30 ene 2014

ULTIMA HORA DIARIO EDITORIAL

30 de enero de 2014, 01:00

El Estado no puede alegar falta de medios para cumplir la ley

El Estado peca de irresponsable cuando su obligación es proteger la salud de todos los que habitan el país y es incapaz de controlar las fumigaciones de soja que pueden causar daño a las personas. Es inadmisible que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Secretaría del Medio Ambiente (Seam) carezcan de recursos para hacer un efectivo control del rociado de los sojales en todo el territorio nacional. Ante esta realidad no bastará crear un protocolo que, sin medios de control suficientes, será solamente letra muerta mientras los campesinos siguen asediados por los productos químicos.

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La Constitución Nacional, en su artículo 68, dice que "el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental  de la persona". En lo que atañe a las fumigaciones de las plantaciones de soja a lo largo del país y pese a la existencia de la Ley 3742, que establece las normas para el uso de fitosanitarios,  no está cumpliendo su responsabilidad.
El Estado, cuando de cumplir la ley se trata, no puede alegar que carece de recursos humanos y económicos para velar por la seguridad de la salud de las personas, tal como lo hacen el Senave y la Seam. Un instrumento legal es de cumplimiento obligatorio. Y punto.
El presidente del Senave dice que apenas cuenta con tres ingenieros agrónomos y dos camionetas por departamento para fiscalizar si los sojeros cumplen o no la ley. Y, para colmo, sostiene que ante esta pobreza de recursos delega en los productores de soja la responsabilidad de cumplir las normas establecidas.
Esas disposiciones están claramente señaladas en la Ley 3742, que dice que no se podrá fumigar cuando haya una velocidad del viento mayor a 10 kilómetros por hora, una humedad ambiental inferior a 60% y una temperatura que supere los 32 grados. Además, que solo hasta 100 metros de los lugares habitados se pueden pulverizar los cultivos y que cuando hay un camino de por medio debe existir una barrera de árboles de dos metros de alto por cinco de ancho.
Si bien hay sojeros conscientes y responsables que respetan esas variables situacionales, otros pasan por encima de ellas. El resultado es que las sustancias utilizadas en las fumigaciones llegan a lugares poblados. El conflicto suscitado la semana pasada en la jurisdicción de General Resquín (Departamento de San Pedro) es solo una muestra de los reclamos de la gente ante lo que consideran un peligro para la salud de la comunidad.
Como esa conciencia a la que apela el titular del Senave es de existencia limitada y aun cuando la tuviesen la mayoría, las instituciones del Estado no pueden transferir su obligación al mejor saber y entender de los que tienen por finalidad ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Desde esa perspectiva, algunos sojeros mal pueden estar esperando que las condiciones atmosféricas se encuadren totalmente a las exigencias legales.
Esa transferencia de responsabilidad es un disfraz de la irresponsabilidad. Hace rato el Senave y la Seam hubieran movido los resortes adecuados para disponer de recursos suficientes. Los ingresos que provienen de la soja para las arcas del Ministerio de Hacienda son tan importantes y la ley es tan clara que no hay explicación racional alguna para la desidia.
El protocolo que –por presión ciudadana, no por conciencia de las instituciones– se va a elaborar para coordinar acciones conjuntas entre el Senave, la Seam, la Fiscalía, la Policía y otras instituciones volverá a quedar en aguas de borrajas si es que no hay voluntad para concretar un control eficiente de las fumigaciones. Los pequeños agricultores están esperando que el Estado cumpla lo que pregona la Constitución.
30 de enero de 2014, 01:00

Inicia destrucción de 791.000 cítricos infectados con HLB

Inicia destrucción de 791.000 cítricos infectados con HLB
Temible mal. La enfermedad ha afectado a 20% de las plantaciones de cítricos, estimadas en 18.000 hectáreas en el país.

Arrancó la destrucción de las plantaciones de cítricos, principalmente naranjos, en las fincas de los pequeños y medianos productores que contaban con plantas infectadas con la enfermedad Huan- glongbing (HLB).

El total de mudas cítricas a nivel país es de 791.458 y se encuentran distribuidos en viveros de 8 departamentos del país, de los cuales aglomeran la mayor cantidad Cordillera e Itapúa.
En las épocas de mayor producción, entre agosto y octubre, el volumen final llegó a 7 millones de kilos mensuales; sin embargo, en gran parte del año, se debe importar prácticamente el 50% de ese volumen, por la menor capacidad productiva. Ante este escenario, podría aumentar el ingreso de productos desde otros países.
El Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) informó que dispone de G. 2.300 millones para la indemnización de los productores afectados que hayan sido evaluados por los técnicos de la institución. Asimismo, para acceder a los valores, los citricultores deberán sobrellevar el proceso administrativo.
El Senave inició en el Departamento de Cordillera la campaña de eliminación de plantas cítricas, mudas y portainjertos, como parte de las acciones encaradas en la emergencia fitosanitaria declarada por la institución, ante la detección de la enfermedad en nuestro país.
Cristina Kress, propietaria de Frutika, comentó que el ingreso de esta enfermedad en los cultivos de cítricos es preocupante, pero no llegó a ser devastadora.
En lo que corresponde a su empresa, comentó que en las plantaciones, –una de las más importantes del país– han tomado las medidas de precaución desde un inicio, con las aplicaciones correspondientes de los insecticidas para eliminar el vector.
Advirtió que el problema mayor representan los pequeños productores, que algunas veces se surten de yemas provenientes de viveros al aire libre, o de las que se ingresan de contrabando del Brasil, por lo que existe un gran peligro de rápida infección de grandes áreas.
El Senave dispuso la presencia de cinco grupos de técnicos y operarios para los trabajos de destrucción de plantines de cítricos, procediendo a la eliminación de los ejemplares con anuencia de los propietarios y productores de los establecimientos.
En el tercer departamento existen unos 597.340 plantines, y que se estima culminar con las tareas de eliminación de cítricos en tres semanas.

ULTIMA HORA DIARIO

30 de enero de 2014, 01:00

Fiscala imputa a 24 dirigentes campesinos por movilizaciones

Fiscala imputa a 24 dirigentes campesinos por movilizaciones
Zona caliente. Los campesinos se movilizan contra las fumigaciones de sojales en el Departamento de San Pedro.

Por Carlos M. Aquino

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SAN PEDRO
La agente fiscal Lilian Ruiz imputó a dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC), del Departamento de San Pedro, por los delitos de coacción y amenaza de hechos punibles.
Esta imputación obedece a que existen varias denuncias presentadas por productores sojeros paraguayos y brasileños por los supuestos acosos que estarían sufriendo por parte de organizaciones campesinas, especialmente los afiliados a la FNC, según la carpeta del Ministerio Público.
Un total de 24 personas fueron imputadas, quienes, según la representante de la Fiscalía, fueron identificadas tras las denuncias de los productores Fernando García, de Choré; Víctor Guerrero, de Yrybucuá, y Cleiton Machiner Pothin, de la colonia Luz Bella.
La fiscala Ruiz acompañó la denuncia hecha por los productores y aseguró que es hora de que la Fiscalía actúe ante los hecho vandálicos que están cometiendo esta gente, refiriéndose a los campesinos.
“En mi unidad existen varias denuncias de productores donde relatan cómo son coaccionados por los campesinos; algunos ni siquiera pueden entrar en sus fincas, y son productores que tienen 50 y hasta 100 hectáreas de soja; no pueden limpiar sus chacras y menos fumigar”, indicó Ruiz.
La fiscala también señaló que los denunciantes presentaron todos los documentos y permisos otorgados por la Secretaria del Medio Ambiente (Seam) a los labriegos, pero aún así, los campesinos no les dejan hacer su trabajo.
“Denuncian (contra los labriegos) supuestos atropellos a propiedades privadas, daños en sus maquinarias y hasta cortan decenas de hectáreas de cultivo de soja. También otro hechos como la retiención de camiones que trasladan los granos y la posterior quema de la producción. Es demasiado grave”, explicó la fiscala.
Entre los imputados por la fiscala Ruiz se encuentran dos referentes de la organización campesina: Odilón Espínola, ex secretario general de la FNC, y Felipe Aveiro, dirigente departamental de dicha organización. El conflicto entre campesinos y sojeros se está volviendo cada vez más candente, a medida que pasan los días, en San Pedro.

