Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M.; Asesor
Especialista, con experiencia por más de 30 años en temas Agroambientales y
como Ex ministro de Ambiente y Ex ministro de Agricultura y Ganadería de
Paraguay, deseamos compartir este segundo análisis acerca de la iniciativa
liderada por el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) acerca de la Taxonomía Verde que desean imponer para los
sectores Forestal, Agricultura y Ganadería, y como alinear la economía del país
a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de Paraguay puede sonar
lindo para el discurso político pero en la práctica podría ser un error que
condicione nuestro desarrollo futuro.
I.- INTRODUCCIÓN:
1.- En el artículo anterior hemos publicado acerca del
reciente proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional
para la aprobación de una línea de financiamiento con el “Fondo Monetario
Internacional (FMI)” bajo un programa que el propio FMI denomina “Servicio de
Resiliencia y Sostenibilidad (SRS)”.
2.- En el proyecto de Ley enviado remitido por el Ejecutivo se propone una serie de reformas que el FMI y el Gobierno paraguayo han acordado sin ninguna participación pública ni socialización previa. Es decir, no han consultado con los afectados de las reformas si ellos que opinión tienen al respecto y si estas reformas podrían beneficiarles o perjudicarles.
3.- Mas allá del análisis que el gobierno y sus técnicos habrán realizado para evaluar estas reformas, en temas ambientales o sostenibilidad a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), las decisiones deben ser tomadas participativa y representativamente ya que caso contrario se violan las propias salvaguardas socioambientales del propio financista internacional.
4.- Es por
ello que no entendemos como el FMI avanza con una línea de crédito con el
Gobierno paraguayo sin haber hecho los estudios socioambientales y consultas
previas pertinentes. Demas esta decir que cuando los productores deben tomar
créditos deben responder todas las salvaguardas socioambientales que se exigen
a nivel nacional e internacional, pero curiosamente estas mismas salvaguardas
no son tenidas en cuenta cuando los afectados son los productores y en especial
los pequeños productores.
5.- El caso más
reciente de adoptar una Taxonomía Verde en Paraguay
donde se menciona lo que se cita en el cuadro y el motivo de análisis de este
artículo.
II.- DISCUSIÓN DEL TEMA:
1.- Paraguay es responsable de solo el
0,1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y a pesar de
ello las agencias internacionales de cooperación siguen insistiendo en
implementar medidas de mitigación donde la reducción de emisiones probablemente
no tenga ningún impacto en la lucha contra el cambio climático, pero si podría
perjudicar enormemente la capacidad de desarrollo de nuestro país.
2.- La taxonomía establece criterios específicos
para determinar si una actividad económica puede considerarse sostenible. Estos
criterios se centran en seis objetivos ambientales:
-
Mitigación del
cambio climático.
-
Adaptación al
cambio climático.
-
Uso sostenible y
protección del agua y los recursos marinos.
-
Transición hacia
una economía circular.
-
Prevención y
control de la contaminación.
-
Protección y
restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
3.- En la semana anterior y de forma fugaz el Banco
Central del Paraguay (BCP) junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
organizaron un taller de Taxonomía Verde donde mencionaron que el mismo se
desea aplicar a 10 sectores de la economía nacional.
4.- Casualmente, la Taxonomía Verde liderado por el
BCP y el MEF por el momento únicamente harán los estudios para la clasificación
de solo tres sectores que son los Sectores Agricultura, Ganadería y Forestal.
Realmente llama la atención cómo es posible que ensayos de nuevas dinámicas
mundiales se comience en Paraguay y justamente por los sectores más importantes
de la economía.
5.- En el taller sobre Taxonomía Verde, en el cual
hemos participado, hemos escuchado como los propios técnicos del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) así como del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible han dicho que ellos no fueron consultados sobre este tema y que
ellos no estaban en condiciones de poder revisar a tiempo o aceptar lo que el
BCP y el MEF estaban proponiendo.
6.- Es decir, la desconexión gubernamental es más
que evidente y lo hacen oficial en eventos públicos liderados por el propio
gobierno y en donde los técnicos de los diversos ministerios terminan
discutiendo entre sí y el sector privado termina más preocupado por este que
evidentemente inicio de forma descoordinada y que podría afectar a la
producción del país.
7.- Por otro lado, tenemos las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC) de Paraguay que hace pocos años era criticada
y observada por profesionales que hoy en día ocupan cargos relevantes dentro
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y que a pesar de
saber que dicho documento país necesita modificaciones urgentes están avanzando
sobre un documento que ellos hasta hace pocos años eran los que criticaban.
8.- Ante ello, quizás una pregunta interesante que
deberían responder y exponer las autoridades del MADES es si para ellos las
medidas de mitigación del NDC de Paraguay son correctas. Y que trabajen con el
BCP y el MEF para ver si el eje central de la taxonomía verde realmente puede
ser un documento que contiene grandes equivocaciones y omisiones.
9.- Utilizar un documento que podría contener errores podría
ser grave para el futuro sostenible del Paraguay, peor aún, que el eje central
de cualquier taxonomía deje de lado políticas nacionales o el propio Plan
Nacional de Desarrollo suena bastante ilógico.
10.- Nos preguntamos por qué el NDC debería ser el eje
para crear una Taxonomía Verde para la economía del país. Un NDC que no fue
aprobado por ninguna ley, ni decreto ni resolución institucional y ni siquiera
fue aprobado por la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) quién fue el
que trabajó sobre este documento que fue publicado en Julio de 2021 hace
exactamente tres años.
11.- También nos preguntamos como un documento que no
tiene aprobación ni validación gubernamental va a ser el eje de un cambio tan
radical como el que están proponiendo.
III.- CONCLUSIONES RECOMENDACIONES:
1.- El proyecto de Ley que fue presentado por el Poder
Ejecutivo y que implicar reformas que podrían afectar o repercutir en el sector
productivo, agrícola, ganadero o forestal, debe ser analizado íntegramente a
través de audiencias públicas para que todos los sectores puedan exponer su
opinión acerca del tema.
2.- Esto les dará mayor solidez a las propias iniciativas
lideradas por el BCP y el MEF, caso contrario serian atentatorias con los
procesos de participación pública que el propio FMI exige a los países y que
son salvaguardas que deben ser analizadas.
3.- Aunque quizás públicamente no lo digan, técnicos
del propio MADES nos han hecho saber que están descontentos con este proyecto
que lidera el BCP y el MEF en el cual se habla sobre funciones ejercidas por el
MADES pero que ellos no formaron parte del equipo impulsor que el gobierno
formo.
4.- En el propio taller organizado por el BCP y el
MEF, representantes de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) y la Dirección
de Planificación Estratégica (DPE), ambos del MADES, han mencionado que
desconocían lo que el BCP y el MEF están encaminando y que a criterio de estas
direcciones del MADES no iban acompañar esta iniciativa hasta revisar los
documentos.
5.- Es decir, el propio MADES públicamente durante el
taller dijo que no puede acompañar al Sistema de Taxonomía Verde y a avanzar en
estas reformas, ya que desconocen todo sobre esto. Y esto para el sector
privado debería ser un indicador claro de que realmente los temas no están
siendo tomados en serio y que políticas extranjeras se implementan en Paraguay
ante cualquier sugerencia de algún organismo de cooperación.
6.- El documento de NDC no puede ser la guía
orientativa de ningún ministerio, sector público o privado mientras no sea aceptado,
reconocido o validado por algún mecanismo participativo. Se tienen planes,
políticas y leyes que tienen reconocimientos legales en el país y estos
deberían ser los que orienten el desarrollo sostenible.
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