GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL EN LOS PROCESOS TÉCNICOS, AMINISTRATIVOS Y JURIDICOS DEL CAMPO: COMO SER LOS VACÍOS OPERATIVOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS – JULIO 2027

 

Ing. Agr. (M.Sc.) (H.Cs) Alfredo S. Molinas M.; Como Asesor Agroambiental, como Ex ministro de Ambiente y Ex Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, y Actualmente Asesor de la Presidencia de la Universidad San Carlos (USC), deseamos compartir  con ustedes unas opiniones sobre circunstancias que hacen a la operatividad diaria en el campo.

INTRODUCCIÓN

La protección ambiental y forestal constituye una condición necesaria para el desarrollo sostenible del sector agropecuario. El cumplimiento de las licencias ambientales, los planes de gestión, las auditorías y las disposiciones forestales permite ordenar las actividades productivas, prevenir impactos y conservar los recursos naturales.

Sin embargo, el buen funcionamiento de este sistema depende también de que las instituciones cuenten con criterios claros, procedimientos coordinados y plazos razonables. Cuando existen interpretaciones cambiantes, superposición de requerimientos o demoras prolongadas, el productor puede enfrentar dificultades incluso cuando procura desarrollar su actividad dentro del marco legal.

Un informe técnico del sector privado basado en un relevamiento de campo con productores y técnicos permitió sistematizar varias situaciones que actualmente generan preocupación.

Desde este blog comprendemos que las instituciones tienen competencias legales que le otorgan atribuciones, pero esta debe ejercerse correctamente de forma que permita fortalecer la gestion ambiental y forestal, la seguridad jurídica en el campo y el desarrollo sostenible del sector productivo.

CIRCUNSTANCIAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL EN EL CAMPO

1.- Una de las principales situaciones observadas es el Cambio de Criterio para determinar el alcance de las Declaraciones de Impacto Ambiental o Licencia Ambiental. Durante años, establecimientos constituidos por varias fincas fueron evaluados como una sola unidad productiva cuando compartían administración, actividad, infraestructura y planificación ambiental. Sin embargo, actualmente se reportan casos en los que se exige una licencia independiente para cada finca, aun cuando todas formen parte de un mismo proyecto.

2.- Este cambio de criterio operativo en el MADES tiene impactos directos sobre el desarrollo de los proyectos en el campo, multiplica los expedientes que se deben presentar, con el eterno atraso administrativo existente, además de tener que abonar tasas, publicaciones y honorarios profesionales de quienes deben elaborar cada proyecto.

3.- Todo esto tiene cero impacto en la mejora de la gestion ambiental en el campo, y el único impacto probable es en el aumento de las recaudaciones que pueden tener las instituciones, que con el cambio de criterio provocan un desajuste de las actividades productivas y debilita la gestion integral del suelo, agua, reservas forestales, cortinas rompevientos y corredores biológicos.

4.- Esta situación y los cambios de criterio y análisis pueden generar inconsistencias con instrumentos forestales previamente aprobados. En algunos establecimientos, las medidas de protección fueron diseñadas por el INFONA considerando integralmente la unidad productiva. Si posteriormente el MADES analiza cada finca de manera aislada, una propiedad predominantemente productiva podría aparentar un incumplimiento que no existe cuando se considera el conjunto del plan autorizado.

5.- Otro aspecto preocupante es la Demora en la Evaluación de los Expedientes, donde existen trámites que permanecen durante meses o años sin una decisión definitiva. Para el productor, esta espera no representa solamente una dificultad administrativa, sino que impide el acceso al crédito, paraliza inversiones, posterga obras y ocasiona la pérdida de ciclos productivos.

6.- Incoherencia en promover Cero Papel y herramientas digitales, pero sumariar a los productores por no tener las Licencias Impresas y en un lugar visible. Es más, si la resolución está vigente y puede verificarse en el SIAM, el formato físico no debería constituir la única forma de acreditación de que se cuenta con la misma. Sin embargo, se han reportado casos de que los fiscalizadores de las instituciones piden el documento impreso y si no los tiene a la vista pues los multan.

CIRCUNSTANCIAS DE LAS FISCALIZACIONES EN EL CAMPO

1.- La fiscalización constituye una función necesaria del estado, sin embargo, la legitimidad de una fiscalización también depende de la calidad técnica del procedimiento y de las garantías brindadas a quienes son intervenidos.

2.- Según lo expresado por varios productores, en las fiscalizaciones los funcionarios no explican suficientemente el objeto de la fiscalización, la norma que se pretende verificar o el alcance del recorrido. También se reportan actas con descripciones generales o conclusiones que no siempre están acompañadas de mediciones, coordenadas, fotografías contextualizadas u otras evidencias técnicas suficientes.