30 de Enero de 2014

| polémico decreto de evaluación ambiental no frena la devastación

Unas 17.150 hectáreas deforestadas en diciembre

El Chaco paraguayo está siendo masivamente deforestado, por lo que el “nuevo rumbo” no llega hasta allí.
Vista aérea del avance de la deforestación en el Chaco paraguayo.
Vista aérea del avance de la deforestación en el Chaco paraguayo. / ABC Color
En diciembre último, fueron devastadas 17.158 hectáreas, en su mayoría cerca de dos parques nacionales, según un informe de la organización Guyra Paraguay. El Ejecutivo dicta normas flexibles, que contribuyen al flagelo.
Las 17.158 hectáreas deforestadas solo en diciembre último significan que cada día fueron devastadas 560 hectáreas, conforme con la organización Guyra Paraguay.
Según dicha entidad ambientalista, se observaron desmontes en las proximidades de los parques nacionales “Defensores del Chaco” y “Médanos del Chaco”.
Estas deforestaciones, junto con otras registradas en la región, se han intensificado en los últimos meses y con ello se está perdiendo la conectividad (biológica) estructural en esta región, donde se encuentran los bosques más significativos de la zona seca de nuestro país, que forman parte de la Reserva de Biosfera del Chaco.
Los datos referentes a nuestro país forman parte del informe sobre la situación del Gran Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay). En esa gran área se registraron, en diciembre último, 57.192 hectáreas deforestadas.
De las 57.192 hectáreas de bosques deforestados, Argentina registró el mayor porcentaje: con 67%; seguida por Paraguay, con 30%; y Bolivia, con 3%.
En Argentina, el promedio de deforestación fue de 1.241 Ha. por día; Paraguay, promedio de 559 Ha. por día; y Bolivia, 45 Ha. por día, según la citada organización.
Los distritos de Mariscal Estigarribia (Boquerón), en Paraguay; Charagua (Santa Cruz), en Bolivia; y Pellegrini (Santiago del Estero), en Argentina, son los que realizaron mayores cambios de uso de la tierra.
En noviembre último, la deforestación en el Gran Chaco Americano fue de 46.015 Ha.
Cada minuto se está deforestando un promedio de 1,3 Ha. en todo el Gran Chaco, según Guyra Paraguay.
La deforestación total registrada en el 2013, en el Gran Chaco Americano, es de 502.308 Ha. En 2012 fue un poco más 539.232 Ha.

Polémico decreto 453

La deforestación se realiza en forma impune en el país al amparo del Decreto Nº 453, firmado por el presidente Horacio Cartes el pasado 8 de octubre. Este reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA).
Esta normativa exime de licencia ambiental a propiedades menores de 2.000 hectáreas en el Chaco paraguayo.

ULTIMA HORA DIARIO

30 de enero de 2014, 01:00

En el 2013 ingresaron agroquímicos por más de 576 millones de dólares

Esto representa 240.000 toneladas de productos a ser utilizados en fumigaciones en el campo, en donde la presencia del Estado es casi nula, reconoció ayer el propio presidente de la República, Horacio Cartes.


El negocio de la importación de los productos agroquímicos movilizó más de USD 576 millones durante el 2013, lo que  representó una merma de 28% con relación al 2012, en cuyo año se destinaron USD 810 millones para la compra de productos fitosanitarios, según se desprende de las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
En cuanto a volumen se dio una retracción en el orden de 20% durante el 2013, teniendo en cuenta que se importaron 240.000 toneladas de productos fitosanitarios, frente a las 300.000 toneladas importadas en el 2012.
Toda esta cantidad de productos químicos son volcados al campo, donde el control sobre su uso es prácticamente nulo. De hecho, esto es lo que viene siendo cuestionado por labriegos, quienes incluso denuncian intoxicaciones, aunque no se presentó, hasta ahora, prueba científica que así lo respalde.
Según fuentes del Senave, la reducción del ingreso de productos obedece directamente a que en el 2012, tras una dura sequía, no se pudieron vender importantes volúmenes de productos. A su vez, en aquella época, con una baja cotización del dólar, aumentó el ingreso de productos.
más rendimiento. Los productos aplicados en el agro, tanto en material de fitosanitarios como fertilizantes, genera un elevado impacto en los rendimientos, consideró Raúl Torres, ex ministro de Agricultura y Ganadería y representante de la Cámara Paraguaya Proagro.
En sí, sumando el negocio de los productos fitosanitarios y fertilizantes (productos con nutrientes minerales como potasio, nitrógeno y fósforo), el año pasado, el negocio de las soluciones para el agro totalizaron USD 3.043 millones, que representa un incremento de 13% con relación al 2012.
Cabe destacar que el ingreso de productos fitosanitarios y fertilizantes tiene tres vías legales, que son por medio de las industrias procesadoras, las formuladoras y las empresas multinacionales que ingresan el producto totalmente preparado.
Además existen denuncias de triangulación y contrabando de estos productos que mueven USD 10 millones.

ABC DIARIO

30 de Enero de 2014

| hablÓ de rumores sobre legisladores que incitan a labriegos

Presidente promete más control de fumigaciones

El presidente de la República, Horacio Cartes, a su retorno ayer al país procedente de Cuba, dijo que hace falta más control en las fumigaciones y prometió fortalecer Senave. Mencionó que hay rumores de que dos senadores y un diputado estarían incitando a labriegos. Defendió el decreto 1056, que simplifica la adquisición de productos de la agricultura familiar.
El presidente de la República, Horacio Cartes, acompañado de su vicepresidente, Juan Eudes Afara, se dirigen a la sala de prensa tras retornar al país de La Habana, Cuba.
El presidente de la República, Horacio Cartes, acompañado de su vicepresidente, Juan Eudes Afara, se dirigen a la sala de prensa tras retornar al país de La Habana, Cuba. / ABC Color
Tras participar de la Cumbre de la Celac, Cartes brindó una conferencia de prensa en el espigón presidencial, contestando cinco preguntas de los periodistas.
Se le consultó sobre los últimos incidentes entre campesinos y sojeros por la fumigación de cultivos con productos agroquímicos. Respondió que conversó al respecto con el ministro del Interior, Francisco De Vargas, y que espera un informe completo al respecto. “Estamos analizando si realmente el Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) tiene suficiente gente”, dijo y agregó que “tenemos que revisar si estamos con la cantidad de gente ideal para poder hacer los controles. Tengo entendido que no sería una debilidad nuestra. Me dicen que hay gente, tenemos los rumores, está en la prensa, tiene nombres, tiene apellidos. Creo que son dos o tres senadores y un diputado mencionados por la prensa. Pero vamos a ir dejando y vamos continuando, vamos a ir informándonos, no nos van a poder negar el esfuerzo que estamos haciendo”, recalcó el Presidente.
El martes pasado, en la Vicepresidencia de la República se formó un equipo interinstitucional para atender y hacer seguimiento a las denuncias de violaciones a la ley sobre fumigaciones y la preservación del medio ambiente y la vida de las personas. Cartes se refirió al decreto 1056, dictado a fines de diciembre pasado. El instrumento fija un proceso simplificado para que las entidades públicas y municipalidades adquieran en forma directa productos de la agricultura familiar. Señaló que el decreto no busca otra cosa que el mejoramiento de la vida del agricultor y su familia.
En otro momento, señaló que hará llegar a la Celac detalles de esa iniciativa de su gobierno, puesto que se está tratando en esa instancia regional, como un proyecto. “Nosotros con ese decreto nos hemos adelantado”, indicó. Si el decreto tiene que ser corregido se hará, porque no tiene ninguna otra intención que buscar el bienestar de las familias rurales, insistió.
Sostuvo que el decreto 1056 “no busca felicitaciones y mucho menos aplausos”. En todo momento insistió en que se busca el mejoramiento de la calidad de vida de los productores y agricultores rurales, como también que los productos tengan el precio final, y no como que ocurre ahora, que se vende barato y cuando se compra es más caro.

