicación racional alguna para la desidia.
El protocolo que –por presión ciudadana, no por conciencia de las instituciones– se va a elaborar para coordinar acciones conjuntas entre el Senave, la Seam, la Fiscalía, la Policía y otras instituciones volverá a quedar en aguas de borrajas si es que no hay voluntad para concretar un control eficiente de las fumigaciones. Los pequeños agricultores están esperando que el Estado cumpla lo que pregona la Constitución.
El Estado, cuando de cumplir la ley se trata, no puede alegar que carece de recursos humanos y económicos para velar por la seguridad de la salud de las personas, tal como lo hacen el Senave y la Seam. Un instrumento legal es de cumplimiento obligatorio. Y punto.
El presidente del Senave dice que apenas cuenta con tres ingenieros agrónomos y dos camionetas por departamento para fiscalizar si los sojeros cumplen o no la ley. Y, para colmo, sostiene que ante esta pobreza de recursos delega en los productores de soja la responsabilidad de cumplir las normas establecidas.
Esas disposiciones están claramente señaladas en la Ley 3742, que dice que no se podrá fumigar cuando haya una velocidad del viento mayor a 10 kilómetros por hora, una humedad ambiental inferior a 60% y una temperatura que supere los 32 grados. Además, que solo hasta 100 metros de los lugares habitados se pueden pulverizar los cultivos y que cuando hay un camino de por medio debe existir una barrera de árboles de dos metros de alto por cinco de ancho.
Si bien hay sojeros conscientes y responsables que respetan esas variables situacionales, otros pasan por encima de ellas. El resultado es que las sustancias utilizadas en las fumigaciones llegan a lugares poblados. El conflicto suscitado la semana pasada en la jurisdicción de General Resquín (Departamento de San Pedro) es solo una muestra de los reclamos de la gente ante lo que consideran un peligro para la salud de la comunidad.
Como esa conciencia a la que apela el titular del Senave es de existencia limitada y aun cuando la tuviesen la mayoría, las instituciones del Estado no pueden transferir su obligación al mejor saber y entender de los que tienen por finalidad ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Desde esa perspectiva, algunos sojeros mal pueden estar esperando que las condiciones atmosféricas se encuadren totalmente a las exigencias legales.
Esa transferencia de responsabilidad es un disfraz de la irresponsabilidad. Hace rato el Senave y la Seam hubieran movido los resortes adecuados para disponer de recursos suficientes. Los ingresos que provienen de la soja para las arcas del Ministerio de Hacienda son tan importantes y la ley es tan clara que no hay explicación racional alguna para la desidia.
El protocolo que –por presión ciudadana, no por conciencia de las instituciones– se va a elaborar para coordinar acciones conjuntas entre el Senave, la Seam, la Fiscalía, la Policía y otras instituciones volverá a quedar en aguas de borrajas si es que no hay voluntad para concretar un control eficiente de las fumigaciones. Los pequeños agricultores están esperando que el Estado cumpla lo que pregona la Constitución.
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