3.- Esta situación es especialmente delicada porque un acta mal elaborada puede utilizarse posteriormente para iniciar un sumario, disponer medidas preventivas o remitir antecedentes al Ministerio Público. Por ello, los hechos observados deben diferenciarse de las interpretaciones preliminares, y todo sumario debe contar con respaldo técnico sólido y jurídico.

4.- También es necesario establecer garantías mínimas para el ingreso a propiedades privadas. Los funcionarios deben identificarse, exhibir una orden de trabajo, explicar el motivo de la intervención y delimitar las áreas que serán verificadas. Si esto no se cumple, ninguna evidencia recolectada debería tener validez real porque se pueden estar generando en violación al debido proceso.

5.- Otro problema es la superposición de instituciones. MADES, INFONA, SENAVE, SENACSA, Ministerio Público, Policía Nacional, municipalidades y gobernaciones pueden intervenir legítimamente dentro de sus competencias. El inconveniente surge cuando no existe coordinación y el productor debe responder varias inspecciones, mediciones y procedimientos paralelos sobre los mismos hechos.

6.- La fiscalización por parte de un funcionario implica responsabilidades ulteriores. Por tanto, el fiscalizador si obra en mal procedimiento administrativo debería ser pasible de sumarios por violación de las leyes que regulan el ejercicio de los funcionarios. Y si algun productor presenta una queja la propia institución debe investigar acerca de lo desarrollado por los funcionarios intervinientes y la legalidad de sus actuaciones.

7.- Asi mismo, se han detectado sumarios finiquitados, donde los asesores jurídicos han impuesto multas y sanciones, únicamente con un acta de intervención o fiscalización con la narrativa del fiscalizador y sin pruebas técnicas o evidencia de lo incumplido. Por lo cual la parte afectada es convocada para conocer su versión pero no le dan lugar a ejercer una verdadera defensa, con lo cual los propios funcionarios que elaboran los sumarios estarían violando el debido proceso administrativo y también deberían ser pasible mal desempeño de funciones.

Si en el momento de cualquier tipo de sumario abierto, el propio asesor jurídico se da cuenta de errores administrativos que pudieran haber tenido los fiscalizadores instituciones o actas que podrían ser declaradas nulas, pues las respectivas Asesorías Jurídicas deberían rechazar las intervenciones realizadas que no tengan rigor técnico.

Recomendaciones

1.- En primer lugar, el MADES debería establecer criterios objetivos para reconocer cuándo varias fincas conforman una unidad productiva integrada. Además, los proyectos aprobados bajo el criterio anterior deberían conservar su validez mientras no experimenten modificaciones significativas.

2.- Cuando se adopten nuevos criterios administrativos, estos deberían contar con una justificación técnica, reglas públicas y un régimen de transición que evite afectar inversiones y planes de gestión previamente autorizados.

3.- Resulta más que necesario fortalecer la coordinación entre el MADES y el INFONA. Las licencias ambientales, los planes de uso de la tierra, las reservas legales de bosques y las demás medidas forestales deberían ser compatibles y consultables por ambas instituciones. El productor no puede quedar expuesto a exigencias contradictorias derivadas de instrumentos que fueron aprobados por diferentes organismos del mismo Estado.

4.- Las auditorías ambientales deberían aplicarse con una periodicidad proporcional al riesgo. Los establecimientos estables y con buen historial de cumplimiento podrían acceder a procedimientos simplificados y plazos más amplios, mientras que los proyectos de mayor impacto o con antecedentes de incumplimiento deberían recibir controles más frecuentes.

5.- También es indispensable establecer plazos administrativos verificables. El SIAM debería mostrar claramente la etapa del expediente, la dependencia responsable, los días utilizados por la Administración y el tiempo empleado por el proponente para responder observaciones. Estas observaciones deberían ser consolidadas y comunicadas oportunamente, evitando requerimientos parciales y sucesivos.

6.- Debe crearse un protocolo de fiscalización operativo de forma urgente, para determinar los procedimientos y que pueden y no pueden realizar los funcionarios fiscalizadores en el marco de sus atribuciones y respetando los derechos del propietario privado.

7.- Debe reconocerse plenamente la validez de las licencias ambientales digitales. La incorporación de códigos QR, enlaces oficiales de verificación o algun mecanismo de consulta en línea permitiría comprobar su autenticidad y vigencia sin imponer formalidades innecesarias. Si la propia institución sabe que la propiedad fiscalizada cuenta con licencia ambiental, no tiene sentido que la sumarien y multen por no tener la misma impresa y en un lugar visible.

La gestión ambiental y forestal no debe convertirse en un obstáculo para quien busca cumplir. Su verdadero propósito debe ser orientar, ordenar y controlar las actividades productivas mediante reglas claras y técnicamente justificadas. Corregir estos vacíos operativos no debilitará a las instituciones; por el contrario, aumentará su eficiencia, credibilidad y capacidad para acompañar el desarrollo responsable del campo paraguayo.