ABC DIARIO

30 de Enero de 2014

| polémico decreto de evaluación ambiental no frena la devastación

Unas 17.150 hectáreas deforestadas en diciembre

El Chaco paraguayo está siendo masivamente deforestado, por lo que el “nuevo rumbo” no llega hasta allí.
Vista aérea del avance de la deforestación en el Chaco paraguayo.
Vista aérea del avance de la deforestación en el Chaco paraguayo. / ABC Color
En diciembre último, fueron devastadas 17.158 hectáreas, en su mayoría cerca de dos parques nacionales, según un informe de la organización Guyra Paraguay. El Ejecutivo dicta normas flexibles, que contribuyen al flagelo.
Las 17.158 hectáreas deforestadas solo en diciembre último significan que cada día fueron devastadas 560 hectáreas, conforme con la organización Guyra Paraguay.
Según dicha entidad ambientalista, se observaron desmontes en las proximidades de los parques nacionales “Defensores del Chaco” y “Médanos del Chaco”.
Estas deforestaciones, junto con otras registradas en la región, se han intensificado en los últimos meses y con ello se está perdiendo la conectividad (biológica) estructural en esta región, donde se encuentran los bosques más significativos de la zona seca de nuestro país, que forman parte de la Reserva de Biosfera del Chaco.
Los datos referentes a nuestro país forman parte del informe sobre la situación del Gran Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay). En esa gran área se registraron, en diciembre último, 57.192 hectáreas deforestadas.
De las 57.192 hectáreas de bosques deforestados, Argentina registró el mayor porcentaje: con 67%; seguida por Paraguay, con 30%; y Bolivia, con 3%.
En Argentina, el promedio de deforestación fue de 1.241 Ha. por día; Paraguay, promedio de 559 Ha. por día; y Bolivia, 45 Ha. por día, según la citada organización.
Los distritos de Mariscal Estigarribia (Boquerón), en Paraguay; Charagua (Santa Cruz), en Bolivia; y Pellegrini (Santiago del Estero), en Argentina, son los que realizaron mayores cambios de uso de la tierra.
En noviembre último, la deforestación en el Gran Chaco Americano fue de 46.015 Ha.
Cada minuto se está deforestando un promedio de 1,3 Ha. en todo el Gran Chaco, según Guyra Paraguay.
La deforestación total registrada en el 2013, en el Gran Chaco Americano, es de 502.308 Ha. En 2012 fue un poco más 539.232 Ha.

Polémico decreto 453

La deforestación se realiza en forma impune en el país al amparo del Decreto Nº 453, firmado por el presidente Horacio Cartes el pasado 8 de octubre. Este reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA).
Esta normativa exime de licencia ambiental a propiedades menores de 2.000 hectáreas en el Chaco paraguayo.

28 ene 2014

ULTIMA HORA

28 de enero de 2014, 01:00

El Gobierno reconoce que controlar el uso de agroquímicos le es imposible

El Gobierno reconoce que  controlar el uso de agroquímicos le es imposible
Conflicto. Labriegos de San Pedro protestaron días pasados contra las fumigaciones que realizan los sojeros.

Senave y Seam dicen no contar con recursos suficientes para una verificación más eficiente. Cada técnico debe acompañar el trabajo de 280 fincas sojeras para un control efectivo a todas.

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El Gobierno, a través de sus órganos contralores para verificación de la   calidad, inocuidad y  aplicación de  agroquímicos en las plantaciones de soja, reconoce que no tiene suficiente capacidad para realizar  controles efectivos  en los procedimientos de fumigación que se llevan a cabo en  más de tres millones de hectáreas a lo largo y ancho del país.
Regis Mereles, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), refirió que apenas cuenta con tres ingenieros agrónomos y dos vehículos por departamento para realizar las evaluaciones en cumplimiento de la Ley 3742, de control de productos fitosanitarios de uso agrícola, con lo cual "es imposible" controlar todo.
En conversación con radio Monumental 1080 AM, Gustavo Rodríguez, director general de Control de Calidad Ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam), agregó que dispone de diez fiscalizadores ambientales, que solo actúan en forma aleatoria, o por denuncias directamente.
Es decir, contabilizando técnicos del Senave y de la Seam, un técnico tendría que controlar el trabajo de 280 fincas que producen soja, considerando que en el país existen 45.000.
El Senave es el único órgano contralor del uso y aplicación de agroquímicos, mientras que la Seam, dentro del proceso, tiene a su cargo, facilitar o negar la licencia ambiental.
Como es imposible de llegar a todas las fincas durante la zafra sojera, Mereles señaló que transfieren directamente la responsabilidad al productor, quien en teoría, debe aplicar las leyes vigentes. En otras palabras, como no cuenta con el personal suficiente, el Senave deja a conciencia del propio sojero el manejo de las fumigaciones.
contrabando. También existen serias deficiencias de control desde el ingreso mismo de los agroquímicos al país. Hay cuatro vías de ingreso: el producto terminado, que es importado por las multinacionales; las industrias locales que importan la materia prima para el producto; las formuladoras, que compran los principios activos y por contrabando. La falsificación, el contrabando y la triangulación de agroquímicos mueve más de USD 10 millones al año, según la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria.
Por todo ello, el Gobierno en realidad sabe muy poco o nada de lo que contienen los productos. Todo esto llevó a que el presidente Horacio Cartes decidiera concentrar en un solo puerto ( Villeta) el ingreso de agroquímicos.
Según Mereles, citando un informe de NNUU como respaldo, los productos utilizados en Paraguay están entre los menos tóxicos para la salud.
También comentó que se dieron 15 denuncias de mal manejo de los productos, pero que al momento de ser evaluadas las fincas, ninguna presentaba anomalías.
Para poner fin al conflicto entre campesinos y sojeros, Gustavo Rodríguez, dice que se debería buscar un ordenamiento territorial, de modo a separar la agricultura empresarial de la campesina. Ayer siguieron las manifestaciones de los labriegos contra las fumigaciones.

ABC DIARIO

28 de Enero de 2014

 

