El Gobierno reconoce que controlar el uso de agroquímicos le es imposible
Conflicto. Labriegos de San Pedro protestaron días pasados contra las fumigaciones que realizan los sojeros.
Senave y Seam dicen no contar con recursos suficientes para una verificación más eficiente. Cada técnico debe acompañar el trabajo de 280 fincas sojeras para un control efectivo a todas.
El Gobierno, a través de sus
órganos contralores para verificación de la calidad, inocuidad y
aplicación de agroquímicos en las plantaciones de soja, reconoce que
no tiene suficiente capacidad para realizar controles efectivos en los
procedimientos de fumigación que se llevan a cabo en más de tres
millones de hectáreas a lo largo y ancho del país.
Regis Mereles, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), refirió que apenas cuenta con tres ingenieros agrónomos y dos vehículos por departamento para realizar las evaluaciones en cumplimiento de la Ley 3742, de control de productos fitosanitarios de uso agrícola, con lo cual "es imposible" controlar todo.
En conversación con radio Monumental 1080 AM, Gustavo Rodríguez, director general de Control de Calidad Ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam), agregó que dispone de diez fiscalizadores ambientales, que solo actúan en forma aleatoria, o por denuncias directamente.
Es decir, contabilizando técnicos del Senave y de la Seam, un técnico tendría que controlar el trabajo de 280 fincas que producen soja, considerando que en el país existen 45.000.
El Senave es el único órgano contralor del uso y aplicación de agroquímicos, mientras que la Seam, dentro del proceso, tiene a su cargo, facilitar o negar la licencia ambiental.
Como es imposible de llegar a todas las fincas durante la zafra sojera, Mereles señaló que transfieren directamente la responsabilidad al productor, quien en teoría, debe aplicar las leyes vigentes. En otras palabras, como no cuenta con el personal suficiente, el Senave deja a conciencia del propio sojero el manejo de las fumigaciones.
contrabando. También existen serias deficiencias de control desde el ingreso mismo de los agroquímicos al país. Hay cuatro vías de ingreso: el producto terminado, que es importado por las multinacionales; las industrias locales que importan la materia prima para el producto; las formuladoras, que compran los principios activos y por contrabando. La falsificación, el contrabando y la triangulación de agroquímicos mueve más de USD 10 millones al año, según la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria.
Por todo ello, el Gobierno en realidad sabe muy poco o nada de lo que contienen los productos. Todo esto llevó a que el presidente Horacio Cartes decidiera concentrar en un solo puerto ( Villeta) el ingreso de agroquímicos.
Según Mereles, citando un informe de NNUU como respaldo, los productos utilizados en Paraguay están entre los menos tóxicos para la salud.
También comentó que se dieron 15 denuncias de mal manejo de los productos, pero que al momento de ser evaluadas las fincas, ninguna presentaba anomalías.
Para poner fin al conflicto entre campesinos y sojeros, Gustavo Rodríguez, dice que se debería buscar un ordenamiento territorial, de modo a separar la agricultura empresarial de la campesina. Ayer siguieron las manifestaciones de los labriegos contra las fumigaciones.
Regis Mereles, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), refirió que apenas cuenta con tres ingenieros agrónomos y dos vehículos por departamento para realizar las evaluaciones en cumplimiento de la Ley 3742, de control de productos fitosanitarios de uso agrícola, con lo cual "es imposible" controlar todo.
En conversación con radio Monumental 1080 AM, Gustavo Rodríguez, director general de Control de Calidad Ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam), agregó que dispone de diez fiscalizadores ambientales, que solo actúan en forma aleatoria, o por denuncias directamente.
Es decir, contabilizando técnicos del Senave y de la Seam, un técnico tendría que controlar el trabajo de 280 fincas que producen soja, considerando que en el país existen 45.000.
El Senave es el único órgano contralor del uso y aplicación de agroquímicos, mientras que la Seam, dentro del proceso, tiene a su cargo, facilitar o negar la licencia ambiental.
Como es imposible de llegar a todas las fincas durante la zafra sojera, Mereles señaló que transfieren directamente la responsabilidad al productor, quien en teoría, debe aplicar las leyes vigentes. En otras palabras, como no cuenta con el personal suficiente, el Senave deja a conciencia del propio sojero el manejo de las fumigaciones.
contrabando. También existen serias deficiencias de control desde el ingreso mismo de los agroquímicos al país. Hay cuatro vías de ingreso: el producto terminado, que es importado por las multinacionales; las industrias locales que importan la materia prima para el producto; las formuladoras, que compran los principios activos y por contrabando. La falsificación, el contrabando y la triangulación de agroquímicos mueve más de USD 10 millones al año, según la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria.
Por todo ello, el Gobierno en realidad sabe muy poco o nada de lo que contienen los productos. Todo esto llevó a que el presidente Horacio Cartes decidiera concentrar en un solo puerto ( Villeta) el ingreso de agroquímicos.
Según Mereles, citando un informe de NNUU como respaldo, los productos utilizados en Paraguay están entre los menos tóxicos para la salud.
También comentó que se dieron 15 denuncias de mal manejo de los productos, pero que al momento de ser evaluadas las fincas, ninguna presentaba anomalías.
Para poner fin al conflicto entre campesinos y sojeros, Gustavo Rodríguez, dice que se debería buscar un ordenamiento territorial, de modo a separar la agricultura empresarial de la campesina. Ayer siguieron las manifestaciones de los labriegos contra las fumigaciones.
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