Verdadero disparate

Al parecer, el presidente Cartes tiene algunas buenas intenciones, como la de buscar beneficiar a los pequeños productores, pero se tiene la impresión de que sus asesores tienen poca estima a la legalidad y carecen de sentido común, para advertirle de la inconveniencia de disponer tal o cual medida. El Gobierno dictó recientemente el Decreto N° 1056/13, que fija un proceso “simplificado” para que las entidades públicas y las municipalidades adquieran productos de la agricultura familiar, proveídos “por agricultores de la zona”, con la idea de que la merienda y el almuerzo escolar sean elaborados a base de estos productos. Lamentablemente, el mencionado decreto tiene el grave inconveniente de ser inconstitucional y de aplicación imposible en varios puntos. Es lo que suele pasar cuando los gobernantes se dejan seducir por asesores que, además de populistas, son necios.
Al parecer, el presidente Horacio Cartes tiene algunas buenas intenciones, como en este caso de buscar beneficiar a los pequeños productores, pero se tiene la impresión de que sus asesores tienen poca estima a la legalidad y carecen de sentido común, para advertirle de la inconveniencia de disponer tal o cual medida.
El Gobierno dictó recientemente el Decreto N° 1056/13, que fija un proceso “simplificado” para que las entidades públicas y las municipalidades adquieran productos de la agricultura familiar, proveídos “por agricultores de la zona”. Si bien el decreto no lo dice, según explicaron las autoridades, la idea principal consiste en que la merienda y el almuerzo escolar sean elaborados a base de estos productos.
Lamentablemente, el mencionado decreto tiene el grave inconveniente de ser inconstitucional y de aplicación imposible en varios puntos. Por ejemplo, se invoca el art. 17 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), según el cual las entidades públicas y las municipalidades podrán introducir, con apego a los principios generales de la contratación y a los términos del reglamento, las modalidades complementarias que tutelen mejor el interés público, tales como un mecanismo de precalificación, procedimientos con dos o más etapas de evaluación, con subasta a la baja, con financiamiento otorgado por el proveedor o contratista o cualquier otra figura legal o pertinente. El art. 20 del Decreto N° 21909/03, que reglamenta la LCP, solo agrega que la justificación de las modalidades debe acreditarse en el expediente de la contratación, con la resolución que acuerde promoverla.
La LCP no otorga la facultad de establecer las modalidades complementarias al Poder Ejecutivo, sino a las convocantes, es decir, a las entidades públicas y municipalidades que inicien el procedimiento de adjudicación y firmen los contratos resultantes. El Decreto N° 1056/13 viola la LCP y, en consecuencia, el art. 137 de la Constitución, que fija el orden de prelación de las normativas jurídicas.
También vulnera la autonomía administrativa prevista en el art 1° de la Carta Orgánica del Gobierno Departamental y en el art. 5° de la Ley Orgánica Municipal, que repite el art. 166 de la Constitución. En general, además de violar el art. 17 de la LCP, el Decreto N° 1056/13 ignora las leyes orgánicas de las entidades públicas con autonomía administrativa.
En su largo y desprolijo considerando –dos párrafos son idénticos– se lee que es necesario “adoptar métodos y procedimientos (…) que inviertan la lógica de la adquisición gubernamental”. Esa lógica surge de la ley y no puede ser invertida por un decreto. Según la LCP, la adquisición debe responder a la racionalidad, la austeridad y la disciplina presupuestarias (art. 4°, inc. a). Cuesta creer que el decreto busque todo lo contrario cuando haya que adquirir productos de la agricultura familiar. Eso de invertir la lógica sería solo un giro desafortunado, pues luego se habla de un “mecanismo que procure la compra de los productos de las unidades productivas o asociativas de la agricultura familiar en lugar de la desestimación de las ofertas por el incumplimiento de requisitos financieros y económicos limitativos. Es decir, se proporciona al proveedor los elementos necesarios para convertirlo en un agente de abastecimiento del Estado”.
Lo citado es interpretable como que no se exigirán requisitos financieros y económicos, tal como se los exige en los procedimientos de la LCP, salvo en las contrataciones con fondos fijos (“caja chica”).
Otro de los “elementos necesarios” que podría recibir el proveedor –muy cuestionable, por cierto– es el anticipo financiero, de hasta un 30% del valor total del contrato, en cuyo caso un fiador respondería solidariamente de la devolución de lo recibido. Para las garantías de seriedad de la oferta y de cumplimiento del contrato, cuyo monto se desconoce, bastará una declaración jurada (arts. 4°, inc. e y f). Aparte de que sería difícil recuperar las sumas anticipadas a miles de pequeños proveedores que eventualmente incumplan el contrato, ocurre que la LCP admite las modalidades complementarias solo para tutelar mejor el interés público y no el de los oferentes. Aquí ese interés resulta peor tutelado.
Como en nuestro país una declaración “jurada” es una mera formalidad, la falta de seriedad de la oferta o el incumplimiento del contrato quedarán impunes. Se entiende que el agricultor no va a poder ofrecer una garantía bancaria o una póliza de seguros, no obstante es prioritario precautelar el dinero público, así como la provisión regular y oportuna de los productos a hospitales, escuelas, cuarteles o cárceles.
En cuanto a las escuelas, hay que recordar que la Ley N° 1443/99 obliga a que el complemento nutricional incluya una ración diaria de unas 600 calorías, en los programas de leche y alimento sólido (art. 2°). Es decir, las escuelas deberán dilucidar el tipo, la cantidad de alimentos ofertados y sus calorías para que de la agregación de todos resulte que los alumnos consuman las previstas en la ley, aunque no sea a través del soyo, la empanada o el bife, como quiere el presidente Cartes.
Según el decreto, del control aleatorio de “la calidad e inocuidad” de los productos se ocupará el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) (art. 12). ¿Significa esto que los comprados en Alto Paraguay deben ser remitidos al INTN o que sus técnicos y equipos deberán ir periódicamente a las escuelas de ese departamento para efectuar el control? Como el agricultor debe residir en la jurisdicción de la convocante (art. 7°), a las municipalidades de la Gran Asunción –más de 50.000 alumnos– les costará mucho hallar oferentes. Aparte de esta dificultad, que pueden tener otras entidades públicas en otros lugares, el decreto impediría admitir ofertas más bajas de agricultores asentados fuera de la jurisdicción, pero muy cerca de la sede de la convocante. El condicionamiento de las compras por la delimitación territorial puede crear situaciones absurdas, contrarias a los principios de economía y eficiencia, que consagra la LCP (art. 4°).
Habrá que saber cuántos y quiénes son los agricultores que viven dentro de cada jurisdicción, así como el tipo de cultivos que tienen. Hasta ahora se ignoran esos datos. La convocante puede solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) un registro de los integrantes de la agricultura familiar y de los bienes que producen (art. 11), pero resulta que hoy no existe tal registro actualizado y los niños este año ya tienen que comer alimentos proveídos según el decreto. No obstante, puede averiguar si el oferente está asentado en su jurisdicción y si los bienes ofrecidos son el fruto del trabajo familiar (art. 8°). Esto ya debería saberlo de entrada para poder enviar una “carta de invitación” con la información pertinente (art. 4°, inc. b). Por ejemplo, para abastecer al Hospital Regional de San Pedro, ¿habrá que invitar a todos los agricultores de ese departamento o solo a algunos? Según el presidente Cartes, se hará todo tipo de esfuerzo –“vía todos los medios”– para que los productores estén enterados. Como el decreto habla de “carta de invitación”, ella es inexcusable e implica conocer a los destinatarios.
La respuesta dada por el MAG a este diario con respecto a los muy serios cuestionamientos que provoca la iniciativa no ha servido en absoluto para despejarlos. Su ejecución planteará un mar de dificultades, como la ulterior conservación de los productos adquiridos y su preparación diaria, pero las normas citadas bastan para concluir que estamos ante un decreto que, aparte de inconstitucional, es un verdadero disparate de aplicación extremadamente difícil, si no imposible. Es lo que suele pasar cuando los gobernantes se dejan seducir por asesores que, además de populistas, son necios.

27 ene 2014

ULTIMA HORA DIARIO

27 de enero de 2014, 01:00

Productores que no adoptan tecnologías tienden a desaparecer

Productores que no adoptan tecnologías tienden a desaparecer
Precisión. Corregir los suelos degradados ayudaría a elevar los rendimientos por hectárea.

El deterioro de los suelos, más los eventos climáticos limitan la cantidad de productores en el campo. Los que no pueden tecnificarse abandonan el sistema para buscar nuevos rumbos, señalan expertos en agronegocios.

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La cada vez menos cantidad de gente en el campo se debe a la baja rentabilidad de la actividad agrícola, considera Ronald Dietze, rector de la Universidad San Carlos.
Es que ante el deterioro de los suelos y los fenómenos climáticos, la actividad agrícola cada vez más demanda de tecnología para mínimamente mantener los rendimientos por hectárea o intentar elevar los rendimientos por hectárea, aseveró el catedrático.
Hoy las semillas de soja, por ejemplo, llegan a ciclos de hasta 105 días a la cosecha gracias al uso de la ciencia y la tecnología o gracias a la biotecnología; se tiene materiales que resisten el ataque de insectos o malezas, incluso con menos aplicación de productos químicos, que juega un papel importante a favor de la conservación del medio ambiente. A esto se debe sumar el uso de la siembra directa, cuya utilidad ha causado prácticamente el mismo efecto que la misma revolución verde; es decir, los productores cada vez tienen más contratiempos para producir alimentos en cantidad y calidad, por eso es necesaria la adopción y aprovechamiento de las tecnologías vigentes.
riego. En esta zafra se tuvieron nuevamente características particulares en algunas regiones del país, como la falta de agua en la etapa de desarrollo y maduración de la soja, que han ocasionado una nueva retracción de los rendimientos de la oleaginosa, cuyo rubro tiene una incidencia gravitante sobre el desarrollo económico del país.
Una de las herramientas más apreciadas en estos casos es el riego. Agroganadera Pirapey muestra un sistema nuevo en el mercado denominado riego por goteo subterráneo, cuya tecnología proviene de Israel, uno de los países reconocidos mundialmente por el desarrollo de este sistema para el segmento agrícola.
Sebal Hanh, responsable técnico de desarrollo de Agroganadera Pirapey, explicó que en este sistema la cañería es enterrada a una profundidad de 30 cm para regar desde abajo hacia arriba los cultivos y proveerle agua directamente a la boca de la planta. Las experiencias en soja y maíz en Bella Vista, Itapúa, muestran un incremento de 1.000 y 4.000 kilos a más comparativamente a las parcelas sin el tratamiento, respectivamente. En yerba mate y mandioca también muestran resultados excepcionales aunque aún no concluyeron las pruebas.
La agricultura de precisión es otra herramienta válida principalmente para mejorar la calidad de los suelos deteriorados por los varios años de explotación.
La agricultura de precisión es una herramienta importante que además del ahorro del insumo por la racionalización de los productos, al que la utiliza le permite recuperar áreas degradadas y mantener parcelas en buen estado.

ABC DIARIO

27 de Enero de 2014

| biólogo califica de inexplicables las políticas que no optimizan los recursos naturales

Chaco, donde se deforesta con más rapidez en el mundo, dice estudio

La Universidad de Maryland (EE.UU.) denuncia que el Chaco paraguayo es la región en que la pérdida de bosque avanza con mayor velocidad en el mundo.
Se está llevando a los bosques rumbo a la extinción, así como a los que habitan en ellos, dice biólogo español.
Se está llevando a los bosques rumbo a la extinción, así como a los que habitan en ellos, dice biólogo español. / Archivo, ABC Color
Eso refiere el biólogo español y catedrático de Ciencias Naturales Miguel del Pino Luengo, en el sitio noticioso Libertad Digital. Clama por la defensa de la selva.
El citado docente universitario señala que hasta hace apenas dos siglos un cinturón de bosques recorría el Ecuador de nuestro planeta extendiéndose por las zonas tropicales africanas y sudamericanas. Luego, expresa, “primero fue África la que sufrió una progresiva ‘europeización’ al perder por explotación colonial importantes masas verdes”, y que “ahora le toca el turno a la Amazonia y también a otros reductos menos conocidos, como el bosque arbustivo del Chaco paraguayo”.
Manifiesta que es cierto que los bosques producen oxígeno, pero que su influencia sobre el clima global es aún más trascendente. “Los bosques atraen la humedad y provocan la lluvia en un verdadero efecto esponja”, asegura.
Seguidamente, Miguel del Pino indica que para las organizaciones preocupadas por los derechos de los últimos indígenas aún no contactados del planeta, como Survival, la más terrible consecuencia de la deforestación es que, en algunos rincones inexplorados, acarrea la extinción de esas poblaciones humanas.
Y “en el Chaco paraguayo son los indios ayoreos quienes se ven acorralados por la tala del bosque arbustivo del Chaco paraguayo, el récord del mundo de velocidad de destrucción del manto vegetal que constituye el único hogar que conocen”, dice el escrito del biólogo y catedrático español en Libertad Digital.
Seguidamente, recuerda que una de las series documentales del divulgador ambientalista español, pionero en la defensa de la naturaleza, Félix Rodríguez de la Fuente, reflejaba la vida, a veces paradisíaca y a veces terriblemente dura de los habitantes de los bosques ibéricos, pues “el reducto del bosque es a la vez prisión, pues sus habitantes dependen de su abrigo y recursos”.

Lluvias ácidas

Del Pino indica después que también las masas forestales europeas se enfrentan a amenazas muy preocupantes. “El macizo forestal de la Selva Negra alemana es presa del fenómeno de la lluvia ácida, que arrastra al suelo las partículas de azufre procedentes de la contaminación industrial, y nuestros propios bosques ibéricos deben soportar cada año la terrible amenaza de los incendios”.
Afirma, además, que “verdaderamente resultan inexplicables tantas políticas cortas de miras que no optimizan los recursos naturales y llevan al bosque, y a los hombres del bosque, al borde de la extinción”.
Entonces, agrega, “hay que defender los bosques”, y menciona que ya en la primera Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992, se fijó la lucha contra la deforestación como uno de los objetivos fundamentales de la protección de la naturaleza a nivel global.
Lamentablemente, dice, el arrollador alarde informativo en torno al llamado cambio climático se impuso de tal manera en la movilización de la opinión pública que todo lo demás, incluida la protección de los bosques, “quedó relegado a un segundo plano”.

DESTRUCCIÓN E IMPUNIDAD

Son constantes las denuncias realizadas sobre destrucción indiscriminada de bosques en el Paraguay, tanto en el Chaco como en la Región Oriental, incluso de los que son reservas naturales, pero no se conoce que haya algún tipo de castigo para los responsables.
Además, el Decreto Nº 453, que reglamenta la Ley 294/93, “De evaluación de impacto ambiental”, emitido por el presidente de la República Horacio Cartes en octubre de 2013, hizo que aumente notablemente la tala de árboles. Establece que en propiedades de hasta 499 hectáreas en la Región Oriental y hasta 1999 ha en el Chaco no se requiere de licencia ambiental para deforestar.

24 ene 2014

ULTIMA HORA DIARIO

24 de enero de 2014, 01:00

Arranca cosecha de arroz con proyecciones de superproducción

Arranca cosecha de arroz con proyecciones de superproducción
Crecimiento. Uno de los rubros más promisorios en el país es el segmento arrocero

En algunas parcelas que fueron sembradas en forma tempranera, ya comenzaron a ser cosechadas por los productores, con rendimientos puntuales por encima de los 9.000 kilos por hectárea en campos tecnificados.

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El arroz, es uno de los rubros conceptualizados como el de mayor futuro en los próximos años en el país. Respaldando esa proyección, en esta campaña 2013/2014 se tuvo una expansión sobre nuevas áreas de 20%, según el especialista local en investigación sobre el cereal, Héctor Ramírez.
El experto dijo que en esta zafra se tuvo unas 20.000 hectáreas nuevas de siembra de arroz, extendiendo la superficie de siembra a más de 125 mil hectáreas, frente a las 105 mil hectáreas sembradas en la zafra anterior.
La producción total de arroz en la zafra precedente fue de 580.000 toneladas, de las cuales el 20% fue destinado al consumo interno que representa 120.000 toneladas, y el 80% restante, a las exportaciones. Para esta campaña se prevé una cosecha récord de 700.000 toneladas, de acuerdo a las proyecciones del técnico.
Miguel Bolf, productor arrocero, dijo que los productores siguen adoptando mucha tecnología que ayuda a seguir mejorando los niveles de productividad del arroz en el país.
Ramírez comentó que los precios registrados actualmente en el mercado internacional no son favorables para los productores. Asimismo dijo que actualmente el precio promedio está en USD 290 la tonelada, una cifra que no satisface las necesidades de los productores. Incluso, ante la devaluación del real en Brasil, el principal destino del cereal nacional, los precios siguen su curso a la baja, comprometiendo la rentabilidad del negocio.
expansión. El sector arrocero se expande hacia nuevos rumbos, buscando obtener nuevos canales de utilización de agua, para ampliar la superficie de siembra del cereal.
Ramírez comentó que el río Paraguay es la nueva fuente que está ayudando a la expansión del rubro. Indicó que existen dos proyectos claros de la firma Sociedad Agrícola Golondrina y del Grupo Giménez Calvo, de establecer una nueva cuenca de producción que se limite a obtener agua del río Paraguay, cuando anteriormente existía una presión sobre el río Tebicuary.
Si bien en la actualidad los productores de arroz comprendieron que, mediante la utilización de tecnología en el manejo de agua, se pudo reducir el impacto sobre el río Tebicuary, es necesario disponer de otro canal para la apertura de una nueva cuenca que respalde el incremento del área destinada a este rubro en el país. Paraguay es el decimoquinto mayor exportador de arroz hoy en día.

ULTIMA HORA DIARIO

24 de enero de 2014, 01:00

Se vendieron más de 3.300 maquinarias

Se vendieron más de 3.300 maquinarias
Boom. Se duplicó la venta de maquinarias agrícolas.

El reporte de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) señala que en el 2012 fueron importados un total de 1.235 tractores.

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Este año, la cifra aumentó a 2.531, representando una diferencia de 104,9% con relación al mismo periodo del año anterior.
Las pulverizadoras también fueron bastante requeridas en el transcurso del año. Se registró el ingreso de 325 unidades, mientras que en el 2012 ingresaron solo 119. De esta manera la diferencia asciende a 173,1%.
También con números ascendentes, aunque en menor ritmo de las anteriores, las cosechadoras marcaron un crecimiento del 13,1%.
Se observó el ingreso de 420 unidades en el 2012, cifra que este año ascendió a 475.
Las marcas de tractores con mayor volumen de importación en el año fueron John Deere, Massey Ferguson y New Holland.

23 ene 2014

ULTIMA HORA DIARIO

ueves 23 de enero de 2014, 01:00

Sésamo y algodón, también afectados

Los cultivos de sésamo y algodón pese a ser más rústicos que la soja, también se muestran afectados por la falta de precipitaciones en forma periódica en la etapa necesaria, según referentes del sector.

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El algodón que se encuentra afrontando su etapa vegetativa, aún pronto a iniciar su etapa reproductiva en gran parte de las áreas afectadas, ha sufrido un estrés importante en gran parte del Norte del país.
En el caso del sésamo, también se tiene una pérdida de la perfecta performance que presentan las plantaciones hasta hace un mes atrás.
El algodón se expande sobre unas 25.000 a 30.000 hectáreas y el sésamo, sobre 40.000 hectáreas aproximadamente, según los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Una pérdida de rendimiento en estas zonas productivas representará menos ingresos en poblaciones más carenciadas de campesinos, quienes depositaban en estos rubros sus esperanzas de generar ingresos.
Conjuntamente, el sésamo y el algodón inyectan a la economía local anualmente en torno de USD 60 millones, pero se espera que ambos rubros comiencen a recuperarse por el bienestar de los más necesitados, atendiendo a que su manejo es conocido por los campesinos.
El sésamo, tras haber tocado suelo, en la zafra anterior 2012/2013, con apenas 28.000 hectáreas sembradas, ha logrado levantarse nuevamente por medio del sector privado, mientras que el algodón permanece en el pozo, sin indicios de recuperación para la zafra siguiente.

ABC DIARIO

23 de Enero de 2014

| MAG DIO DETALLES DEL NUEVO PLAN QUE MOVERÁ UNOS US$ 350 MILLONES

Gobierno prepara reglamento para compras a productores

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a cargo del ingeniero Jorge Gattini, respondió a las interrogantes que rodean al proyecto de compras a productores por parte de instituciones públicas con una inversión de US$ 350 millones. La entidad informó que la Dirección de Contrataciones elabora un reglamento para aclarar cómo se harán las ventas al Estado.
Ing. Jorge Gattini, ministro de Agricultura y Ganadería.
Ing. Jorge Gattini, ministro de Agricultura y Ganadería. / ABC Color
Los productores podrán vender al Estado mediante un sistema simple, cuyos detalles están siendo trabajados actualmente; establecido como modalidad complementaria de contratación del Estado, señala un informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Explica que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas elabora un reglamento que consta de varios capítulos, en el que habla del llamado a contratación, de las ofertas, de la evaluación y adjudicación, del contrato y su ejecución, de los documentos estándar, como por ejemplo formulario de inscripción del proveedor.
Los convocantes, entiéndase (hospitales, escuelas, penitenciarías) incluirán en sus programas anuales de contratación las adquisiciones de productos de la agricultura que pretendan realizar durante el ejercicio fiscal, indicando el monto estimado de presupuesto a utilizar en la contratación.
Respecto a las ofertas, los oferentes solo podrán ser productores u organizaciones de productores agropecuarios de la agricultura familiar.
Bajo juramento
Los productores (proveedores) deberán declarar su oferta bajo fe de juramento y su domicilio, debiendo coincidir este con el lugar de producción ofertada.
Además, deberán indicar el precio de su oferta, en moneda local, en forma indicada en el formulario de oferta que forma parte de los documentos estándar aprobados para esta modalidad.
De la evaluación y adjudicación, la convocante adjudicará al oferente que presente la oferta que cumpla con las condiciones establecidas en las bases y condiciones del llamado y que presente la oferta evaluada como la más baja, siempre que no se aparte sustancialmente de la estimación de costo.
El productor que pretende ser proveedor del Estado tendrá la obligación de llenar el “Formulario de inscripción del proveedor”, antes deberá llenar la carta de invitación y anexos. En él, el productor (proveedor) plasmará datos como producto, cantidad ofrecida, cantidad aproximada de superficie cultivada, y la cantidad de personas ocupadas, unidad de medida (unidad, kilos, toneladas), plazo de entrega y precio estimado, señala el informe.

LA NACION DIARIO

LA FALTA DE LLUVIAS TIENE CONSECUENCIAS
La merma de productividad de la soja ya alcanza el 15%
Cooperativas presentaron una evaluación preliminar de la campaña 2013-2014.

23/01/2014
César Villagra- cesarvillagra83@gmail.com

Las altas temperaturas y la falta de lluvias comienzan a generar efectos negativos en el campo y el nivel de productividad de la soja, especialmente de las variedades tempraneras, en la que se registra una merma del 15%, según el informe de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod).
El Ing. Eduardo Dietze, gerente Agropecuario de la cooperativa Colonias Unidas, destacó que en términos generales se mantiene la esperanza de lograr una buena producción, ya que los rendimientos resignados no son alarmantes. Sin embargo, manifestó que esperan un promedio general de 3.000 kilos por hectárea, mientras que la expectativa apuntaba a los 3.500.
Los socios de la cooperativa Pindó, con parcelas distribuidas entre los departamentos de Caazapá y Alto Paraná, reportan pérdidas de hasta el 5% en la producción de soja tempranera. Algunos productores no superaron los 2.700 kilos por hectárea, considerando que el año pasado alcanzaron a un promedio de 3.300 kilos, informó Romualdo Zocche, gerente general de la cooperativa.

MÁS REPORTES

Socios de la cooperativa Naranjito, en Itapúa, dicen que la falta de lluvia también les provoca una merma. Rubén Zoz, presidente de la entidad, explicó que en esta primera etapa el promedio de rendimiento no supera los 3.200 kilos por hectárea, mientras que el año pasado llegó a 3.500 kilos en esta misma época.

Los socios de la cooperativa La Paz, de Itapúa, aún no pueden hablar de pérdidas en la cosecha de la soja tempranera. El gerente Bartolomé Konishi dijo que los promedios logrados en esta primera etapa se mantienen en los mismos niveles históricos de años de buena cosecha, unos 2.500 kilos por hectárea.

En la cooperativa Friesland, de San Pedro, la soja tempranera denotó negativamente los embates del calor excesivo y la carencia de lluvia. Alfred Fast, presidente de la cooperativa, resaltó que hay lugares en los que los rendimientos promedian los 1.000 kilos por hectárea, en tanto que en los lugares menos afectados, los productores alcanzan los 2.000 kilos.

PROYECCIONES

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su informe de comercio y mercados agrícolas, emitido el 10 de enero del 2014, sostiene su proyección de buena producción paraguaya de soja y estima una cosecha de 9 millones de toneladas. Las proyecciones se argumentan en un incremento sostenido de la superficie de siembra de la oleaginosa en el país y prevén que este año ya abarque 3,3 millones de hectáreas.

El USDA también estima que el país estará exportando de nuevo unas 5,5 millones de toneladas de granos de la oleaginosa para situarse como cuarto mayor proveedor global. Esperan también que se industrialicen 3,3 millones de toneladas de soja en Paraguay durante este año.

ABC DIARIO

23 de Enero de 2014

 

Estafa a agricultores a través de ONG corruptas

La estafa descubierta en el seno del Ministerio de Agricultura y Ganadería no revela nada nuevo sobre lo que ya sabíamos del modo en que en este país se manejan los fondos públicos cuando un grupo de corruptos se organiza convenientemente. En este caso, funcionarios de dicho Ministerio conformaron, junto con una organización de apariencia gremial (la Fenaprofhp), un consorcio para quedarse con cuantiosos recursos destinados al fomento de la pequeña agricultura. Hasta no hace mucho, los programas gubernamentales de desarrollo eran administrados por las mismas oficinas públicas responsables de la ejecución de las políticas, y en caso de malversación, robo o estafa, los funcionarios respondían ante la justicia. Cuando se descubrió que este peligro podía ser eludido mediante la intervención de una ONG, el “modus operandi” cambió radicalmente. Ahora no existe prácticamente proyecto social que no involucre a una o más de estas organizaciones privadas.
La estafa descubierta merced a una auditoría realizada en el seno del Ministerio de Agricultura y Ganadería no revela nada nuevo sobre lo que ya sabíamos del modo en que en este país se manejan los fondos públicos cuando un grupo de corruptos se organiza convenientemente.
En este caso, como en muchos otros, funcionarios de dicho Ministerio conformaron, junto con una organización de apariencia gremial (la “Fenaprofhp” o Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay), un consorcio para quedarse con cuantiosos recursos destinados al fomento de la pequeña agricultura.
En los últimos años, bajo los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco, la Fenaprofhp recibió del Ministerio de Agricultura y Ganadería casi 70.000 millones de guaraníes con el fin declarado de servir de asistencia económica a productores frutihortícolas. De esas partidas llegaba a sus destinatarios en el mejor de los casos apenas la mitad, pues el resto desaparecía en los bolsillos de los intermediarios, funcionarios y dirigentes.
Según refieren varios de los perjudicados que siguieron el proceso desde cerca, dos directivos de la organización gremial eran los encargados de repartir el “producto” de los proyectos aprobados a cada asociación de agricultores beneficiada con la ayuda estatal. A estos trabajadores les llegaba alrededor del 30% de los fondos públicos adjudicados a cada proyecto. Entre lo restante retenido, el 20% o más, según el caso, se quedaba en el bolsillo de los más altos funcionarios ministeriales, y lo demás en el de los intermediarios “gremialistas”.
La explicación que les dio el presidente de la Fenaprofhp, Silvio Riveros, a los directivos de un comité de agricultores que fueron a reclamarle los fondos ya aprobados que les correspondían fue suficientemente clara: “Todos tenemos que comer: yo, ustedes y la corona”.
En otros casos parecidos, los funcionarios encargados de los proyectos sociales negocian con ciertas organizaciones no gubernamentales, todas ellas definidas como “sociales”, “ambientales”, “ecológicas”, “de promoción”, “de combate contra…”, “de ayuda”, todo esto seguido de una larguísima lista de sectores minoritarios supuestamente atendidos por ellas. En casi todos los casos, estas ONG están conformadas por parientes, amigos, recomendados, asociados de políticos o funcionarios influyentes, y hasta por senadores, diputados, gobernadores y concejales.
Hasta no hace muchos años, los programas gubernamentales de asistencia o desarrollo eran administrados por las mismas oficinas públicas responsables de la ejecución de las políticas, y en caso de malversación, robo o estafa, los funcionarios respondían ante la justicia, si esta intervenía. Cuando se descubrió que este peligro podía ser eludido mediante la intermediación de una ONG, el “modus operandi” cambió radicalmente. Ahora no existe prácticamente proyecto social público que no involucre a una o más de estas organizaciones privadas.
Además de las ONG que participan de las operaciones corruptas, también se puede instrumentar a asociaciones gremiales, lo cual lleva más tiempo y trabajo porque son muchas más personas las que tienen que participar del proceso. La idea básica es siempre la misma: inventar un proyecto de “interés social” o aprovechar alguno que es real, lo que favorece su aprobación. Después, encargar la ejecución del proyecto a la ONG escogida (a dedo, por supuesto), o corromper a los directivos de una asociación gremial existente. Entonces, la máquina comienza a rodar actuando en nombre de campesinos, artesanos, indígenas, mujeres, niños de la calle, “sintierras”, “sintechos”, pescadores, discapacitados, enfermos, madres solteras, migrantes repatriados, ancianos, desempleados, en fin, lo que sea; todo sirve.
El paso siguiente es la simulación de la ejecución del proyecto, en la que se reparte un tercio, o menos, de lo que hay que repartir, o se realiza una cuarta parte de lo que hay que hacer; luego se rinden cuentas falsas, adulteradas o incompletas, que son expeditivamente aprobadas por las autoridades cómplices y… todos contentos, menos los que fueron ilusionados y engañados por enésima vez y que no tienen a quién ir a quejarse, como no sea a la prensa.
Y es precisamente mediante las denuncias a la prensa que finalmente caen algunos de los bandidos que organizan esta clase particular de latrocinio. En este caso concreto del MAG y la Fenaprofhp, fueron algunos dirigentes agricultores los que recurrieron a periodistas, y así pudo airearse este “fatazo”. En este momento están bajo la acción directa de la justicia los dos exministros del MAG, Enzo Cardozo y Rody Godoy, además de los “ágiles” directivos gremialistas Silvio Riveros y Lidio Irala, presidente y vicepresidente de la Fenaprofhp, y una veintena de participantes de la operación multimillonaria.
Esta clase de delitos produce dos grandes daños al país: el primero es el dinero perdido; el segundo, posiblemente más importante, es la decepción, el escepticismo general de los productores, que lleva a la inacción y al abandono de las iniciativas de progreso. ¿Cómo convencer a un grupo de personas de buena fe, engañadas una y otra vez por las autoridades políticas y gremiales, de que la próxima vez no será igual, no volverán a ser miserablemente utilizados para enriquecer a unos corruptos?
Los responsables de esta estafa deben ser enviados a la cárcel y responder con sus bienes particulares por el grave perjuicio patrimonial causado al Estado y a los campesinos defraudados, ya que el daño moral que infligieron no puede ser reparado.
Y no solamente tiene que actuar la justicia, sino también la ciudadanía. Entre todos, no solamente las autoridades, debemos perseguir a los ladrones allí donde estén, denunciarlos por medio de las radioemisoras, de la prensa escrita, de los periodistas corresponsales. Hay que emplear todos los recursos al alcance general, pues la guerra contra la corrupción no va a resolverse ganando algunas batallas como esta, por importantes que sean, sino con mucho más combate.
Téngase en cuenta que este caso no debe ser el único que el país padece; seguro que hay muchos otros.

22 ene 2014

ULTIMA HORA DIARIO

22 de enero de 2014, 01:00

La Mcnoc aplaza plan para reforma agraria

La Mcnoc   aplaza plan para reforma agraria
Luis Aguayo

El dirigente campesino Luis Aguayo aplazó la gestión del presidente Horacio Cartes, en materia de implementación de la reforma agraria. El líder de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (Mcnoc) habló del tema ayer, tras participar del acto en Palacio de López, en donde se presentó el Decreto 1056, que simplifica la compra por parte del Estado a productores campesinos. “Para nosotros, uno de los componentes fundamentales que falta en este Gobierno es la reforma agraria”, dijo.

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Señaló que el presidente Cartes ni siquiera menciona que este tema forme parte de su política de Estado.
“Ni durante su discurso de asunción de mando; hasta este momento no se conoce cuál es su propuesta en materia de reforma agraria”, señaló.
Anunció que se están preparando para la movilización contra el Gobierno y la implementación de la Alianza Público-Privada a realizarse en marzo. Consideró que la APP es un proceso de hipoteca de los bienes públicos.

ABC DIARIO

21 de Enero de 2014

 

Genocidio salvaje contra los bosques

Parece increíble que después de tantos años de acumulación de denuncias sobre la deforestación en nuestro país, y después de todo un arduo proceso realizado para proteger el patrimonio natural del país, acabemos en el absurdo de que el presidente Cartes dicte un decreto liberando la deforestación y provocando así, casi inmediatamente, una gran escalada en este verdadero genocidio salvaje de árboles indefensos que es, sin lugar a dudas, el peor de los daños ecológicos que nuestro país soporta en la actualidad. El Decreto N° 453, suscrito en octubre del año pasado, es completamente contrario a la Constitución y a la ley de protección de recursos forestales. Ojalá el Presidente no demore en tomar conciencia de la dramática situación que tan desaprensivamente creó con el inconstitucional decreto con el que se pretende modificar una ley para crear una disposición verdaderamente asesina de nuestra naturaleza.
Parece increíble que después de tantos años de acumulación de denuncias sobre la deforestación en nuestro país, que en tan solo medio siglo perdió el 85% de sus bosques nativos; que después de tanto dinero gastado en publicidad aleccionadora contra este gravísimo daño ecológico; que pese a las docenas de convenios internacionales de conservación y preservación de recursos naturales a los que el Paraguay se adhirió en las últimas cuatro décadas, y a la multitud de disposiciones legales dictadas en todos los niveles gubernamentales para restringir la depredación de bosques, para promover la conservación de la biodiversidad y la protección de las fuentes y cursos hídricos; que después de miles de horas de clases de educación ambiental para la niñez, la juventud, los campesinos y la ciudadanía en general, de ríos de tinta y toneladas de papel impreso por los diarios, y de millones de dólares gastados en oficinas y funcionarios públicos adiestrados para proteger el patrimonio natural, que después de todo este arduo proceso acabemos en el absurdo de que el presidente Cartes dicte un decreto liberando la deforestación y provocando así, casi inmediatamente, una gran escalada en este verdadero genocidio salvaje de árboles indefensos que es, sin lugar a dudas, el peor de los daños ecológicos que nuestro país soporta en la actualidad.
El Decreto N° 453, suscrito por Horacio Cartes en octubre del año pasado, es completamente contrario a la Constitución y a la ley de protección de recursos forestales. Libera irreflexivamente de la obligación legal de obtener licencia ambiental para desmontes en propiedades menores de 500 hectáreas en la Región Oriental y de 2.000 hectáreas en la Región Occidental, con lo cual miles de propietarios ya se precipitaron a efectuar desmontes masivos. La limitación del decreto es fácil de eludir; basta con subdividir un inmueble de mil hectáreas en dos de 500, por ejemplo, y todo queda listo para cumplir el requisito.
Francamente, parece increíble que Horacio Cartes, una persona que se dice de ideas avanzadas, que se lanzó a la política enarbolando la bandera de la modernidad, con el eslogan del “nuevo rumbo”, incurra en una barbaridad de este tipo, dejando nuestros últimos recursos forestales a merced de los propietarios desenfrenadamente angurrientos, cuya miope visión de la realidad no alcanza a ver más allá de sus conveniencias económicas del momento, ciegos o indiferentes a la destrucción de los frágiles recursos naturales del país, personas que demuestran carecer de sentimientos de aflicción ante la posibilidad cada vez más cercana de dejar a sus descendientes una tierra empobrecida y una naturaleza degradada.
¿Será que Horacio Cartes también siente esa misma indiferencia por la naturaleza arruinada que su decreto dejará en su país a sus hijos, nietos y demás descendientes? ¿O piensa que cuando en el Paraguay los recursos y bienes naturales estén destruidos ellos irán a vivir a otro lugar donde todo se haya conservado bien ordenado y protegido?
Además de violar nuestra propia Constitución y nuestras leyes de protección forestal, el Decreto N° 453/13 violenta también tratados internacionales referentes al aprovechamiento sostenible de recursos naturales, que están debidamente suscritos por nuestro país. Es cierto que posiblemente nadie nos denunciará ante los foros internacionales por esta flagrante falta cometida nada menos que por el propio Gobierno nacional; es probable que ningún organismo mundial se ocupe de lo que tal vez consideren minucias, comparadas con los grandes problemas ambientales que hay que enfrentar en otros lugares del mundo, pero esto no debe constituir un pase libre para delinquir contra la naturaleza ni servir de carta de impunidad para nuestros actuales gobernantes.
Es necesario que la Seam realice un levantamiento minucioso de los datos referentes a la deforestación causada por el ilegal decreto del presidente Cartes, que hace trizas la ley conocida como “De deforestación cero”, dictada en el año 2004 y cuya vigencia fue extendida en virtud de otra ley, promulgada en agosto de este año, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Esta ley restrictiva fue elogiada por la Organización Mundial de Conservación (WWF), por el hecho de comprobarse que contribuyó a reducir el índice de deforestación en un 90%. La misma institución ahora debería protestar contra esta repudiable medida.
En estos momentos ocurre que el Poder Ejecutivo dicta una insensata excepción a la regla legal que él mismo promulgó hace una década, produciendo un escándalo jurídico y abriendo las puertas a los depredadores forestales para que perpetren esos mismos actos que bajo la vigencia de la ley son ilícitos, pero bajo el paraguas del decreto pasan insólitamente a ser “lícitos”.
El presidente Cartes, así como se equivocó extraordinariamente al dictar ese brulote legal, también tiene el poder de rectificarlo y, como corresponde, retornar las cosas a su marco legal. El daño causado por las miles de hectáreas deforestadas ya no se va a remediar de ninguna manera, pero al menos se podrá salvar algo de lo que en este momento está en grave riesgo, pues los depredadores también saben que el caramelo que les puso en la boca el Decreto N° 453/13 les puede ser retirado en cualquier momento. Es una carrera contra reloj.
Ojalá Horacio Cartes no demore en tomar conciencia de la dramática situación que tan desaprensivamente creó con el inconstitucional decreto con el que se pretende modificar una ley para crear una disposición verdaderamente asesina de nuestra naturaleza.

ABC DIARIO

21 de Enero de 2014

| error del gobierno de horacio cartes

Aumenta deforestación, amparada por un decreto

La deforestación se realiza en forma impune en el país al amparo del Decreto Nº 453, firmado por el presidente Horacio Cartes el pasado 8 de octubre, y que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA). Mismo riesgo corren los humedales, que pueden quedar desecados para otras actividades.
La deforestación aumenta en el país con mayor intensidad desde la vigencia del Decreto Nº 453, firmado el 8 de octubre por Horacio Cartes.
La deforestación aumenta en el país con mayor intensidad desde la vigencia del Decreto Nº 453, firmado el 8 de octubre por Horacio Cartes. / ABC Color
El cuestionado Decreto Nº 453 exime de una evaluación ambiental a propiedades menores de 500 Ha., en la Región Oriental, y a menos de 2.000 Ha. en el Chaco. Con ello, toda actividad vinculada con uso de suelo no necesita de una licencia ambiental. A partir de la vigencia de este Decreto 453, los desmontes aumentan en el país, afectando a los pocos remanentes de bosques.
Diferentes sectores han lanzado su grito de alerta al gobierno de Cartes para enmendar lo que consideran un grave error que lleva al retroceso en materia ambiental.
Sin embargo, desde el gobierno no hubo señales de reacción ante estas sugerencias públicas para derogar el decreto, y las cosas siguieron su rumbo con el resultado de un aumento de la cantidad de desmontes, hasta la fecha, y que se pueden ver en la página web de la Secretaría del Ambiente (Seam): www.seam.gov.py.
Humedales, en peligro
El Decreto 453 liberó de la exigencia de la evaluación de impacto ambiental a varias actividades, entre ellas la desecación de humedales. Por esta normativa, se podrá secar humedales sin necesidad de licencia ambiental.
La EIA es una herramienta de la política ambiental de los países del mundo para tener conocimiento previo de los proyectos susceptibles de modificar las condiciones naturales de un lugar y de crear riesgos para su equilibrio, calidad, conservación, sostenibilidad, etc.
Sin embargo, el decreto firmado por Cartes se aparta de ese espíritu universal de las evaluaciones y, en contrapartida, facilita desmontes y otras actividades que se pueden realizar sin importar el efecto sobre un ecosistema.
Exigencias ridículas
Algunos artículos del Decreto 453 rayan lo ridículo, según los expertos, como la exigencia de la EIA para mover 10 metros cúbicos de tierra. Por tanto, si uno quiere construir un pozo ciego o una piscina, en cualquier parte del país, debe contratar un consultor ambiental, para gestionar la licencia, porque el decreto así lo establece.
Otro artículo del Decreto considerado absurdo es la exigencia de la EIA a un pequeño establecimiento (granja), que sobrepase los 1.000 m².

21 ene 2014

ULTIMA HORA DIARIO

21 de enero de 2014, 01:00

Asociación de productores de yerba mate de Itapúa reclama plan nacional

Asociación de productores de yerba mate de Itapúa reclama plan nacional
Manuel Medina

La Asociación de Yerbateros del Nordeste de Itapúa reclama al Gobierno del presidente Horacio Cartes que se concrete un plan nacional para los productores de este rubro, que hoy están siendo “explotados por industriales e intermediarios”, según manifestó ayer el presidente del gremio, Manuel Medina.

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En conversación con ÚH, el productor y dirigente yerbatero apuntó que están contando con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, a fin de lograr el citado objetivo.
Mencionó que recientemente tuvieron un congreso de pequeños productores campesinos y que aglutinan a trece gremios de diferentes rubros, cañeros, apicultores, yerbateros y pequeñas cooperativas, con quienes decidieron plantear las reivindicaciones basados en la estructura que montaron.
Medina sostuvo que muchas veces se resuelven a espaldas de ellos las legislaciones, y los grandes industriales acuden a Asunción a hablar de los pequeños productores. “Eso no corresponde. Queremos que el pequeño productor sea reconocido y sea vocero oficial de sí mismo. Con esta estructura estamos solicitando la creación de un plan nacional de la yerba mate”, enfatizó.
Subrayó que, de acuerdo con un estudio histórico que realizaron, hace más de 200 años que “los industriales están explotando a los productores, quienes también sienten la ausencia del Estado para brindar asistencia técnica y crediticia para este rubro tan importante”.
TECNOLOGíA. Por su parte, Cornelio Núñez, director de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sostuvo que la producción de yerba mate en Paraguay fue perdiendo fuerza a raíz de la falta de utilización de tecnología adecuada y de acceso a recursos económicos
Refirió que dentro del Plan Nacional de la Yerba Mate se proyecta sembrar unas 15.000 hectáreas más del rubro, para expandir a más de 35.000 hectáreas la superficie del rubro tradicional, durante los próximos años.

Medio Ambiente

El medio ambiente debe ser considerado como parte integral y armónica del conjunto de tareas que garanticen el desarrollo sostenible de un país como Paraguay (Molinas 2006).

El problema de la sostenibilidad es en el fondo un problema de desarrollo, de erradicación de la pobreza, de educación colectiva, de mentalidad y hábitos sociales, de cultura política, de mecanismos institucionales que incorporen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, de nuevas formas de producir y de consumir, de equidad y cooperación en las relaciones internacionales, se trata, en suma, de colocar al ser humano en el centro de nuestras preocupaciones, porque si las personas no están protegidas, la naturaleza tendrá, entonces, pocas oportunidades.

Para avanzar verdaderamente hacia el desarrollo sostenible debemos asumir nuestra responsabilidad local con enfoque global en la lucha que la humanidad esta encarando por preservar en el largo plazo los ciclos vitales de la vida de los que depende la existencia misma del ser humano sobre la tierra, debemos hacer un esfuerzo local con perspectiva global (Molinas 2008).

Anuncio Ing. Alfredo Molinas